Marco Antonio Peraza Venegas

Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
640/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Peraza Venegas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieran el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el uno de septiembre del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del cinco al veintiuno de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se recibió el oficio 4252/2022, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por medio del cual rindió su informe justificado. Ahora bien, del análisis practicado a las constancias que remitió en dicho informe, se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, a modo de que se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Se explica. En la demanda de amparo que dio origen a este juicio, Marco Antonio Peraza Venegas, reclamó del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable del punto que antecede, es decir, del C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ESTA CIUDAD; Le reclamo la dilatación del procedimiento del juicio de origen y no seguir los términos que señala el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, del expediente número 2654/2019, radicada ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta Ciudad, toda vez que el suscrito presente incidente de liquidación de la sociedad conyugal, emplazándose a la parte demandada en tiempo y forma, además, esta Autoridad responsable dictó un acuerdo en el cual se declaró en rebeldía a la parte demandada y además señaló fecha para el desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos para el día 19 de abril del año 2022, desahogándose todas y cada una de las pruebas ofrecidas, además con fecha 24 de mayo del año en curso se turnó para resolución interlocutoria, de lo cual se denota que esta Autoridad Responsable no ha cumplido con los términos señalados en el artículo 223, 224, 225 y 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa (.) Por lo tanto, esta Autoridad Responsable no está cumpliendo con lo estipulado en los artículos 223, 224, 225 y 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, ya que señala que para la Audiencia de Pruebas y Alegatos se fijara dentro de los 5 días siguientes a la contestación de la demanda, y en la misma audiencia concluida la recepción probatoria, el juez escuchara los alegatos y pronunciara la resolución dentro de los tres días siguientes. por lo que se denota que del acuerdo dictado con fecha 29 de noviembre del año 2021 al día 24 de mayo jamás se respetaron los términos contemplados en los artículos 223, 224, 225 y 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, además, se me sigue violentado mi garantía de una impartición de justicia pronta y expedita ya que desde el día 24 de mayo del año en curso y hasta la actualidad no se ha dictado la resolución correspondiente ya que no se han respetado los términos estipulados en los artículos 223, 224, 225 y 226 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por lo que han transcurrido más de 8 meses y hasta la fecha no se ha dictado la resolución correspondiente, por lo cual se ve afectada mi garantía de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, de modo que no se cumple con el principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, por lo cual se está retrasando y dilatando el trámite de los actos procesales y subsecuentes del incidente Familiar que se tramita ante el mismo, hasta dictar la resolución correspondiente." Ahora bien, de las constancias remitidas en copia certificada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, del expediente 2654/2019, de su estadística, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: a) Que por escrito presentado el día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la C. Gladys Guadalupe Moreno Chong, promovió solicitud de divorcio en contra del ahora quejoso Marco Antonio Peraza Venegas, admitiéndose la solicitud de divorcio el catorce de enero de dos mil veinte. b) El quince de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de ley, sin lograr un consenso entre las partes, por lo que se dejó a salvo el derecho de los interesados para hacer valer sus diferencias en la vía incidental, citando el negocio para dictar auto definitivo de divorcio, el cual fue pronunciado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. c) Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, compareció el quejoso Marco Antonio Peraza Venegas, interponiendo incidente de resolución de litigio por liquidación de la sociedad conyugal en contra de ex cónyuge Gladys Guadalupe Moreno Chong. d) Que el veintitrés de agosto del año en curso, se resolvió el incidente de liquidación de referencia, en la que se resolvió que el quejoso no probó su pretensión de liquidación de sociedad conyugal y se declaró improcedente dicha liquidación por las razones expuestas en dicha interlocutoria. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo constituye la omisión de dictar resolución en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, en los autos del expediente 2654/2019, de la estadística del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, deriva inconcuso que han cesado en sus efectos, puesto que dejó de existir el motivo por el cual la solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional, toda vez que ya se dictó dicha determinación, como si se hubiere concedido el amparo. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la contradicción de tesis resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Sin que obste que la promovente no se haya impuesto de los informes de cuenta y sus anexos, pues dado su contenido, mismos que motivaron la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del mismo. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio 4252/2022, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; por medio del cual rinde informe justificado; memorial que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se recibe la prueba documental que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Marco Antonio Peraza Venegas, por su propio derecho; contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 640/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la quejosa señaló como acto reclamado la dilación en la que ha incurrido la autoridad responsable para resolver el incidente de liquidación de la sociedad conyugal derivada del juicio 2654/2019, de su índice administrativo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente por no haber sido solicitado. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la responsable al rendir su informe justificado, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirá en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que puede remitir el informe que le fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx o fax al número telefónico 016699826690, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se harán acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se le hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsable y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. Quien esto provee se reserva emplazar a la parte tercero interesada hasta en tanto rinda su informe justificado la autoridad responsable. PRUEBAS. No fueron ofrecidas por la parte quejosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cañonero Tampico, número 405, colonia Centro, en esta ciudad; y únicamente para recibir notificaciones no procesales el correo electrónico osuna_a3@hotmail.com. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Antonio Osuna Hernández y Álvaro Leonardo Reyes Velazco, quienes tienen registradas sud cédulas profesionales números 7267414 y 10313395 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y con apoyo en la parte final del ordenamiento antes señalado, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 . TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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