Marco Antonio Morales Graciano

Expediente 1254/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1254/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Morales Graciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, que se dictó en el expediente laboral 4413/2020; sin embargo, se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta que cause ejecutoria el fallo protector dictado en los presentes autos.

  4. Principal

    veintisiete de julio de dos mil veintidós En Zapopan, Jalisco, a las once horas del veintisiete de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1254/2022, la Secretaria de este órgano jurisdiccional Dulce María Martínez Sanchez, CERTIFICA: que revisado que fue el expediente electrónico relativo al presente juicio, se advirtió una promoción dirigida a éste, que será acordada en la audiencia constitucional; además que se encuentra transurriendo el término de ocho días a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista con el informe justificado; asimismo, se hace constar que, salvo lo anterior, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, sin promociones, ni constancias pendientes de vincular, o prueba pendiente por ser desahogada que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, sin promociones, ni constancias pendientes de vincular, prueba pendiente por ser desahogada o plazo por transcurrir DOY FE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, a las once horas del veintisiete de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para el inicio de esta audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1254/2022, al estar en audiencia pública Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con lo dispuesto en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, y 25/2020 y 37/2020, que reformaron este último, con relación al período de vigencia; sin la presencia de las partes y sin presencia pública. Acto continuo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el estado de autos, es decir, con lo ahí agregado y acordado, así como con el alegato ministerial registrado bajo orden 15987. El Juez de Distrito acuerda: Visto el estado procesal que guardan los autos, del cual se desprende que mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por lo que aún transcurre el término de ocho días a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista con dicho informe justificado. No obstante lo anterior, no es impedimento para la celebración de la audiencia constitucional, pues en atención a la naturaleza de los actos reclamados, y en virtud de que en el referido informe se reconoció su certeza, se advierte que el sentido en que se resolverá el presente juicio de amparo no afecta los derechos de la parte quejosa, sino por el contrario, el diferimiento de la audiencia constitucional, en lugar de generarle un beneficio, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, aunado a que no existe un interés contrario de tercero interesado, dado que no se dio intervención a persona alguna con dicho carácter; de ahí que es conducente dictar la sentencia definitiva sin que haya transcurrido el plazo en cuestión. Cabe resaltar, que lo así proveído no puede constituir una violación procesal en perjuicio de la parte quejosa, por el contrario, la forma en que se procede es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, que específicamente en su tercer párrafo dispone que en todo juicio se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos. Así, en el caso no se afecta la igualdad entre las partes, puesto que en este juicio no hay tercero interesado; y tampoco se afecta el debido proceso, porque el sentido de esta sentencia -como ya se dijo- beneficiará a la parte quejosa. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 16/2021, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)". Así como la diversa tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: 'TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO.'. Además, esta forma de proceder es acorde con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados innecesariamente. Cobra aplicación al caso, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.A.2 CS (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro siguiente: 'ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.' Por otra parte, visto el contenido del comunicado del Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, emitiendo su opinión ministerial 498/2022, la cual será analizada en su oportunidad. Luego, en relación a la petición que realiza, en el sentido de que una vez que se dicte la resolución que en derecho corresponda, se le expida copia de la misma, dígasele que deberá estarse a lo acordado el veintiocho de junio del año en curso, en donde, entre otras cosas, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autorizó expedir, a costa de las partes, copias simples de las constancias que integren el expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto; para lo cual debe programarse una cita, de conformidad con artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que su expedición queda supeditada a que esté en operaciones el centro de fotocopiado que se encuentra dentro de las instalaciones de Ciudad Judicial Federal. Además, se mencionó que, conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Así las cosas, no habiendo escrito ni oficios pendientes por acordar, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se reitera la admisión de las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo. En relación con este tópico -pruebas- debe decirse que por permitirlo el estado procesal que guardan los autos, se levanta la reserva decretada en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, proveyéndose lo siguiente: se admiten al quejoso las pruebas: instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. Así pues, al no existir otro medio que relacionar, admitir o tener por desahogado, se cierra dicha etapa probatoria. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo lo propio, por lo que se cierra esta etapa. Al no existir pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta, y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. SENTENCIA ANALIZADOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1254/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo, autoridad responsable y acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional, Marco Antonio Morales Graciano, por conducto de sus apoderadas especiales Celia Navarro Hernández y Dayana Reynaga Landeros, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: '.La H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECIOCHO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, con domicilio en...'. ACTO RECLAMADO: '.Consiste en el retardo en la impartición de Justicia, ya que en el expediente laboral número 4413/2020, tramitado ante la Junta Especial Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la responsable HA SIDO OMISA en dictar la RESOLUCIÓN a que hace mención el artículo 837 fracción III de la Ley Federal de Trabajo, no obstante de que han transcurrido en demasía los términos establecidos en los numerales 838, 839, 840, 841, 842 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo y con ello violentando los mismos.'. La parte solicitante del amparo alega violación a los derechos humanos que consagra el artículo 14, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. En acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable por su informe con justificación, se dio la intervención legal que compete al Fiscal Federal de la adscripción, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior se cumplió y la audiencia de ley inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es competente para resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente (reforma de siete de junio de dos mil veintiuno), y al Acuerdo General número 03/2013 y 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia del acto impugnado en el juicio, debe quedar precisado cuál es éste. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido. 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se formulen sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobran aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada número P. VI/2004, cuyos rubros dicen: 'DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.' y 'ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.' Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo, sin atender a los calificativos vertidos en la enunciación del acto reclamado, y al armonizar los datos y elementos que la conforman, se deduce que se hace consistir en: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo respectivo dentro de los autos del juicio laboral 4513/2020. Una vez señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éstos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada cuyo rubro se transcribe en seguida: 'SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.'. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, habida cuenta que en el informe justificado que rindio´ su Presidenta acepto´ expresamente su existencia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: 'INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO'. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o no, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se analizaron las constancias de autos y de las mismas no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Metodologi´a de estudio de los conceptos de violacio´n. En principio, es necesario sen~alar que los conceptos de violacio´n no se trascriben, al no exigirlo asi´ disposicio´n alguna de la Ley de Amparo, ni la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, del rubro que se indica: 'CONCEPTOS DE VIOLACIO´N O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIO´N.' Adema´s, en te´rminos del arti´culo 79, fraccio´n V, de la Ley de Amparo, en el caso se suplira´ la deficiencia de los conceptos de violacio´n esgrimidos en la demanda de amparo. Apoya esta determinacio´n, la tesis con clave de identificacio´n (III Regio´n) 4o.42 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Regio´n, con residencia en Guadalajara, Jalisco, cuyo rubro y texto dicen: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTI´CULO 79, FRACCIO´N V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN TODO TIPO DE RELACIO´N EMPLEADOR- EMPLEADO, EN FAVOR DE ESTE U´LTIMO, YA SEA QUE ESTE´ REGULADA POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO O LABORAL (LEGISLACIO´N VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma citada establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo debera´ suplir la deficiencia de los conceptos de violacio´n o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relacio´n entre el empleador y empleado este´ regulada por el derecho laboral o el administrativo, lo cual debe entenderse con una apertura tal, que incluya la proteccio´n a cualquier tipo de vi´nculo empleador-empleado, en favor de este u´ltimo, incluso en las relaciones que se rigen por el derecho administrativo, esto es, comprende cualquier tipo de trabajador. No obsta para arribar a la anterior determinacio´n, la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Novena E´poca, Tomo XXVII, abril de 2008, pa´gina 711, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTI´CULO 76 BIS, FRACCIO´N IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA TRATA´NDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PU´BLICA, YA QUE SU RELACIO´N CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", pues tal criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la sen~alada inicialmente, donde precisamente no se haci´a extensivo el beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, cuando la relacio´n estaba regulada por el derecho administrativo.' SEXTO. Estudio de fondo. Lo alegado por la parte quejosa, suplido en su deficiencia por ser la parte trabajadora conforme lo previsto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundado en el sentido de que la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que no se ha sujetado a los términos que establece la ley para dictar el laudo respectivo en el juicio 4513/2020. Ahora, el artículo 17 Constitucional tutela los derechos de seguridad jurídica y administración de justicia, por cuanto a que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, establece que después de formulados los alegatos, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de dicha ley. En ese orden de ideas, del informe justificado que rindió el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se desprende que reconoció que no se ha dictado el laudo en el juicio laboral número 4513/2020, lo que pretende justificar, por las manifestaciones vertidas en cuanto a que las cargas de trabajo, con que cuenta dicho órgano colegiado. Esta manifestacio´n produce conviccio´n en quien esto resuelve, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 95, 96, 197, 199 y 200 del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la legislacio´n de la materia. Asimismo, obra en autos copia de la audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, de la cual se desprende que en dicha data la responsable declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó turnar los autos para la formulación del proyecto en forma de laudo. Luego, si a la fecha han pasado más de siete meses y la Junta responsable no acreditó haber dictado el laudo correspondiente, resulta inconcuso que incurrió en demora en la prosecución del procedimiento laboral, lo que hace patente que rebasó el lapso previsto en el artículo 885 Ley Federal del Trabajo, para dictar la resolución correspondiente. Dadas estas circunstancias, la omisión o dilación de emitir el laudo que aquí se reclama, va más allá de los plazos y términos previstos en la normativa laboral, que denota una actuación irregular y refractaria de los imperativos que la Ley Federal del Trabajo establece para las Juntas laborales en la conducción de los juicios laborales, lo que transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia de la parte quejosa, al impedirle avanzar en el procedimiento a fin de obtener un pronunciamiento de laudo en el problema laboral planteado; situación que jurídicamente es inadmisible al vulnerar el principio de seguridad jurídica y el Estado Constitucional, por ser una contravención franca a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por otro lado, no se desconoce la situacio´n actual por la que atraviesa el Pai´s derivado de las circunstancias sanitarias relacionadas con el virus Covid-19, como tampoco las cargas excesivas de trabajo que se han generado en las Juntas laborales; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, pues no la exime de cumplir con eficacia la funcio´n que desempen~a respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el arti´culo 17 Constitucional. Sirve de apoyo, por analogi´a, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, del siguiente rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIO´N Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTI´CULO 17 DE LA CONSTITUCIO´N FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TE´RMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." En consecuencia, ante la apuntada violación al derecho fundamental destacado, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Marco Antonio Morales Graciano, para los efectos que enseguida se precisan. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados y de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo, se precisa que la citada concesión es para que una vez que quede firme esta sentencia, la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: Debera´ emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral 4513/2020, dentro del término de diez di´as, de conformidad con el arti´culo 885 de la Ley Federal del Trabajo, o bien, acredite la causa legal que le impida hacerlo. Cabe destacar que, no es óbice a la anterior determinación el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación haya informado que el sumario origen del acto reclamado corresponde a un juicio en materia de pensiones, por lo que de conformidad con el "ACUERDO GENERAL NUMERO 6/2022, DE CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS AMPAROS EN REVISIÓN Y DE LOS AMPAROS DIRECTOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SUBSISTA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS QUE CORRESPONDEN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES", en donde se acordó el aplazamiento de las resoluciones de amparo en revisión y de los amparos directos que conozcan los Tribunales Colegiados de Circuito, hasta en tanto no se establezcan los criterios respectivos con las cargas probatorias que corresponden a las partes involucradas en los juicios precisamente en materia de pensiones; circunstancia que solicitó fuera considerada por este órgano jurisdiccional al resolver, sin embargo, debe decirse que lo anteriormente relatado, de ninguna manera justifica el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, pues no la exime de cumplir con eficacia la funcio´n que desempen~a respetando como se dijo con antelación, en todo momento el derecho fundamental previsto en el arti´culo 17 Constitucional; pues respecto del acuerdo que cita, en el mismo no se advierte que expresamente haya establecido una prohibición en dictar las resoluciones de las juntas respecto de la temática que alude, aunado a que la responsable tampoco remitió constancia alguna con la que acredite que efectivamente el tema a dilucidar consiste en lo que aduce, ni el impedimento legal que le asiste para dictar el laudo correspondiente. Finalmente, cabe destacar que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Marco Antonio Morales Graciano, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, precisado en el segundo considerando y por los motivos expuestos en el último de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. DMMS Dulce María Martínez Sánchez

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