Marco Antonio Paez Hernandez
Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marco Antonio Paez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el diecisiete de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA, SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el diecisiete de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA, SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia...SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables en su denominación correcta, 1. Charlotte Caballero Cano y 2. Antonio Zahur Ahumado, Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Orizaba, Veracruz; 3. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; 5. Fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIII Distrito Judicial; 7. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas; 8. Fiscal Tercera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial en Orizaba, Veracruz, comisionada como Fiscal Segunda de Investigación en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIII Distrito Judicial; 9. Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, encargada de la Fiscalía Segunda, todas con residencia en Huatusco, Veracruz; 10. Director General Jurídico y representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; 11. Director General de la Fuerza Civil, con residencia en el Lencero, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; 13. Director General de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz; 14. Policía de Campo encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Huatusco, Veracruz; 16. Director de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en Huatusco, Veracruz; y 17. Director de Seguridad Pública Municipal, con sede en Coscomatepec de Bravo, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama. El quejoso, Marco Antonio Páez Hernández, exhibió como prueba el original de la cédula de notificación de diecisiete de noviembre del año en curso, deducida del proceso penal 238/2022, del índice del licenciado 2. Antonio Zahur Ahumado, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Orizaba, Veracruz; sin embargo, dicha probanza no desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de ésta se advierte que la citación se ordenó en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el dieciséis de agosto del año pasado; y la existencia del acto reclamado debe estimarse, en general, en relación con la fecha en que se promueva la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la solicitud de la protección constitucional. De ahí que resulte inexistente el acto atribuido al juez en mención. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." De igual manera tiene aplicación la jurisprudencia 1ª/J.36/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo VII, junio de 1998, materias común y penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado de cuenta; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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