Marco Antonio Madrigal Ortega
Expediente 771/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2017
Partes del expediente
- Marco Antonio Madrigal Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, toda vez que en el incidente derivado de la presente controversia constitucional se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III, del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. De igual manera, el duplicado del mismo también es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Ahora, toda vez que la parte quejosa adjuntó un documento original a la demanda de amparo (fojas 2 a 5), se le apercibe que de no recogerlo en el término de noventa días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, continuará glosado en el expediente en que se actúa y se procederá a destruirlo con el mismo, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por el agente del Ministerio Público responsable, devuélvasele, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 771/2017, promovido por Marco Antonio Madrigal Ortega, contra omisiones del fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el cinco de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó, por propio derecho, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las omisiones de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de las omisiones reclamadas, formuló el concepto de violación que consideró pertinente, y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se admitió a trámite la demanda bajo el orden 771/2017; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su oportunidad, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción II y VII, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de las abstenciones reclamadas. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de las omisiones reclamadas. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados por el quejoso son los que enseguida se asentarán. I. Del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido C-4: a) La omisión de cumplir lo ordenado en resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa FSP/B/T1/1867/16-06. II. Del fiscal: b) La omisión de hacer cumplir la resolución descrita en el inciso a). III. De ambas autoridades responsables, de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad: c) La abstención de determinar la mencionada indagatoria. TERCERO. En atención a la pluralidad de omisiones reclamadas, en un principio resulta pertinente precisar que con el único propósito de satisfacer los principios de congruencia y exhaustividad en el dictado de las sentencias de amparo, en esta consideración se hará el pronunciamiento relativo a su inexistencia, empero en apartados independientes, en tanto que ineludiblemente llevarán a sobreseer en el juicio. En esas condiciones, no son ciertas las omisiones reclamadas, salvo aquella que se precisará en la siguiente consideración; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento correspondiente a cada una de las abstenciones descritas, haciendo referencia desde luego, a la autoridad a quien se vincula dicho argumento. I. Respecto de las omisiones descritas en los incisos b) y c) de la anterior consideración, que se atribuyeron a la autoridad precisada en el punto II, válidamente se puede concluir que en autos no consta elemento de prueba alguno que permita establecer su certeza. Así, respecto de los citados actos debe tomarse en consideración que cuando se reclama una omisión de actuar y que por tal motivo, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, correspondería a la responsable demostrar su inexistencia, es preciso puntualizar que no se encuentra obligada a lo imposible, de ahí que si niega de manera categórica la abstención cuya inconstitucionalidad se le atribuye, es indudable que le concernía a la parte quejosa probar que la responsable de que se trata, por una parte, había omitido hacer cumplir la resolución descrita, y por otra, abstenido de determinar la averiguación previa mencionada. Ahora, para determinar si se actualiza la abstención en que incurre una autoridad, debe verificarse previamente la existencia de la obligación correlativa conforme lo dispongan las normas legales, de modo que atento a las consideraciones expuestas, en el caso no se configuran las abstenciones atribuidas a la responsable mencionada, en principio, porque de conformidad con los artículos 15 y 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, la intervención del fiscal responsable se limitó a resolver la inconformidad interpuesta contra la autorización de reserva que se propuso en la indagatoria de origen, y por otra, porque no es la autoridad encargada de la integración de la misma, pues en términos del artículo 2° de la citada legislación orgánica, es la institución del Ministerio Público, en su respectivo ámbito de competencia, quien se encarga de la integración y determinación de la indagatoria que tiene bajo su conocimiento, como se aprecia del reglamento mencionado en su artículo 6°. Del contenido de ese precepto y de las constancias del expediente, se advierte que la autoridad responsable de que se trata no se encarga de la integración ni supervisión de la citada averiguación previa, por lo que válidamente se puede concluir que no estaba obligada a actuar en los términos alegados por el promovente de amparo; por tanto, se establece la inexistencia de las omisiones reclamadas que se le atribuyeron. II. En relación con la omisión descrita en el inciso a) de la consideración precedente, que se atribuyó a la autoridad responsable indicada en el punto I, es preciso puntualizar que en congruencia con las consideraciones expuestas en el anterior apartado, en cuanto a la forma en que se pondera una situación para establecer la certeza de un acto omisivo, en el caso, debe subsistir el sentido del informe justificado, en que se negó su existencia. La razón, porque como se advierte de las constancias que integran el anexo remitido por la referida responsable, si bien es cierto que el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete se recibió la indagatoria con motivo de la determinación de nueve del mismo mes, así como esta última, también lo es que el veintiuno siguiente la autoridad ministerial del conocimiento solicitó, en congruencia con lo ordenado por el fiscal responsable, la información relativa a la averiguación previa FAE/D/T1/114/15-09, copia certificada del juicio 445/2015 tramitado en el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de esta ciudad, nombramiento del titular de dicho órgano jurisdiccional, sus antecedentes nominales, e incluso, adelantándose a la recepción de la mencionada copia del expediente descrito, requirió informe a manera de declaración de dicho servidor público señalado. De ahí que válidamente se pueda concluir que previo a la promoción del presente juicio se atendió lo establecido en la resolución descrita, por lo que en el caso a estudio, es claro que no se configura la abstención atribuida a la responsable de referencia. En esas condiciones, debido a la inexistencia de las omisiones reclamadas que se precisaron en los apartados anteriores, y atribuidas a las mencionadas responsables, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierta la abstención señalada en el inciso c) de la segunda consideración de este fallo, que de igual forma se atribuyó a la autoridad identificada en el punto I, no obstante que al rendir su informe de ley la haya negado, pues de su contenido y de la copia certificada que adjuntó, se aprecia que no se ha determinado la indagatoria indicada; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, es innecesario el estudio y transcripción de los conceptos de violación formulados por el promovente del juicio, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Asimismo, se cita el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia, que indica: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". En efecto, la improcedencia de que se trata, estriba en que el acto reclamado no afecta a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, es decir, que el acto reclamado no vulnera los derechos humanos reconocidos, ni las garantías otorgadas para su protección, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues es necesario que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa, o indirecta en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, siendo que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Al respecto, es menester precisar que la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: a) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; b) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; c) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o indirecta en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y d) En tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese contexto, se precisa que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que se reclama no causa agravio jurídico alguno. Así, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Por otra parte, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo (interés jurídico) ni la ausencia de tutela jurídica (interés simple), sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Así, válidamente se podría concluir que la reforma a la fracción I, del artículo 107 constitucional, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, sin embargo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda a dicho medio de control constitucional, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple, entendido este como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por tanto, si la averiguación previa FSP/B/T1/1867/16-06 se inició con motivo de que en el juicio identificado como Díaz Toledano Felipe vs Antonio Armando Bravo Flores, bajo el número de expediente 445/2015 del orden del Juzgado Trigésimo Sexto Civil de esta ciudad -en que se dijo que el quejoso es representante de este último-, se dictó una sentencia contraria a constancias de autos, al haber omitido el titular de dicho órgano jurisdiccional el análisis del dictamen exhibido en materia de grafoscopía, y en consecuencia, condenado a la firma de escritura del predio relacionado con la controversia, es incuestionable que no existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente de este juicio, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que lo legitime para instar esta vía constitucional por propio derecho. Por las razones que la integran, corrobora el sentido de la presente resolución, la jurisprudencia 41/2011, que surgió con motivo de la contradicción de tesis 317/2010 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y que fuera aprobado su rubro y texto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de abril de dos mil once, que dice "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO". No obsta a lo anterior que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito haya emitido la tesis aislada de rubro "DENUNCIANTE DEL DELITO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LO RESUELTO EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA", pues en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prevé lo contrario, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para este juzgado de Distrito, pero más aún, porque una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal, en modo alguno se traduciría en un beneficio personal y determinado para el quejoso, pues no se aprecia afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de referencia, dado que únicamente se invoca un interés simple que por sí no faculta al particular para instar esta vía constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Es ilustrativa al respecto, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1220 del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, que en su rubro dice "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en la tercera y cuarta consideraciones de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Madrigal Ortega, contra los actos reclamados que enseguida se asentarán. I. Del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido C-4: a) La omisión de cumplir lo ordenado en resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la averiguación previa FSP/B/T1/1867/16-06. II. Del fiscal: b) La omisión de hacer cumplir la resolución descrita en el inciso a). III. De ambas autoridades responsables, de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad: c) La abstención de determinar la mencionada indagatoria.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el oficio de cuenta. En atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas a las personas que refiere, y domicilio para recibir notificaciones el que indica. Respecto de su petición en el sentido de que se le "permita el uso de dispositivos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la consulta del expediente", dígasele que en la circular a que hace referencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, informes de ley, resoluciones o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, como lo solicita se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este expediente. En el entendido de que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en proveído de seis de septiembre pasado (fojas 15 y 16) al fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que rinda su informe justificado. En tal virtud, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el treinta de octubre de dos mil diecisiete a las once horas con veinte minutos.
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