Marco Antonio Mendoza Wicab
Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marco Antonio Mendoza Wicab
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del proveído de veintiséis de agosto del año en curso, dictado en autos de la controversia laboral 1097/2016 de su índice, del que se obtiene que acordó el escrito que presentó la parte actora -aquí quejosa- por conducto de su apoderada legal el dos de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1025/2022-2, promovido por **********, contra el acto del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Numero Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés posterior, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La Omisión de Acordar en tiempo y forma el escrito de fecha 2 DE MAYO DE 2022 (.) (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1025/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; 6 de 19 dada la naturaleza del acto reclamado no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad 7 de 19 con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La omisión de la Junta responsable de acordar el escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós por el apoderado legal del actor -aquí quejoso- en el expediente laboral 1097/2016 de su índice, por medio del cual solicitó se dicte auto de ejecución en dicha controversia. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, omitió rendir su informe justificado con la debida antelación que marca la ley, no obstante estar debidamente notificado del oficio 22261/2022 el veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó su respectivo informe; sin embargo la certeza del acto reclamado se desprende de las pruebas que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, consistente en acuse original del escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, con sello de recepción de la Junta responsable de esa misma data. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el 9 de 19 artículo 623 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. La parte quejosa alega que la omisión de la responsable de acordar el escrito que presentó su apoderado el dos de mayo de dos mil veintidós, con el cual solicitó se dictase auto de ejecución en la controversia laboral de origen, vulnera sus garantías individuales a que se le administre justicia. La responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo, establece: Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del precepto transcrito, se desprende la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las 3Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 10 de 19 controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2.- Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3.- Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4.- Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tiene por objeto garantizar que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales previamente establecidos y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia 11 de 19 pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Estos cuatro atributos del derecho a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 299, de rubro: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.4 12 de 19 De los anteriores atributos, resulta aplicable al presente asunto el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En efecto, del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio sumario y a la sentencia, también se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, del rubro y texto siguientes: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, 13 de 19 eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Esta garantía pormenorizada en los términos que establece la ley aplicable al caso para cada acto procesal en concreto. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso5 . Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en el ordinal 838 de la Ley Federal del Trabajo6 , el cual dispone lo siguiente: 5 Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. . 2 6 Disposiciones normativas que se aplican en términos del artículo Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, que instituye: Séptimo. Asunto en trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o 14 de 19 Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Del artículo transcrito, se advierte que es obligación de la autoridad laboral proveer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción los escritos que reciba, por lo que en esa medida, se desprende que no se cumplió con lo establecido en la disposición transcrita, por lo que es evidente que se transgredió el numeral constitucional analizado. En el caso, se observa que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que en esta ejecutoria se resuelve - veintidós de junio de dos mil veintidós-, la Junta en cuestión no se había pronunciado respecto al escrito que la quejosa presentó el dos de mayo de dos mil veintidós en el cual se solicitó se dicte el auto de ejecución correspondiente para efectos de que la demandada expida la contratación del actor por tiempo indeterminado y con ello se cumpla el laudo dictado en la controversia de origen; incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito ante la responsable [dos de mayo de dos mil veintidós], a la que se presentó la demanda de amparo [veintidós de junio de dos mil veintidós], ha transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas siguientes para que la Junta provea lo conducente a las peticiones formuladas por la quejosa en el referido escrito, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita. emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes. 15 de 19 Lo anterior es así, dado que en la fecha en que se resuelve la presente controversia, la responsable tuvo el tiempo suficiente para pronunciarse respecto el escrito e incluso, notificar lo resuelto a la parte actora. Aunado a lo expuesto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8,7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el análisis global del procedimiento, que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Luego, en si el legislador a través del numeral antes citado, estableció el plazo para que la responsable acuerde las promociones recibidas y tal plazo, como se dijo, fueron rebasados por un término injustificado de más de cincuenta días naturales, es que resulta dable afirmar que de ninguna manera puede estimarse razonable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario 7 Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. . 16 de 19 Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, de rubro y texto: PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de plazo razonable conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de plazo razonable es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos. De ahí que asiste la razón a la parte quejosa, al exponer que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, al no acordar lo conducente a la solicitud realizada por la parte quejosa en su escrito recepcionado por la responsable el dos de mayo de dos mil veintidós, relativo al juicio laboral 1097/2016, dentro de los plazos legales previstos en la legislación laboral aplicable. Con base en las anteriores consideraciones, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 748 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Dicte de inmediato y de manera integral el acuerdo relativo al escrito presentado por la parte quejosa el dos de mayo de dos mil veintidós, por el cual su apoderada legal solicitó auto de ejecución dentro del expediente 1097/2016 de su registro. SEPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 8 Artículo 74. La sentencia debe contener: . V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; . y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero de esta ejecutoria; lo anterior, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, y para los efectos establecidos en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales Notifíquese.
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mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que por oficio 110/JMG/183-2022 de quince de julio de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, informó que esa autoridad disfrutará de su primer periodo vacacional, del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso, reanudando sus labores el uno de agosto próximo. De igual forma, se hizo constar que mediante oficio 22261/2022, de veinticuatro de junio pasado, se requirió a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que rindiera informe justificado, mismo que recibió el veintinueve siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Por tanto, el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre del treinta de junio actual al veinte de julio próximo, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Lo anterior, atendiendo a la contradicción de tesis resuelta por el Pleno del máximo Tribunal del país, en la que contendieron los criterios de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA SU RENDICIÓN, DEBEN DESCONTARSE TANTO LOS DÍAS INHÁBILES QUE FIJAN LA LEY DE AMPARO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL ACUERDO GENERAL CORRESPONDIENTE, COMO LOS QUE DISPONGA LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, INCLUYENDO CUALQUIER OTRO DÍA EN QUE ASÍ SE HAYA DECLARADO." y "REVISIÓN EN AMPARO. ES EXTEMPORÁNEA SI SE INTERPONE FUERA DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE ADUZCA QUE EN EL MENCIONADO TÉRMINO DISFRUTABA DE VACACIONES." Como resultado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable, aun cuando se encuentren en su periodo vacacional prevista en su legislación, como en el caso, pues las autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. En conclusión, el Pleno consideró que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. De lo anterior, derivó la jurisprudencia con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". En esas condiciones, se reitera al Tribunal responsable, que aun cuando disfruten del primer periodo vacacional, el plazo de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para rendir su informe justificado transcurre del treinta de junio al veinte de julio actual. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, déjese bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Marco Antonio Mendoza Wicab, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1025/2022-2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable jurisdiccional que el plazo de quince días para que rinda o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocerse la calidad de tercero interesado a persona alguna en el presente asunto, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actor en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS De igual manera la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico, y recibir citas y notificaciones, al respecto se acuerda: Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, al siguiente usuario: "GustavoPulido" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones personales a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente ofreciendo como pruebas en el presente asunto las documentales consistentes en copias con firmas autógrafas del acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el expediente laboral 1097/2016 y del escrito de dos de mayo de dos mil veintiuno, con sello de recibido por la autoridad responsable de dos de mayo de dos mil veintidós, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las demás partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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