Marco Antonio Méndez Sánchez
Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marco Antonio Méndez Sánchez
- María Clara Hernández Fernández
- Fortino Hernández Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que el ocho de febrero del año en curso, admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veintidós, dando origen al recurso de revisión número ********************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De la misma manera, infórmesele a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, toda vez que la remisión de los autos que integran el presente juicio será físicamente tal como se advierte en la siguiente imagen: Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante envíese el archivo electrónico de la sentencia recurrida a la dirección del correo electrónico oficial de ese tribunal colegiado 2tc28cto@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ya obran en autos las constancias de notificación de la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veintidós, así como las relativas al acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, por medio del cual se hizo del conocimiento a las partes la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia en cita. En consecuencia, atento a lo ordenado en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, REMÍTANSE los autos originales del juicio en que se actúa, con dos cuadernos de prueba y un disco versátil digital, el escrito original de expresión de agravios y una copia para la representación social, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso Marco Antonio Méndez Sánchez, sin anexo por el que interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional, dictada en el presente expediente. SE DA TRÁMITE A RECURSO DE REVISIÓN. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, con excepción de las autoridades responsables a quienes se les remitirá por oficio, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, escrito de expresión de agravios y una copia para la representación social, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Por otra parte, con diversa copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese por lista a la parte quejosa y terceros interesados; vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades terceros interesados y responsables.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 939/2022, promovido por Marco Antonio Méndez Sánchez, por propio derecho, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado cinco de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, Marco Antonio Méndez Sánchez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Diligenciaria adscrita a dicha Sala. ACTO RECLAMADO: - La resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 74/2022 por el Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de dos de mayo del año en curso, por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa judicial 274/2022 instruida contra Marco Antonio Méndez Sánchez, por hechos considerados en la ley como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 224, 228 y 239, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 343 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de José Giovannie Hernández Fernández. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda, trámite y audiencia constitucional. En proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se ordenó radicar el asunto con el número 939/2022 y se admitió a trámite la demanda. Atento a ello, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento. De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Marco Antonio Méndez Sánchez, reclama: - La resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 74/2022 por el Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de dos de mayo del año en curso, por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa judicial 274/2022 instruida contra Marco Antonio Méndez Sánchez, por hechos considerados en la ley como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 224, 228 y 239, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 343 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de José Giovannie Hernández Fernández. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados del Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Diligenciario adscrito a dicha Sala, en virtud de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el expediente original del toca penal 74/2022-2 y con la copia auténtica de la causa judicial 274/2022-8 que remitió la referida autoridad responsable, donde obra el acto reclamado por el quejoso, así como el registro del audio y video de las audiencias celebradas los días veintiocho de abril y dos de mayo ambas de dos mil veintidós llevadas a cabo por el Juez de primera instancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, la suscrita Juzgadora debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 63 todos en relación directa con el 62 y el 217 de la Ley de Amparo. Dichas causales de improcedencia son inatendibles ya que son señaladas de manera genérica, por lo cual la suscrita no tiene obligación de analizarlas. Además contrario a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, el acto reclamado sí existe y además la quejosa, formuló conceptos de violación en contra de éste. No existiendo diversa causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada para la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral en Turno del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, librara orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Méndez Sánchez, a fin de que se lograra su comparecencia al procedimiento respecto de los hechos por los cuales se le acusa, al tener datos de prueba que hacen probable suponer su intervención dolosa para la consumación del hecho clasificado como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la víctima que en vida respondiera al nombre de José Giovannie Hernández Fernández (fojas 1 a 18 del tomo I). 2. El Juez Octavo de Control y de Juicio Oral adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el veintisiete de abril de dos mil veintidós libró orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Méndez Sánchez (foja 24). 3. Los oficiales de policía de investigación y el inspector en jefe de policía de investigación del Décimo Noveno Grupo de Homicidios, pusieron a disposición del Juez mencionado a Marco Antonio Méndez Sánchez (foja 27). 4. El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Dolosos Región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó al Juez Octavo de Control de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, audiencia inicial, en la cual se realizaría la formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación (fojas 32 a 34). 5. El A quo el veintiocho de abril del año dos mil veintidós, impuso a Marco Antonio Méndez Sánchez, la prisión preventiva oficiosa (foja 53). 6. El Juez Octavo de Control y de Juicio Oral adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el dos de mayo de dos mil veintidós, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Marco Antonio Méndez Sánchez (fojas 60 a 61). 7. Inconforme el procesado con el auto de vinculación a proceso, interpuso recurso de apelación (fojas 77 a 99). 8. La Sala responsable, el treinta de junio de dos mil veintidós, confirmó el auto de vinculación a proceso decretado a Marco Antonio Méndez Sánchez (fojas 126 a 166). SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación sujeto a estudio es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, de conformidad con las consideraciones siguientes. El quejoso aduce sustancialmente que la autoridad responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso, violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha autoridad no analizó la totalidad de los agravios que se hicieron valer en el recurso de apelación, por lo que se inobservaron los principios de adecuada fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, que necesariamente, deben cumplirse en todo acto de autoridad para otorgarle al quejoso certeza jurídica y garantizarle una defensa adecuada. Al respecto, se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 166, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Lo anterior, porque del análisis integral de las consideraciones que sustentan el acto reclamado se advierte la omisión de analizar todos los agravios propuestos por el apelante, ahora peticionario de amparo en aquella segunda instancia. Lo que sin duda genera un estado de indefensión al directo quejoso, dada la inseguridad e incertidumbre jurídica sobre el correcto sustento de la resolución materia del reclamo; ya que el recurso de apelación es el medio de impugnación ordinario que tiene el citado impetrante de garantías para hacer valer lo que a su derecho corresponde dentro del proceso. En ese sentido, es válido aseverar que carecería de sentido el recurso de apelación interpuesto por el indiciado contra la resolución de primera instancia, con la formulación de agravios; ya que, es el único medio ordinario que se tiene para señalar al Tribunal de apelación las situaciones que considera adversas, ya sea por violación a las formalidades esenciales del procedimiento, por falta de legalidad en el estudio de las pruebas o cualesquiera que sean sus manifestaciones. Para el caso, cabe señalar que la litis en la segunda instancia, se conforma con los agravios que hace valer el apelante y son éstos los que deben atenderse de manera exhaustiva; luego, si la responsable ordenadora, dejó de atender parcialmente los presentados por el indiciado aquí solicitante de amparo, contraviene lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 461. El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alza competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes.". En consecuencia, es obligación del Tribunal de alzada atender cada uno de los agravios expresados por la parte apelante. Dicha violación al artículo 16 constitucional, ocasiona que este Tribunal en función de control constitucional, no esté en posibilidad de apreciar si es correcta o no la determinación materia de reclamo, ya que en el caso, esta autoridad de amparo no puede sustituir en las consideraciones y razonamientos al Tribunal de apelación; por ende, es necesaria la contestación que haga la responsable ordenadora, respecto de los motivos de inconformidad planteados por el imputado -que prácticamente, son los conceptos de violación expuestos en esta vía de acción constitucional-, para entonces estar en condiciones de analizar la constitucionalidad de la resolución que en esta vía se reclama. Es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 115-120 Segunda Parte, Página: 34, registro 234980, que dice: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. FALTA DE ESTUDIO. La falta de estudio de los agravios por parte de la responsable, constituye violación de garantías de los inculpados y, en ese orden, debe destacarse que la autoridad del amparo está imposibilitada para revisar la constitucionalidad de un acto, si se desconocen los motivos legales que la autoridad señalada como responsable tuvo para pronunciar su fallo. Tampoco puede la autoridad del amparo, en ese contexto, declarar la procedencia o improcedencia de los argumentos que como conceptos de violación hacen valer los inculpados, si se trata de las mismas objeciones utilizadas en vía de agravios. Así pues, procesalmente corresponde al Tribunal ad quem pronunciarse, primero, acerca de si se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba o si se alteraron los hechos; por tanto, no basta que exprese la confirmación y aunque dé por reproducidos los argumentos del juzgador de primer grado si no que, como ya se indicó, debe efectuar un examen jurídico de los problemas planteados por los apelantes."; (lo resaltado es propio). En efecto, al efectuarse un estudio comparativo entre los conceptos de agravio propuestos por el indiciado ahora quejoso en segunda instancia, y lo resuelto por la autoridad ordenadora en la resolución que por esta vía se combate, se advierte la omisión de atender la totalidad de los argumentos que en vía de agravios formuló el indiciado, de los que a continuación se citarán -de manera enunciativa y no limitativa-, algunos de los temas sobre los que versan, y que en esencia, son los siguientes: A) La ilegal detención del que fue víctima por parte de la policía ya que no le presentaron alguna orden, sólo lo detuvieron y fue puesto a disposición ante el órgano jurisdiccional como obra en autos hasta el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, por lo que hasta la fecha no entiende, ni le explicaron, menos le enseñaron alguna orden de aprehensión y/o alguna orden de cumplimiento de detención de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintidós. B) Que es ilegal detener a una persona y luego girar la orden de aprehensión; esto es, aduce que fue detenido de manera ilegal, ya que primero fue detenido sin ninguna orden con referencia al delito del cual se le imputa, fue privado de su libertad, después ya existió una orden y lo siguen manteniendo detenido, es por ello que existe una grave falta a sus derechos humanos y constitucionales, ya que es evidente que fue detenido y privado de su libertad de manera ilegal; que la orden de aprehensión debe ser veinticuatro horas antes de la audiencia, para que se le pudiera girar orden de aprehensión, pero no fue así, lo detuvieron y luego fue la orden. C) Que es aplicable la tesis que dice: "DETENCIÓN ILEGAL. LO ES AQUELLA QUE NO SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA O CASO URGENTE, SI NO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN MINISTERIAL Y CON BASE EN ELLA, EL INCULPADO RINDE SU DECLARACIÓN Y POSTERIORMENTE ES CONSIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)". D) Que se violaron sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad y debido proceso el supuesto de girarle una orden de detención y/o presentación, antes de solamente citarlo a presentarse ante el órgano jurisdiccional, ya que se debe comparecer bajo citación, comparecencia, o una orden de aprehensión, violándose con ello sus derechos humanos y garantías constitucionales y las formalidades del debido procedimiento. E) Que el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la forma de realizar las citaciones; que cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto, acto éste que no se dio. F) Que es aplicable el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. G) Que en ningún momento de la audiencia la parte acusadora ministerio público y asesor de la víctima se identificaron plenamente teniendo como resultado que no se pudiera y como obra en autos, no saber si son o no licenciados en derecho, tal y como lo requieren los artículos 54 y 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales. H) Que el juzgador dictará medida cautelar de prisión preventiva, ya que considera que las medidas cautelares son impuestas para asegurar la presencia del imputado, el ministerio público el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno a las once horas con veinticinco minutos, solicitó medidas cautelares solicitando prisión preventiva oficiosa, supuestamente dicha medida era necesaria para asegurar la presencia del imputado, dándole el uso de la voz a la defensa, solo intentó argumentar, no justificó que tenía un arraigo familiar y laboral, mismo que si bien era cierto que su defensa no acreditara, ni ofreció su arraigo, teniendo una evidencia de una defensa sin conocimientos y por ello se le declaró prisión preventiva, asimismo, no ofreció datos de prueba en audiencia en su favor, tal y como se puede ver en el minuto 17:31 del día dos de mayo de dos mil veintiuno, cuando le preguntó el juez si ofrecería medios o datos de prueba, manifestando su defensa: .que no ninguno su señoría.; por lo que consideró que no tuvo una adecuada defensa, teniendo una violación grave al debido proceso, violentando su derecho como imputado, faltando a su obligación como defensor; por lo que es evidente que no tuvo una defensa adecuada, es por ello que considera es una falta grave que debe ser saneada, regresando el proceso hasta después de la imputación; que del mismo video se advirtió que su defensor no tenía conocimiento de la etapa en la cual se encontraban, así mismo, no refutó los datos de prueba que ofreció el ministerio público, teniendo como consecuencia violaciones graves. I) Que considera que la resolución del juez en dictarle medida de prisión de manera oficiosa porque se utilizó de la narrativa de los hechos que el delito se cometió con un arma de fuego, arma que nunca fue citada como dato de prueba, ni está en cadena de custodia, ni existe la posibilidad de que portara el arma, así como el mismo juzgador refiere en el minuto 11:31 del día veintiocho de abril de dos mil veintidós, que le quitó la vida al hoy occiso, la portara, ni se sabe si la bala (proyectil), corresponda a alguno que llevaba, así mismo para dictar medida de prisión preventiva oficiosa se debe demostrar que ninguna otra medida es procedente, asimismo, quien la solicita debe justificar la misma, acto que no sucedió, nunca fue justificada la prisión preventiva, aunado, el juez manifestó que si no lo solicitaba el ministerio público, él como juez la iba a imponer.; resultando con ello violatorio del principio de igualdad entre las partes, siendo un motivo más para la reposición del proceso, hasta después de haber escuchado la imputación. J) Con el actuar del juez violentó sus derechos humanos tal y como está acreditado en la tesis cuyo rubro dice: "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". K) Que debe citar el artículo 19 Constitucional, el cual establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas (se violentaron en su ilegal detención) a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución (esto nunca lo pudo demostrar el ministerio público), así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (al no tener la supuesta arma de fuego, ni con un dato de prueba contundente de que el arma que le quitó la vida al hoy occiso le pertenezca o que fue quien causó el disparo directo al occiso, no existe tal probabilidad). L) Que nunca en las audiencias el Agente del Ministerio Público pudo comprobar que existió un dolo de su parte hacía el hoy occiso, es por eso que la figura que manifiesta debe ser aplicada como homicidio doloso no debe ser fijada, se debe modificar esa figura, el juez justifica que es prisión de oficio, aun si la parte acusadora no lo manifestaba, eso es extralimitarse en su actuar. M) Que en el audio y video en la resolución y explicación del juez cuando se refiere a medidas cautelares manifiesta que el mismo puede imponer la medida cautelar considerando con ello que violenta el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la situación que se le estableciera prisión preventiva debía ser bajo lo demostrado por el agente del ministerio público, y justificara por qué de su pretensión, cuestión que no justificó, ni argumentó como se escucha en el video, violentando tal precepto. N) Que el juzgador debió conforme al artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevenir al imputado para que cambiara a su defensor, porque era evidente que no contaba con una defensa técnica y adecuada, lesionando sus derechos, por lo que sirve de apoyo la tesis cuyo rubro dice: "DEFENSA ADEUCADA. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE VERIFICAR QUE EL DEFENSOR DEL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD HAYA TENIDO UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA ADECUADA E IDÓNEA PARA EL DESAHOGO DE UNA PREVENCIÓN". O) Que el juez al dictar el auto de vinculación a proceso no fue congruente al no valorar los datos de prueba de la parte acusadora, ya que fueran idóneos si hubieran citado el arma de fuego, al fin es que con el instrumento con el cual supuestamente se le privó de la vida al occiso, pero el ministerio público nunca se manifestó sobre el arma de fuego, menos si el proyectil (bala) que supuestamente privó de la vida al occiso, correspondía al arma que tenía asignada; es decir por simple analogía decidió que tenía participación en los hechos, sin los datos de prueba correctos para su vinculación. P) Que si bien es cierto que los datos de prueba su valoración es libre y lógica, también es que deben justificar el por qué esto no fue concreto, ni claro, menos preciso. Q) Que el juzgador no cumplió con lo manifestado en el artículo 317, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la circunstancia de la ejecución y participación que le imputan, nunca se precisa o alguna entrevista refiere que le hubiera disparado directamente al occiso, es decir las circunstancias donde pudiera tener participación. R) Que el juez debió valorar los datos de prueba y argumentos de la parte acusadora, ya que existen diversas inconsistencias: - En la entrevista de Mauricio Muñoz Santos, que refirió el ministerio público y en la carpeta de investigación también viene, que iban en un vehículo Ford fiesta 2005, color azul marino, Mauricio Muñoz Santos, venía manejando, de copiloto, Abel Serrano y el hoy occiso José Giovannie Hernández se sentó en la parte trasera, "específicamente atrás del copiloto", esto resulta incongruente con el dictamen pericial número de oficio 8713, realizado por Lic. Tsitsiki Máximo Hernández, perito en balística forense que describe en la inspección física del vehículo, observando un orificio en la tapa de cajuela del vehículo Ford fiesta, producido por un proyectil único disparado por arma de fuego, de forma circular de 8.99 x 9.48 milímetros, que está ubicado del lado izquierdo de dicha cajuela; esto quiere decir, que está de parte del piloto, contrario de lo que manifestó en su entrevista Mauricio Muñoz Santos, sí venia sentado el occiso en la parte del copiloto es imposible que la bala que entró al vehículo lo haya lesionado, esto si conceder que les hubiera disparado. - Asimismo, en la entrevista de Mauricio Muñoz Santos, en el minuto 38;00 de la audiencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, refiere que venían un poco tomados, pero no era un poco, de acuerdo al dictamen número de dictamen 329/22, elaborado por la perito Nayeli Ortiz Rodríguez, de fecha veinticuatro de abril del mismo año, en el que el occiso presentó grado de alcohol en la muestra de sangre 360.92 mg/dl, es decir, un muy alto grado de alcohol, aproximadamente a las 00:30 minutos, a exceso de velocidad, no se debió tener valor probatorio a su dicho, en primera venían muy tomados, segunda a exceso de velocidad, tercera la adrenalina por venir escapando y quererse dar a la fuga de una patrulla, y aun así el juez le dio valor cuando escuchó tres detonaciones supuestamente por arma de fuego, ni en el grado de lo probable esto resulta lógico, aunado que nunca existe un señalamiento directo en su contra. - Que le causa agravio que le dieran valor a lo manifestado por la entrevista de Severo Corona Bonilla, en donde refiere la parte acusadora que realizó disparos y que no le dio la orden de seguirlos porque venía manejando, recordar que la obligación de un oficial de policía es si existe un hecho con apariencia de delito ayudar a la detención, asimismo, Severo Corona Bonilla nunca refirió que le había disparado al vehículo Ford fiesta menos que le disparó al hoy occiso, esto deja mucho por decir porque ni en el grado de lo probable para un auto de vinculación a proceso debía tener el juzgador datos suficientes, bastos que tuviera participación, acción que no sucedió lesionando sus derechos. En efecto, la Sala responsable, en la resolución reclamada, al contestar los agravios, sustancialmente consideró lo siguiente: Que por cuanto aduce el apelante que fue detenido sin alguna orden de cumplimiento de detención debidamente fundada, la Sala responsable, consideró que dicho agravio era inoperante por infundado, ya que de las constancias que obran en autos de la causa penal 274/2022-8, se advierte que al haberse reunido los requisitos exigidos en los artículos 16 de la Constitución y 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se libró orden de aprehensión en contra del hoy quejoso, y se instruyó a los agentes policiales sobre su ejecución, quienes en su oportunidad pusieron al investigado a disposición del juez de control. Que por cuanto aduce el apelante que el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima, no se identificaron plenamente en la audiencia de imputación, por lo que no acreditaron ser licenciados en derecho; dicho agravio lo calificó el magistrado responsable como inoperante por infundado, ya que previo al desahogo de la audiencia, el juez de control identificó plenamente a los intervinientes, dentro de éstos a la Agente del Ministerio Público licenciada Evelin Caballero Valverde y al asesor jurídico de la parte ofendida, licenciado Sergio Edgar Camarillo Herrera, con cédula profesional 78733636, con acreditación número veinte ante ese tribunal; y en cuanto al imputado nombró como defensores particulares a los licenciados en derecho Carlos Enrique Romero Mendieta y Adonai de Jesús Soto Rodríguez; con números de registro de cédula profesional ante el tribunal 799 y 480, respectivamente; que fueron debidamente identificados, quienes rindieron protesta del cargo, de cuyos datos de identificación y cédula profesional, constan en audio y video de la audiencia. Por lo que hace al agravio que el juez de control, violó en perjuicio del imputado los artículos 20, apartado B, fracción VIII, Constitucional, y 121, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no contar con una defensa técnica adecuada, al no advertir ese órgano jurisdiccional que existía una manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su defensor, previniéndolo para que designara otro, invocando un criterio de tesis aislada para robustecer su alegato; la Sala responsable, lo calificó como inoperante por infundado, ya que se respetaron en todo momento los principios y derechos en el procedimiento del imputado, particularmente su derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, como lo prevé el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se respetaron sus derechos a que se refieren los artículos 113 y 115, de dicho Código, dentro de éstos, constar sin preferencias, ni desigualdades con una defensa adecuada y técnica, pues se le dio el derecho de poder designar un defensor, por lo que designó de manera voluntaria como defensores particulares a los licenciados en derecho con cédula profesional, que se identificaron plenamente en la audiencia, que al inculpado se le dio la oportunidad de declarar en relación a los hechos materia de imputación; por lo que previa consulta con su defensor, manifestó su voluntad de no declarar; además en su oportunidad, el mismo defensor particular, ejerció su derecho de debatir los datos de prueba aportados por la Ministerio Público; por lo que el imputado en la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós y de su continuación de dos de mayo del mismo año, contó en todo momento una defensa técnica y adecuada, por lo que dicho tribunal responsable, concluyó que no advertía la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su defensor y, por tanto, no existió la necesidad de prevenir al imputado para que designara otro defensor; aunado que, sostuvo la sala responsable, la estrategia asumida por los defensores para salvaguardar los intereses del imputado durante la audiencia preliminar, no formar parte del estándar para evaluar si se estuvo ante el ejercicio de una defensa adecuada. Que por cuanto hace el agravio del apelante en donde manifestó que el juez de control no fue congruente al dictar el auto de vinculación a proceso, al no valorar de manera legal y congruente, los datos de prueba aportados por el ministerio público, ya que el ministerio público nunca se manifestó en relación con el arma de fuego, menos si el proyectil (bala) correspondía al arma que tenía asignada el imputado; el magistrado responsable, calificó dicho agravio como inoperante por infundado; al considerar que el juez de control de manera libre y lógica valoró los datos de prueba ofertados por la Ministerio Público al momento de formular la imputación, mismos que con base en esa apreciación conjunta, integral y armónica, se advirtieron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que el día en que ocurrieron los hechos investigados, el imputado Marco Antonio Mendez Sánchez, sacó su arma de fuego que tenía a su cargo y la accionó contra del vehículo en el que se transportaba la víctima en el asiento trasero, lesionándolo a la altura del tórax y derivado de la lesión inferida, trajo como consecuencia su muerte a consecuencia de choque hipovolémico secundario a herida penetrante en tórax y abdomen ocasionado por proyectil de arma de fuego, trastocando el bien jurídico protegido tutelado por la norma penal, consistente en la vida de las personas; además, sostuvo la sala responsable, el mismo Marco Antonio Méndez Sánchez, como sujeto activo no corrió algún riesgo de ser muerto o lesionado, toda vez que sacó su arma de fuego de cargo, accionándola y lesionando a la víctima en el tórax, teniendo plena conciencia de su superioridad sobre la víctima, por tanto, no podía repeler la agresión; teniendo por acreditado, en grado probable, que Marco Antonio Méndez Sánchez, participó en la comisión del hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de José Giovannie Hernández Fernández. Que respecto a que no se cumplieron con los requisitos que establece el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso, principalmente en su fracción III; en contestación a este agravio, la Sala responsable, sostuvo que contrario a lo manifestado por el inconforme, el juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso, dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso; tal como quedó establecido al hacerse el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso, por lo que en vía de contestación a dicho agravio, se dieron por reproducidas las consideraciones vertidas para tener por acreditados el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y que probablemente, el imputado Marco Antonio Mendez Sánchez, lo cometió o participó en su comisión; por lo que dicho agravio fue calificado como inoperante por infundado. De lo anterior se advierte que la Sala responsable fue omisa de contestar la totalidad de los agravios hechos valer por el apelante; pues nada dijo respecto de los agravios señalados con los incisos a), b), c), d), e), f), i), j), k), l), m) y r); lo que vulnera lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende las formalidades esenciales del procedimiento. Ello es así, porque la materia de la resolución de segunda instancia, tiene por objeto analizar si en la resolución recurrida se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de los medios de prueba o se alteraron los hechos, frente a los agravios expresados como fundamento del recurso por el hoy quejoso, entonces es que resulta violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica la resolución mediante la cual no se da contestación a la totalidad de los agravios sometidos a su consideración. Con lo anterior, este Tribunal en función de control constitucional estima que no se afrontan la totalidad de los argumentos que en vía de agravio hizo valer el apelante, ahora quejoso; resultando por ello la resolución reclamada violatoria de derechos humanos. En consecuencia, lo resuelto por la autoridad responsable ordenadora, como reiteradamente lo manifestó la parte quejosa, carece de fundamentación y de motivación al no estudiar la totalidad de los argumentos que en vía de agravios se hicieron valer por la defensa del solicitante de amparo, de los que la mayoría de ellos ahora se alegan como conceptos de violación; lo que además, desatiende el principio de congruencia, exhaustividad y garantía de audiencia tutelados por los artículos 8 y 14 constitucionales. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común Parte 2, Volumen 3, página 2751, que dice: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Es violatoria de garantías la sentencia mediante la cual la autoridad responsable no da contestación a los agravios o a la totalidad de los mismos sometidos a su consideración, dado que ello es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, la que obliga a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que le son invocados, de manera que la sentencia que no se apega a esto desatiende el derecho de petición y la garantía de audiencia tutelados por los artículos 8o. y 14 constitucionales." Con todo lo expuesto, se pone de manifiesto el inexacto sustento de la resolución que en esta vía se combate, que conduce al ahora quejoso a una incertidumbre jurídica, lo que lo deja en un estado de indefensión que vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, se estima que al acto reclamado deviene inconstitucional al no estudiarse la totalidad de las cuestiones planteadas por el apelante en el proceso penal de origen, lo que ocasionó, como consecuencia, que la autoridad responsable haya también desatendido las cuestiones fácticas que rodearon los hechos materia del auto de vinculación. En efecto, la falta de análisis de los agravios formulados en el recurso de apelación, implicó que en la resolución reclamada se dejaran de valorar las circunstancias de ejecución del suceso señalado en la ley como delito, pues de acuerdo a los datos de investigación narrados por el Agente del Ministerio Público en la solicitud de vinculación a proceso, se advierte que el día de los hechos, el imputado Marco Antonio Méndez Sánchez - aquí quejoso - desempeñaba funciones inherentes a su cargo como elemento policíaco adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Que entre las cero horas con treinta minutos y las cero horas con cuarenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintidós, al encontrarse de servicio con su compañero Severo Corona Bonilla, el aquí quejoso conducía la patrulla asignada su servicio y que en la colonia Loma Florida de Apizaco, Tlaxcala, se percataron de un vehículo particular que circulaba a exceso de velocidad. Atento a ello, procedieron a su persecución para detenerlo, pero el conductor del referido vehículo hizo caso omiso a las indicaciones de los elementos policíacos; asimismo, que durante el seguimiento al automóvil, éste se detuvo en un primer momento porque estuvo a punto de sufrir una colisión, pero posteriormente volvió a huir para evadir la intervención policíaca, deteniéndose finalmente pasando las vías de San Miguel Contla, Tlaxcala. Ahora bien, el hecho imputado por la fiscalía al quejoso Marco Antonio Méndez Sánchez consiste en que durante la persecución hizo uso de un arma de fuego, la cual accionó y con motivo de ello ocasionó que José Giovannie Hernández Fernández fuera privado de la vida, todo esto a decir del Agente del Ministerio Público. Acorde a lo señalado con anterioridad y sin entrar a cuestiones que impliquen el estudio de fondo del asunto, la suscrita juzgadora estima que la autoridad responsable, al omitir el estudio total de los agravios formulados dentro del recurso de apelación de donde emana la resolución reclamada, dejó también de atender a las indicadas circunstancias que rodearon los hechos, las cuales debieron ser analizadas con el resto de los motivos de inconformidad hechos valer en la instancia recursiva. Lo anterior, pues el escenario en que se suscitaron los hechos delictivos amerita un estudio en el que se aborden distintos tópicos, tales como la cuestión relativa a si en el caso se trata de un delito de homicidio calificado o de homicidio simple, o en su caso, si se trata de un hecho doloso o culposo. Esto, pues el artículo 18 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, establece: "Artículo 18. Dolo y culpa. "El delito es doloso cuando se causa un resultado querido o aceptado, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisión. "El delito es culposo cuando se causa el resultado por negligencia, imprevisión, imprudencia, impericia, falta de aptitud, de reflexión o de cuidado". Además, debe reiterarse que el quejoso planteó en sus agravios la actualización de las excluyentes del delito consistentes en la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, aspectos que tampoco fueron analizados por la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación, máxime que el artículo 28 del Código Penal del Estado de Tlaxcala prevé los supuestos para su actualización y su estudio oficioso en cualquier etapa del proceso, al señalar: "Artículo 28. Causas de exclusión del delito. "El delito se excluye cuando exista: . "IV. Legítima defensa: Se repela una agresión real, ilegítima, actual o inminente, protegiendo bienes jurídicos propios o ajenos, de la cual resulte un peligro inmediato, siempre que no haya podido ser fácilmente evitada, exista necesidad racional del medio empleado para repelerla, no mediara provocación suficiente por parte del que se defiende o que el daño que iba a causar el agresor no hubiese podido ser fácilmente reparado después por medios legales. "Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión; "V. Estado de necesidad: Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; "VI. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo; . "Las causas que excluyen el delito se resolverán de oficio, en cualquier estado del proceso. Si en los casos de las fracciones IV, V y VI de este artículo el sujeto se excediere, se estará a lo previsto en el artículo 89 de este código." Todo lo anterior merece ser materia de análisis en el recurso de apelación planteado, pues de acuerdo a los datos de investigación expuestos por la fiscalía al solicitar la vinculación a proceso, existió un detonante en el actuar atribuido al imputado, consistente en que previo a efectuar el disparo de arma de fuego que se le atribuye, se configuró una conducta previa del conductor del vehículo particular, quien desobedeció la indicación de detenerse y huyó a exceso de velocidad, lo que motivó su persecución. Así, al margen de la decisión de fondo, la cual corresponde tomar al tribunal de apelación responsable, la suscrita juzgadora estima que para dar completa contestación a los agravios del inconforme y una respuesta integral, deben ser valorados todos estos aspectos que guardan relación con el grado de comisión del delito y con el análisis de las causas de exclusión hechas valer, lo cual amerita además el estudio si en el caso existió o no un uso excesivo de la fuerza empleada por el activo, en términos del artículo 89 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que dispone: "Artículo 89. Punibilidad en el caso de exceso. "Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones IV, V y VI del artículo 28 de este código, se le impondrá la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se trate. " Por tanto, esta juzgadora en función de control constitucional se encuentra impedida para analizar las posibles violaciones de fondo que pudiese contener la resolución que reclama el peticionario de amparo y los aspectos anotados, toda vez que al carecer el acto reclamado de los requisitos de exacta aplicación de la norma penal, y por consiguiente de una debida fundamentación y motivación, así como inobservancia de los principios rectores que regulan el dictado de las sentencias, consistentes en la congruencia y exhaustividad que todo acto de autoridad debe contener; no es posible el estudio de las cuestiones materiales, sin que este órgano de control constitucional se sustituya a la autoridad ordenadora responsable. Consecuentemente, a efecto de cumplir con las previsiones a que alude el artículo 77 de la Ley de Amparo, que exigen la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, procede conceder para efectos el amparo solicitado a fin de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Con plenitud de jurisdicción pronuncie otra, en la que resuelva lo que estime procedente, lo que podrá ser en el mismo o diverso sentido, pero en el primer caso deberá purgar los vicios y atender lo dispuesto en esta resolución; esto es, realice el estudio fundado y motivado de todos los agravios que en esta sentencia fueron enlistados como a), b), c), d), e), f), i), j), k), l), m) y r), los cuales hizo valer el imputado, hoy quejoso; desde luego conforme a la ley y jurisprudencia aplicable, o en sentido diverso conforme a derecho. En dicho estudio, la responsable deberá atender a todas las cuestiones fácticas precisadas en esta sentencia que se desprenden de los datos de investigación expuestos por la autoridad ministerial, a efecto de determinar, con libertad de decisión: I.- Si la conducta imputada implica un delito doloso, calificado o simple o por culpa. II.- Si en el caso se actualizan o no las causas de exclusión del delito relativas hechas valer por el imputado relativas a la legitima defensa, estado de necesidad o la diversa de cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; asimismo, de ser el caso si se empleó un ejercicio excesivo de fuerza en dichas excluyentes. En la inteligencia que, el sentido del fallo por el que se cumplimente el amparo otorgado, será responsabilidad de la autoridad de la apelación, en tanto que en la presente ejecutoria no se abordan cuestiones de fondo, sino sólo vicios y deficiencias de forma de la determinación reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sustenta, la jurisprudencia P./J.59/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco en anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." 3. Además, en irrestricto apego al principio non reformatio in peius, no podrá agravarse la actual situación jurídica del solicitante de garantías. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que reclama a la autoridad señalada como ejecutora, dado que siendo ilegal la resolución reclamada a la ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos tendentes a su ejecución, máxime que éstos no se reclaman por vicios propios. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común Parte 2, Volumen 2, página 1492, que indica: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". SÉPTIMO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de forma del acto que constituyó la litis en el presente juicio. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Méndez Sánchez, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Actuario adscrito a dicha Sala, precisados en el resultando primero, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Atento a lo señalado en el considerando séptimo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de forma. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso y terceros interesados, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables y terceros interesados. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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