Marco Antonio Pérez Rubio

Expediente 187/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Pérez Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 187/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En concordancia con el precepto citado, en el caso específico, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Acto reclamado en esta instancia. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal 47/2012, en el cual se niega a admitir el recurso de apelación hecho valer por Marco Antonio Pérez Rubio (aquí quejoso), en contra del proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad. Previo al estudio del motivo manifiesto e indudable de improcedencia cabe decir que en el caso resulta aplicable el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Ello es así, toda vez que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, como es el caso del presente juicio, el cual se ventila conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Como ya se había señalado, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que, en contra del acto reclamado resulta procedente el recurso de denegada apelación previsto en el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. De ahí que, si la parte quejosa no agotó el medio de defensa que tenía a su alcance es indiscutible que se actualiza el motivo de inejercitabilidad aludido. De inicio, el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura al arábigo trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. De lo anterior se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa, para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora bien, en el caso, se aprecia que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal 47/2012, en el cual se niega a admitir el recurso de apelación hecho valer por Marco Antonio Pérez Rubio (aquí quejoso), en contra del proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad. De tal forma, en el particular el recurso de denegada apelación, es el medio idóneo para atacar el acto reclamado, dado que en contra del acto reclamado no es procedente ningún otro medio de defensa. Se afirma lo anterior, porque tratándose de actos como el que ahora se analiza, no prevé que en contra de estos actos proceda medio de impugnación alguno, de ahí que, el recurso procedente contra el acto que por esta vía se combate es el recurso de denegada apelación. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 11/2018 de la Décima Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el 28 de mayo de 2018, publicada el ocho de junio del año actual en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Finalmente, en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo que prevé que los gobernados no se encontrarán obligados a agotar los recursos previstos por la ley cuando se requiere de una interpretación adicional o el fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. Ello es así porque el numeral 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, establece en contra de que actos procede el recurso de denegada apelación, lo cual no deja duda del tipo de recurso, ni de los alcances del mismo. Dicho de otra forma, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, deja claro en el contexto específico en que es procedente el citado recurso, de ahí que la excepción aludida no opera en el caso particular. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado a Farah Freyat Bautista, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE dieciocho DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 187/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En concordancia con el precepto citado, en el caso específico, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto aludido establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Acto reclamado en esta instancia. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal 47/2012, en el cual se niega a admitir el recurso de apelación hecho valer por Marco Antonio Pérez Rubio (aquí quejoso), en contra del proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad. Previo al estudio del motivo manifiesto e indudable de improcedencia cabe decir que en el caso resulta aplicable el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Ello es así, toda vez que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, como es el caso del presente juicio, el cual se ventila conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Como ya se había señalado, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que, en contra del acto reclamado resulta procedente el recurso de denegada apelación previsto en el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. De ahí que, si la parte quejosa no agotó el medio de defensa que tenía a su alcance es indiscutible que se actualiza el motivo de inejercitabilidad aludido. De inicio, el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura al arábigo trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. De lo anterior se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa, para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora bien, en el caso, se aprecia que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zacapu, Michoacán, dentro del proceso penal 47/2012, en el cual se niega a admitir el recurso de apelación hecho valer por Marco Antonio Pérez Rubio (aquí quejoso), en contra del proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad. De tal forma, en el particular el recurso de denegada apelación, es el medio idóneo para atacar el acto reclamado, dado que en contra del acto reclamado no es procedente ningún otro medio de defensa. Se afirma lo anterior, porque tratándose de actos como el que ahora se analiza, no prevé que en contra de estos actos proceda medio de impugnación alguno, de ahí que, el recurso procedente contra el acto que por esta vía se combate es el recurso de denegada apelación. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 11/2018 de la Décima Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el 28 de mayo de 2018, publicada el ocho de junio del año actual en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017117, de rubro y texto siguientes. . .Finalmente, en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo que prevé que los gobernados no se encontrarán obligados a agotar los recursos previstos por la ley cuando se requiere de una interpretación adicional o el fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. Ello es así porque el numeral 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, establece en contra de que actos procede el recurso de denegada apelación, lo cual no deja duda del tipo de recurso, ni de los alcances del mismo. Dicho de otra forma, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, deja claro en el contexto específico en que es procedente el citado recurso, de ahí que la excepción aludida no opera en el caso particular. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado a Farah Freyat Bautista, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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