Marco Antonio Martínez Miguel
Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marco Antonio Martínez Miguel
- Marco Antonio Martínez Miguel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Incorpórense a los autos, los oficios de cuenta, por medio de los cuales, en relación al cumplimiento del fallo protector, la Jueza Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, comunica que en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en el expediente familiar 417/2022 de su índice, las partes suscribieron un convenio que en esa misma fecha fue aprobado de forma definitiva por esa autoridad; por lo que se dio por concluida la controversia de origen. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): Común, Registro No. 192174, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Se instruye a la actuaria llevadora de este expediente, para que en términos del numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en el acto de la notificación haga entrega de una copia de este acuerdo y los anexos que se acompañan a los oficios de cuenta; debiendo asentar de manera expresa esa circunstancia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, y al tener a la vista el juicio principal del que deriva esta incidencia, por constituir un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º, se advierte que mediante proveído dictado el ocho de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **** En consecuencia, mediante oficio, hágase ello del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, para los efectos legales que estime pertinentes en el recurso de revisión ********************/2023 de su estadística. Al efecto, remítasele impresión que contenga firmas criptográficas del acuerdo en mención. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia Del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **; sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Efectos de la concesión de amparo Ahora, mediante sentencia engrosada de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".En tales condiciones, al resultar esencialmente fundados los argumentos del justiciable, por violación al derecho de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder la protección constitucional solicitada, para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, proceda en los siguientes términos: a) Deje sin efecto la parte conducente del acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós en el expediente de número *** de su índice, en la parte que fue analizada en esta sentencia. b) En su lugar dicte otro acuerdo con plenitud de jurisdicción, que puede ser en el mismo sentido o uno diverso, siempre que subsane los vicios formales destacados en esta resolución. (.) Finalmente, se precisa que lo aquí determinado no implica un impedimento para que la jueza responsable fije una pensión alimenticia a favor de la actora ****, pero para ello deberá justificar de manera fundada y motivada su decisión..." Requerimiento de cumplimiento Por lo anterior, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, para que en el plazo de tres días, cumpla con la sentencia dictada en este asunto. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), equivalente al importe de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga al momento de realizarse la conducta sancionada1 , conforme a los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Publicación de datos personales Aunque las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
Notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejara aviso.- veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés 733/2023 VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 733/2023, que promovió *********** por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, ***********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por derecho propio, contra la autoridad y por el acto siguientes: Autoridades responsables III.-(...) a) La Juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro. b) Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado." Acto reclamado "V.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: (El acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2022, dictado en el juicio 417/2022 del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual la autoridad responsable fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la C. ************, por propio derecho y en representación de mis menores hijos de iniciales ************. y *************., el cincuenta por ciento (50%) de mi salario integrado previas deducciones de ley, que de forma quincenal percibo como empleado del Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual quedó desglosado 20% para cada uno de mis menores hijos y 10% para la C. Rosaura Toledo Piñón. (La indebida fundamentación y motivación para decretar el 50% de descuento a m salario por concepto de pensión alimenticia. (La omisión de ordenar que se me garantizara real y materialmente el derecho a mínimo vital para mi subsistencia después de los descuentos de pensión alimenticia decretados. (La omisión de garantizar el derecho de visitas o convivencia de mis menores hijos, con el suscrito. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO ( La ejecución y/o aplicación material de la orden contenida en el auto que se combate consistente en el descuento del cincuenta por ciento (50%) de mi salario a favor de la tercera interesada, por propio derecho así como en representación de mis menores hijos. ( La omisión de informar a la autoridad ordenadora, que con los descuentos de pensión alimenticia decretados, no se respeta de manera real y material, del derecho a mínimo vital para mi subsistencia". Acto que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 4o., 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. 1. Mediante acuerdo de veinticinco de julio del año en curso, se radicó la demanda con el número 733/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados. 2. Por auto de uno de agosto de esta anualidad, se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención que le fue formulada y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, lo que se efectuó el cuatro de agosto pasado; y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdiccional territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro y del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca: 1. El acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio 417/2022 del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, en la parte relativa en que se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de ***************, así como de los menores de iniciales ***************., el 50% (cincuenta por ciento) del salario integrado de la parte quejosa, como empleado del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Telebachillerato Comunitario de Oaxaca (TEBCEO); correspondiendo el 20% a cada uno de sus menores hijos y 10% para Rosaura Toledo Piñón; así como su ejecución. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que la Secretaria Judicial encargada por ministerio de ley del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, al rendir el informe justificado solicitado a la jueza responsable, convino en su existencia, lo cual resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, Materia(s): Común, con registro digital 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que además se corrobora con las constancias que para tal efecto acompañó a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 171, Materia(s): Común, con registro digital 279433, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Solo tienen ese carácter, los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." También es cierto el acto de ejecución atribuido al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que si bien al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, de las manifestaciones que vierte, se advierte la existencia del mismo; por tanto, se tiene por cierto el acto que se la tribuye. La consideración anterior encuentra apoyo en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004; que es del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Causas de improcedencia. La parte tercera interesada, en su escrito apersonamiento de catorce de agosto del año en curso, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por considerar que la demanda de amparo resulta extemporánea, ya que refiere que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde antes del treinta de julio de esta anualidad, lo cual dice se acredita con la captura de pantalla de la conversación que tuvo el quejoso con su menor hijo el dieciocho de junio de dos mil veintitrés (foja 77). Sin embargo, dicha manifestación es infundada, ya que la captura de pantalla de la conversación que exhibió en autos, es ineficaz para demostrar que efectivamente el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado antes de la fecha que indicó en su escrito aclaratorio de treinta y uno de julio de esta anualidad (treinta de junio de dos mil veintitrés). Lo anterior, ya que si bien el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; conforme al diverso numeral 217 de dicho Código, para que tengan valor probatorio pleno es necesario que contengan una certificación sobre el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, lo que en la especie no acontece. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible a fojas 284, del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y tenor es: " "FOTOGRAFÌAS. SU VALO PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." En ese sentido, dado que de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, valoradas anteriormente, se observa que fue el treinta de junio del año en curso cuando fue emplazado el quejoso al juicio natural, por lo que es esa fecha la que se debe tomar en cuenta para efectos de determinar la oportunidad de la presentación de la demanda. Finalmente, dado que las restantes partes procesales, no invocaron alguna causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de un motivo legal de improcedencia del juicio, se procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. I. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, interesa señalar que del informe justificado y de las constancias que acompañó la autoridad responsable, valoradas anteriormente, se observa que: 1. Ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, se tramita el expediente 417/2022, relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por la tercera interesada, por propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales ***. y ****., en contra del aquí quejoso, a quien demandó las siguientes prestaciones: "(.) a)- El pago de una pensión alimenticia PROVISIONAL, que sea suficiente y bastante para garantizar los alimentos de nuestros menores hijos ********* y *****, de apellidos ************** respectivamente y de la suscrita durante el tiempo que dure el presente juicio. b)- El pago de un pensión alimenticia DEFINITIVA, la cual sea suficiente para cubrir todos los alimentos de nuestros menores hijos ********** y ********** de apellidos ******** respectivamente y de la suscrita. c).- La GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL y en su momento la DEFINITIVA de nuestros menores hijos ********* y ***********, de apellidos ***** respectivamente. d) El pago de gastos que origine la tramitación del presente juicio". 2. Dicha demanda fue admitida a trámite por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, (mismo que constituye el acto reclamado), y en lo que interesa, se ordenó emplazar al demandado; se señalaron fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos; se admitieron las pruebas que se acompañaron; se fijó una pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales **********. y ************, y de *****, al tenor de las siguientes consideraciones: (.) Ahora bien, en cuanto a la Pensión Alimenticia Provisional que solicita a su ocursante a favor y de las personas menores de edad de nombres con iniciales *********. y ***************, por ello, tomando en consideración que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente, e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes lo demandan o de aquellos en cuya representación se exigen, mientras se dicta Sentencia Definitiva, por ello, atendiendo:- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - I. A la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para fijar a petición del acreedor sin audiencia del deudor una Pensión Alimenticia Provisional mientras se resuelve el juicio. - - - - - - - II. A que se encuentra acreditado el vínculo jurídico existente entre el demandado ***********, con las personas menores de edad de nombres con iniciales ************. y ******************., así como con la parte actora ********************, con las certificaciones expedidas por el Registro Civil respecto de los datos contenidos en las actas levantadas con motivo de los registros de los nacimientos de las personas menores de edad referidas y con la copia certificada del acta de matrimonio entre el accionante con el demandado, por el matrimonio que contrajeron, y lo acredita con la documental pública que anexa al escrito de demanda, por lo tanto, estas circunstancias permiten inferir la existencia de un vínculo familiar - III. Que se presume de manera indiciaria la capacidad económica del demandado M******************, con lo referido por la accionante, quien dice que el demandado es empleado de Gobierno del Gobierno del Estado de Oaxaca, específicamente de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como es empleado del Telebachillerato Comunitario de Oaxaca "TFBCFO", así también se presume apto para trabajar, salvo prueba en contrario.- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Que es un hecho notorio que las personas menores de edad antes mencionados por la edad con la que cuentan, no tienen ingresos propios ni la capacidad suficiente para procurarse alimentos por si mismos- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - V. Que se presume que la actora tiene materialmente bajo su custodia a los infantes antes nombrados. - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - VI Que las personas menores de edad de nombre con iniciales**************** y **********************., así como la parte actora, tienen a su favor la presunción y preferencia respecto a los alimentos, por así disponerlo expresamente el articulo 19 y 21 del Código Familiar del Estado - - - - - - - - -- -- - - - - - -- Tomando en consideración lo anterior se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de las personas menores de edad de nombres con iniciales ****************** y ********************., así como para la accionante el equivalente cincuenta por ciento del salario integrado que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo percibe previas deducciones de ley el citado demandado por sus trabajos, exceptuándose viáticos y gastos de representación mismos que no constituyen un ingreso a su patrimonio, con la aclaración que a cada persona menor de edad le corresponde al veinte por ciento y el diez por ciento para la parte actora." II. Estudio. En contra de dichas consideraciones, la quejosa, en uno de sus conceptos de violación refiere que la determinación reclamada vulnera lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que la negativa de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de Rosaura Toledo Piñón, así como de los menores de iniciales ********. y ********., no está debidamente fundada ni motivada, Dicho motivo de disenso, es sustancialmente fundado y suficiente para conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con base en las siguientes consideraciones. Fundamentación y motivación La primera parte del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia al derecho de fundamentación y motivación, debiéndose entender por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas consideración para su emisión; y es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Luego, a fin de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración y que sirven de sustento a la respectiva resolución. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 266 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, con registro digital 1011558, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Derecho de alimentos El máximo Tribunal del País, ha concebido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedora alimentista, para exigir a otra, deudora alimentaria, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida. Que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho; en algunas circunstancias el derecho alimenticio trasciende a la relación misma, tal como sucede en caso de divorcio y sucesión testamentaria, ya que en esos supuestos a pesar de que se extingue el vínculo familiar, subsiste el derecho alimenticio. Así, los alimentos no surgen como consecuencia del acto jurídico que disuelve dicha unión familiar, sino de la necesidad e imposibilidad del acreedor alimentario de allegarse alimentos. Se trata de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, radica en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores de edad, los gastos necesarios para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Por otra parte, dado que el cumplimiento de la obligación alimentaria es de interés social y de orden público, la procuración de alimentos trasciende a las personas integrantes del grupo familiar. Por lo tanto, es deber del Estado vigilar que las personas que se deben esta asistencia se procuren los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en imposibilidad real de obtenerlos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es comúnmente admitido que el derecho de alimentos abarca obligaciones que van más allá de la estricta alimentación. Así se ha recogido en los ordenamientos jurídicos y en los diversos tratados doctrinales que sobre la materia existen; de tal forma que el derecho de alimentos incluye todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, y, en el caso de los niños y niñas, también comprende los gastos para la educación. Al respecto, el artículo 155 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, establece lo siguiente: "Artículo 155.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de las niñas, niños o adolescentes los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprenden las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales. (.)". En esa misma línea, el artículo 4º constitucional, párrafo octavo, permite delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos, ya que prevé que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, lo cual tiene como objetivo central su desarrollo integral armónico. Como se advierte, el derecho a la alimentación se proyecta más allá de la legislación civil y se configura como un auténtico derecho humano, en virtud del papel fundamental e indispensable que los alimentos juegan en la subsistencia y en el sano desarrollo de los niños y niñas, cuestiones que están íntimamente vinculadas con el derecho a un nivel de vida digna. Ahora bien, una vez expuestos los rasgos generales del derecho de alimentos, debe señalarse que la obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paterno-materno-filial. Así, el artículo 150 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, establece: "Artículo 150.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado". De ahí que los alimentos sean considerados como un derecho de los hijos e hijas y como un deber imprescriptible e insustituible de ambos progenitores, independientemente de que ostenten o no la patria potestad y sin que sea relevante si los hijos o hijas nacieron fuera o dentro del matrimonio o concubinato como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en el amparo directo en revisión 2293/2013. De esta manera, la obligación alimentaria, en virtud de su causa y naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser delegada, sino que recae directamente y en primerísimo lugar en ambos progenitores, quienes deben garantizar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de la niña o niño, acorde con lo dispuesto en los artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es, la obligación alimentaria referida surge como consecuencia de la patria potestad y es resultado de un mandato constitucional y convencional expreso que vincula a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral de sus hijas e hijos, siempre en el marco del principio del interés superior de la niñez y de la corresponsabilidad parental. Sin embargo, a pesar de que esta obligación recae en primerísimo lugar en los progenitores, lo cierto es que en atención a que los alimentos son una institución familiar de orden público y de interés social, que también revisten la caracterización como derecho humano, el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para vigilar la observancia de la obligación alimentaria y garantizar la efectividad de este derecho, así como asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los progenitores. De esta manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación ha reconocido que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, tienen una triple dimensión: 1. un derecho para los niños, niñas y adolescentes. 2. Una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores. 3. Un deber de garantizar su cumplimiento por parte del Estado. Ahora bien, es importante destacar que la obligación alimentaria que recae en los progenitores en relación con sus descendientes reviste una fisionomía particular y se rige por normas específicas que contemplan su singularidad, como es el hecho de que no debe acreditarse la necesidad del acreedor alimentario, pues ésta se presume: el niño o niña no necesita probar el elemento de necesidad para solicitar alimentos, sino que basta la mera existencia del vínculo filial. Al respecto, el artículo 159 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, establece lo siguiente: "Artículo 159.- Las niñas, niños o adolescentes con discapacidad, sujetos a estado de interdicción, personas adultas mayores y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos". Asimismo, otro de los principios esenciales que rige la obligación alimentaria es el de proporcionalidad, según el cual, para fijar el monto de la pensión alimenticia se debe atender al estado de necesidad de la persona acreedora alimentaria y a las posibilidades reales de la persona deudora alimentaria para cumplirla. Así, el artículo 158 del Código Familiar del Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 158.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Para el caso de ascendientes, además de lo anterior, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad el derecho a la reciprocidad alimentaria. (.)". Pero, además, debe considerarse el entorno social en que se desenvuelven y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir con las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventar una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido. Por otra parte, si bien como ya quedó precisado en líneas que anteceden, las niñas, niños y adolescentes no necesitan probar el elemento de necesidad para solicitar alimentos, dado que basta la mera existencia del vínculo filial; sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerá de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. Ahora bien, en relación al derecho y la obligación que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis (ahora contradicción de criterios) 162/2005-PS, en lo que aquí interesa sostuvo: 1) Que el derecho y la obligación que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tiene su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la Iey prevé como generadora de aquéllos, y el hecho de que en algunas ocasiones subsista la obligación de pagar alimentos, aún en el caso de divorcio, de ninguna manera puede conducir a pensar que el divorcio es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos; y, 2) Que los cónyuges, mientras dure el matrimonio, siempre tienen la obligación recíproca de proporcionarse alimentos. Esta disposición encuentra su razón de ser en que uno de los fines del matrimonio es precisamente la ayuda mutua entre los consortes. Al respecto, el primer párrafo del artículo 149 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, establece que "Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale". A su vez el numeral 159 del referido Código, en lo que interesa, establece que el cónyuge que se dedique al hogar goza de la presunción de necesitar alimentos. En el caso en estudio, en el acuerdo reclamado la jueza responsable fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de *************, así como de los menores de iniciales ************* y ***************, el 50% (cincuenta por ciento) del salario integrado de la parte quejosa, como empleado del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Telebachillerato Comunitario de Oaxaca (TEBCEO); correspondiendo el 20% a cada uno de sus menores hijos y 10% para Rosaura Toledo Piñón, con base en las siguientes consideraciones: 1. Se encuentra acreditado el vínculo jurídico existente entre el demandado aquí quejoso y con los menores de iniciales ¨**** y ******, así como con *******. 2. Se presume de manera indiciaria la capacidad económica del demandado con lo referido por la accionante, en el sentido de que es empleado de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Telebachillerato Comunitario de Oaxaca (TEBCEO), así como que es apto para trabajar. 3. Que es un hecho notorio que por la edad que tienen los menores de edad, no tienen ingresos propios ni la capacidad suficiente para procurarse alimentos por sí mismos. 4. Que se presume que la actora tiene materialmente bajo su custodia a los infantes. 5. Que las personas menores de edad de iniciales ****** y ******., así como la actora tienen a su favor la presunción respecto a los alimentos, por así disponerlo expresamente los artículos 19 y 21 del Código Familiar del Estado. Ahora, el acuerdo reclamado transgrede el contenido del artículo 16 Constitucional, ya que en la parte relativa que se impugna por esta vía no está suficientemente motivada. a) Primeramente, si bien como ya dijo en líneas precedentes, las niñas, niños y adolescentes no necesitan probar el elemento de necesidad para solicitar alimentos, dado que basta la mera existencia del vínculo filial; sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerá de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. En la especie, la jueza responsable de manera dogmática estableció que a cada uno de los menores de edad les corresponde el 20% del salario integrado de la parte demandada, sin exponer las razones particulares que la llevaron a determinar dicho porcentaje y no otro. En ese sentido, a fin de cumplir con la garantía constitucional de fundamentación y motivación, con base a las manifestaciones realizadas por la actora y las pruebas exhibidas con la demanda, la autoridad responsable debió exponer las razones que la llevaron a fijar el 20% del salario integrado de la parte demandada. Por otra parte, en relación a la pensión alimenticia fijada a favor de la actora *********, no funda ni motiva por qué considera tiene a su favor la presunción respecto a los alimentos, ya que si bien invoca los artículos 19 y 21 del Código Familiar del Estado, para apoyar su determinación, tales numerales no establecen dicha hipótesis. En efecto, lo citados preceptos establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 19.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por ellos, en el cual ambos tendrán autoridad propia y consideraciones iguales". "Artículo 21.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los sueldos, ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos". De lo anterior, se observa que contrario a lo determinado por la jueza responsable, de dichas disposiciones normativas no se advierte que la actora ************ (cónyuge del demandado), tenga a su favor la presunción respecto a los alimentos. En ese sentido, para justificar su decisión la autoridad responsable, en principio debió citar el o los artículos que establecen la presunción de que la parte actora tiene la presunción del derecho a los alimentos y, posteriormente, con base en las manifestaciones de la parte actora y las pruebas ofrecidas, señalar las razones que la llevaron a fijar a su favor pensión alimenticia provisional a razón del 10% del salario integrado de la parte demandada. Lo anterior es relevante porque conforme al citado artículo 159 del Código Familiar, la presunción de necesitar alimentos opera únicamente respecto al cónyuge que se dedique al hogar, y en la especie, de las manifestaciones vertidas por la actora en su escrito de demanda se advierte que cuenta con un empleo. En tales condiciones, al resultar esencialmente fundados los argumentos del justiciable, por violación al derecho de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder la protección constitucional solicitada, para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, proceda en los siguientes términos: a) Deje sin efecto la parte conducente del acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente de número 417/2022 de su índice, en la parte que fue analizada en esta sentencia. b) En su lugar dicte otro acuerdo con plenitud de jurisdicción, que puede ser en el mismo sentido o uno diverso, siempre que subsane los vicios formales destacados en esta resolución. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado, por ser fruto de un acto viciado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Finalmente, se precisa que lo aquí determinado no implica un impedimento para que la jueza responsable fije una pensión alimenticia a favor de la actora Rosaura Toledo Piñón, pero para ello deberá justificar de manera fundada y motivada su decisión. SÉPTIMO. Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas que se hubieran citado en esta ejecutoria, anteriores a la Onceava época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, respectivamente, del Decreto por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. NOVENO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ************, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando séptimo y noveno de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Marco Antonio Hernández Cortés693/2023
- Marco Antonio Hinojosa Martínez806/2023
- Marco Antonio Jaimes Luna199/2020
- Marco Antonio Juárez Marcial726/2015
- Marco Antonio Martínez López761/2016
- Marco Antonio Martínez López773/2017
- Marco Antonio Martínez Miguel707/2023
- Marco Antonio Martínez Olivera938/2023
- Marco Antonio Martínez Olivera1219/2023
- Marco Antonio Merino Ramírez y Otros.1596/2016
- Marco Antonio Muñiz Martínez887/2021
- Marco Antonio Muñiz Martínez1424/2021