Marco Antonio Pérez Jiménez

Expediente 1113/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1113/2014
Año
2014
Actuaciones
15
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Pérez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita; lo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia de que su expedición será a su costa y sólo se hará en el horario establecido por este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a catorce de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ello, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, ya que se aperturó un anexo en razón al volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Octavo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo en el presente expediente, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Incidental

    México, Distrito Federal, a catorce de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN.

  4. Principal

    México, Distrito Federal, diecisiete de julio de dos mil quince. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a Marco Antonio Pérez Jiménez en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de laS sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Octavo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (antes Juez Interina Primero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal), se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en el auto de formal prisión de 20 de octubre de 2014, dictado en la causa penal 117/2014, por el delito de lesiones dolosas, previstas en el artículo 130 (al que cause a otro alteración en su salud), fracción II (si las lesiones tardan en sanar más de quince días y menos de sesenta), del Código Penal para el Distrito Federal. Mediante sentencia de amparo diez de diciembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: Dejara insubsistente el auto de formal prisión de 20 de octubre de 2014, dictado en el la causa 117/2014. Hecho lo anterior, dictara otra resolución en la que tomara en consideración las directrices que se precisaron en torno a las testimoniales de la víctima Alfonso Miranda Alarcón, así como de los testigos Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales, y con plenitud de jurisdicción, los estudiara y valorara en forma individual y conjunta con la totalidad de las pruebas, determinando el valor que les corresponda a cada uno, y resolviera si resultan aptos y suficientes para acreditar o no el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito mencionado. Para el caso de que la resolución fuera dictada en el mismo sentido, además determinara fundada y motivadamente la prevalencia o el mayor o menor grado convictivo de la totalidad de las pruebas de autos, y expusiera lo que a continuación se señala: Precisara, cómo y por qué considera que la declaración de la víctima Alfonso Miranda Alarcón, así como de los testigos Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales, satisfacen los requisitos y principios legales respecto de la valoración de la testimonial (específicamente el elemento interno), y no solamente se concretara a enunciar los supuestos que prevén los numerales de la legislación aplicable. Determinara individualmente el valor intrínseco que a su juicio tienen dichos testimonios, es decir, si son creíble, confiable, verosímil y convincente, para posteriormente, valorar en forma conjunta y determinar fundada y motivadamente por qué los considera que son aptos y suficientes para acreditar con un grado de certeza la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, además, una vez realizado lo anterior, analizara la declaración del ahora quejoso, quien niega el hecho imputado. Finalmente, en lo referente a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de ilícito de lesiones calificadas, fundara y motivara su decisión con base a lo determinado en la presente resolución. El 29 de diciembre de 2014, la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 207 a 232), el cual por razón de turno, tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 15 de enero de 2015 y fue registrado como R.P. 26/2015. Ahora bien, mediante oficio de fecha 18 de junio de 2015, registrado con el folio 19994 (foja 249), el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remite los autos originales y el testimonio de la sentencia emitida (fojas 250 a 301), en la cual confirmó la sentencia impugnada; por ello, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio registrado con el número 21385 (foja 313), la responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; para demostrar lo anterior remitió copia del acuerdo de 24 de junio del presente año, del que se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de 20 de octubre de 2014, dictado en la causa penal 541/2015, antes 117/2014. Dictó otra resolución en la que tomó en consideración las directrices precisadas en la sentencia de amparo, respecto a las testimoniales de la víctima Alfonso Miranda Alarcón y de los testigos Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales; así también, con plenitud de jurisdicción, los estudió y valoró tanto individual como conjuntamente con la totalidad de las pruebas, determinando el valor de cada uno, y resolvió que resultan aptos y suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso Marco Antonio Pérez Jiménez en la comisión del delito doloso de lesiones, el cual establece que se encuentra demostrado con todos y cada uno de los elementos probatorios que adquirieron valor probatorio en lo individual, en términos de los artículo 175, 246, 250, 253, 254 y 286 del Código Procesal Penal para el Distrito Federal, y en su conjunto conformaron la prueba indiciaria o circunstancial contemplada por el ordinal 261 en función del 245 del mismo ordenamiento. En razón a lo anterior, la resolución emitida se dictó en el mismo sentido, por lo que la autoridad responsable determinó fundada y motivadamente la prevalencia o el mayor o menor grado convictivo de la totalidad de las pruebas de autos, y: Precisó cómo y por qué considera que la declaración de la víctima Alfonso Miranda Alarcón, así como de los testigos Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales, satisfacen los requisitos y principios legales respecto de la valoración de la testimonial (específicamente el elemento interno), y no solamente se concretó a enunciar los supuestos que prevé el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual establece los lineamientos necesarios que debe evaluar el Juez para apreciar la declaración de un testigo; por tanto, en base a tales supuestos, estableció lo siguiente: Por lo que hace al primer requisito del artículo en mención, el Juez responsable determinó que Alfonso Miranda Alarcón, Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales no son inhábiles en razón a que cumplen con los requerimientos de ley para declarar al encontrarse en pleno goce de sus capacidades físicas y mentales ya que no se advierte que presentaran alguna incapacidad ni que carecieran del sentido necesario para percibir los hechos declarados al verificarse éstos. No es obstáculo a lo anterior que Alfonso Miranda Alarcón y Felipe de Jesús Reyes, al momento de los hechos, se encontrasen ingiriendo bebidas embriagantes, tal y como lo señalan en sus respectivas declaraciones, en razón a que, por lo que hace a Alfonso Miranda Alarcón, las constancias médicas que obran en autos, no acreditan plenamente la intoxicación etílica que refiere; y respecto de Felipe de Jesús Reyes, no se cuentan con elementos probatorios idóneos para determinar que se encontrase en un estado de ebriedad tal, que no le permitiera posteriormente, rendir testimonio. Por tanto, no existe medio de prueba alguno que conlleve a determinar el grado de ingesta de alcohol o que éste les impidiera percibir o recordar la mecánica en que acontecieron los hechos; incluso, sus dichos se corroboran entre sí y también con la declaración de Cenobio Rodríguez Morales, el cual no se encontraba bebiendo con el ofendido, además de que al momento en que cada uno produjo su declaración, se encontraban en pleno uso de sus facultades mentales y con toda claridad describieron los acontecimientos por ellos vividos. Aunado a que no se desprende dato alguno que lleve a sostener que tenían motivo de odio, rencor o animadversión en contra del imputado o algún otro motivo para atribuirle falsamente la imputación de los hechos. En relación al segundo requisito, la responsable consideró que Alfonso Miranda Alarcón, Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales son capaces de discernir el hecho que presenciaron, así como para comprender y comunicar la vivencia sobre la que han dado noticia, toda vez que por su edad y grado de instrucción, son personas con suficiente madurez y capacidad de comprensión de los hechos ocurridos; así también, tienen el criterio necesario para juzgar el acto ejecutado por el inculpado. Por lo que hace al tercer requisito, el Juez de la causa aduce que los testimonios de Alfonso Miranda Alarcón, Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales, son libres de influencias negativas en contra del activo, es decir, son imparciales, pues no hay constancia o elemento alguno que dé lugar a determinar la existencia de un designio anticipado a favor o en contra de las partes. En el cuarto requisito, la responsable consideró que los hechos fueron susceptibles de conocerse por Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales a través de la vista, al haber observado los mismos, como se aprecia en sus testimonios; mientras que Alfonso Miranda Alarcón, resintió en su persona la agresión física que le ocasionó las lesiones descritas en el certificado de estado psicofísico. Siendo así que de manera individual proporcionaron datos que conllevan a tener por cierto que conocieron los hechos por medio de los sentidos y por sí mismos, no por inducciones ni referencias de otro, y enlazados entre sí, lo cual hace creíble la mecánica en que acontecieron los mismos. El quinto requisito se cumple, de acuerdo a lo que establece la responsable, toda vez que Alfonso Miranda Alarcón, Felipe de Jesús Reyes y Cenobio Rodríguez Morales narran la experiencia vivida conduciéndose con expresiones espontáneas que resultan ser claras y precisas, existiendo congruencia en la integridad de sus testimonios y quedando exentos de contradicciones o incertidumbre trascendentales, por lo que resultan verosímiles al ofrecer datos suficientes, los cuales se encuentran corroborados con el caudal probatorio que obra en la causa penal. El Juez de la causa manifiesta que el sexto requisito se acredita en razón a que los testimonios rendidos por el ofendido y los testigos, se aprecian libres y espontáneos, ya que se advierte que no fueron producidos bajo amenaza, coacción o miedo, ni sus declaraciones son resultado de engaño, error y soborno, al no existir pruebas que así lo acrediten; aunado a que no estaban obligados a declarar. Por lo anterior, se advierte que determinó individualmente el valor intrínseco que a su juicio tienen dichos testimonios, es decir, si son creíbles, confiables, verosímiles y convincentes, así como los motivos por los cuales considera que lo son. Asimismo, el Juez valoró los elementos probatorios de forma conjunta y determinó fundada y motivadamente por qué considera que son aptos y suficientes para acreditar con un grado de certeza la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso, toda vez que les otorga el valor que concede el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en razón a que los sustentantes de la prueba testimonial coincidieron sustancialmente en sus declaraciones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos y además dieron razón fundada de su dicho. Sin que obste en contra, la existencia de ciertas discrepancias en las declaraciones rendidas por el ofendido y los testigos, pues éstas no versan en relación a los aspectos medulares de los hechos, por lo que no modifican la mecánica en la que éstos sucedieron. También analizó la declaración del ahora quejoso, quien negó el hecho imputado argumentando que fue el ahora agraviado quien lo agredió verbal y físicamente; sin embargo, el juzgador considera que su declaración se contrapone con las testimoniales del denunciante y de los testigos, así como con los demás elementos probatorios; los cuales, después de haber sido analizados y entrelazados, resultaron eficaces para desvirtuar la declaración del hoy quejoso Marco Antonio Pérez Jiménez, a quien si bien le asiste a su favor la presunción de su inocencia, lo cierto es que existen imputaciones firmes y elementos de cargo bastantes para desvirtuarla. Finalmente, la autoridad responsable determinó que los elementos probatorios y argumentos precisados, desprenden indicios suficientes para proceder legalmente en contra de Marco Antonio Pérez Jiménez por su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Alfonso Miranda Alarcón, de acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 19 Constitucional y dictó Auto de Formal Prisión en su contra. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.

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