Marco Antonio Ochoa Rodelo

Expediente 263/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
263/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ochoa Rodelo

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Archivo. Ahora bien, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Valoración. El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en su artículo 20 prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados (siempre que se cuente con el original), una vez transcurridos seis meses de haberse ordenado el archivo como asunto concluido y en el numeral 21, establece que después de haber transcurrido tres años como asunto concluido, son destruibles los expedientes que se ubiquen en los incisos a) al k) y que son susceptibles de depuración los que encuadren en la fracción I) del epígrafe 18 el ordenamiento en comento. IV. Cuaderno principal. En cumplimento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el expediente relativo es susceptible de destrucción por haber desechado la demanda. V. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 de la normatividad en cita, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23, del mencionado Acuerdo General.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por la autorizada legal del quejoso; mediante el cual solicita una audiencia con la secretaria adscrita a este juzgado, encargada de la tramitación del presente juicio de garantías, al respecto, dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que la audiencia solicitada, no está prevista en la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********, por su propio derecho, en contra de actos reclamados del Fiscal General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 263/2021-VI, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33, Agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." En esa línea de pensamiento, una vez que fue revisada la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, en la que reclama el oficio PEP/DIR/1637/2019 el cual se ordena la conclusión de la comisión que venía desempeñando como Comandante de Área de la Guardia Estatal de Investigación, así como la orden de comisionarlo a la Dirección General de Policía de Proximidad Social de la Guardia Estatal de Seguridad en Mexicali, Baja California, se concluye que en ésta se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la lectura sistemática de los invocados numerales, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando no se promueva por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por su representante legal o por su apoderado, a excepción de los casos a que hace alusión el párrafo segundo, del invocado numeral 6 en los que se podrá instar por conducto de su defensor o cualquier persona. En consecuencia, como el escrito de demanda carece de la firma autógrafa del directo agraviado, resulta claro que no está manifestada la voluntad de su autor en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar éste el signo gráfico correspondiente a su firma, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptora; toda vez que la firma autógrafa no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento, por ello, la demanda de garantías que se plantea resulta improcedente. En el caso se advierte, que la demanda de amparo que dio origen a este juicio se encuentra signada por ****** no así de quién figura como quejoso; por tanto, se considera que la parte promovente del amparo ****** no incorporó manifestación de voluntad alguna en el ejercicio de un derecho y debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de su ocursante para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma autógrafa una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Igualmente, sirve de apoyo la diversa tesis de registro 235463, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 29Volumen 80, Segunda Parte, materia común, séptima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******* y por autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a *******, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se precisa que respecto a ******, únicamente se le tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberse solicitado, y en los mismos términos a ******, hasta en tanto efectúe el registro correspondiente de su cédula profesional. De igual forma, se toma nota del correo electrónico y número de teléfono proporcionados como forma especial y expedita de contacto, a través de cual se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; lo que se hace con fundamento en los artículos 3, de Ley de Amparo; 22 y 28, del aludido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de privilegiar la salud de las partes, personal de este órgano jurisdiccional y quienes intervienen en el presente juicio, dentro del contexto del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por tanto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En ese contexto, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55 y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a *******, con su clave de usuario "*******" el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales y realice promociones por esa vía; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar al referido usuario, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.) a efecto de que realice el trámite correspondiente en el Sistema. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,412 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano