Marco Antonio Lozano Moreno
Expediente 1144/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Lozano Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Certificación
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Cúmplase...
- Principal
Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto dictado el pasado veinticinco de mayo del año en curso, en que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
León, Guanajuato, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: Autoridad remite constancia de notificación. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual remite la constancia de notificación realizada al quejoso el veintiséis de abril del año en curso, respecto del auto dictado el dieciocho de abril de dos mil veintidós en la carpeta de ejecución 191/2022 de su índice - en el que se tramitó la petición de traslado del promovente y se le designó a un defensor Público que replanteara su solicitud, pues es necesario que se ofrezcan medios de prueba para ello -. Asimismo, la oficiante informa que en diverso proveído de veintitrés de mayo del año en curso, tuvo a la defensora Pública del quejoso, indicando que le realizó a éste una llamada telefónica con el fin de asesorarlo respecto al traslado voluntario que solicita. Sobreseimiento fuera de audiencia. De donde se sigue que, en el caso, se materializa la causal de inviolabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En principio, se toma en cuenta que el acto reclamado se vincula con el derecho de petición, que está reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De lo trascrito se desprende que los funcionarios y empleados públicos, cuando actúan con imperio, deben respetar el derecho de petición que los obliga a: a) Recibir el escrito mediante el cual se hace valer; y b) Dictar un acuerdo, también por escrito, en el que se dé respuesta, la que deberá hacerse del conocimiento del peticionario en breve tiempo. Conviene destacar que en modo alguno la garantía individual en comento implicará que, necesariamente, la respuesta deba ser favorable. En efecto, la parte quejosa señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda: La omisión del Juez de Ejecución Penal de Guanajuato de tramitar el incidente de solicitud de traslado voluntario. Sin que pase desapercibido que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló a diversa autoridad responsable, a saber, Juez de Ejecución en turno adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato; empero, del informe justificado rendido por dicha autoridad, se advierte que el acto reclamado no es atribuible a la misma, sino al Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, pues dicha autoridad declinó competencia para resolver la petición del quejoso. Bien, de las constancias recibidas se colige que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo que se acredita con las documentales que el juzgado responsable anexó al oficio de cuenta, así como al recibido el diecisiete de mayo del año que transcurre, a saber: Auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictado dentro de la carpeta de ejecución 191/2022 del índice de la responsable, mediante el cual se tramitó la petición de traslado del quejoso y se le nombró a un defensor Público con el fin de que lo asesorar y replanteara su petición, pues para ésta es necesario ofrecer medios de prueba; y, Constancia de notificación practicada al quejoso el veintiséis de abril de dos mil veintidós por el actuario judicial adscrito al Juzgado Único Menor Mixto de Ocampo, Guanajuato, respecto al proveído previamente mencionado. Medios de convicción que son aptos para determinar que si al día de la presentación de la demanda existía el acto reclamado dado que la responsable no se había pronunciado respecto a la solicitud de traslado voluntario del quejoso, como se indicó, cesó su efecto; pues con posterioridad a la presentación de la demanda el Juez de Ejecución Penal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de ese mismo nombre, el dieciocho de abril pasado en la carpeta de ejecución 191/2022 tramitó la petición del promovente del amparo y le nombró un defensor Público que lo asesorara y replanteara su pedimento, pues para ésta es necesario ofrecer medios de convicción. Lo que revela que, a diferencia de como se encontraban las cosas al momento de la presentación de la demanda de amparo en que existía el acto reclamado, a la fecha, su efecto cesó con el dictado de la invocada determinación y notificación de la misma, todo lo cual torna ya improcedente este juicio contra la responsable por ese acto en específico. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al materializarse el motivo de inviabilidad en estudio, se impone sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que cause estado esta determinación, realícense las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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