Marco Antonio Ortiz Ramirez

Expediente 1293/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1293/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ortiz Ramirez
  • Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Deistrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por el quejoso, a través del cual solicita se le devuelva el billete de depósito exhibido y diversos documentos adjuntos a su escrito inicial de demanda; asimismo, revoca y señala domicilio procesal, así como autorizados. Devolución de billete y documentos. En atención a lo anterior toda vez que ya trascurrió plazo previsto en el artículo 156 de la ley de la materia, hágase la devolución de la citada garantía en el entendido que dicha devolución se hará personalmente al promovente, y respecto a la devolución de documentos, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, devuélvase los documentos que solicita, previa copia certificada que obre en autos como constancia legal, así como toma de razón y recibo que quede en el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID- 19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Asimismo, se tienen por autorizadas únicamente para los efectos de recoger los documentos respectivos no así el billete de depósito afecto, a las personas propuestas para ello. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene por revocado el domicilio procesal designado anteriormente, y como nuevo el diverso indicado en el escrito de cuenta y por autorizados en los términos precisados a las personas propuestas. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la autoridad oficiante. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por el quejoso, a través del cual solicita se le devuelvan el billete de depósito exhibido, así como diversos documento; asimismo, revoca y señala domicilio procesal, así como autorizados. Devolución de billete. En su atención, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que por sentencia emitida el siete de enero del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo indirecto, por lo que aún no trascurre el plazo previsto en el artículo 156 de la ley de la materia, por lo que no es viable dicha devolución. Devolución de documentales. Respecto a la devolución de documentos, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, devuélvasele los documentos que solicita, previa copia certificada que obre en autos como constancia legal, así como toma de razón y recibo que quede en el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger los documentos respectivos a las personas propuestas para ello. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene por revocado el domicilio procesal designado anterior, y como nuevo el diverso indicado en el escrito de cuenta y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.725 C, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1293/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1293/2021-IV, promovido por MARCO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el uno de octubre siguiente a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, MARCO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno se registró la demanda bajo el número 1293/2021-IV, se admitió, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, así como a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: El auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio ejecutivo mercantil 566/2019 del índice del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos que ordena la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle Olivo 7, colonia Los Pinos en Jiutepec, Morelos La ejecución de dicho auto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe justificado el Juez responsable refirió ser cierto el acto reclamado; por su parte, el Actuario adscrito se adhirió a lo manifestado por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. Lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil 566/2019 que fueran remitidas como complemento al informe justificado. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acreditó la afectación a su interés jurídico. La disposición legal señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esa causal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. El interés jurídico es la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Luego, como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en su esfera jurídica no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio. En consecuencia, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente, pues de no ser así, bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, para que esto se tuviera por acreditado. Resulta apropiado citar el artículo 107 fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º fracción I y 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los dispositivos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107 fracción I párrafo segundo de la Constitución Federal y artículo 5° fracción I párrafo cuarto de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos derivados de un juicio ventilado ante el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Por lo expuesto, en el asunto que aquí se estudia, es inconcuso que MARCO ANTONIO ORTÍZ RAMÍREZ, no acreditó que los actos reclamados afecten a su interés jurídico, por las siguientes consideraciones: En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 566/2019 por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en Calle Olivo 7, colonia Los Pinos en Jiutepec, Morelos, que aduce poseer, así como su ejecución; juicio en el que el aquí quejoso no cuenta con el carácter de parte como se desprende de las constancias previamente valoradas remitidas por la autoridad responsable al rendir el informe justificado. Sin embargo, no acredita la afectación a su esfera jurídica, por lo que enseguida se expondrá. El impetrante de amparo argumenta que mediante contrato privado de arrendamiento celebrado en el mes de junio de dos mil dieciocho, arrendó de Margarita Ramírez Leona, el inmueble ubicado en Calle Olivo número siete, colonia Los Pinos, en Jiutepec, Morelos, por el lapso de un año. Refiere el quejoso que ha ostentado conjuntamente con su familia la posesión de dicho inmueble desde esa fecha. Que en ningún momento ha sido legalmente notificado ni llamado al desahogo de juicio alguno. Refiere en esencia que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, arribó a su domicilio quien dijo ser actuaria de un Juzgado de Jiutepec, Morelos, solicitando la desocupación del inmueble. Ahora bien, de las copias certificadas del expediente 566/2019, que remitió el Juez responsable, a las que se otorgó valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado ante el entonces Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, Misael Ocampo Maya demandó a Dimas Vicente Modesto en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones. 2. Por auto de dos de septiembre se radicó la demanda, se admitió y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. El doce de setiembre siguiente se emplazó a la parte demandada; quien compareció a dar contestación. 4. El cinco de marzo de dos mil veinte el Juez de origen aprobó el convenio celebrado por las partes, lo elevó a la categoría de cosa juzgada, ordenando estarse con la misma eficacia y autoridad de una sentencia ejecutoriada. En el convenio celebrado, el demandado ofreció en pago el inmueble identificado con los siguientes datos catastrales: Registro nueve; a fojas diecisiete; Libro doscientos sesenta y siete; Volumen primero, Sección primera. En ejecución de sentencia, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la fedataria adscrita al Juzgado Primero Familiar del Noveno Distrito Judicial en el Estado se constituyó asociada de la parte actora en el inmueble ubicado en calle Olivo 7, colonia Los Pinos en Jiutepec, Morelos en busca del demandado. En dicho inmueble fue atendida por el hoy quejoso MARCO ANTONIO ORTÍZ RAMÍREZ, quien se identificó con credencial de elector, a quien la Actuara requirió para que hiciera entrega del inmueble, apercibiéndole que en caso de negativa y de no justificar su legal estancia en el mismo, se ordenaría su desocupación con el uso de la fuerza pública. Por su parte, el quejoso para demostrar el interés jurídico en el presente juicio de amparo, aportó como pruebas documentales: 1. Copia certificada de la "información testimonial" de ocho de septiembre de dos mil veintiuno para acreditar la dependencia económica de Margarita Ramírez Leana, dentro del juicio relativo a la controversia del orden familiar 445/2021. Documento que -no obstante amerita valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º- en el caso no está encaminado a demostrar que el impetrante de amparo sea el titular del derecho de posesión que refiere tener respecto del bien inmueble ubicado en calle Olivo 7, colonia Los Pinos en Jiutepec, Morelos, puesto que de su contenido no se desprende dato en ese sentido, ya que de su lectura se aprecia que se intentó demostrar la dependencia económica de la actora en la controversia del orden familiar 445/2021 respecto a Dimas Vicente Modesto quien es demandado en el juicio ejecutivo mercantil que dio origen a la presente contienda constitucional más no el interés jurídico del quejoso respecto al inmueble cuya posesión aduce tener. 2. Contrato privado de arrendamiento vigente a partir del mes de junio de dos mil dieciocho celebrado entre Margarita Ramírez Leana y Marco Antonio Ortiz Ramírez respecto del inmueble ubicado en Calle Olivo número siete, colonia Los Pinos, en Jiutepec, Morelos, por el lapso de un año. Documento que por sí solo carece de eficacia demostrativa al tratarse de un documento privado carente de fecha cierta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta y, por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Atento a lo anterior, como se anticipó, la parte quejosa no acredita interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues el documento en alusión carece de fecha cierta y, por ende, no se actualizan perjuicios a su esfera jurídica. No obsta lo anterior, que precisamente el quejoso aduzca interés jurídico conforme a la posesión que refiere del bien inmueble motivo del juicio de origen, posesión incluso protegida por el artículo 14 constitucional; sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra actos tendentes a una orden de desposesión de un bien inmueble, como en el presente asunto ocurre con el auto combatido, si bien el contrato de arrendamiento podría surtir efectos, sin embargo debe ser de fecha cierta (anterior al acto combatido); circunstancia que en el caso no ocurre, habida cuenta que, como quedó explicado, no fue inscrito ante algún Registro Público; no fue presentado ante un fedatario público, ni se tiene conocimiento de o la muerte de alguno de los firmantes. Por tanto, para efectos de presente juicio de amparo, a dicha documental no es factible concederle validez y eficacia con las que se acredite el interés jurídico del aquí quejoso, toda vez que carece de fecha cierta. Ello es así, pues si bien la exhibición de un contrato privado de arrendamiento de fecha cierta, sería suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso cuando ostente la calidad de tercero extraño al juicio, ya que permitiría determinar con certeza que el contrato de arrendamiento es anterior al reclamo de desposeimiento de que se duele; la fecha cierta garantizaría la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales; siendo entonces el documento respectivo oponible a terceros ajenos a los que en él intervinieron. En ese orden, al no estar demostrada la fecha del contrato de arrendamiento en que el quejoso funda su derecho de posesión, resulta válido afirmar que no acreditó la parte quejosa el interés jurídico. Por consiguiente, dado que el quejoso no ofreció medio de convicción apto ni suficiente para acreditar el interés jurídico en el presente asunto, es factible concluir que no se tiene la certeza de que el acto reclamado cause afectación y perjuicios a su esfera jurídica. Se convalida lo anterior con la Jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), con registro digital 2020978, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN." Tampoco es obstáculo para concluir lo anterior, que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, lo haya hecho "bajo protesta de decir verdad", pues esta afirmación, por sí sola, no acredita el interés jurídico que tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; lo que como se ha visto no ocurre en el presente caso. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, octubre de 1994, Octava Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Es también aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 145-150, Tercera Parte, Séptima Época, cuyo rubro reza lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL." De lo anterior se obtiene que no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de los medios de convicción ofrecidos que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos de la hoy parte quejosa, por ello, aunque alegue tener en posesión el inmueble materia del presente juicio; ante la falta de validez y eficacia probatoria detectadas en los documentos que anexó, no acreditó derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del numeral 63 fracción V de la Ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. QUINTO. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARCO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por el motivo señalado en el considerandos tercero. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, hoy siete de enero de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

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