Marco Antonio Madrigal Ortega

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Director de Incorporación de Escuelas Particulares Y Proyectos Específicos
  • Marco Antonio Madrigal Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO REMITIDO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL, POR UNA PARTE, SE ACUSA RECIBO DE LA DIVERSA COMUNICACIÓN POR LA CUAL SE LE REMITIÓ EL JUICIO DE AMPARO 574/2023-VI, DE LA ESTADÍSTICA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y, POR OTRA, INFORMA QUE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL SE ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DE DICHO CONTROVERTIDO; EN CONSECUENCIA, TÉNGASE POR INFORMADO LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TALES CONDICIONES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEN DILIGENCIAS PENDIENTES POR REALIZAR EN ESTE ASUNTO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNILLO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, SE HACE NOTAR QUE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DEL PRESENTE EXPEDIENTE, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL MISMO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE ASUNTO, ES DESTRUIBLE, EN VIRTUD DE QUE SE TRATÓ DE UNA INCOMPETENCIA. BBOV

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia de que se notificó vía electrónica a la parte quejosa del acuerdo de treinta de junio del año en curso; en tales condiciones, se ordena notificar vía electrónica a la parte quejosa el presente auto y del acuerdo de treinta de junio del año en curso, para los efectos legales procedentes. OA

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Madrigal Ortega, en representación de la menor iniciales L.M.G., contra el acto del "Director de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos"; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro electrónico de este juzgado con el número 574/2023-VI. Ahora bien, atendiendo a que la parte quejosa señala como acto reclamado, el consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO.- Lo es el siguiente: La omisión de pronunciarse en el expediente 200/2023 respecto de las medidas cautelares solicitadas en escrito de queja de fecha 05 cinco de junio 2023. Omisión que atribuyo a la única autoridad señalada como responsable. La omisión de resolver la queja con número de expediente 200/2023. Omisión que atribuyo a la única autoridad señalada como responsable. El cual se lo atribuye al Director de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos. Es dable señalar que dicho acto precisado con anterioridad, es de naturaleza meramente administrativa, debido a que no deriva de un expediente que es integrado por autoridad ministerial o alguna del orden penal, siendo que se combate a la autoridad responsable de aquella naturaleza (como órgano descentralizado del Estado), la omisión de pronunciarse en el expediente 200/2023. Por ende, la que aquí provee se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, dado que estima que de éste le corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, atento a las siguientes consideraciones: De conformidad con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. Sustenta lo anterior la tesis número 679, que aparece publicada en la página 456, del Tomo VI Tribunales Colegiados de Circuito de la Octava época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Ahora bien, en el juicio de amparo las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a). La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción II de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b). La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c). El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, del análisis efectuado a la demanda de amparo, la suscrita considera que carece de competencia en razón de materia, para conocer del acto reclamado antes transcrito. Lo anterior se afirma, pues las omisiones, es reclamada al Director de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos, siendo que dicha institución tiene la calidad de corporación pública con función pública administrativa de la administración pública del Estado. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Órgano de Control Constitucional se declara legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo de cuenta, toda vez que se estima que los actos reclamados emanan de un ramo diverso al de la especialidad de este Juzgado. En efecto, la fracción I, del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Por su parte el diverso numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente. V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del contenido de los preceptos trascritos, se infiere que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, será competente para conocer de las demandas de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando sea procedente; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Amparo. Por tanto, si dicho acto no fue emitido por una autoridad ministerial Federal o local, ni derivado de una averiguación previa o carpeta de investigación, así como tampoco por una autoridad judicial de orden penal, además, no afecta la libertad personal del justiciable, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este juzgado; sin embargo, se aprecia que se trata de un acto atribuido a una dependencia regulada por normas meramente administrativas; es incuestionable que la suscrita no puede conocer del asunto. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Amparo, en relación con el 51 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del asunto, a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, a quien se ordena remitir la presente demanda de amparo, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este Juzgado, solicitando el acuse de recibo respectivo, al Juez a cuyo favor se declina la competencia en el que se pronuncie dentro del término legal, si acepta o no la competencia planteada. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autorizada a los usuarios señalados por la parte quejosa como: "Madrigal", la consulta del presente asunto, asimismo, como lo solicita, de conformidad con el numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique a la parte quejosa vía electrónica, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. En el entendido que únicamente se notificará por la citada vía digital, aquellas determinaciones que ameriten notificación de carácter personal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro digital: 2026122, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Ténganse por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas citados y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la diversa persona señalada en la demanda, toda vez que de conformidad con el citado arábigo 12, se deberá acreditar que las mismas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho o abogadas, y proporcionar a través de la promoción respectiva, a fin de que este Juzgado verifique si se satisface tal requisito. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las diligencias que surjan en este juicio de amparo, asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Marcela Diez Cerda, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistida del licenciado Arturo Ureña Vizuett, secretario que autoriza y da fe.

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