Marco Antonio Perez Mendoza

Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
408/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Perez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control; y, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el ordinal 21, penúltimo párrafo del referido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, procédase a destruir este expediente ; y, remítase el acta de baja documental a correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ocho de julio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, *** por propio derecho solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto.El cuadro procesal reseñado evidencia que, la autoridad responsable al requerir al abogado de la parte demandada, exhibiera el recibo de honorarios del médico que expidió el certificado a través del cual pretendió justificar que no estaba en condiciones físicas para presentarse a la audiencia de juicio a celebrarse el dos de junio de dos mil veintiuno, bajo apercibimiento que de no hacerlo declararía desierta la confesional y testimonial que le fueron admitidas, no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Toda vez que el promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que no constituyen un domicilio propiamente dicho, en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene como autorizados en términos restriéguenos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** toda vez que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesiones; así como**** por así haberlo solicitado la parte quejosa. En veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.

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