Marco Antonio Maza Hernández
Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/08/2018
Partes del expediente
- Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, Chiapas, del Tribunal Superior de Justicia del Etado de Chiapas
- Marco Antonio Maza Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Administrador del Servicio de Paquetería Estafeta, devuelve el oficio 26940, de este índice y anexos, dirigido a la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco, Chiapas, con sede en aquella ciudad, que con la leyenda en el sobre de envío: "empresa de vacaciones". Al efecto, toda vez que dicha autoridad se encuentra gozando su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, comprendido a partir del diecisiete de julio al tres de agosto del año que trascurre, reanudando sus labores hasta el día seis de agosto del presente año; en tal virtud, déjese al resguardo de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito el oficio de mérito, a fin de que sea enviado, el día en que la autoridad responsable reanude sus labores.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Debido a que el presente asunto se encuentra concluido, devuélvanse los tomos de prueba relativos al toca 83-B/2017 (un tomo), expediente 299/2015 (dos tomos) y cuadernillo de amparo (un tomo) que la autoridad responsable Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco, Chiapas, remitió como apoyo a su informe con justificación; debiendo dicha autoridad remitir el acuse de recibo correspondiente; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) diarios, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y de conformidad con los artículos 238, primera parte y 260 de la Ley de Amparo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Cintalapa de Figueroa, remite por incompetencia lo siguiente: Oficio 891/2018, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, mediante el cual rinde informe justificado. Original y una copia del escrito de demanda de amparo promovida por Marco Antonio Maza Hernández. Razón actuarial de treinta de mayo de dos mil dieciocho. Original del Toca Civil 83-B-2017. Copia certificada del expediente 299/2015. Al efecto, se acepta la competencia planteada, acúsese de recibo. Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Maza Hernández, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, Chiapas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en Pichucalco, Chiapas; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 843/2018, por ser el ordinal progresivo que le corresponde Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, por identidad jurídica la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora tenemos, que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- la resolución o sentencia de fecha 11 once de enero de 2018, dictada o pronunciada por la SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA ZONA 04, PICHUCALCO, CHIAPAS, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, en el toca civil 83/b/2017, por motivo del recurso de apelación, que interpuse en contra de la sentencia interlocutoria, de fecha 8 de diciembre de 2016, dictada ilegalmente por la CIUDADANA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL RAMO CIVIL, EN FUNCIONES DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PICHUCALCO, CHIAPAS, en el expediente civil número 299/2015, por motivo del INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA, promovido, por la señora PATRICIA PERALATA GONZALEZ derivado de las causa penal número: 203/2013, del índice del juzgado penal de primera instancia del distrito judicial de pichucalco, Chiapas. V.- LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO, O AQUELLA EN QUE HUBIESE TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO.- bajo protesta de decir la verdad, que tuve conocimiento del acto reclamado, el día 15 de febrero del presente año, toda vez que no fui debidamente notificado, por la persona facultada para ello, a pesar de haber señalado para tal efecto; resulta cierto, que se me debió de notificar de manera personal por ser una sentencia de condena, en los términos del artículo 113 fracción VI, del código de procedimientos civiles vigente en el estado de Chiapas, que se me debio de notificar de manera personal, en el domicilio señalado en autos; por lo que solicito que se admita el presente juicio de garantías, que se interpone, por ser un recurso eficaz, que tengo como todo gobernado, y en caso de no admitirlo se estaría violando un derecho humano consistente en que se me administre justicia en los términos de ley, el derecho humano a no ser oído y vencido en juicio, el derecho humano a no permitirme interponer el recurso legal que en derecho corresponda, que en caso resulta ser el presente amparo, y por último el derecho humano a negarme el acceso a la justicia, sustentado en el artículo 113 fracción VI, del código de procedimientos civiles vigente en el estado de Chiapas, que se me debido de notificar de manera personal. . En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues el quejoso si bien es cierto manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el día quince de febrero del presente año, de la certificación que remitió la responsable se observa que el acto reclamado fue notificado por lista el día quince de enero de dos mil dieciocho y para mayor ilustración se escanea la imagen de la referida certificación. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en el referido precepto legal, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". (.) Cabe señalar que la demanda de amparo en el presente juicio de derechos fue presentada ante la autoridad responsable el día siete de marzo de dos mil dieciocho, y remitida Ahora bien, para efectos de los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la transcripción anterior, tenemos que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Quince días, por regla general. b) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. c) Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. d) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, se estima que debe estarse a la regla general que se contiene en el primer párrafo del precepto aludido, en que se prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, pues solo al legislador corresponde exclusivamente imponer los plazos y términos para el ejercicio de acción y defensa ante los tribunales competentes, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J.14/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 62, Tomo 1, Libro XI, Agosto de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales". En este orden de ideas, como se precisó, el acto reclamado en esta instancia se hizo consistir en: "la resolución o sentencia de fecha 11 once de enero de 2018, dictada o pronunciada por la SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA, ZONA 04, PICHUCALCO, CHIAPAS, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS.", del cual, como refiere el promovente en la demanda de garantías, tuvo conocimiento el día quince de febrero del año en curso. De lo anterior, se aprecia que en el presente juicio de garantías se actualiza la causa que hace improcedente la acción constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, dado que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, entendiéndose como tal: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Es decir, de acuerdo a dicho numeral, el término para promover la demanda de amparo, se computara a partir de: A) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; B) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o C) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En la especie, el juicio de amparo es improcedente, pues la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio biinstancial fuera del plazo genérico de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo; esto es, hasta el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Ello es así, pues si la sentencia de once de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichucalco, Chiapas, le fue notificada por lista el día once de enero de dos mil dieciocho, la cual surtió efectos el día quince de enero del presente año, de acuerdo con la interpretación sistemática y armónica de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 17 Ley de Amparo, comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de amparo desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, plazo que feneció el siete de febrero de dos mil dieciocho, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres y cuatro de febrero del año actual, por corresponder a sábados y domingos; así como el cinco de febrero del año en curso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó la parte quejosa hasta el siete de marzo de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se acredita con la certificación realizada por la autoridad responsable, la cual en líneas anteriores fue escaneada, es claro que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo; y por tanto, el juicio constitucional es improcedente por extemporáneo, ya que el justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así también, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones" En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, además, del precepto artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA la presente demanda por ser notoriamente extemporánea. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso, en el sentido que no le notificaron de manera personal la resolución de once de enero del presente año, argumentando que fue trasngredido en su perjuicio el artículo 113 fracción VI, toda vez que fue una sentencia de condena, empero el artículo 133 relata lo siguiente: ART. 113.- SERA NOTIFICADO PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO DE LOS LITIGANTES: I.- EL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO, Y SIEMPRE QUE SE TRATE DE LA PRIMERA NOTIFICACION EN EL JUICIO AUNQUE SEAN DILIGENCIAS PREPARATORIAS; II.- EL AUTO QUE ORDENA LA ABSOLUCION DE POSICIONES O RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS; (REFORMADA, P.O. 11 DE MAYO DE 1998) III.- LA PRIMERA RESOLUCION QUE SE DICTE CUANDO SE DEJARE DE ACTUAR POR MAS DE CUATRO MESES, POR INACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES; IV.- CUANDO SE ESTIME QUE SE TRATE DE UN CASO URGENTE Y ASI SE ORDENE; V.- EL REQUERIMIENTO DE UN ACTO A LA PARTE QUE DEBA CUMPLIRLO; ( VI.- LA SENTENCIA QUE CONDENE AL ARRENDATARIO DE CASA HABITACION A DESOCUPARLA, Y VII.- EN LOS DEMAS CASOS QUE LA LEY LO DISPONGA. De lo anterior se desprende, que el artículo 113 fracción VI, alude que será notificado personalmente la sentencia que condene al arrendatario de casa habitación a desocuparla; lo cual no puede aplicarse al presente caso, ya que el presente juicio de amparo no deviene de un juicio especial de arrendamiento inmobiliario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, y como autorizados, para los efectos precisados, los indicados en la demanda de garantías. Atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivado del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante el Secretario de Juzgado Adiel Palacio Zurita, que da fe. Doy fe. Gerardo
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