Marco Antonio Menéses Sánchez

Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
169/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Menéses Sánchez
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva solicitada y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez transcurrido el término establecido en el artículo 18 del Acuerdo General de referencia transfiéranse las constancias depuradas del expediente al Centro Archivístico Judicial. Billete de depósito. Respecto al billete de depósito ********************, por la cantidad de ********************, que exhibió la parte quejosa con el propósito de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, dígase a la parte quejosa que hasta en tanto transcurra el término de seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes del presente auto le será devuelto el billete de referencia, con el apercibimiento de que de no solicitarlo o no comparecer a recogerlo, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del Fisco Federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por la depositante. En el entendido de que la persona que se presente a recogerlo, deberá hacerlo con identificación oficial y vigente (y dos copias simples de la misma), para su debida constancia legal. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexos. Por otra parte, en atención a que obra por separado tres tomos de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a las autoridades respectivas dichos tomos, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, sin embargo, a la fecha no obra la constancia de notificación personal a las partes respecto de la misma. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo A fin de acordar lo que en derecho corresponda respecto a la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, para que la misma cause ejecutoria, se provee: Se ordena notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Daniela Arlette González Zamora, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dicta la siguiente:****************************************SENTENCIA******************** Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 169/2022-VII, promovido por ********************contra actos de la Jueza Segunda de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y otras autoridades.****************************************ANTECEDENTES****************************************Demanda. Por escrito recibido el dos de febrero de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, ********************demandó el amparo y protección de la justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados, que se asentarán en el capítulo de precisión de actos siguiente, originándose la formación del juicio número************************************************************Trámite. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo en sus términos, reservándose el emplazamiento de la tercera interesada.****************************************Mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, se apersonó la tercera interesada ********************.****************************************Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ya que, este juzgado consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.****************************************Mediante auto de once de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ********************interponiendo recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el cual fue radicado bajo el número ********************, de los de su índice.****************************************Mediante resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión ********************, de los del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se resolvió revocar el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós y reponer el procedimiento, en los términos ahí señalados. ****************************************Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el veinte de febrero de dos mil veintitrés.****************************************A. COMPETENCIA.****************************************Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los Acuerdos Generales 3/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto dentro de un juicio familiar tramitado ante una autoridad con residencia donde ejerce jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito.****************************************B. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ****************************************En principio, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril 2004, página 255, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".****************************************Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la quejosa reclama:****************************************De la Jueza Segunda de lo Civil de Cholula, Puebla (en su denominación correcta), la orden de arresto de treinta y seis horas, decretada en contra del quejoso, en diligencia de entrega de menor de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************.****************************************Del Fiscal General del Estado de Puebla, Director General de la Dirección de Mandamientos Judiciales adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta) y del Director General de la Policía Estatal de Puebla, la ejecución de la orden de arresto de treinta y seis horas, decretada en contra del quejoso, en diligencia de entrega de menor de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla.****************************************C. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.****************************************Son inexistentes los actos que se reclaman al 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Dirección de Mandamientos Judiciales adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta) y 4. Director General de la Policía Estatal de Puebla, dado que al rendir sus informes justificados, negaron el acto que se les atribuye. ****************************************Al respecto, las autoridades responsables argumentaron que no han ejecutado y no tienen mandato de ejecutar el acto reclamado, consistente en la orden de arresto de treinta y seis horas, decretada en contra del quejoso, en diligencia de entrega de menor de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla.****************************************Sin que sobre tales negativas, la parte quejosa haya aportado las pruebas necesarias para desvirtuar las mismas en relación al acto atribuido a las citadas responsables. ****************************************Conclusión. ****************************************Por tanto, respecto del 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Dirección de Mandamientos Judiciales adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (denominación correcta) y 4. Director General de la Policía Estatal de Puebla, al resultar inexistentes los actos que se les reclaman, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que dice: ****************************************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."****************************************D. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. ****************************************La Jueza Segunda de lo Civil de Cholula, Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente ********************, relativa al juicio de guardia y custodia promovido por ********************por su propio derecho y en representación del menor de edad ******************** contra ******************** -que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado.****************************************E. HECHOS DEL CASO E ÍTER PROCESAL****************************************De manera preliminar, y para una mejor comprensión del presente asunto, es importante precisar que el acto aquí reclamado deriva de una controversia del orden familiar en la que se está dilucidando lo relativo al régimen de guardia y custodia entre el padre custodio (aquí quejoso) y su menor hijo y, en lo que interesa, destaca lo siguiente:****************************************i. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, ********************, promovió el juicio número ******************** ante el Juzgado señalado como responsable, mencionando que la madre del menor de edad ******************** lo abandonó desde el dos del mismo mes y año.****************************************ii. Por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el procedimiento privilegiado de guarda y custodia del menor, asimismo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas de la parte actora.****************************************iii. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se decretó la guarda y custodia provisional del menor a favor de su progenitor.****************************************iv. En proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se decretó régimen de visitas y convivencias entre el menor con su progenitora, todos los viernes, de las diez a las trece horas, en las instalaciones del DIF municipal, supervisadas por personal capacitado de dicha institución, con el apercibimiento de multa en caso de no acatar esa medida.****************************************Aunado a ello, de continuar con su negativa se le apercibió con un arresto por treinta y seis horas, de igual forma, se hizo del conocimiento que en términos del artículo 634 del Código Civil del Estado de Puebla, en beneficio del menor, el juez podía modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia, cuando quien la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional o definitiva, realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los menores con la persona que tenga reconocido judicialmente su derecho a la misma.****************************************v. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se negó la solicitud de la demandada ********************, en el sentido de revocar la guardia y custodia provisional concedida al actor ********************, derivado de su incumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve.**************************************** Asimismo, se requirió nuevamente al actor a efecto de que presentara al menor en las instalaciones del DIF Estatal a fin de llevar a cabo la visita y convivencia con la madre no custodia.****************************************vi. El tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la Procuraduría de Protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes informando que se encontraban suspendidas las visitas y convivencias ordenadas por los diversos juzgados del Estado de Puebla.****************************************vii. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se ordenó modificar provisionalmente los derechos de visitas y correspondencia, por lo que atendiendo a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV 2, conocido como covid-19, se suspendieron las visitas y convivencias supervisadas de manera física en el Sistema Estatal DIF, por lo que el juez de origen ordenó que dichas convivencias se realizaran a distancia, de manera electrónica, supervisadas por personal de dicho Sistema Estatal, por lo que los progenitores aportaron los datos e instrumentos tecnológicos con los que se llevarían a cabo tales convivencias por video llamada o videoconferencia.****************************************viii. No obstante lo anterior, ante el incumplimiento del progenitor de permitir la convivencia virtual de su menor hijo, por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se le apercibió que de continuar con esa conducta se modificaría la guarda y custodia a favor de la progenitora del infante.****************************************ix. Luego, debido a que el padre del menor quejoso no permitió que éste conviviera con su madre, alegando principalmente que ella tiene un problema psicológico, pues en reiteradas ocasiones ha tratado de quitarse la vida, lo que pone en peligro la vida misma de su hijo, en proveído de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se revocó la medida provisional de guarda y custodia que tenía ********************, y se decretó a favor de ********************, por lo que se determinó la entrega material de su menor hijo a la progenitora. ****************************************x. Contra el auto de cinco de febrero de dos mil veintiuno, ******************** por propio derecho y en representación del menor de edad ********************, promovió juicio de amparo al considerar esencialmente que no decretaron las medidas de protección y recuperación necesarias para la entrega del menor aludido, amparo que fue presentado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en este juzgado de Distrito, el cual fue radicado bajo el número ********************, y su acumulado 942/2021, mismo que en este acto se tiene a la vista su versión electrónica capturada en el sistema integral de seguimiento de expedientes y se cita como hecho notorio de conformidad al artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en la materia, según su artículo 2°.****************************************Fundamenta lo anterior la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:****************************************"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."****************************************xi. Derivado de la promoción del juicio de amparo antes referido, y, por así haberlo solicitado, se formó y tramitó incidente de suspensión ******************** y su acumulado 942/2021, lo cual constituye un hecho notorio y se trae a la vista conforme a la jurisprudencia antes transcrita.****************************************xii. Previos los trámites legales, se celebró la audiencia incidental y se dictó sentencia definitiva el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:****************************************".se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución:****************************************a) Acredite las gestiones realizadas a fin de lograr la entrega del menor ********************, a su progenitora ********************, acciones que deberán ser implementadas atendiendo las necesidades del caso, sus circunstancias y siempre en beneficio de la tutela y derechos del menor, con independencia de la voluntad de los adultos implicados. ****************************************b) Decrete e imponga las medidas de apremio que en derecho corresponda al padre del menor ******************** o cualquier otra persona que impida la entrega del menor con su madre. "****************************************"Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en representación de su menor hijo y ********************; respecto del acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. ****************************************Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, en representación de su menor hijo y ********************; respecto del acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta resolución."****************************************xiii. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ********************, por propio derecho y en representación del menor de edad ********************, promoviendo recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de suspensión de marras, recurso que fue radicado bajo el número ********************, y, admitido a trámite el doce de mayo de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, asimismo, previa interposición, el quince de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de revisión adhesivo interpuesto por********************.****************************************Cabe señalar que, en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (expediente que se acumuló por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, al juicio de amparo ********************, de los del índice de este juzgado), se aperturó el incidente de suspensión respectivo, y, contra la sentencia interlocutoria que lo resolvió, fue interpuesto el recurso de revisión ********************correspondiente también al índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo Civil del Sexto Circuito, por lo que, atendiendo a la acumulación aludida, dicho órgano colegiado ordenó sesionar el mismo día los recursos de revisión ******************** y ********************por encontrarse relacionados y por estar acumulados. ****************************************xiv. Posteriormente, mediante ejecutorias pronunciadas el veintiséis de agosto del año en curso, en los tocas ******************** y ********************se resolvió lo relativo a los recursos de revisión interpuestos en contra de las interlocutorias aducidas, resolviéndose lo siguiente:****************************************Toca ********************.****************************************************************************************************Toca ********************.********************************************************************************************************************************************xv. En cumplimiento a las ejecutorias antes mencionadas, la Jueza Segunda de lo Civil de San Pedro Cholula, Puebla, dictó el proveído de dieciséis de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************, en el cual, entre otras cosas, requirió al señor ********************a fin de se presentará a las nueve horas del día veintiocho de enero del año dos mil veintidós, acompañado del menor de edad ********************, y, lo entregará a la madre ********************, en los términos de las ejecutorias reseñadas, lo anterior bajo el apercibimiento que de no presentarse se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por treinta y seis horas, atendiendo a las consideraciones que detalló la responsable en dicha determinación.****************************************xvi. Posteriormente, mediante comparecencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento impuesto al señor ********************consistente en un arresto por treinta y seis horas, ya que no compareció a la diligencia de entrega de la menor ordenada mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veintidós. (acto reclamado)****************************************xvii. Seguida la secuela procesal en el juicio de origen, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante comparecencia de las partes, se llevó a cabo la diligencia de entrega del infante ******************** a ********************.****************************************xviii. En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la jueza responsable ordenó dejar sin efectos la medida de apremio decretada mediante diligencia de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ya que el infante aludido fue entregado a la madre en la diligencia respectiva.************************************************************E. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.****************************************Previo al estudio de fondo del juicio de amparo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Ahora bien, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se evidenciará más adelante. ****************************************La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta dilatoria, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ********************En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una dilación, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ****************************************Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. ****************************************Sobre esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 59/99, consultable en la página 38, tomo IX, junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 193758, de contenido siguiente: ****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".**************************************** De la tesis invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de su derecho violado.**************************************** Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso, como si se hubiera concedido el amparo. ****************************************En este orden de ideas, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: ****************************************1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de un derecho y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. ****************************************2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo, como si se hubiera concedido la protección constitucional.****************************************3) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Análisis de la causa de improcedencia. ****************************************La causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: ****************************************En la especie, la autoridad responsable, acredita que,} en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************, se dejó sin efectos, la orden de arresto de treinta y seis horas, decretada en contra del quejoso, en diligencia de entrega de menor de veintiocho de enero de dos mil veintidós. ****************************************De lo expuesto se concluye que los efectos del acto reclamado consistente en la orden de arresto de treinta y seis horas, decretada en contra del quejoso, en diligencia de entrega de menor de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en los autos del juicio privilegiado de guardia y custodia ********************, han cesado, pues la violación que alegó la parte quejosa y que atribuyó a la autoridad responsable cesó en sus efectos, dado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo la responsable proveyó lo conducente respecto a dejar sin efectos dicha medida de apremio. ****************************************De lo que se sigue que la autoridad responsable constituyó una situación jurídica que destruye la que dio motivo al presente juicio, respecto de la orden de arresto reclamada, y con lo cual restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado.**************************************** De esta forma, se vuelve ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, que es precisamente lo que justifica la razón de la improcedencia, y que no existe por ende violación alguna que amerite ser reparada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal respecto de los actos dilatorios reclamados. ****************************************Conclusión. ****************************************En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en cuanto a las dilaciones reclamadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. ****************************************Lo anterior, pues como se demostró ha quedado insubsistente el acto reclamado. ****************************************Por lo expuesto y fundado, se****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La justicia del Poder Judicial de la Federación SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el apartado B, y, por los motivos y fundamentos expuestos en los apartados C y E de esta sentencia.******************** Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.****************************************Así lo resolvió y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Enrique Porter Sánchez, que autoriza y además certifica que ésta resolución se autorizó a por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Doy fe.EL SUSCRITO ENRIQUE PORTER SÁNCHEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EL DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL JUICIO DE AMPARO******************** CONSTE.

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