Marco Antonio Meneses Wong
Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Meneses Wong
Actuaciones
- Principal
Visto, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 85/2019, orden 168/2019, que se le envió para notificar al quejoso ***. Además, solicita el acuse de recibo respectivo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, debiéndose dar de baja en el libro de gobierno el exhorto en comento y acúsese el recibo de estilo. Sin que recaiga mayor pronunciamiento de su contenido, toda vez que el doce de abril de la presente anualidad, se ordenó su archivo definitivo al haber aceptado la competencia planteada, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esa localidad.
- Principal
Visto, el oficio signado por la Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso 6876, de tres del mes y año que transcurre, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por el que comunica que aceptó la competencia planteada, el cual quedó registrado bajo el número 306/2019, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos los oficios de cuenta, sin que recaiga mayor pronunciamiento de su contenido, toda vez que mediante auto de doce del mes y año que transcurre, se acordó al respecto.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta recibido vía interconexión, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 3865/2019, por el que se le remitió el juicio de amparo 356/2019-VII, del índice de este juzgado, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, el cual quedó registrado bajo el número 306/2019. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, para que obre como corresponda el oficio de cuenta. ARCHIVO. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 214, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue remitido por incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a proveer lo conducente en los cuadernos incidentales, toda vez que los mismos fueron remitidos al Juzgado oficiante. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, hágase las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por la parte quejosa y tercero interesado, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Visto; el escrito de demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, en cumplimiento al oficio SSGA-VIII TER-5081/2019, derivado del expediente de varios 118/2019-VDA, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; atento a su contenido, agréguese a los autos y acuerde lo que en derecho corresponda. Con fundamento en los artículos 35, 37 y 41, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, con fundamento en el en el artículo 108, de la ley de la materia, téngase por presentada la misma y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 356/2019-VII. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, esa resolución, para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37, de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, de la íntegra lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa tiene como domicilio el señalado en el recibo que anexó a su libelo de cuenta, el cual se advierte se ubica en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, lugar en el que se advierte tendrán ejecución los actos reclamados, consistentes en: "4.- ACTOS RECLAMADOS: -De los cuales me enteré el día de hoy-, los hago consistir en los siguientes: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física, y a la vez usuaria de un servicio, tengo; SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mí alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficina a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; Es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL." De ahí que tanto la autoridad responsable ordenadora, así como los actos de ejecución de los actos reclamados, se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Por tanto, tomando en consideración que el acto de ejecución ha de materializarse fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, es decir, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas; conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48, del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado. Apoya la anterior, por las razones que informa la tesis de la literalidad siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por las razones apuntadas con antelación, no se surte la competencia legal de este juzgado para resolver el juicio de amparo respecto a los actos reclamados en esta instancia. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales consiguientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, citaciones y documentos el que indica en su escrito de cuenta. Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Primera Sur Oriente número setenta y ocho, de la localidad de Pijijiapan, Chiapas, fuera de la residencia de este Distrito Judicial, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para que en auxilio y por comisión de este Juzgado, por conducto del actuario judicial de su adscripción notifique Íntegramente el presente proveído. Sin que sea necesario proveer respecto a los autorizados, toda vez que la parte quejosa fue omisa en señalarlos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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