Marco Antonio Muñiz Martínez

Expediente 15/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
15/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Marco Antonio Muñiz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    pral.15/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de nueve de octubre de este año, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Causa estado proveído. Por otra parte, como también se hizo constar de la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso e) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de este año, por el cual se declaró que no era procedente tener por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia dictada en este juicio de amparo que refirió el quejoso ****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido proveído; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4.2. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.3. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    pral.15/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido en proveído de veintiocho de octubre de este año, al defensor público federal de ****, para que manifestara lo que a sus derechos conviniera respecto a la inconformidad del quejoso contra la sentencia de nueve de octubre de este año, pues en la diligencia de notificación de veinticuatro de octubre de este año, manifestó que "Apelo a la sentencia", sin que a la fecha hubiere efectuado manifestación alguna En consecuencia, se acuerda: El artículo 80 de La Ley de Amparo prevé como recursos la de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; en esas condiciones, no es procedente tener por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia de nueve de octubre de este año, que refirió el quejoso ***, ya que, jurídicamente, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para darle el trámite correspondiente, pues la Ley de Amparo no regula dicho medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 2a./J.60/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 43, junio de 2017, tomo II, página 1312, registro 2014509, del rubro siguiente: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA". No pasa desapercibido que en auto de veintiocho de octubre de este año se dio vista al defensor público federal del referido quejoso, para que manifestara lo que a sus derechos conviniera; apercibiéndolo que, de no hacerlo, se procedería a dar el trámite respectivo a ese medio de impugnación en los términos que refirió el quejoso y, en su momento, este asunto sería remitido al Tribunal de alzada, para la sustanciación del recurso correspondiente; sin embargo, lo anterior no es procedente, pues, como ya se precisó, este órgano jurisdiccional dio vista a dicho defensor, quien, en su caso, estuvo en la posibilidad de señalar alguno de los medios de impugnación que establece la Ley de Amparo, motivo por el cual no se le vulnera ningún derecho al quejoso, ni puede aplicarse una causa mínima de pedir en ese sentido; esto, al contar con un defensor para su asesoramiento en este juicio de amparo, aunado a la jurisprudencia ya referida, en la cual se establece que no puede reencauzarse la vía respectiva. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensor público federal.

  3. Principal

    PRAL. 15/2020 MESA 3#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. 1. Diligencia de notificación. De la diligencia de notificación de veinticuatro de octubre de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso ***, mediante la cual se le notificó la sentencia de nueve de octubre de este año, se advierte que dicha parte se inconformó con dicha resolución, pues manifestó lo siguiente: "apelo a la sentencia". En consecuencia, y en atención al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dése vista al licenciado ***, en su carácter de defensor público federal del quejoso *** para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificado de este auto, manifieste lo que a sus derechos convenga, respecto a la inconformidad de su asesorado. Se le apercibe que de no realizar ninguna manifestación se dará el trámite respectivo a ese medio de impugnación en los términos que refiere el quejoso y, en su momento, este asunto será remitido al Tribunal de alzada, para la sustanciación del recurso correspondiente. Notifíquese; al licenciado ***, en su carácter de defensor público federal del quejoso ***. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 15/2020 MESA 3° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con nueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, según proveído de once de septiembre de este año, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que se hizo de su conocimiento en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia correspondiente. ETAPA PROBATORIA. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las siguientes: A. El dictamen médico de doce de octubre de dos mil diecinueve, realizada por el médico de guardia de esa fecha. B. Los formatos de petición única de los meses de octubre y noviembre de dos mil diecinueve. C. Fotografías que le fueron tomadas el doce de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte, las autoridades responsables ofrecieron: 1) La encargada del Despacho de la Dirección General, por conducto de su director Técnico y 2) director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: a) Memorándum CFRS13/DG/DS/00197/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte. b) Memorándum número CFRS13/DG/20605/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. c) Estudio psicofísico realizado al quejoso Marco Antonio Muñiz Martínez, de doce de octubre de dos mil diecinueve. d) Memorándum CFRS13/DG/DS/00196/2019 de dieciséis de enero de dos mil veinte. El 2) director del Área Técnica, por sí y con el carácter de superior jerárquico de la 3) encargada del Área de Servicios Médicos, a través de la encargada de la Subdirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada de: a) Petición de octubre de dos mil diecinueve. b) Petición de noviembre de dos mil diecinueve. c) Oficio de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el cual el médico de guardia le da contestación a los escritos de petición de octubre y noviembre de dos mil diecinueve. d) Constancia de atención médica de veintisiete de febrero de dos mil veinte. e) Nota médica de consulta general de veintisiete de febrero de dos mil veinte. f) Solicitud de interconsulta/referencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte. g) Dictamen médico de veintisiete de febrero de dos mil veinte. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las probanzas citadas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Asimismo, no pasa desapercibido que la parte quejosa también ofreció como prueba las constancias relativas a la atención y valoración médica por parte de un especialista en psiquiatría, así como de la entrega de medicamentos, posteriores a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio; empero, dicha probanza se desechó mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, por los motivos ahí expuestos. Por lo que no habiendo ninguna prueba más que desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló mediante diligencia de notificación de siete de marzo del año en curso, realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado, por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 15/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio signado por la asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el ocho de enero del año en curso y turnada a este Juzgado en la misma fecha, al que se anexó el escrito de demanda de amparo, promovida por *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de nueve de enero de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 15/2020 y, en esa fecha, por una parte, se desechó la demanda de amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades de proporcionarle la atención médica en psiquiatría, así como hacerle entrega de medicamento controlado correspondiente a sus padecimientos, y por otra parte, se admitió la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado respectivo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El catorce de julio de dos mil veinte se reanudó el procedimiento de este asunto conforme a lo previsto en el acuerdo general 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo que los plazos y términos fueron suspendidos del dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte, mediante acuerdos generales 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, la audiencia se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto se reclama de autoridades residentes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio, de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: De las autoridades responsables 1) director General, 2) titular de Área Técnica, 3) Dirección de Seguridad y 4) encargada del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA". El abuso de autoridad consistente en haber sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno en todo el cuerpo, así como en los genitales, el doce de octubre de dos mil diecinueve. La falta de respuesta a las peticiones realizadas mediante los "formatos de petición única" correspondientes a octubre y noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado identificado con el punto I. Al rendir el informe previo solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DIRECTOR TÉCNICO, EN AUSENCIA DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO TRECE "CPS-OAXACA", RESIDENTE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. NIEGA DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO TRECE "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. NIEGA DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA, POR SÍ Y CON EL CARÁCTER DE SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA ENCARGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS, A TRAVÉS DE LA ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL TRECE "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.. NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, relativo al abuso de autoridad consistente en haber sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno en todo el cuerpo, así como en los genitales el doce de octubre de dos mil diecinueve). Inexistencia que queda acreditado con las constancias que obran en este juicio; ello, toda vez que del examen psicofísico de doce de octubre de dos mil diecinueve que ofreció como prueba la parte quejosa, se advierte que no presentó alguna "lesión actual", como se advierte de la imagen siguiente: (...) Por ello, con dicha prueba las autoridades responsables acreditaron que la parte quejosa no fue golpeado ni rociado con gas lacrimógeno el doce de octubre de dos mil diecinueve, ello, toda vez que en dicha constancia se hizo contar que en esa data no presentaba lesión actual. Por otra parte, si bien es cierto que la parte quejosa ofreció también como prueba las fotografías que le fueron tomadas en esa fecha (doce de octubre de dos mil diecinueve), de las cuales se aprecia que sus ojos, aparentemente, se encontraban lastimados o irritados, también lo es que no pueden ser considerados como una alteración externa ocasionada a ese interno en la data de doce de octubre de dos mil diecinueve y, como tal, de la existencia del abuso de autoridad que reclama. Lo anterior, toda vez que en cumplimiento a la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgado, de oficio, en auto de seis de agosto de este año requirió al director del centro de reclusión para que ordenara que el quejoso fuera valorado por el médico de ese centro y aquél certificara si presenta algún problema en los ojos, esto, a efecto de tener certeza jurídica respecto al estado de dicho órgano, con motivo que a pesar de que se le dio vista al defensor público con las citadas fotografías, a efecto de que informara si ha percibido si el estado del rostro de ese interno es como la que aparece en las imágenes remitidas por la autoridad responsable, o bien, si presentaba alguna lesión; no manifestó algo al respecto. En cumplimiento a dicho requerimiento, el quejoso fue examinado respecto a sus ojos el uno de septiembre de dos mil diecinueve, y le fue diagnosticado miopía y astigmatismo, como se advierte de la imagen siguiente: Diagnóstico con el que se dio vista al defensor público federal del quejoso, para que se impusiera de dichas constancias, sin que hubiera realizado manifestación alguna. Por ello, con base en las documentales que obran en este juicio, no existe indicio de que el quejoso haya sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno el doce de octubre de dos mil diecinueve; toda vez que con el memorándum CFES13/DG/DS/00197/2020, de dieciséis de enero de dos mil veinte, quedó demostrado que en esa data el aquí quejoso agredió físicamente a otro interno, como así lo manifestó, bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo; sin embargo, se reitera, no quedó demostrado que las autoridades responsables lo hayan golpeado o rociado con gas lacrimógeno en el cuerpo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo, por inexistencia del acto reclamado analizado en este considerando. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, consultable en la página 236, tomo VI, registro 917818, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Inexistencia del acto reclamado identificado con el punto II. Al rendir el informe previo solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DIRECTOR TÉCNICO, EN AUSENCIA DE LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO TRECE "CPS-OAXACA", RESIDENTE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. NIEGA DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO TRECE "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. NIEGA Del cuadro anterior, se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la falta de respuesta a las peticiones realizadas en octubre y noviembre de dos mil diecinueve. Inexistencia que queda acredita con los escritos de petición que obran en autos, de los cuales se advierte que fueron dirigidas a la "Dirección técnica", "médico psiquiatra"; de ahí que la omisión reclamada a dichas autoridades es inexistente, ya que dichas responsables no se encuentran obligadas a contestar las mismas, conforme a lo previsto en el artículo 8° constitucional, con motivo que no fueron presentadas ante aquéllas. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por inexistencia de actos. QUINTO. Existencia del acto reclamado identificado con el punto II. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA, 1) POR SÍ Y 2) CON EL CARÁCTER DE SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA ENCARGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS, A TRAVÉS DE LA ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL TRECE "CPS-OAXACA", CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la falta de respuesta a las peticiones de octubre y noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las documentales que se anexaron al rendir el informe justificado; a las cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De ahí que se tienen como ciertos los actos que se les reclaman. SEXTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de respuesta a las peticiones de octubre y noviembre de dos mil diecinueve. Y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, director del Área Técnica, por sí y con el carácter de superior jerárquico de la encargada del Área de Servicios Médicos, del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que: a) Mediante oficio de veintisiete de febrero de dos mil veinte, signado por el médico de guardia del referido centro penitenciario, dictado en el expediente OAX/02429/2015, dio respuesta a los "formatos de petición única" del quejoso, correspondientes a octubre y noviembre de dos mil diecinueve, por los cuales solicitó la revaloración con el especialista de psiquiatría, y se le precisó que: Con data de veintisiete de febrero de dos mil veinte se le proporcionó una valoración general, para referirlo a la especialidad de psiquiatría, esto en atención a que presentaba un diagnostico establecido de treinta y uno de julio del año pasado, por una especialidad de psiquiatría, de trastorno por consumo y dependencia a sustancias tóxicas. Además, que ese medico realizó la solicitud de interconsulta/referencia, para que acudiera a su revaloración médica al Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, con motivo que en el centro penitenciario no cuenta con un médico psiquiatra. b) Oficio que le fue notificado a la quejosa el veintisiete de febrero de este año, como se acreditó con la "constancia" de esa fecha. Sin que obste lo anterior, que la parte quejosa no haya firmado la constancia respectiva, dado que el médico del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", bajo protesta de decir verdad, precisó que dicho interno no quiso firmar tal documento al no estar conforme con la respuesta recaída a sus peticiones administrativas. Actuaciones que patentizan la cesación de los actos reclamados, pues el quejoso se quejaba de la falta de respuesta a la peticiones de octubre y noviembre de dos mil diecinueve, en los cuales, toralmente, solicitó atención médica de un especialista psiquiatra; sin embargo, las mismas ya se acordaron; por ello, se demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de los actos reclamados y desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. Por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. OCTAVO. Notificación a la parte quejosa. Se ordena notificar esta resolución al quejoso Marco Antonio Muñiz Martínez y al licenciado Luis Miguel Santiago Martínez, en su carácter de defensor público federal de la parte quejosa; con la precisión que los términos procesales empezarán a computarse una vez que se le notifique al defensor, y no al quejoso, con motivo que el defensor como perito en la materia, podrá promover lo que considere conveniente para la mejor defensa de aquél. En esas condiciones, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, esto, con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus covid-19, la notificación que se le realice al quejoso será conforme a la agenda de trabajo de este Juzgado y del Centro Federal de reclusión en donde se encuentra Marco Antonio Muñiz Martínez. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ***, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese; en los términos ordenados. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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