Marco Antonio Ortíz Galicia
Expediente 1404/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1404/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/03/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Ortíz Galicia
- Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, sin que se precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que si bien se sobreseyó el juicio de amparo, sin embargo, se concedió de la suspensión de plano sobre los actos aquí reclamados.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1404/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional, Marco Antonio Ortiz Galicia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) ORDENADORAS 1.-DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. B) EJECUTORAS 1.- DIRECTOR DE SEGURIDAD Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2.- DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN SANTIAGUITO (ALMOLOYA DE JUÁREZ) EN EL ESTADO DE MÉXICO. 3.- JEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTIAGUITO (ALMOLOYA DE JUÁREZ) ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: 1.- DEL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN y READAPTACIÓN SOCIAL, EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA ORDEN DE TRASLADO QUE SE ME PRETENDE EJECUTAR SOBRE MI PERSONA, LA CUAL CONSIDERO QUE ES ILEGAL Y ARBITRARIA AL DIFICULTAR MI READAPTACIÓN SOCIAL, ALEJÁNDOME DE MI DOMICILIO, FAMILIA Y DEFENSORES, YA QUE ME ESTÁN PRIVANDO DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL RECLUSORIO MAS CERCANO A MI DOMICILIO COMO CONDICIÓN FUNDAMENTAL, DE LA READAPTACIÓN SOCIAL, SIN HABERME DADO LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA, LO CUAL IMPLICA UN TRATO INDIGNO A MI DIGNIDAD HUMANA, ASÍ COMO LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD O NO DISCRIMINACIÓN SOLO POR EL HECHO DE HABER SIDO SENTENCIADO POR UN DETERMINADO DELITO. SEGUNDO. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional radicó el asunto con el número 1404/2016, así también, previno al impetrante para que ratificara la firma plasmada en la petición constitucional, y fue decretada la suspensión de plano de los actos reclamados; hecho lo anterior, por determinación de veintitrés de septiembre siguiente, la admitió a trámite; reitero la medida suspensional; solicitó los informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; señaló hora y día para la audiencia constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y no señaló tercero interesado; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, precisó que los actos reclamados son violatorios del artículo 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, sustanciado en sus trámites el presente cuaderno, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos que afectan la libertad personal, cuya ejecución se llevará a cabo donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo contenido es ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: -La orden de traslado que se pretende ejecutar sobre su persona, la cual considera que es ilegal y arbitraria al dificultar su readaptación social, ya que está privado de su derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a su domicilio como condición fundamental. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Actos inexistentes. - El Director General y el Director de Seguridad y Operación, ambos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México (folios 58 y 59). - El Director y el Subjefe de Vigilancia, en ausencia y suplencia del Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México Dichas autoridades, al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. A partir de la consideración precedente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, la mismas no quedó desvirtuadas por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó el informe rendido por la responsable, por lo tanto, es de establecerse que ésta surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante del amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar la solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces producen el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Aunado a ello, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la parte quejosa, es decir, existió la obligación por parte de ésta de aportar elementos de convicción fehacientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, su obligación no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior; lo cual, ninguna de esas hipótesis, en la especie no aconteció. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados. La anterior determinación impide a este órgano jurisdiccional analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en el juicio se decretó. Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 764/2016, promovido por Marco Antonio Ortiz Galicia, por propio derecho, contra los actos consistentes en la orden de traslado emitida en su contra, así como su ejecución. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por el Director y por el Subjefe de Vigilancia, en ausencia y suplencia del Jefe de Vigilancia, éstos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de los cuales rinden informe justificado; conforme al artículo 117 de la ley de la materia, con el contenido de las misivas referidas dese vista a las partes para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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