Marco Antonio Moya Vega

Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
782/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Moya Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    El treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 782/2023-VI-A, promovido por ********************, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación ********************, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil veintitrés y turnado el día siguiente, a este juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación ********************, con sede en esta ciudad, de quien reclama: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de entregarme copia simple de la carpeta de investigación ********************, en la cual tengo el carácter de imputado por los delitos de lesiones y abuso sexual simple.". El quejoso señala como derechos transgredidos los contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo promovida por ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra actos de una autoridad, donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los anexos que se acompañan, se desprende que la parte quejosa se duele en esencia de la falta de respuesta de la responsable, respecto a su petición formulada en escritos recibidos por la autoridad responsable el once y treinta y uno de julio del dos mil veintitrés. TERCERO. La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación ********************, con sede en esta ciudad, aceptó el acto que se le reclama, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Se estima que el juicio de amparo es procedente contra el acto reclamado de que se trata. Establecido lo anterior y al no haber invocado las partes causal de improcedencia ni advertirse de oficio la actualización de alguna, lo procedente es examinar la constitucionalidad del acto atacado en esta vía, a la luz de los conceptos de violación relativos. QUINTO. Omisión en la transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia para analizar los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, cabe invocar la jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias" del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SEXTO. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria del amparo reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación ********************, con sede en esta ciudad, la omisión de dar respuesta a su petición que le formuló mediante escritos que le fueron recepcionados por dicha autoridad, el once y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, lo cual se desprende de los acuses de recibo de trámite en mención, que anexa a su demanda de amparo, y que contienen el sello de recibido de la autoridad, día, hora y ante firma. Escritos en los cuales se advierte que le solicita a la autoridad responsable, lo siguiente: ". . . .SOLICITO COPIA SIMPLE DE MI CARPETA DE INVESTIGACION ********************. . . ." En tal tesitura, la omisión de la autoridad responsable reclamada por la parte quejosa, es violatoria en su perjuicio del derecho fundamental tutelado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 8° Constitucional, estatuye lo siguiente: "ARTÍCULO 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se observa, el anterior enunciado normativo prevé el denominado derecho de petición, en función de que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a). La petición: Esta debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigida a una autoridad, recabando constancia de su entrega, debiendo el peticionario proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b). La respuesta: La autoridad deberá emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Dicho acuerdo deberá ser congruente con la petición. La autoridad está obligada a notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio señalado para tales efectos. No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que, está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Finalmente, debe aclararse que la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° Constitucional, se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Ilustra y apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que indica: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en este caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." También orienta a lo razonado el criterio vertido en la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el que sigue: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En la especie, la parte quejosa, presentó sus peticiones el once y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, circunstancia que se acredita con las documentales que agregó como anexo a su demanda de amparo, de las cuales se reitera, se advierte que dichas documentales fueron recibidas por la responsable, en las citadas fechas; documentos que cuenta con valor probatorio de documento privado no objetado conforme a lo dispuesto en los artículos 197, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo 2º, último párrafo, del ordenamiento legal invocado en segundo término. Lo anterior es suficiente para demostrar que la parte accionante hizo una solicitud a la autoridad responsable, de forma respetuosa, pacífica y por escrito. Asimismo, lo expuesto en párrafos que preceden, pone de manifiesto el incumplimiento al derecho de petición tutelado por el artículo 8° Constitucional, en perjuicio de los quejosos, ya que del once y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, fechas en que la parte quejosa generó la instancia respectiva ante la autoridad responsable, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, quince de agosto de dos mil veintitrés, han trascurrido más de un mes respecto de la primera de las peticiones y quince días respecto a la segunda, sin que medie contestación, lo cual excede sobre manera el término legal que para tal efecto se confiere a la citada autoridad responsable, lo que sin lugar a dudas, vulnera el derecho humano examinado. Al respecto resulta aplicable la tesis I.4o.A.507 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." En las relatadas circunstancias, ante lo fundado del concepto de violación analizado, lo que procede es conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación ********************, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Emita el acuerdo que corresponda, en el que dé contestación de manera congruente, rápida, completa, fundada y motivada, a las peticiones formuladas por el quejoso mediante escritos recepcionados el once y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; y Hecho lo anterior, notifique de inmediato dicho proveído en el domicilio señalado por el quejoso en el escrito de mérito. Ello a fin de restituir a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental violado, acorde a lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1738, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y autoridad que se precisaron en el considerado segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, encargada de la carpeta de investigación 37-2023-0007866, y, en virtud de que la información proporcionada por ésta, puede incidir en el sentido de la suspensión definitiva, se estima pertinente reservar la celebración de la audiencia incidental hasta en tanto obre dicho informe. Por tal motivo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÈS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Es aplicable por contradicción de tesis 327/2015, el criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda Así, en atención al oficio signado por el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, Zona Norte, con sede en esta ciudad, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó emplazar a la parte tercera interesada hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable. En consecuencia, téngase como tercera interesada en términos del artículo 5°, fracción III, de la citada ley, a Ximena Herrera Núñez, señalando como domicilio en calle Refugio de la Libertad, número 3371, interior 53, colonia Parajes del Sur, en esta ciudad; por lo que, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que las emplace en el domicilio que se indica, debiendo correr traslado con una copia íntegra de la demanda, haciéndoles saber el día y la hora en que tendrá verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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