Marco Antonio Molina Alcaraz

Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
73/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Molina Alcaraz
  • Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla,Acapetahua y Motozintla, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que remite el original del juicio de amparo 73/2022, del índice de este juzgado; así como el testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión penal 139/2022, de su estadística, en el que resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 73/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, promovido por ***, contra el acto que reclamó del Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla, Acapetahua y Motozintla, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, consistentes en ***** (sic) Acúsese recibo vía interconexión; para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias. Consecuentemente, en virtud que el tribunal de alzada confirmó la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ***, al no existir cuestión pendiente en este Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, toda vez que el quejoso ***, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", se ordena notificarle la presente determinación en el lugar de su reclusión. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico ***. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164217, Novena época, cuyo rubro es de la literalidad siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Tomando en consideración que el quejoso *** se encuentra privado de su libertad, se ordena notificarle la presente determinación en el lugar de su reclusión. Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para para no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el escrito signado por el Defensor Público Federal ****, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintisiete del junio del año en curso, informa que el treinta de los actuales, realizó visita carcelaria al quejoso ****, y le brindó asistencia jurídica; para lo cual adjunta constancia que acredita dicha circunstancia, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por el quejoso, en la constancia de entrevista de treinta de junio del año en curso, en la que solicita copias de los expedientes 222/20211 y 73/2022. Ahora, en virtud que la gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. De modo que si el inconforme manifiesta su impedimento para cubrir gasto para la reproducción de las copias y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, serán gratuitos. En consecuencia, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita el inconforme respecto al juicio de amparo 73/2022, por lo que, se comisiona al Actuario adscrito, le entregue al interesado, las copias a que hace referencia, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Resulta aplicable la jurisprudencia 27/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro digital: 2006793, visible en la página 347, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." Se autoriza tal diligencia, no obstante, que dicho centro penitenciario se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico ***. En ese orden de ideas, la diligencia encomendada, deberá realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID 19. Por último respecto a las diversas copias que solicita del expediente 222/2011, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, atendiendo a que dicha causa penal no guarda relación con el acto reclamado en el presente asunto, siendo los siguientes: *** Por lo que este juzgado se encuentra imposibilitado para expedirle las mismas. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos la notificación personal de veintidós de junio de dos mil veintidós, realizada al quejoso ***, por la Actuaria judicial de la adscripción, en la que se le notificó el proveído de contenido de veinte de junio del año en curso, de la que se aprecia que la Actuaria estableció lo siguiente: *** Atento a lo anterior, y tomando en consideración que el Defensor Público Federal ***, protestó su cargo como autorizado del quejoso, mediante acuerdo de veinte de junio del año en curso; se ordena notificar al defensor el presente acuerdo con copia de la constancia de notificación, para que lo antes posible, se constituya en el lugar de reclusión del referido quejoso, para asesorarlo y orientarlo legalmente; lo anterior, para no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo. En el entendido, que deberá de comprobar lo anterior, ante este órgano jurisdiccional en el plazo de cinco días a partir de la legal notificación de este proveído. Se apercibe al referido Defensor que de no hacerlo, o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Finalmente, tomando en consideración que el solicitante del amparo se encuentra privado de su libertad, se ordena notificarles la presente determinación en el lugar de su reclusión. Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para para no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo. Notifíquese personalmente al Defensor Público Federal ***.

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