Marco Antonio Muñiz Martínez

Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
297/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Muñiz Martínez
  • MARCO ANTONIO MUÑIZ MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Oaxaca en el Estado de Oaxaca, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítasele la copia certificada que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 297/2020, promovido por **, *, *, *, *, * y/o **, **, ** y/o **, **, ** y **. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en someter a escrutinio constitucional si las autoridades señaladas como responsables llevaron a cabo los actos de la tortura y malos tratos a fueron sometidos el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. que les atribuyen los directos agraviados quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca". ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, el Director General, Director de Seguridad y jefe o encargado del dormitorio Eco, todos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, *, *, *, *, * y/o **, **, ** y/o **, **, ** y **., promovieron el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido el mismo día en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señalaron como autoridades responsables al Director General, Director de Seguridad y jefe o encargado del dormitorio Eco, todos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz y como actos reclamados la tortura y malos tratos a fueron sometidos el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda y quedó registrada en la estadística de este juzgado con el número 297/2020. En audiencia que antecede, se dejó de tener como autoridad responsable al jefe o encargado del dormitorio Eco del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS, Oaxaca, debido a que, dentro de la estructura orgánica del citado centro penitenciario, en consecuencia, se dejó de tener como autoridad responsable en este juicio; por lo que no se hará mayor pronunciamiento al respecto en esta resolución. La audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto, los actos reclamados se ejecutan o surten sus efectos y las autoridades responsables tienen su residencia, dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama: De las autoridades ordenadoras Director General y Director de Seguridad, ambos del Centro Federal de Readaptación número 13 "CPS-Oaxaca"; en su doble carácter, las órdenes verbales o escritas de tortura física y mental y malos tratos. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado la encargada del despacho de la Dirección General y de la presidencia del Comité Técnico, así como del Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado tales negativas con prueba idónea. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de que corresponde a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la carga de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La Ley de Amparo, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117, tercer párrafo y 124, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Al respecto, resulta orientadora la tesis jurisprudencial J/308, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL CORRESPONDE AL QUEJOSO... Al efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. [.]". De lo anterior, se colige que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando la parte quejosa no probare su existencia. No obstante, respecto de los actos que la parte quejosa señaló de manera destacada (a los que se refiere el artículo 22 constitucional), este Juzgado en observancia a lo previsto por los artículos 1° y 4° de la Carta Magna; así como 1° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y en atención al principio de certeza jurídica que asiste al quejoso, requirió de manera oficiosa, diversas constancias para ponderar la existencia de los actos reclamados, así como para cerciorarse del estado físico y psicológico del directo interesado. En el caso concreto, orienta dicha actuación el criterio de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. SI EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE LOS HA SUFRIDO DERIVADO DE SU INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE ALLEGAN INDICIOS DE SU EXISTENCIA, PERO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS NIEGA EN SU INFORME JUSTIFICADO, EL JUZGADOR DE AMPARO, A FIN DE CONTAR CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DICTAR LA SENTENCIA, POR EXCEPCIÓN, DEBE ADOPTAR DE OFICIO LAS PROVIDENCIAS TENDENTES A RECABAR LO NECESARIO PARA CONSTATAR QUE AQUÉLLOS NO SE ESTÁN REALIZANDO. .. Dentro de las documentales que obran en autos, se encuentran copias certificadas de los exámenes psicofísicos practicados el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, por el personal médico del centro penitenciario en la que determinó que los quejosos no registraron lesiones traumáticas externas, registros de asistencia y participación de las personas privada de la libertad, de la Oficina de actividades culturales, deportivas y recreativas del centro de readaptación de que se trata, informe laboral, Informes sobre la atención psicológica brindada a los quejoso en diversas fechas (30 de marzo, 1, 2, 3 y 20 de abril de 2021), así como el historial de llamadas de cada uno de los impetrantes Probanzas que adquieren valor probatorio pleno, por ser documentos públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de este último ordenamiento. Resulta aplicable, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de dichas constancias, no se aprecian datos razonables para determinar que el marte veintinueve de diciembre de dos mil veinte, los quejosos hayan sufrido tortura física y mental, imputados al Director General y al Director de Seguridad, ambos del Centro de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca". Además, de las diferentes constancias que integran el expediente clínico del aludido interno, se advierte que guarda un estado de salud estable, a pesar de las diversas afecciones crónicas que les aquejan; de las cuales ha tenido diagnóstico y tratamiento, como se constata de las referidas documentales que también obran en autos. En ese tenor, del análisis individual y sistemático del cúmulo probatorio, no es razonable concluir que los peticionarios de amparo hayan sufrido tortura física y psicológicamente. En el entendido de que se está frente a un caso de tortura cuando la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente y con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona, tal como lo ha precisado el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. . . En consecuencia, si las aludidas autoridades responsables no reconocen la existencia de los actos reclamados antes indicados, y el parte quejosa no desvirtuó dicha negativa, aunado a que este órgano constitucional tras analizar las constancias allegadas de oficio no encontró elementos para corroborar su materialización, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, pues no se demostró la violación de los derechos fundamentales que alega, el peticionario de amparo. Por analogía sostiene las consideraciones precedentes, la tesis de jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados al tortura física y mental, imputados al Director General y al Director de Seguridad, todos del Centro de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca". EXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO Ahora bien, el análisis de las constancias de autos, permite determinar en un estándar razonable, que existió un castigo injustificado que constituyó un posible trato inhumano. Es así, porque de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, de lo asentado por el actuario adscrito a este juzgado en la diligencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, así como del examen psicofísico practicado por los médicos de guardia, adscritos al aludido centro federal de readaptación social, se advierte que el quejoso Brayan Ferra Méndez, presentó cuatro moretones en la parte izquierda de la espalda; Juan Arturo Hernández Hernández, marcas en las muñecas, rasguños en el ojo izquierdo y marcas de quemaduras en el pecho; Jesús Primitivo Maldonado Topete, seis moretones en el pecho y estómago así como dos cicatrices en el pecho; y Víctor Javier Serrano Aguilar, herida en el pie izquierdo, cicatriz en el tobillo y un dedo doblado. Aspectos que en su conjunto acreditan la materialización de un trato severo que causó un cierto sufrimiento a dichos agraviado; acción desplegada por personal adscrito al centro penitenciario donde se encuentra interno el quejoso -a cargo de las autoridades responsables-; lo cual constituyó una acción injustificada porque no existe constancia alguna de que se hubiere desplegado una medida de seguridad de algún tipo, y que en este caso concreto, causó algunas lesiones no graves. Apoya esta conclusión, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES. AL SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO ES OBLIGATORIO SU ESTUDIO CONFORME A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA UNA DE DICHAS VIOLACIONES. Los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -al que se acude en términos del numeral 1o. de la Constitución Federal- proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante por constituir violaciones al derecho humano a la integridad personal; estos últimos numerales han sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que dicho derecho está directamente vinculado con la dignidad humana y su violación adquiere diversas formas y entidades -tortura, tratos inhumanos y degradantes- cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros), de donde se obtiene su diferenciación de cada una de dichas violaciones; al respecto, en el párrafo 191 de la sentencia de 28 de noviembre de 2018, del Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México que resulta aplicable en términos de lo señalado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", se establece que se actualiza la tortura cuando el maltrato: a) es intencional; b) causa severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) se comete con determinados fines o propósitos; en cambio, los tratos inhumanos y degradantes han sido definidos por el referido tribunal de manera casuística, una idea general está plasmada en el párrafo 57 de la sentencia de 17 de septiembre de 1997 en el caso Loayza Tamayo Vs. Perú -que también resulta aplicable conforme a la jurisprudencia invocada-, donde se citan consideraciones de la Corte Europea de Derechos Humanos y también tal diferenciación se realizó por la Comisión Europea de Derechos Humanos, obteniéndose que los actos inhumanos requieren demostrar: i) la severidad del trato por generar sufrimiento; ii) sean injustificadas dichas acciones; y, iii) pueden o no existir lesiones; mientras que el carácter degradante de un acto requiere demostrar: A) que tal acción generó un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad en la víctima; y, B) se efectuó con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima. De tal manera que si en un juicio de amparo se reclaman tales actos deben analizarse la existencia y constitucionalidad de cada uno de éstos conforme a los elementos señalados, pues de no ser así se incurriría en violación al principio de exhaustividad y congruencia que rigen a las sentencias de amparo." IMPROCEDENCIA Previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por el órgano constitucional, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto del acto que consistente en el castigo o trato inhumano ocurrido el dos de abril de dos mil veinte, en virtud de lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;.[.] Del citado artículo se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, ya que a pesar de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia de mérito no tendría eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de sus derechos fundamentales. Es así, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, se debe entender como "actos consumados" cuando se han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la prerrogativa afectada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la aludida causa de improcedencia, atendiendo a que de las constancias remitidas por las diversas autoridades responsables Director de Seguridad, encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS- Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, puede advertirse de manera suficiente, que con fecha posterior al veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo actos posiblemente constitutivos de castigo injustificado o tratos inhumanos contra los quejoso Brayan Ferra Méndez, Juan Arturo Hernández Hernández, Jesús Primitivo Maldonado Topete y Víctor Javier Serrano Aguilar. Documentales que obran en copia certificada en los autos, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones que ostentan los sellos y firmas que corresponden. Se arriba a la anterior conclusión, en principio, tomando como base la diligencia de notificación de la demanda efectuada por el fedatario adscrito a este juzgado, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno -casi tres meses después de los hechos denunciados debido a que la demanda de amparo se recibió en este juzgado el veinticuatro de marzo último- en la que el actuario adscrito en uso de su fe pública respecto del estado físico de salud del quejoso observó en Brayan Ferra Méndez, presentó cuatro moretones en la parte izquierda de la espalda; Juan Arturo Hernández Hernández, marcas en las muñecas, rasguños en el ojo izquierdo y marcas de quemaduras en el pecho; Jesús Primitivo Maldonado Topete, seis moretones en el pecho y estómago así como dos cicatrices en el pecho; y Víctor Javier Serrano Aguilar herida en el pie izquierdo, cicatriz en el tobillo y un dedo doblado. Lo anterior implica que los aludidos interesados, presentaban un estado físico que evidencia de manera suficiente, atendiendo al grado de vulnerabilidad en que se encuentran al ser unas personas privadas de su libertad, y obligados a permanecer hincado o en todo caso, haber sido golpeados con la fuerza suficiente para dejar un moretón o marca física temporal. En ese orden, toda vez que no se acreditó en autos que se hubiere aplicado una medida disciplinaria o alguna otra actuación "de rutina" o que existiera un incidente que pusiera en riesgo la seguridad del módulo o dormitorio, dicho trato deviene irregular, y es dable presumir que obedece a un castigo ilegal, pues no se siguió el procedimiento previsto en la ley o en el reglamento, lo que implica una forma de trato inhumano, pues obedece a una decisión discrecional, que no tiene sustento legal. Ni siquiera la circunstancia de que al quejoso se le califique como un interno de alto riesgo institucional, por su perfil criminológico o conducta, puede ser la base de acciones arbitrarias, sino, como todo acto de autoridad y sobre todo, tratándose de actos de molestia, la actuación de las autoridades se encuentra ceñida a la ley. De lo anterior se desprende que aun y cuando se concediera el amparo respecto de los actos de que se duele el quejoso, sería imposible restituirlo en el goce del derecho fundamental transgredido, pues ya no se podría obligar a las autoridades responsables a modificar su actuación u omisión, a fin de modificar el trato recaído sobre el cuerpo y mente del preso, así como sus consecuencias. Lo anterior lleva a estimar improcedente la acción de amparo respecto de dichos actos probablemente constitutivos de castigo injustificado o tratos inhumanos, realizados el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, ya que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación cometida por las autoridades responsables, por haberse consumado de manera irreparable. Circunstancia respecto de las cuales, este juzgador, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, para que ejerza las atribuciones que a su representación corresponda respecto de la posible tortura; a fin de que determine, si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio de los quejosos, para que en su caso actúe conforme a sus atribuciones, a fin de sancionar a los culpables y procurar la reparación del daño de las víctimas. Sin que lo anterior implique que este órgano de control constitucional se encuentre realizando juicios de responsabilidad para alguna persona o autoridad en particular, puesto que es precisamente a través de la investigación que se efectúe por parte de la autoridad ministerial competente, como podrá determinarse la existencia de un posible o posibles delitos, así como de la probable participación de alguna persona en su comisión. Es de precisarse, que la anterior medida se dictó en estricto apego a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho humano del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral en estudio. Sobre todo porque el principio de universalidad de los derechos humanos, previsto en el propio artículo 1º de la Constitución Federal, es precisamente de espectro absoluto y general: protege a toda persona, sin que se excluya a alguien por sus antecedentes o por hechos indeterminados. Ello, porque el derecho a la integridad personal comprende necesariamente, el derecho fundamental a no ser torturado o atormentado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Derechos que, además, se traducen en una prohibición absoluta a cargo del Estado. Es aplicable al asunto particular la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO. Existen algunas medidas que pueden reinterpretarse para darle cabida a las medidas no pecuniarias de reparación en el marco de la Ley de Amparo, lo cual contribuye a consolidar la concepción del juicio de amparo como un auténtico mecanismo de protección de los derechos humanos, aun que sin dejar de lado la necesidad de considerarlo en conjunto con medios regulados con ese fin. En este sentido, las sentencias estimatorias de amparo constituyen en sí mismas una medida de satisfacción, pues al declarar la existencia de una violación a derechos humanos, las sentencias operan como una declaratoria oficial que contribuye a restaurar la dignidad de las personas. Así, más allá de las medidas de restitución contenidas en ellas, las sentencias de amparo tienen un valor fundamental como parte del proceso reparador de las consecuencias de un hecho victimizante, a tal punto que, en la gran mayoría de los casos, las medidas restitutorias, junto con la declaratoria en cuestión, son suficientes para reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. Por otro lado, en casos en que la violación a derechos humanos pueda ser constitutiva de algún delito, la vista que están obligados a dar los jueces de amparo a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, también debe verse como una medida de satisfacción. En efecto, esta Primera Sala considera que cuando, en el marco de un juicio de amparo, los jueces y tribunales adviertan la posible actualización de hechos constitutivos de delitos, existe una obligación de dar vista oficiosamente a las autoridades competentes de dicha situación, de forma que éstas se encuentren en condiciones de iniciar las investigaciones correspondientes para aclarar la verdad de los hechos y, en su caso, castigar a los responsables. Finalmente, esta Primera Sala considera que cuando se acuda al incidente de cumplimiento sustituto y se opte por realizar un "convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional", las partes pueden pactar reparaciones que no sean compensaciones económicas, como medidas de satisfacción, y los jueces de amparo pueden autorizarlas, siempre y cuando las autoridades responsables puedan obligarse a ello de acuerdo con el marco jurídico que establezca sus atribuciones y las citadas medidas de satisfacción no contravengan principios de orden público." Finalmente, en el presente caso, de la demanda de amparo, se desprende que este juicio de amparo fue promovido, entre otros, por José Alberto Nieto Pérez. Ahora bien, en las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, obra el acta administrativa 7/2021, de la que se advierte que el trece de febrero de dos mil veintiuno, se autorizó el traslado al Centro de Reinserción Social de Matamoros, Tamaulipas. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee por el mencionado quejoso. DECISIÓN En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en tortura física y mental, así como, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, únicamente respecto del acto precisado como castigo injustificado o tratos inhumanos, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el diverso numeral 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, *, *, *, *, * y/o **, **, ** y/o **, **, ** y **., contra actos atribuidos a diversas autoridades del Centro Federal de Prevención y Reinserción Social número Trece, "CPS-Oaxaca", por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que reservó proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, a saber: Cámaras de seguridad del dormitorio E, módulo 6. Cámaras de seguridad de las entradas vehiculares del dormitorio E, y entrada del vehicular del Centro de Observación y Clasificación y, Cámaras de seguridad del área de tratamientos especiales pasillos 1, 2, 3 y 4, todos del día veinticuatro de diciembre de dos mil veinte entre las doce y quince horas.En su atención se provee:Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desechan dichas probanzas, habida cuenta que si bien conforme al precepto aludido en primer lugar, en el juicio de amparo es admisible toda clase de probanzas, excepto la confesional por posiciones; lo cierto es, que se desprende que dichos medios de convicción deben desahogarse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que la confidencialidad de la información relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad y la ubicación de la población, iría contra el derecho, ya que un manejo no responsable de esa información, podría facilitar el resquebrajamiento de su orden y seguridad, e incluso podría exponer la integridad de otros internos y del personal de custodia, por lo que se atentaría contra los valores institucionales y como consecuencia al interés social. Por otra parte, en relación a su manifestación de querer estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional.Dígase a los impetrantes, que en el presente sumario no existe prueba que sea de previo y especial pronunciamiento dentro de la audiencia constitucional, de ahí que no exista necesidad de su presencia en la audiencia constitucional; aunado esto a que pueden realizar las manifestaciones en vía de alegatos que consideren por escrito. En virtud de lo anterior, a efecto de que las partes se impongan de los aquí determinado la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA)

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