Marco Antonio Martínez Ramírez

Expediente 1501/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1501/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Martínez Ramírez
  • Erick Becerril Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    III.-Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 95 y 96), se ordenó el archivo del presente asunto, y se precisó de manera incorrecta lo relativo al destino final del expediente en que se actúa; por tanto, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 76 a 80), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión de los actos reclamados.

  2. Principal

    III.- De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno y agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 76 a la 80), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados. 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    III.- Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco, mediante el cual proporciona el domicilio donde pueden ser localizados los terceros interesados Erick Becerril Nava y Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable, e informa que ya se realizó el pago de la reparación del daño por lesiones a Erick Becerril Nava y apoderado legal de la empresa Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable, por lo que fue devuelto el diez de noviembre del año en curso, el vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, a lo cual remite en copia certificada del oficio de diez del mes y año en curso, por el cual ordenó la entrega del vehículo en cita; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surtan los efectos legales procedentes. Ahora de la imposición de las constancias que se reciben, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos que reclama el quejoso, han dejado de afectar su esfera jurídica, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. En esa tesitura, en el presente juicio de amparo se impugna el siguiente acto reclamado: La resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez de Control del Distrito de Temascaltepec, Estado de México, en la carpeta auxiliar 82/2016, mediante la cual se declararon infundados los agravios del recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso contra la determinación dictada en la propia fecha, en la que se le negó la devolución del vehículo marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público propiedad del quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. Ahora de lo expuesto por la autoridad responsable tenemos que el diez de noviembre del año en curso, el vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público fue devuelto al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, en atención de que realizó el pago de la reparación del daño por lesiones a los terceros interesados Erick Becerril Nava y Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable. Lo anterior, pone en relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues si bien el acto combatido fue emitido este dejó de surtir efectos legales o materiales con motivo de que el diez de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco, ordenó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. En razón de lo anterior, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora, en el caso, como se indicó, la parte quejosa reclama: La resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez de Control del Distrito de Temascaltepec, Estado de México, en la carpeta auxiliar 82/2016, mediante la cual se declararon infundados los agravios del recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso contra la determinación dictada en la propia fecha, en la que se le negó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. Ahora, de la constancia que anexó la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco a la promoción de cuenta, tenemos que el diez de noviembre del año en curso, ordenó la devolución del vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez. En esa tesitura, ello da lugar a que opere la causal de improcedencia indicada, toda vez que aunque subsistan el acto reclamado, dejó de existir el objeto o materia de dicho acto que reclama, lo anterior, al haberse devuelto al quejoso el vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09; por tanto, jurídicamente se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno. Así, es evidente que el entorno que existía cuando surgió el acto reclamado se ha modificado al haberse ordenado la devolución del vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, razón por la cual, los efectos de aquellos ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    III.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y TERCEROS INTERSADOS Y SE LES NOTIFICA POR MEDIODE LISTA ELACUERDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE ED DOS MIL DIECISEIS QUE DICE: Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco, mediante el cual proporciona el domicilio donde pueden ser localizados los terceros interesados Erick Becerril Nava y Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable, e informa que ya se realizó el pago de la reparación del daño por lesiones a Erick Becerril Nava y apoderado legal de la empresa Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable, por lo que fue devuelto el diez de noviembre del año en curso, el vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, a lo cual remite en copia certificada del oficio de diez del mes y año en curso, por el cual ordenó la entrega del vehículo en cita; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surtan los efectos legales procedentes. Ahora de la imposición de las constancias que se reciben, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos que reclama el quejoso, han dejado de afectar su esfera jurídica, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. En esa tesitura, en el presente juicio de amparo se impugna el siguiente acto reclamado: La resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez de Control del Distrito de Temascaltepec, Estado de México, en la carpeta auxiliar 82/2016, mediante la cual se declararon infundados los agravios del recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso contra la determinación dictada en la propia fecha, en la que se le negó la devolución del vehículo marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público propiedad del quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. Ahora de lo expuesto por la autoridad responsable tenemos que el diez de noviembre del año en curso, el vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público fue devuelto al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, en atención de que realizó el pago de la reparación del daño por lesiones a los terceros interesados Erick Becerril Nava y Pintu Sayer, sociedad anónima de capital variable. Lo anterior, pone en relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues si bien el acto combatido fue emitido este dejó de surtir efectos legales o materiales con motivo de que el diez de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco, ordenó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. En razón de lo anterior, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora, en el caso, como se indicó, la parte quejosa reclama: La resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez de Control del Distrito de Temascaltepec, Estado de México, en la carpeta auxiliar 82/2016, mediante la cual se declararon infundados los agravios del recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso contra la determinación dictada en la propia fecha, en la que se le negó la devolución del vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09. Ahora, de la constancia que anexó la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tejupilco a la promoción de cuenta, tenemos que el diez de noviembre del año en curso, ordenó la devolución del vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez. En esa tesitura, ello da lugar a que opere la causal de improcedencia indicada, toda vez que aunque subsistan el acto reclamado, dejó de existir el objeto o materia de dicho acto que reclama, lo anterior, al haberse devuelto al quejoso el vehículo asegurado en la carpeta de investigación TEM/TES/083/047595/16/09; por tanto, jurídicamente se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno. Así, es evidente que el entorno que existía cuando surgió el acto reclamado se ha modificado al haberse ordenado la devolución del vehículo de la marca Volvo, tipo Quinta Rueda, modelo 1997, de color blanco, número de serie 4V29DBJH1VM883292, motor 11820521, placas de circulación 734EH6 del Servicio Público al quejoso Marco Antonio Martínez Ramírez, razón por la cual, los efectos de aquellos ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

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