Marco Antonio Navarro Garrido
Expediente 1294/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Navarro Garrido
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual informa que aceptó la competencia que se planteó por este órgano federal y, por tanto, se avocó al conocimiento del asunto; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por********************, por derecho propio, fórmese y regístrese el expediente bajo el número 1294/2023-I. ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia absolutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, Estado de México, dentro de la causa penal ********************; ello en autos del toca de apelación ********************, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México. INCOMPETENCIA (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica al quejoso Marco Antonio Navarro..., el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintitrés. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Marco Antonio Navarro..., por derecho propio, fórmese y regístrese el expediente bajo el número 1294/2023-I. ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: -El proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia absolutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, Estado de México, dentro de la causa penal 238/2023; ello en autos del toca de apelación 485/2023, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México. INCOMPETENCIA Este juzgador considera que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, estimando que quien debe conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, por las consideraciones siguientes. En efecto, del numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprenden dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y, 2. Resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. De conformidad con el citado artículo, se está en presencia de una sentencia definitiva cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, independientemente de que proceda o no algún recurso ordinario en su contra por el cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. En el caso concreto, como se adelantó, el acto reprochado lo es el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia absolutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, Estado de México, dentro de la causa penal 238/2023, por ser extemporáneo. Por tanto, es claro que dicha determinación constituye una resolución que pone fin a juicio para efectos del amparo directo, pues ésta se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado, por lo que la resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha el recurso idóneo interpuesto en su contra, de ahí que, procede combatirla en la vía directa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, registro 180958, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." De igual forma, se invoca, por las razones que la integran, la tesis XXVII.3o.25 P (10a.), registro 2011976, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2893, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2016, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE RECURSO Y DEJA INTOCADO EL DESECHAMIENTO DEL DIVERSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN PARTICIPA DE LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA POR HABERLA SUSTITUIDO PROCESALMENTE, POR LO QUE LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA DEBE REGIRSE POR EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la acción constitucional contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que impone pena privativa de la libertad, es hasta de ocho años. Ahora bien, tratándose de las resoluciones dictadas por el tribunal de alzada que resuelven el recurso de denegada apelación, también debe atenderse a este plazo, en virtud de que estas determinaciones constituyen la resolución definitiva impugnable en amparo directo que sin resolver el juicio penal lo da por concluido, ya que esta decisión implica la firmeza del auto que desechó el recurso de apelación y, por ende, de la sentencia condenatoria que impone pena privativa de la libertad, pues existe una sustitución procesal, como se definió en la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 50, de rubro: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).". En ese sentido, atento a los efectos que produce la determinación que desecha el recurso de denegada apelación, esto es, la firmeza de la resolución que desechó el recurso de apelación, ello implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se deja firme la sentencia recurrida, por lo que sus efectos son semejantes a los de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos concluye el juicio. De esta manera, si la naturaleza de dicha determinación implica dejar firme la sentencia recurrida, ya que incluso se asemeja, en sus efectos, a los de una sentencia que cuando resuelve tal recurso lo declara infundado y confirma la de primera instancia, es válido sostener que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. En consecuencia, para efectos de la oportunidad en la promoción del juicio constitucional en la vía directa, tratándose de la determinación que declara improcedente el recurso de denegada apelación y deja intocado el desechamiento del diverso de apelación promovido contra la sentencia condenatoria que impone pena de prisión, aquélla debe regirse por el plazo de hasta ocho años previsto en el mencionado artículo 17, fracción II, en virtud de que ante la falta de examen en segunda instancia de la resolución que impone pena privativa de la libertad, debe estimarse que la resolución que dejó intocado el acuerdo que desechó el recurso de apelación participa de la naturaleza de la sentencia condenatoria, por haberla sustituido procesalmente." No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que en contra del acto reclamado interpuso recurso de revocación, el cual fue inadmitido, sin embargo, dicha circunstancia no varía la naturaleza de la determinación aquí combatida ni los efectos que ésta produce, por lo cual se considera que el suscrito se encuentra legalmente impedido para pronunciarse al respecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Navarro...; por lo que, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos, así como los traslados de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, por ser, salvo su mejor opinión, el competente para conocer de la demanda de mérito, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO No se soslaya que la parte quejosa solicita que se le conceda la suspensión de plano del acto reclamado, a efecto de que se dé trámite a su recurso de apelación, sin embargo, el artículo 126 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por lo cual, conforme a dicho numeral, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis de procedencia, es decir, aquellos de naturaleza claramente contraria a la Constitución, o bien, que afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante; de ahí que sea improcedente decretarla. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de este municipio, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, por autorizada a la persona que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, se tiene por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional..."
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