Marco Antonio Martínez de la Cruz
Expediente 458/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2016
Partes del expediente
- Marco Antonio Martínez de la Cruz
Actuaciones
- Principal
VISTO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE A LA FECHA NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISION, EN CONTRA DE DIVERSO PROVEIDO, EN EL CUAL SE TUVO POR DESECHADA DEMANDA DE GARANTIAS EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO PROVEIDO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES PROCEDENTES............
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SE AGREGA A LOS AUTOS ESCRITO DE AUTORIZADA(O) LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA Y ATENTO A SU CONTENIDO, SE LE TIENE AMPLIANDO DEMANDA.......
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A veintiuno de abril de dos mil dieciséis, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el acuerdo dictado (a) el doce de abril de dos mil dieciséis, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Visto; con el escrito demanda de garantías, se tiene al quejoso, solicitando el amparo y la Protección de la Justicia Federal, contra actos emitidos por el Juez Cuarto de lo Penal de Primera Instancia con sede en esta ciudad y otras autoridades, los cuales estima violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el de desecharla de plano. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] el auto de fecha 31 de marzo del año en curso, en el cual se ordena me presente a comparecer en un plazo no mayor de tres días en las instalaciones del centro de Reinserción Social Tijuana, a efecto de que sea identificado por el sistema administrativo adoptado [.]" A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]". Ahora, de lo anteriormente trascrito, se desprende el principio de definitividad del acto reclamado que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio constitucional, por regla general, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o no proceda en su contra algún recurso, juicio, o medio de defensa que pueda dar lugar a su modificación, revocación, o anulación. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Una vez especificado lo anterior, por cuanto hace al acto que reclama la parte promovente, que hace consistir en el auto de treinta y uno de marzo del año en curso por el que se ordena su identificación administrativa, debe desecharse la demanda de garantías que se intenta, en torno a las consideraciones que a continuación se exponen: Del estudio íntegro de la demanda de amparo se desprende que no se cumplió con el principio de definitividad que debe caracterizar a los actos reclamados en el juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que en contra del acto reclamado procede un medio de defensa por medio del cual la parte quejosa pudo obtener la revocación o modificación del acto que reclama, a saber el recurso de apelación contemplado en los artículos 310 y 319 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California; sin embargo, de la demanda de garantías no se advierte que el quejoso lo haya agotado previamente a instar la vía constitucional, a pesar de que se encontraba obligada a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten todos los recursos, juicios, o medios de defensa que la ley otorgue. Atento a lo anterior y tomando en consideración que procede el recurso de apelación previsto por el código adjetivo penal del estado, por medio del cual la se puede revocar, modificar o nulificar el acto que reclama, consistente en la identificación administrativa ordenada en treinta y uno de marzo el año en curso, el cual sería resuelto por la autoridad competente, se pone de manifiesto que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia por contradicción establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 164, del Tomó XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2006, Novena Época, cuyo contenido integro es el siguiente: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional; y, b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla. En ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio; sin embargo, dicha hipótesis, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una, interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra, mayor apoyo, justificando de manera adicional por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Por lo que se tiene que en esos casos, no se surte la carga procesal para el quejoso de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo. Caso contrario es, cuando existe jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que se concluye cuál es el recurso o medio de defensa legal procedente en contra del acto reclamado, por lo que ya no se encuentra sujeto a interpretación adicional lo referente a la procedencia del mismo, aun cuando pudiera considerarse que el fundamento legal es insuficiente para determinarlo, en razón de que no cabe motivo de interpretación alguna, al haberse dilucidado por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo establecido por el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acontece en el caso, acorde con el criterio citado en párrafos precedentes, de rubro: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO." Dicha jurisprudencia resulta aplicable al caso, no obstante de que se refiere al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ello en razón de que los artículos que interpreta son de contenido similar a los dispositivos relativos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, en virtud de la similitud de su contenido, como se ve a continuación: Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal ARTÍCULO 310.- Objeto de las impugnaciones.- Las impugnaciones, según el caso, tienen por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la Ley correspondiente o se aplicó inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, o si se alteraron los hechos. ARTÍCULO 320.- El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: I.- Las sentencias definitivas, hecha excepción de las sentencias dictadas por los Jueces de Paz; II.- Los autos que decreten el sobreseimiento; III.- Los autos que nieguen o concedan la suspensión del procedimiento judicial, y los que concedan o nieguen la acumulación o la separación de expedientes; IV.- Los autos de formal procesamiento y los de falta de elementos para procesar; V.- Los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VII.- Los autos que desechen pruebas; IX.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o el arraigo de indiciado; X.- Los autos en que el Juzgador se declare competente o incompetente, así como los que concedan o nieguen la recusación; y XI.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de la detención, a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; y XII.- Las demás resoluciones que señale la ley. ARTÍCULO 414.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. ARTÍCULO 418.- Son apelables: I.- Las sentencias definitivas, incluyendo aquellas que se pronuncien en los procesos sumarios; II.- Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad; III.- Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos, y IV.- Los autos en los que se niegue la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y V.- Todas aquellas resoluciones en que este Código conceda expresamente el recurso. De ahí que, al ser de contenido similar los dispositivos de ambas codificaciones adjetivas, es que resulta aplicable el criterio jurisprudencial antes invocado, al caso concreto. Entonces, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Martínez de la Cruz, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con el escrito y demás copias de la demanda de garantías, fórmese el expediente que corresponda. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona en la misma. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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