Marco Antonio Perez Olvera

Expediente 1403/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1403/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Perez Olvera
  • Marco Antonio Perez Olvera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de diciembre del año pasado, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado el doce de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se ordena proveer lo conducente únicamente respecto a los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. En la demanda de amparo, el Ejido denominado Tuxtepec, Oaxaca, por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, relaman del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en específico los artículos 16 y 139, fracción VI, así como su ejecución por el Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades." [.]" El numeral en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Para que se acredite que una persona tiene interés jurídico para impugnar una norma, será suficiente que demuestre que reúne las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula, para que se surta plenamente. En efecto, para que una norma general ocasione algún perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, es necesario que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, o en su caso, se requiere de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice. Para atender a lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de la norma general que se reclama, con base en el criterio de la individualización de la norma, y para ello es necesario establecer la distinción entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas. Así, tratándose de normas heteroaplicativas, no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice; se distinguen precisamente porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna; esto es, se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna. Por lo tanto, para que una norma incida en la esfera jurídica del gobernado es necesario que la parte quejosa acredite que se encuentra desde su entrada en vigor bajo los supuestos que dicha norma y que se afecte su esfera jurídica de derechos (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación (cuando se impugna como heteroaplicativa). Por ende, si la norma que se impugna, esto es, la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, entrará en vigor a partir de uno de enero de dos mil veintitrés, será a partir de esa fecha cuando le ocasione perjuicio, siempre y cuando se encuentre vinculado a su cumplimiento con motivo del inicio de su vigencia, o en su caso, se actualice un acto concreto de aplicación. Por lo que al no haber entrado en vigor, no puede obligar al gobernado a cumplirla; inclusive, dicha norma es susceptible de sufrir cambios, antes de ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 2/96 de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, de rubro y texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado el doce de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se ordena proveer lo conducente únicamente respecto a los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. En la demanda de amparo, el Ejido denominado Tuxtepec, Oaxaca, por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, relaman del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en específico los artículos 16 y 139, fracción VI, así como su ejecución por el Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades." [.]" El numeral en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Para que se acredite que una persona tiene interés jurídico para impugnar una norma, será suficiente que demuestre que reúne las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula, para que se surta plenamente. En efecto, para que una norma general ocasione algún perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, es necesario que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, o en su caso, se requiere de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice. Para atender a lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de la norma general que se reclama, con base en el criterio de la individualización de la norma, y para ello es necesario establecer la distinción entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas. Así, tratándose de normas heteroaplicativas, no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice; se distinguen precisamente porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna; esto es, se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna. Por lo tanto, para que una norma incida en la esfera jurídica del gobernado es necesario que la parte quejosa acredite que se encuentra desde su entrada en vigor bajo los supuestos que dicha norma y que se afecte su esfera jurídica de derechos (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación (cuando se impugna como heteroaplicativa). Por ende, si la norma que se impugna, esto es, la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, entrará en vigor a partir de uno de enero de dos mil veintitrés, será a partir de esa fecha cuando le ocasione perjuicio, siempre y cuando se encuentre vinculado a su cumplimiento con motivo del inicio de su vigencia, o en su caso, se actualice un acto concreto de aplicación. Por lo que al no haber entrado en vigor, no puede obligar al gobernado a cumplirla; inclusive, dicha norma es susceptible de sufrir cambios, antes de ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 2/96 de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, de rubro y texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** Presidente, Secretario y Tesorero del ********************, personalidad que acreditan con la copia certificada por Notario Público del acta de elección celebrada el ocho de agosto de dos mil veintiuno, así como con las credenciales expedidas a su favor por el Registro Agrario Nacional; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1403/2022. Prevención. Ahora bien, y a fin de proveer sobre la admisión de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, siguientes a su legal notificación, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, realicen lo siguiente: Debido a que los promoventes señalan como acto reclamado, la promulgación de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, específicamente el Capítulo II, Impuesto Sobre el Patrimonio, sección primera, Impuesto Predial, artículos 16 y 139. Por tanto, en ese orden de ideas, toda vez que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone que en caso de impugnarse normas generales, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación; en consecuencia, se requiere a la parte quejosa, para que manifieste si señala como autoridades responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo, específicamente al Congreso del Estado de Oaxaca, así como al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. Lo que tendrá que realizar por escrito que deberá contener los requisitos que contempla el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir en el plazo legal establecido, con la referida prevención, se acordará lo procedente únicamente respecto a los actos y autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que la parte quejosa corresponda al Ejido de Tuxtepec, Oaxaca. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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