Marco Antonio Nuñez Casian

Expediente 827/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
827/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Nuñez Casian

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte tercero interesado Juan Jaime Felipe Pio Castello Chávez NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que en lo conducente se acordó: Zapopan, Jalisco, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, se procede a proveer sobre la suspensión respecto a la ampliación de demanda, promovida por el quejoso, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN, SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia del escrito de ampliación. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: -El Decreto que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en la domicilio que se indica. -Las "Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara". -Cualquier pago derivado en especie, permuta, efectivo, cheque o depósito bancario en cuenta receptora, derivado de la ejecución o como consecuencia de la aprobación y/o formalización del convenio derivado del procedimiento para la Compensación, Indemnización y Mitigación derivadas de su ejecución, de la acción urbanística que se indica. -Cualquier pago por concepto de certificado de habitabilidad derivado de la orden emitida por el Pleno del Ayuntamiento respecto de la ejecución o como consecuencia de la aprobación y/o formalización del convenio derivado del procedimiento para la Compensación, Indemnización y Mitigación derivadas de su ejecución, de la acción urbanística que se indica. - Todo tipo de contrato derivado del convenio derivado del procedimiento para la Compensación, Indemnización y Mitigación derivadas de su ejecución, de la acción urbanística que se indica. -Los efectos y consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de sus actos y omisiones. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: "a) Para los efectos de que se suspendan los efectos y consecuencias de la autorización de los actos reclamados consistentes en la emisión de licencias, certificados, dictámenes y/o cualquier tipo de actos emitidos , como son: 1. - Dictámenes de uso, trazos y destinos específicos números de expediente: que se indica de data 02 de julio de 2013 que declara procedente la edificación de 62 viviendas en 18 niveles, condicionada a un estudio de incidencia solar y la aplicación de coeficientes de ocupación de suelo de 0.7 y de utilización de suelo de que se indica de data 10 de julio de 2012 que declara procedente la edificación de 60 viviendas verticales, condicionada a un estudio de incidencia solar y la aplicación de coeficientes de ocupación de suelo de 0.7 y de utilización de suelo de que se indica de data 04 de abril de 2014, que declara procedente la edificación de 62 viviendas en 18 NIVELES, condicionada a un estudio de incidencia solar y la aplicación de coeficientes de ocupación de suelo de 0.7 y de utilización de suelo d. - Licencias de alineamiento con números de folio y único de control: que se indica de data 07 de enero de 2014; que se indica de data 07 de enero de 2013; que se indica de data 15 de mayo de 2013; 3. - Licencia Mayor de construcción con números de folio y único de control: que se indica de data 20 de septiembre de 2013; que se indica; 4. - Licencia de cambio de proyecto con números: que se indica; y en su caso; y el 5. - El Certificado de Habitabilidad correspondiente a dichas obras y licencias así como el cobro de los derechos por la expedición de todos y cada uno de los actos reclamados; de la construcción " que se indica, de la cual se es vecino colindante, reclamados en mi ampliación de demanda el día 19 de agosto del 2016, de la cual se es vecino colindante. b) Para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y NO SE OTORGUE NINGUNA AUTORIZACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIÓN, que se encuentre fuera de la norma establecida en los Planes Parciales vigentes establecidos en la propia página del Ayuntamiento de Guadalajara y que son los mismos que han aplicado en los últimos 6 años, esto es sin tomar en cuenta los que se encuentran suspendidos por diversas medidas cautelares, en base al reglamento u ordenamiento controvertido a parte de la otorgada al tercero interesado, y por ende NO SE EJECUTEN los actos reclamados consistentes en el Reglamento controvertido hasta en tanto no se resuelva en definitiva el presente ampliación de la demanda, por lo que respecta a mi colonia. A su vez también se solicita la medida cautelar para que deje de surtir sus efectos el decreto QUE APRUEBA LA COMPENSACIÓN INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA UBICADA EN el domicilio que se indica, ya que dicho decreto que se encuentra dirigido al tercero interesado se asemeja a una autorización, licencia o permiso, mismos que según la Jurisprudencia pueden ser objeto de suspensión por lo que respecta a los efectos, al ser fruto de actos viciados, cabe precisar que con dicha medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público, por que basta leer el decreto que se pide sea suspendido para que este Juzgado llegue a la conclusión de que la misma responsable al momento de emitir el decreto admite que la acción urbanística se encuentra excedida de los metros cuadrados y es irregular por contravenir toda la reglamentación urbana, eso ocasiona afectaciones a mi calidad, a la de mi familia, y la calidad de vida de los habitantes de la colonia, y pone en inminente riego mi vida, por lo que automáticamente se acredita la afectación a nuestros intereses y el posible daño inminente e irreparable si se continua con la autorización. Por último no se expida cualquier licencia adicional, no se expida el certificado de habitabilidad, respecto de la ACCION URBANISTICA que se indica. c) Para el efecto de que las autoridades responsables en su ámbito de sus facultades y competencias realice toda tipo de medidas de seguridad preventivas y precautorias para que verifiquen si las instalaciones de gas L.P. y energia eléctrica de todo la edificación que se indica es segura y cumple con todos los requisitos de seguridad, bajo su responsabilidad, ya que el dia 04 de abril del 2018, aproximadamente a las 03:00 horas, exploto el departamento con número de interior 203 (muriendo dos personas calcinadas), en la edificación en conflicto - que se indica -, (acreditando lo anterior con el periódico de fecha 05 de abril del 2018 y la publicación de notisistema del 04 de abril del 2018, mismo que ofrezco como prueba), dicha situación pone en inminente peligro y riesgo mi vida, ya que los estándares de protección de los duetos de gas y electricidad no guardan las medidas de seguridad que debe tener una construcción, pues debido a eso surgió la explosión que se encuentra detrás mi recamara y que puso en inminente peligro mi vida, y que hasta el dia de hoy tengo temor fundado que explote todo el edificio, poniendo en riesgo mi vida, la de mi familia y la de la colectividad dia con dia, medidas concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones EN PROTECCIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y de la VIDA del suscrito". Cabe precisar que en el presente incidente únicamente se proveerá en relación a los efectos peticionados en los incisos a) y b), lo anterior en razón de que lo solicitado en el diverso inciso c), ya fue materia de la suspensión de plano concedida al promovente mediante proveído de diez de abril del año en curso dictado en el expediente principal del que deriva la incidencia en que se actúa. Es decir, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas mantengan el estado que guardan; lo que debe traducirse en que las autoridades responsables: I. Cesen los efectos y consecuencias de las licencias o autorizaciones expedidas en favor del tercero interesado, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada. II. Se abstengan de otorgar la autorización de regularización de edificación, así como de emitir el certificado de habitabilidad correspondiente y no expidan licencia adicional alguna en favor del tercero interesado respecto a la acción urbanística reclamada. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito únicamente se pronunciará por lo que hace a la solicitud plasmada en el capítulo de suspensión, en términos de la jurisprudencia 111/2003 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 182529, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En primer término, debe decirse que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de las autoridades responsables. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, respecto al efecto solicitado bajo el número romano I. se NIEGA al quejoso, la suspensión provisional de los actos reclamados, o sea, para que las autoridades responsables suspendan los efectos y consecuencias de las licencias o autorizaciones expedidas en favor del tercero interesado, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada; pues, la parte quejosa no demuestra el interés suspensional que le asiste, es decir, la afectación personal y directa que le causa la continuación en su edificación, o en su caso, el beneficio social que justifique su otorgamiento. Lo anterior con fundamento en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 222334, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA". Se estima así, puesto que la parte quejosa no cumple con los requisitos previstos por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con la actual redacción del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, fracción I, de la Ley de la Materia, cuando se reclamen actos derivados de autoridades administrativas o no jurisdiccionales, la legitimación del quejoso para promover el juicio de garantías puede hacerse derivar tanto de la existencia de un interés jurídico, como de uno legítimo, según corresponda. Ahora, cabe señalar que el interés legítimo tiene sus límites y es diverso tanto al simple como al jurídico. Efectivamente, el interés simple es uno general que tiene todo miembro de la comunidad de que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ello implique un beneficio personal; es decir, consiste en la pura pretensión del ciudadano por la legalidad, mismo que no lo faculta para accionar el juicio de amparo ni solicitar la suspensión, pues únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo prevean, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. Por su parte, el jurídico es aquél que se ha identificado con el derecho subjetivo, consiste en la situación de prevalencia o ventaja que se concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer, querer y exigir el respeto a esa situación preferencial. Luego, el legítimo corresponde a las personas que por su situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen algún interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no solo por el mero provecho ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo; por lo que, su característica principal es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigirle al garantista la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas, esto es, el interés legítimo debe ser personal y actual. Lo anterior con fundamento en la tesis número 2a. XVIII/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2003067, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". En cuanto a la suspensión, el indicado numeral 131 de la Ley de Amparo, dispone específicamente que quien la solicite invocando un interés legítimo, sólo se concederá cuando el quejoso demuestre el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento. Con dicha finalidad, la parte quejosa allegó las documentales siguientes a sus escritos incidentales de ampliación de demanda: a) Una nota periodística de cinco de abril del año en curso. b) Copia simples de un testimonio notarial con número de folio 46,274. c) Copias simples de diversas actuaciones derivadas del juicio de amparo del que emana el presente incidente. d) Fotografías impresas de diversas actuaciones derivadas del juicio de amparo del que emana el presente incidente. e) La impresión de una nota periodística de cuatro de abril del año en curso. Medios de convicción, que valorados al tenor de lo dispuesto por los artículos 197, 202, 212 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan insuficientes para demostrar su interés suspensional, traducido en los supuestos daños de difícil reparación ocasionados hacía su persona o derechos de los cuales sea titular, o en su caso, el beneficio social que justifique el otorgamiento de la medida. Por lo que ve a las documentales mencionadas en los incisos a) y e), pues si bien consisten en las notas periodísticas de cuatro y cinco de abril del año en curso, las mismas resultan ineficaces para acreditar su interés suspensional, puesto que únicamente acreditan que los hechos tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.T.5 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con número de registro 203623, de rubro: "NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS". Por lo que ve a la documental precisada en el inciso b), la misma carece de valor probatorio pleno, puesto que se trata de una copia simple por lo que sólo genera una presunción de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante cuando no es adminiculada con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. Es aplicable la jurisprudencia que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". (Época: Octava Época. Registro: 207434. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989. Materia(s): Común. Tesis: 3a. 18. Página: 379). En tanto que de las documentales que se señalan en los incisos c) y d), si bien se tratan de fotografías simples de diversas constancias que obran en el juicio de amparo principal del que deriva la incidencia en que se actúa, las mismas únicamente demuestran la expedición de los diversos permisos y licencias otorgados a los terceros interesados en relación a la acción urbanística que se reclama, así como de los pagos recibidos por el Ayuntamiento responsable en razón de dichas autorizaciones; sin embargo, de forma alguna demuestran el interés del solicitante, ni el daño o perjuicio que resiente en razón del otorgamiento de los mismos. Lo anterior con fundamento en las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 70/2011 (9a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 160894, de rubro: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL DOCUMENTO EXHIBIDO EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE, AUN CONSIDERADO COMO IMPRESIÓN OBTENIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO DEMUESTRA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007". Por tanto, aun cuando se les otorgue valor probatorio conforme a lo previsto por el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las mismas resultan insuficientes para acreditar como ya se dijo, el interés suspensional del promovente. Por otro lado, respecto al efecto pretendido bajo el número romano II. se NIEGA al quejoso, la suspensión provisional de los actos reclamados, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de emitir el certificado de habitabilidad correspondiente y no expidan licencia adicional alguna en favor del tercero interesado respecto a la acción urbanística reclamada; dado que tales actos constituyen unos futuros y de realización incierta, los cuales no son susceptibles de suspenderse. Tan es así, que la emisión del certificado de habitabilidad y las autorizaciones señaladas, dependen tanto de la hipotética solicitud del gobernado, del futuro análisis de dichos trámites, así como que las autoridades responsables de ser competentes, hagan efectivas sus atribuciones calificando como viable y legal lo solicitado. Sin que pueda estimarse que tales trámites administrativos ya fueron solicitados y autorizados, puesto que la parte quejosa no adjuntó documento alguno del que se advierta lo contrario, por lo que resulta patente que no se trata de actos inminentes, sino de unos futuros de realización incierta. Resultan aplicables por las razones que informan, las tesis: "VISITAS DE INSPECCIÓN. CONTRA ACTOS FUTUROS E INCIERTOS DERIVADOS DE LAS, NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. No procede el otorgamiento de la suspensión definitiva respecto de aquellos actos que el quejoso señale como consecuencia de las infracciones consignadas en el acta de visita por los inspectores, concretamente las posibles sanciones (multas, clausuras, suspensión de labores y cancelación de licencia de funcionamiento), porque estos actos no necesariamente ocurrirán, debido a la calificación que habrá de realizar la autoridad competente, sustanciado que sea el procedimiento administrativo correspondiente, en el que el afectado podrá desvirtuar el hecho o hechos motivo de la o las infracciones, de tal forma que, atendiendo a la naturaleza específica del acto infraccionario de que se trata, no se está en presencia de actos futuros inminentes". (Época: Octava Época. Registro: 216254. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 65, Mayo de 1993. Materia(s): Administrativa. Tesis: I. 1o. A. J/23. Página: 34). "SUSPENSIÓN. ACTOS INMINENTES. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procedería otorgar la suspensión definitiva". (Época: Séptima Época. Registro: 250679. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, Sexta Parte. Materia(s): Común. Página: 179). Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado ni aún de manera indiciaria, un interés legítimo que permita obtener la suspensión de los actos reclamados, al no estar demostrados los extremos del señalado artículo 131 de la Ley de la Materia; a saber, en la inminencia e irreparabilidad del daño a la pretensión de la parte quejosa, así como el interés social en que se justifique el otorgamiento de la medida. Tan es así, que en relación a las licencias o autorizaciones expedidas en favor de los terceros interesados, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada, el interés de la garantista no lo hace derivar propiamente de la posible afectación a un derecho humano consagrado a favor de la comunidad a la cual pertenece, sino específicamente dice se permite la realización de una obra peligrosa e insalubre dentro de la zona habitacional donde se encuentra su domicilio, lo cual, ha ocasionado victimizarla pues la edificación se efectúa sin las medidas de seguridad mínimas provocando daños hacia su persona y propiedades. No es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa en su escrito de ampliación haya planteado bajo protesta de conducirse con verdad, los hechos o abstenciones constatados, pues ello no significa que por tal circunstancia sea procedente la medida suspensional que solicita, ya que no le eximía de la obligación de acompañar los medios de convicción que robustecieran su dicho. Ello es así, porque tales declaraciones únicamente tienen como efecto el dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, ello de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado en el cuaderno incidental, por lo que tal protesta, es insuficiente para acreditar el interés suspensional que le asiste a la parte quejosa a fin de obtener la medida solicitada. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia III. 2o. A. J/6 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, número de registro 219521, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE". No pasa inadvertido que si bien, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que se debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128; análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin que en la especie, sea dable realizar el examen que propone el quejoso, para efecto de conceder la suspensión. Se afirma lo anterior, pues para realizar ese análisis, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad y/o ilegalidad de los actos reclamados, se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo del mismo; lo cual, implicaría, como se dijo, no sólo una introducción a la inconstitucionalidad de lo reclamado, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. De igual forma, no se desatienden las jurisprudencias sustentadas a que alude el quejoso en su escrito de ampliación de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA", así como la diversa "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES". Lo anterior se estima así, puesto que si bien la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 265/2012 de la cual derivaron los criterios jurisprudenciales mencionados en el párrafo anterior, estableció que es procedente conceder la suspensión de una autorización, permiso o licencia otorgada a un particular; sin embargo, dicha procedencia se encuentra supeditada a que la parte quejosa acredite los requisitos previstos por la Ley de Amparo, siendo como en el caso, que no se prueba el interés suspensional que le asiste al promovente. Resta decir que en similares términos se resolvió la suspensión provisional por lo que ve al escrito inicial del quejoso mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciséis, el cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca de queja 215/2016 de su índice. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el trámite del presente asunto, por medio de oficio.

  2. Principal

    Se tiene por recibida la pieza postal mediante la cual se devuelve el oficio 3504/2018, que se remitió a efecto de notificar a la Directora de Integración de Información del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho; agréguese a los autos para que obre como corresponda y se ordena reexpedir el citado oficio por conducto del Director de Área adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    SE DICTA SENTENCIA. (4) Punto resolutivo 1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por los quejosos, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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