Marco Antonio Pacheco Rios
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marco Antonio Pacheco Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Devolución de legajo de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de pruebas recibido mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés e identificados como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos de los cuales se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: La omisión de la autoridad responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. La omisión de la autoridad señalada como responsable de llevar a cabo el procedimiento de investigación a fin de conocer el domicilio correcto de la parte demandada. Ahora bien, en relación con el inciso a) se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio enviado por el tribunal responsable, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que el presidente de la junta responsable anexó a su informe con justificación y diversos oficios, se advierte que mediante proveído de siete de marzo del año en curso, corrigió el procedimiento y señaló nueva fecha para la audiencia bifásica dentro de los plazos que establece el código obrero en el juicio arbitral que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la fecha señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de siete de marzo del año en curso, la responsable señaló nueva fecha la cual se encuentra dentro de los plazos de ley, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso b), se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. Acorde a lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, a la fecha de la presentación del presente amparo indirecto (veinte de febrero del año en curso) resultó ser inexistente el acto consistente en la omisión de llevar a cabo el procedimiento de investigación a fin de conocer el domicilio de la parte demandada dictado en el juicio arbitral 1905/2021JE1, promovido por el aquí quejoso, por ende procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que del contenido de las documentales remitidas por la autoridad responsable que adjuntó a su informe justificado, se advierte que con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de febrero del año en curso), la autoridad responsable ya había dictado el proveído -seis de julio de dos mil veintidós- en el que se dio por agotado el procedimiento de investigación correspondiente a la parte demandada Midlemon Constructores, sociedad anónima de capital variable, toda vez que diversas autoridades rindieron su informe con respecto el domicilio de la citada demandada; de ahí, que el reclamo haya resultado inexistente y proceda sobreseer al respecto, conforme lo establece el supra dicho numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las once horas con treinta y nueve minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Se agregan constancias. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitido por la responsable, por medio del cual, remite las constancias que le fueron solicitadas mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso; dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Imposibilidad para crear versión digital. Debido a la voluminosidad de las constancias anexas, con fundamento en los artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que quedará disponible para consulta en la secretaría del órgano, para lo cual se ordena formar por separado el legajo de prueba identificado como Tomo I. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado, suscrito por la presidenta y actuario judicial adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su informe; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Invoca causales. Por último, la autoridad responsable mencionada realiza diversas manifestaciones en las que invoca una causal de sobreseimiento, con las cual se ordena analizar en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Requerimiento de constancias. Ahora, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 1905/2021JE1; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
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