Marco Antonio Morales Payan

Expediente 780/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
780/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Morales Payan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    cúmplase.

  2. Principal

    ha causado estado la resolución y se ordena el archivo

  3. Principal

    notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos los oficios y anexos de cuenta que remiten el Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado y Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Tijuana, ambas con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, informan que en doce de julio pasado, con el oficio 124/APRETIJ/2019, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión decretada en contra del aquí impetrante Marco Antonio Morales Payan, y por ende, fue internado en el Centro de Reinserción Social Tijuana, relacionado con el oficio 819-4, de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el delito de abuso sexual a menores de catorce años o incapaces, perteneciente a la causa penal 21/2019, del Juzgado Tercero de lo Penal de esta ciudad. Asimismo, refieren que en tres de julio de la presente anualidad, el Agente Omar David Peña Ocampo, se constituyó en las oficinas del Juzgado Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad y se entrevistó con la Agente del Ministerio Público adscrita temporalmente a dicho Juzgado, misma que consultó con los Secretarios de dicho órgano jurisdiccional y tras revisar el expediente y apoyados en la reforma al artículo 19 constitucional, en donde se mencionan los delitos que ameritan prisión preventiva y son considerados como graves, le informó que si bien se interpuso el recurso de amparo, éste no protegía al quejoso Marco Antonio Morales Payan, por lo que se encontraban facultados para detener e internar al agraviado de mérito. De igual manera, previo a la internación en dicho centro penitenciario, se consultó vía telefónica con la licenciada Carmen Elía Araujo Soto, adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal, y se confirmó la ejecución de dicho mandamiento; remitiendo copia simple de la orden de internación con el oficio 124/APRETIJ/2019, de doce de julio de dos mil diecinueve. Por otro lado, glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el comunicado que remite el Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley, de esta ciudad, a través del cual, igualmente manifiesta que el doce de los actuales, se cumplimentó la orden de aprehensión dictada el cuatro de junio último, dentro de la causa penal 21/2019, seguida en contra de Marco Antonio Morales Payan, por el delito de abuso sexual a menores de catorce años o incapaces, previsto por el artículo 180 Bis, del Código Penal para el Estado de Baja California, mismo que conforme al numeral 123 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, en relación con el 19 Constitucional, está catalogado como delito grave, lo que implica prisión preventiva oficiosa. Razón por la que quedó a disposición de la autoridad judicial en lo que corresponde a conocer del procedimiento penal, y por lo que hace a su libertad personal a disposición de este órgano, en el lugar de reclusión. Manifestaciones de los remitentes que constituyen una confesión con pleno valor probatorio en términos del artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Seguidamente, cabe señalar el contenido de los artículos 180 Bis del Código Penal del Estado de Baja California y 123 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, que a la letra expresan en su orden: "Artículo 180 Bis.- Sub tipo y puniblidad (sic).- Al que con o sin el consentimiento de una persona menor de catorce años, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de ocho a doce años de prisión y hasta trescientos días multa. Si se hiciere uso de la violencia física o moral o se realice la conducta a que se refiere este artículo de manera reiterada, la pena se aumentará de dos a cuatro años." "Artículo 123.- Delitos Graves.- Para todos los efectos legales, se califican como delitos graves los previstos en los siguientes artículos del Código Penal, quedando comprendidos los realizados en grado de tentativa: [.] abuso Sexual previsto en el Artículo 180 BIS; [.]" Ahora, por resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, en lo que interesa, se concedió la suspensión definitiva para el efecto siguiente: ". al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido en el diverso numeral 163 de la citada normatividad, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, no se prive de la libertad a Marco Antonio Morales Payan, con motivo de la orden de aprehensión, librada en su contra por el Juez Tercero de lo Penal de este ciudad, dentro de la causa penal 21/2019, por el delito de abuso sexual. En la inteligencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la ley de la materia, si el mandato de captura (delito de abuso sexual) se refiere a delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido el peticionario del amparo, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal; igual efecto surtirá la suspensión en el caso de que el Juez del proceso acuerde la prisión preventiva oficiosa del quejoso a solicitud del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal, por las causas que refiere el artículo 128, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Es decir, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, que tenga como finalidad salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, así como, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por otro lado, conforme lo dispuesto en la fracción II del precepto legal 166 de Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que el delito por el que se decretó la orden de aprehensión, esto es de abuso sexual, no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso no sea detenido, siempre y cuando se sujete a las medidas de aseguramiento que en párrafos subsecuentes se señalarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente en el proceso penal correspondiente para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no obtener sentencia favorable. Por otra parte, cabe destacar que en el supuesto de que el quejoso, ya se encuentre detenido por orden de autoridad judicial y el Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del agraviado en el juicio, y el Juez del proceso penal acuerde favorable la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo [.] De lo que se obtiene que la medida cautelar concedida en el presente incidente de suspensión, consistió en forma substancial en no privar de la libertad al quejoso Marco Antonio Morales Payan, con motivo de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, dentro de la causa penal 21/2019. Suspensión que contaba con salvedades, entre ellas, que si el mandato de captura (delito de abuso sexual), se referida a delitos que implican prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo produciría el efecto de que una vez aprehendido el peticionario, quedara a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad judicial, para la continuación del procedimiento. Por tanto, atendiendo a que el delito por el que se le sigue la causa penal de origen, es de los catalogados como graves, en términos del artículo 123 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, y dicho procedimiento se tramita de acuerdo al sistema penal tradicional, se estima que no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada en cinco de julio del año en curso. La cual, únicamente surte efectos, de acuerdo con el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, es decir, para que quede a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa para el seguimiento del proceso penal aludido. Ello sin perjuicio de que, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que en lo que interesa, se derogó el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Amparo, que establecía lo siguiente: "DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto". Pues no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla los delitos graves, éstos se equiparan a los que implican prisión preventiva oficiosa, por lo que se reitera, no se considera que exista un desacato con el cumplimiento de la orden de aprehensión que motivó al presente incidente de suspensión. Lo anterior, porque el desacato a la suspensión definitiva decretada, debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable a lo expuesto, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Y la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dispone: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EN ÉL DEBE ANALIZARSE SI HUBO DESACATO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA QUE OTORGA LA MEDIDA CAUTELAR, PERO NO SI SE CUMPLIÓ CON EXCESO O DEFECTO. De la interpretación relacionada de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, aplicados a la suspensión, se concluye que el incidente de violación a la medida cautelar y, por ende, el recurso de queja que se promueva contra la interlocutoria que lo decide, tiene por objeto establecer si hubo o no desacato de las autoridades que debieron cumplir la resolución en que se concede provisional o definitivamente aquélla, independientemente del defecto o exceso en que hubieran incurrido, pues esto último no es materia del incidente en cuestión." No pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que la parte quejosa haya exhibido la garantía fijada para que surtiera efectos la medida cautelar, dado que se reitera, dicha concesión contaba con salvedades y por lo antes expuesto, se desprende que no existe exceso o defecto en su cumplimiento. En otro orden, intégrese al presente expediente el diverso oficio remitido por el Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley de este partido judicial, en el que informa que del diecisiete al veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se encontrará en periodo de guardia para atender toca clase de asuntos de dicho órgano, el licenciado Carlos Alberto Martínez Figueroa, quien cuenta con número de teléfono 6645298642; de lo cual, se toma la nota correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante la licenciada Alejandra Parra Galván, Secretaria que autoriza. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 10,591 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano