Marco Antonio Ochoa Ortega
Expediente 1908/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1908/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio Ochoa Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Análisis del cumplimiento Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de los establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, todos con residencia en Tepic, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar lo siguiente: ........En ese sentido, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento que las autoridades responsables dijeron haber dado a la sentencia de amparo, sin que una vez transcurrido dicho plazo, haya realizado manifestación alguna al respecto. 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal Juicio de amparo indirecto 1893/2022-XI-C ??????????????? Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos, pues reincorporaron el descuento que habían sido realizados a la parte quejosa. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de expedientes conservables, artículo 17, fracción III, inciso a), se establece que este expediente ES CONSERVABLE, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió un anexo en copia certificada; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dicho documento tendrá el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables......
- Principal
En quince de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de veintiuno de julio de la presente anualidad, transcurrió para la parte quejosa, del veintiocho de julio al tres de agosto de dos mil veintitrés, pues fue notificada el veintisiete de julio del presente año a través de usuario; sin contar los días veintinueve y treinta de julio, por ser sábado y domingo y, por tanto inhábiles, por lo que no corrieron los términos de ley; en ese lapso no se recibió promoción u oficio relativo a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado. Doy fe. En la propia fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos del presente expediente. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de julio de la presente anualidad, por el que desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Ochoa Ortega, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley 30/08/23 15:47:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.bf LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al artículo 20, fracción IV, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo. Luego, toda vez que este órgano jurisdiccional cuenta con documentos exhibidos por la parte promovente, se ordena su devolución a la parte actora, previa toma de razón y recibo que deje en autos, para los efectos legales pertinentes; en el entendido de que cuenta con un plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para acudir a este Órgano Jurisdiccional a recoger el citado documento; con el apercibimiento que de no hacerlo, será agregado al presentes autos y será destruido junto con el expediente una vez que transcurra el término aludido, acorde a lo establecido en el párrafo que precede. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 30/08/23 15:47:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.bf LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de amparo indirecto 1908/2023-III Notifíquese; personalmente a la parte quejosa a través del usuario "DELIAMELISSA". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Luz Alejandra Laveaga Astorga, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el suscrito secretario hace constar y certifica: El escrito con el que pretende cumplir la parte quejosa con la prevención que se le hiciera mediante auto de tres de julio del presente año fue presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por lo que la promoción se presentó en tiempo y forma. Que, en el presente juicio de amparo, no se solicitó la apertura del incidente de suspensión. Doy fe. El secretario. En la propia fecha, se da cuenta al Secretario encargado del despacho, con la certificación que antecede, y con el escrito de la parte quejosa que lo suscribe, registrado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal con el folio 19422. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por Marco Antonio Ochoa Ortega; mediante el cual en cumplimiento a la prevención de diecisiete de julio del presente año, precisa con claridad y precisión los actos que en el ámbito de sus atribuciones legales reclama a cada una de las autoridades responsables que señala en su escrito inicial de demanda y cuál es la intervención de ellas en el acto reclamado que les atribuye. Desechamiento Ahora, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa a las autoridades, son los siguientes: "IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. IV.I.- (ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA) De la cual: Reclamo: La falta u omisión a el reconocimiento al derecho de la pensión dinámica, establecida en los artículos 20, fracción II y 53 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, consistente en el incremento en la porción o cuantía que aumenten las percepciones salariales de los trabajadores en activo. IV. II.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. IV. III.- (ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA). De la cual: Reclamo: A).- La vulneración de mi pensión digna y decorosa, ante la omisión de otorgar al suscrito, como comandante pensionado del Estado de Nayarit, la percepción salarial mensual, de manera total y oportuna, como si estuviera en activo, establecida en los artículos 20, fracción II, y 53 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit en los mismos términos y plazos que lo reciben los comandantes en activo ya que no se vio reflejado en mi nómina. En ese contexto, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo en cuanto a lo reclamado a las autoridades, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, e actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: ..... De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Ahora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.].". De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos y, que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Respecto al tópico de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual estableció los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. El Máximo Tribunal del País determinó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó, que el criterio para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Asimismo, indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones -de coordinación o de supraordinación-, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad.1 En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: a) como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. ....... b) como persona moral sujeta de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. La coordinación corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es, que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En el caso, la parte quejosa acude al amparo a defender un derecho laboral, como lo es la constancia de lugar, en el registro en bolsa de Trabajo, en el segundo refrendo dos mil veintidós, en donde le disminuyeron ocho puntos del tiempo se servicio que veía laborando la parte quejosa. Sin embargo, es dable concluir que el acto reclamado es de naturaleza intrínsecamente laboral. En efecto, el citado acto constituye un reclamo derivado de una relación de coordinación; es decir, de igualdad, en atención a la relación o vínculo laboral que tiene la hoy parte quejosa con las autoridades responsables. Por lo anterior, se concluye que no estamos en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se advierte que las autoridades responsables, hayan modificado unilateralmente una situación jurídica, pues no debe perderse de vista que entre la particular y las autoridades, existe una relación jurídica laboral, cuyo vinculo no generó un tipo de relación de supra a subordinación. Es decir, la afectación que dice resentir la parte quejosa con el no aumento a su pensión, no resulta en agravio en su carácter de ciudadano frente a una autoridad administrativa, sino como empleado (pensionado) frente a su patrón equiparado. De tal manera que, tanto parte la quejosa en su carácter de empleado estatal como las dependencias gubernamentales, se encuentran en un plano de coordinación y no en una relación de supra-subordinación. Se afirma lo anterior, dado que las personas morales oficiales a quienes reclaman el acto derivan de una relación laboral no pueden considerarse como autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues, se insiste, tales actos revelan una relación de coordinación entablada entre particulares, donde actúan en un mismo plano, en el caso de patrón-trabajador. De esta manera, al existir relaciones entabladas entre particulares, la parte quejosa se encuentra en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o previstas por la ley, toda vez que los particulares están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Lo antes precisado, permite establecer que los actos atribuidos a las autoridades responsables, constituyen una relación de trabajo, en el que actuó en su calidad de patrón equiparado y la parte quejosa, en su condición de trabajador. Sin que sea obstáculo que las autoridades tengan naturaleza materialmente administrativa, ya que el efecto y las consecuencias del acto que se les reclama es netamente laboral, pues el derecho que estima vulnerado la quejosa deriva de una relación de trabajo, lo que permite corroborar que se trata de una relación laboral en un plano de coordinación; por tanto, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sobre ese tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 449/2019 determinó que las decisiones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, situación que en el caso concreto, tiene aplicación por analogía. ...... "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. ....... En ese tenor, se concluye que las responsables no actuaron con el imperio que establece una relación de supra a subordinación, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ni tampoco se trata de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados. .... Lo anterior, pues se trata de decisiones derivadas en su calidad de ente patronal equiparado, en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes; por tanto, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, 1o., y 5o., todos de la Ley de Amparo vigente y 103 Constitucional, debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por Marco Antonio Ochoa Ortega. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa a través del usuario "DELIAMELISSA". Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/3322/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
A las nueve horas del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al tercero interesado SARI JAIME FLORES, la notificación a través de lista de la determinación de once de julio del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.
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