Marco Antonio Pérez Correa

Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
663/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Pérez Correa

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); remitido por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada por ese órgano colegiado, dentro del recurso de queja 137/2020 de su índice, en el cual determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por *********, contra el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 663/2020 de su estadística, en términos del Considerando Séptimo de esta resolución." Atento a lo anterior hágase la anotación en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente, por así haberlo solicitado la autoridad oficiante. Por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado por ministerio de Ley. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusa recibo del oficio con el que este Juzgado de Distrito remitió copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, así como la constancia de notificación practicada a Marco Antonio Pérez Correa, respecto del proveído de treinta de septiembre de este año; asimismo, se advierte que quedó registrado bajo el número de recurso de queja 137/2020 de su índice; circunstancia de la que se toma conocimiento.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veinte. Notificación personal .

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Pérez Correa, por propio derecho, contra actos de la Juez Especializado en el Sistema Acusatorio en función de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de México y otra; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 663/2020-III. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- Acto u Omisión que de cada autoridad se reclama: A la Autoridad Responsable se le reclama (Ordenadora) -La resolución en el Procedimiento Administrativo 292/2020 de fecha 17-Sep-2020. -Discriminación. -Violación a los artículos 1 y 22 Constitucionales A la Autoridad Responsable se le reclama (Ejecutora). -El cumplimiento y ejecución en forma total de los hechos que se le reclaman a la Autoridad Responsable Ordenadora, así como cada una de las consecuencias que provoca a mi persona Psicologicamente por internamiento." (sic) Sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en la resolución de diecisiete de septiembre de esta anualidad, emitida en el Procedimiento Administrativo 292/2020, por el Juez Especializado en el Sistema Acusatorio en función de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de México, en la que se le negó la captura de dos fotografías a fin de ser remitidas a sus familiares, solicitud que refiere le fue previamente negada por el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano"; tan es así que los hechos que narra en el apartado de antecedentes, como los argumentos que establece en los conceptos de violación, van encaminados a reclamar los actos antes descritos. Establecido lo anterior, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados a contrario sensu, por no constituir ser la resolución recurrida un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, lo que resulta indispensable, para la procedencia del amparo indirecto. En efecto, el arábigo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Estas disposiciones legales refieren que el juicio de amparo es procedente contra actos judiciales, es decir, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional; además, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En este caso, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 11, registro digital 205651, que dice lo siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Para mayor claridad del significado de "ejecución de imposible reparación" a que aluden los numerales en cita, conviene tener en cuenta algunas consideraciones que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir la contradicción de tesis suscitada entre la Tercera y Cuarta Salas del mismo alto Tribunal, la que se registró como "Varios No. 133/89", cuya sentencia aparece publicada íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, febrero de 1991, páginas 7 a 39, que en lo que interesa, dice lo siguiente: "(.) El espíritu que siempre ha animado las reformas tanto al artículo 107 constitucional, en su fracción III, como a la Ley de Amparo, ha sido en el sentido de limitar, en la medida de lo posible, la procedencia del juicio de garantías respecto de los actos dentro del procedimiento, evitando así la proliferación inútil de amparos y el abuso de su interposición. A ello obedece el que, conforme a las disposiciones legales vigentes, el amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo proceda en dos casos de excepción, a saber: a) cuando se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) cuando afecten a personas extrañas al juicio.- Dado lo anterior, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.- Al efecto, este Tribunal Pleno estima que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ello se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometidas no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses.- Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo.- Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sea tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso". Esto es, la característica de los actos irreparables, está en la infracción de los derechos sustantivos, verbigracia, 1) el embargo; 2) la imposición de multas; 3) el decreto de alimentos provisionales o definitivos; 4) el arresto; 5) el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos; 6) el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo; 7) el arraigo; en los tres primeros casos, se puede afectar la propiedad y posesión; en el cuarto, la libertad personal; en el quinto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia; en el sexto, la libertad de trabajo; y, en el séptimo, la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los actos reparables, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, lo que se traduce en que, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el procedimiento de origen, los efectos de la violación de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la resolución fuese contraria afectando de esta manera sus derechos sustantivos y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el recurso correspondiente. Precisado lo anterior, se advierte que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado. Ello es así, porque la determinación tildada de inconstitucional no es de imposible reparación, en virtud que no es una declaración constitutiva de derechos, ni de condena, simplemente consiste en el pronunciamiento dentro de un procedimiento administrativo; es decir, no trae consigo ejecución que pueda lesionar de una manera real y efectiva los derechos sustantivos del quejoso ni la deja sin defensa. Sin que haya lugar realizar a pronunciamiento respecto de la violación al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que aduce, toda vez que del contenido íntegro de la demanda que se atiende, se advierte que es un razonamiento que vierte; además, de que la naturaleza del acto que se reclama no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en dicho numeral. En ese contexto, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento administrativo 292/2020, emitida por el Juez Especializado en el Sistema Acusatorio en función de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de México, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; porque dada su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que forma parte el Estado Mexicano. Consecuentemente, al actualizase de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados a contrario sensu, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Pérez Correa. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para los efectos que refiere, el Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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