MARCO ANTONIO MARTINEZ TIRADO y Otros.

Expediente 92/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
92/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • MARCO ANTONIO MARTINEZ TIRADO y Otros.
  • Marco Antonio Martinez Tirado

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa a fin de que diera cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el citado auto, por lo que, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó el expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Mauricio Flores Castro, quien dice ser "abogado defensor" del quejoso Marco Antonio Martínez Tirado, contra actos del 1. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente de amparo, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 92/2017-I-B y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión de la demanda, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 112 y 114, fracciones I y III en relación con el diverso 108, fracciones I y III, todos de la Ley de Amparo vigente, requiérase al promovente Mauricio Flores Castro, quien dice ser "abogado defensor" del quejoso Marco Antonio Martínez Tirado, para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificado, realice lo siguiente: PRIMERO. Acredite la personalidad con la que se ostenta en esta instancia constitucional, o sea, como "abogado defensor" del quejoso Marco Antonio Martínez Tirado, para lo cual bastará dicha manifestación, bajo protesta de decir verdad, indicando la causa penal en la que tiene reconocido dicho carácter, como lo prevé el artículo 14 de la Ley Reglamentaria; o bien, como representante legal del citado directo quejoso. La presente prevención tiene sustento, dado que, si bien el artículo 14 de la Ley de Amparo, permite que en materia penal, el juicio de amparo sea promovido por el defensor de la persona a quien afecte el acto reclamado, para lo cual basta la manifestación, bajo protesta de decir verdad, en ese sentido, ello implica, indudablemente, que haya sido nombrado con dicho carácter ante una autoridad judicial o ministerial, en términos del derecho de defensa adecuada, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de acuerdo con su apartado A, fracción IX, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; y apartado B, fracción VIII, en su texto vigente), pues en ninguna otra circunstancia una persona puede considerarse "abogado defensor" de otra, sino únicamente cuando fue nombrado como tal en un procedimiento, porque el fin de un defensor es la asesoría, vigilancia y realización de los actos necesarios para representar los intereses de su defendido dentro de dicho proceso. Máxime que resulta contradictorio que el promovente se ostente como defensor del directo quejoso y al mismo tiempo diga desconocer el procedimiento del cual emanan los actos reclamados, ya que, como se dijo anteriormente, el carácter de defensor solo puede darse dentro de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, y ser defensor de alguien implica conocer de dónde emanan los actos reclamados, para entablar una defensa adecuada. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Precise la denominación de las autoridades responsables que señaló como 3.1.46 Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, 3.1.47 Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, 3.1.48 Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla y 3.1.49 Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla. Ello, pues con base en el acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo pasado, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, los entonces Juzgados de Distrito del Tercero al Séptimo y el Decimoprimero, se denominaron Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; los Juzgados de Distrito del Octavo al Décimo, se denominaron Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; todos con residencia en la ciudad de San Andrés Cholula; asimismo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de febrero del año en curso aprobó la creación de dos juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, los cuales iniciaron funciones mediante la conclusión de funciones y su transformación del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como del inicio de funciones del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre. De ahí que la denominación de las autoridades que señala como responsables sea imprecisa y, este juzgado se encuentra imposibilitado para suplir las mismas, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo es indicar con precisión las denominaciones correctas de las autoridades responsables, a efecto de llamarlas a juicio y entablar con precisión la litis constitucional. TERCERO. Indique si es su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, y el quejoso no realice el señalamiento expreso de que existen autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en que se ubica el domicilio en que trataron de cumplimentar la orden de captura combatida, el juzgador de amparo debe prevenirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En tal sentido, el ocursante deberá señalar con claridad y precisión si es su deseo o no señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna con residencia en la jurisdicción de este órgano de amparo, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de señalar a la aludida autoridad como responsable deberá acompañar copia de su escrito de demanda para poder emplazarla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente el ocursante, deberá ser en original y con las copias suficientes del mismo en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo para correr traslado a las partes de la siguiente manera: una para cada una de las autoridades responsables (cuya precisión de éstas forma parte de la presente prevención), una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y dos más para el incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al promovente que, de no cumplir íntegramente con lo requerido en el inciso a), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, por no existir instancia de parte agraviada en términos de los artículos 114 y 6 de la Ley de Amparo, de no cumplir íntegramente con lo requerido en el inciso b), se proveerá la demanda de amparo sin tener como responsables a las autoridades materia de la prevención y, de no cumplir con el inciso c) de acordará lo que en derecho proceda. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que atento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se cita, únicamente él podrá desahogar la presente prevención, pues no se tendrá por hecha la realizada por alguno de sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Ahora bien, toda vez que el ocursante señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícensele las notificaciones personales por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Por otra parte, téngasele designando como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no haber proporcionado los datos de las cédulas profesionales o el registro correspondiente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano