Marco Antonio Ocegueda Galván
Expediente 3460/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3460/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio Ocegueda Galván
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 144), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado a la parte quejosa el veintiocho del mismo mes y año (foja 146); lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 109 a 123), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (sin importar que el acto haya sido inexistente por cuanto a esa autoridad ): b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso h) reclamado. b2) Por consiguiente, deberá devolver las cantidades que, descontando el citado monto, pagó por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibo oficial número A 38589770, respecto de la escritura pública número dos mil ochenta y ocho, otorgada ante el Notario Público número Dieciséis, en La Piedad, Michoacán, por el cual pagó una cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo combatido." Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 136 a 138), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por el cumplimiento de la misma. Mediante oficio PF-DJI-JA-28633 de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó que el representante legal de la parte quejosa recibió el contra recibo por la cantidad pagada por concepto del derecho declarado inconstitucional dentro del presente juicio. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 144), se recibió el aludido comunicado y se dio vista a la parte quejosa a efecto de que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera en relación con las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento al aludido fallo protector, sin que hasta esta data hubiera realizado manifestación alguna. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente juicio, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable remitió las constancias que acreditaron que el representante legal de la parte quejosa recibió el contra recibo por la cantidad pagada por concepto del derecho declarado inconstitucional dentro del presente juicio. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 144 a 155) en la que en su único punto resolutivo se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: 1) "Deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1496/2010-D1 y acumulados 1134/2011-C1 y 1741/2012-A1, únicamente en la parte en que impuso la medida de apremio. 2) En su lugar, de estimarlo procedente, emita otro auto en el que siguiendo los lineamientos de este fallo, y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que sea notificado del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se les impondrá multa a su titular de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo.
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