Marco Antonio Ocaña Barrientos
Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/03/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio Ocaña Barrientos
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICXE ....Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a quince de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve *************, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas. 2.Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en Tonalá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 309/2018-IX. INCOMPETENCIA Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a)La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b)La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c)En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: I.Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. II.Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. III.Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, los quejosos en el capítulo de actos reclamados señalan: "IV-ACTO RECLAMADO.- La abstención de la autoridad responsable de emplazar a juicio a los demandados que se precisan en la demanda laboral que presenté ante la autoridad responsable con fecha 27de junio del año 2016, siendo receptuada la demanda de origen, al día siguiente, tal como se aprecia en el sello fechador de recibido, ofreciendo como medio de prueba en documental pública la aludida demanda en este litigio de garantías, por lo que pido que a dicha documental pública su Señoría, le conceda el valor legal que se merece para todos los efectos legales a que haya lugar. Expediente laboral número *************". Dicho acto, derivado de un juicio laboral por parte de una autoridad que tiene su residencia en el municipio de Tonalá, Chiapas, por tanto, la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en dicho municipio, ya que aunque no tenga una ejecución material tienen efectos positivos, y sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que lleva el juicio en donde se materializará el acto reclamado. En efecto, la parte quejosa reclama la abstención de emplazar a juicio a *************, a quien refiere como la parte demandada en el juicio obrero ************* del índice de la Junta señalada como responsables; lo que implica que se trata de actos que traen consigo efectos positivos, los cuales se materializaran dentro de las actuaciones que se desahogaran en el citado procedimiento. Por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde se materializarán los actos reclamados. No obsta a lo anterior, que de la lectura a la demanda, se advierte que los quejosos hacen alusión a la omisión de las autoridades responsables a emplazar a los demandados en el juicio laboral que tramitó ante ella. En efecto, aun cuando el acto reclamado se trata de una omisión, se estima que aun siendo de carácter negativo, tiene un principio de ejecución, en tanto que, la autoridad responsable ya inició en el conocimiento del procedimiento. Además, no se puede asumir competencia al respecto, ya que si bien es cierto, el acto reclamado no tiene una ejecución propia, por tratarse de un acto negativo, no menos cierto resulta que esa abstención puede producir efectos positivos, traducidos en la actividad de las autoridades a seguir con el procedimiento. De ahí que, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada Apoyo a esta conclusión, por analogía de circunstancias, la tesis VII.1.o.C.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, diciembre de 2013, libro I, tomo II, página 1107, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". Similar criterio sostuvo el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en el juicio de amparo 53/2017 que remitió por incompetencia, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgador bajo el número 86/2017, en el que se aceptó la competencia planteada. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese al Juzgado Federal que le toque conocer de este asunto, el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOCUMENTOS ORIGINALES Procédase al resguardo de los documentos originales que exhibe la parte quejosa en un sobre cerrado, el cual se ordena glosar a los autos; sin que haya lugar a la devolución de los mismos hasta el momento que la ley lo permita. Lo anterior es así, en virtud que el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). No obstante lo anterior, dígase a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de solicitar las copias certificadas correspondientes en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades amplias que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo a *************. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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