Marco Antonio Morales Espinoza

Expediente 645/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
645/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Morales Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente juicio, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de mayo pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Subdirector de la Administración del Agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, quien firma en suplencia del propio director, solicita una prórroga de treinta días para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En vista de lo anterior, se le concede el término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de este auto, en atención a que el oficio que derive del presente proveído no se le notificará de manera inmediata, por lo que además del plazo concedido, contará de manera extraordinaria con los días que demore el servicio de correspondencia. Además, el plazo anterior atiende a que el cumplimiento de la sentencia amparadora se ha retrasado con motivo de acontecimientos ajenos a la parte quejosa, lo cual es en perjuicio de ésta, por lo que este órgano jurisdiccional debe velar por el pronto cumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, toda vez que, como se consideró en la sentencia la responsable ha demorado más de dos años nueve meses y veintidós días, en la realización trámite que, conforme al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, es de sesenta días. Asimismo, que en auto previo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se le concedió una prorroga de quince días para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. En el entendido de que deberá informar cuales son las gestiones que ha realizado hasta este momento para cumplir con la ejecutoria de amparo; para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias relativas. Apercibido con que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al omiso una multa de cien Unidades de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda, de conformidad con lo que establece el referido artículo 192 de la ley de la materia. Por otra parte, requiérase al Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, ordene a su subalterno haga uso de los medios legales a su alcance a fin de que se acate la ejecutoria de amparo; se apercibe al superior jerárquico en términos del párrafo que antecede. En el entendido de que no basta que emita un oficio en que indique que giró una orden a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, para que se considere colmada su obligación en la etapa de ejecución de la sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirlo al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley..- Lo anterior, toda vez que de conformidad con los artículos 192 y 193 de la citada ley, el órgano de control constitucional debe velar por el debido y pronto cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, este juzgado queda en espera de las constancias conducentes que acrediten el acatamiento del fallo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad, con el que transcribe el proveído por el que dicho órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer de la demanda de amparo presuntamente promovida por Marco Antonio Morales Espinoza contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal con sede en Guanajuato capital y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 645/2022-VII. Acúsese recibo. Al respecto, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Del análisis íntegro de la demanda de amparo se aprecia que no obra la firma autógrafa del promovente, pues la ahí plasmada es una copia fotostática, y no se aprecia que en alguna de las copias de traslado obre firma autógrafa; asimismo, esa circunstancia se hizo constar por el oficial de partes que recibió el escrito inicial. Por tanto, la demanda es improcedente, ante la falta del requisito esencial enunciado para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Además, no se pone de manifiesto el inconveniente que tenga el promovente para estampar su firma, ni se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se encuentra imposibilitado para firmar la demanda de amparo que se provee. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, ante tal motivo notorio e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido que uno de los actos reclamados por el quejoso es la incomunicación de la que refiere ser objeto, la cual hace consistir en que solicitó a las autoridades penitenciarias del centro de su reclusión información sobre la posible orden de aprehensión librada en su contra, la cual no le ha sido proporcionada; sin embargo, tal circunstancia no encuadra en el supuesto de incomunicación previsto en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, sino que se trata de la falta de respuesta a su petición. Incluso, refiere que ha manifestado a su familia que hay agentes ministeriales rodeando la casa de su mamá. Lo cual no actualiza el supuesto prohibido por dicho precepto constitucional, que corresponde a la "acción y efecto de incomunicar", que a su vez significa "privar de comunicación a una persona o cosa"; concepto que a su vez ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con tercera persona. Toda vez que el quejoso señaló como domicilio procesal el lugar de su reclusión en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, líbrese atento despacho al Juez Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en ese centro penitenciario y notifique personalmente el presente auto al quejoso Marco Antonio Morales Espinoza. Téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, por no contar con cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

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