Marco Antonio Montes Johnston

Expediente 458/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
458/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Montes Johnston
  • Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de ***, autorizada en amplios términos de la parte quejosa (foja 49), mediante el cual solicita la devolución de los documentos aportados con el escrito inicial de demanda; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se ordenó la devolución de los documentos de referencia a la autoridad responsable, por haberse presentado la demanda inicialmente como amparo directo.Cabe precisar que las aludidas documentales de referencia fueron recibidas por el Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, según consta de la constancia de acuse del oficio 7438/2018 que obra agregado a foja 63 de autos.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 313/2017.- Visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 1405 signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, a través del cual, se calificó fundado el impedimento planteado en autos, por lo que en actuación de trece de diciembre del año en cita, se hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en este Estado, se avocó al conocimiento del presente juicio. Bajo esa tesitura, hágase del conocimiento a Fianzas Dorama, sociedad anónima de capital variable, que el presente sumario constitucional, está siendo substanciado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con motivo del impedimento planteado por el suscrito, por tanto, fueron enviadas a dicho órgano jurisdiccional las pólizas de fianza con números de folios 778501 y 729222 que exhibió la parte quejosa, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con motivo de las suspensiones otorgadas pudiese ocasionar a terceros interesados; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar.

  4. Principal

    Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al tercero interesado Janitzio Hermelinda Ochoa Veraza, el acuerdo autorizado el tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, Téngase por recibido el oficio 2094 del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el cual remite la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Montes Johnston, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, así como los anexos de cuenta; porque mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo directo 226/2018 de su índice, dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del acto que se reclama, por considerar que no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. Con los anexos remitidos, fórmense un cuaderno de pruebas, el cual se ordena guardar en la secretaria de este juzgado para su debida seguridad y custodia. En el procedimiento del que deriva el acto reclamado obra agregado el emplazamiento del tercero interesado Janitzio Hermelinda Ochoa Veraza; por ello, obténgase copia certificada y glósese como constancia en el amparo en que se actúa. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 458/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Se deja insubsistente suspensión. Toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo y la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, resolvió lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es que quede sin efectos aquella determinación, es decir, la concesión de la medida provisional, puesto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo. Sustenta lo anterior por las razones que lo indican el siguiente criterio: "QUEJA SIN MATERIA. REVISTE ESA CARACTERÍSTICA LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCIÓ DEL AMPARO DIRECTO REMITIÓ LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO POR CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando un Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo directo, porque advierte que deberá conocer de él un Juez de Distrito en la vía indirecta y le remite los autos, tal resolución (aun cuando no decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados) constituye una ejecutoria que deja sin efectos lo actuado incluyendo, desde luego, todo lo relativo a la suspensión solicitada ante la autoridad responsable. Esto es así, pues el Juez Federal competente, al abocarse al conocimiento del asunto, está obligado, en fiel observancia al artículo 122 de la Ley de Amparo, a pronunciarse respecto de la suspensión provisional al contenerse esa petición expresa en la demanda de garantías, con lo que su determinación al respecto, sea cual fuese el sentido, sustituye la tomada por la autoridad responsable ante quien originalmente se le solicitó esa medida cautelar por tramitarse como amparo directo, siendo incuestionable que ambas decisiones no pueden coexistir; luego, si se hizo valer un recurso de queja contra la resolución de la responsable que proveyó respecto de la suspensión en aquella vía directa, es claro que al no existir materia sobre la cual deba pronunciarse el Tribunal Colegiado, así la debe declarar, pues ya no se rige por lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo" 2. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Cosa juzgada, por lo que respecta a la orden de embargo. Ahora, del análisis acucioso de la demanda aquí presentada, este juzgador federal determina que el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, autorizado en autos del juico civil sumario 58/2018 del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en la especie se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción X en relación con la fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia, se deba desechar de plano, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De los artículos transcritos se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: 1.- Que exista otro juicio de amparo 2.- Que exista sentencia ejecutoriada 3.- Que haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por el que se admitió a trámite el juicio civil sumario 58/2018 del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como la orden de embargo decretada en el aludido expediente. Ahora, de la consulta que se realiza en el libro de ingresos que se lleva en este juzgado, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 122/2018, juicio del que se advierte que el aquí quejoso señaló como acto reclamados los mismos que ahora reclama, esto es, el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como la orden de embargo decretada en el aludido procedimiento. Asimismo, del aludido procedimiento se advierte que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el juicio, ante la inexistencia de los acto reclamado consistente en la orden de embargo decretada en su contra, el cual se declaró firme mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho; documentales respecto de las cuales se agrega copia por ser hecho notorio en términos de lo dispuesto en el canon 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo. Cabe precisar que de las constancias que integran el juicio de origen, documental la cual merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, no se advierte que hubiera cambio de situación jurídica que motive la admisión del juicio de amparo en que se actúa, puesto que, en él sólo se ha dictado auto de admisión (dieciocho de enero de dos mil dieciocho), auto de admisión de prueba testimonial (catorce de febrero de dos mil dieciocho), auto por el que se rindió informe justificado en el diverso juicio de amparo (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho), auto por el que se autorizó la expedición de copias al aquí quejoso (nueve de marzo de dos mil dieciocho), desahogo de prueba testimonial (veintidós de marzo de dos mil dieciocho) y, auto por el que se dio trámite a la demanda que ahora se provee (veintinueve de marzo del año en curso). Establecido lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado analizado en el presente inciso, resulta tener identidad con el que reclamó en el diverso juicio de garantías número 122/2018 del índice de este juzgado, es decir, reclama en fondo el mismo acto reclamado, por el a su criterio se decretó orden de embargo en su contra. En efecto, dicho acto ya fueron materia de análisis en diverso juicio de amparo, y que se considera como cosa juzgada, por lo que el suscrito juzgador se encuentra ahora imposibilitado de analizar de nueva cuenta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta reclamada, pues de hacerlo, se haría nugatoria la figura de la cosa juzgada, en virtud de que se trata de actos reclamados que ya fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, siendo lo procedente desechar el presente juicio de garantías, en virtud de que se actualiza la citada causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que es del texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así las cosas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta notoria y manifiesta, habida cuenta que a criterio de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. b. Acto intraprocesal. En relación con la emisión del auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos" Se itera, en el caso se reclaman conductas derivadas del juicio civil sumario de alimentos 58/2018, del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, asimismo, de los antecedentes narrados por el promovente en el escrito de cuenta y la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que se encuentra en la etapa probatoria. Por ello, los actos reclamados tienen la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado sentencia definitiva. El acto reclamado en concreto, analizado en el presente punto, se hace consistir en el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por el que se admitió a trámite, el juicio civil sumario de alimentos 58/2018, del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: Dicha determinación tiene como efecto la continuación del proceso de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto de los actos reclamados en estudio. Sirve para justificar lo anterior los siguientes criterios: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTADO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J.4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimientos, momentos en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma afectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entender por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba toda posibilidad de interpretación de lo que debía sumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinario" "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P. /J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción X en relación con la fracción XI; y, XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Marco Antonio Montes Johnston. a. Domicilio. No Ha lugar a tener por señalado domicilio procesal toda vez que las notificaciones se realizarán vía electrónica, de acuerdo a lo solicitado por el promovente. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Adriana Fabiola Fuentes Bañuelos y Teobaldo Leal Osuna, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que menciona por así solicitarlo expresamente. c. Respuesta a las peticiones formuladas en la demanda: i. Autorización de consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario "Teobaldo_LealOsuna.", de igual forma se le autoriza que la recepción de las notificaciones que deban de ser personales para la parte que representa, se le efectúen por el mismo medio electrónico. 2. Tercero interesado. a. Designación. Las partes en el juicio de origen ya fueron emplazadas al juicio de amparo por conducto de la autoridad responsable, por ello, ya están incorporados a éste sumario; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la referida norma, se tiene con el carácter de parte tercera interesada a: i. Janitzio Hermelinda Ochoa Veraza. En ese orden, únicamente se ordena hacer del conocimiento de manera personal la tramitación del presente juicio. b. Forma de notificación. i. Por conducto del actuario. En razón de que el domicilio proporcionado para localizar a la tercera interesada se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en él a fin de hacerle del conocimiento la presente determinación. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, se requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale de su parte domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. En la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar, por cualesquier medio, el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenidos los datos respectivos, lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), del cuerpo legal invocado. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano