Marco Antonio López Melendez
Expediente 1955/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio López Melendez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1955/2023. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio López Meléndez, en contra de los actos de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y otra autoridad, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Consulta electrónica Con fundamento en los artículos 34 y 35del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la parte quejosa, para la consulta electrónica del presente juicio de amparo, dado que los usuarios "Vmgutierrez" y "EGNegrete"; se encuentran registrados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de consultar el expediente electrónico en el presente juicio de amparo. Correo electrónico En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, téngase por señalada la cuenta de correo electrónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por estos medios. Medios electrónicos Se le autoriza para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que -en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Analisis del desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura de la demanda, se advierte que el promovente Marco Antonio López Meléndez, reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- La determinación de las autoridades señaladas como responsables, de retenerme y despojarme de la cantidad de $8,984.44 (Son: ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N.), que las responsables ordenaron, por conducto de la Directora de Administración de Personal y Desarrollo Humano de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se aplicara a mi salario para el pago de un crédito que jamás se me ha otorgado. 2.- La determinación inminente de las autoridades señaladas como responsables de retenerme y despojare quincenalmente la cantidad de $8,984.44 (Son: ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N.), que las responsables han determinado en despojarme con el pretexto del pago a crédito a terceros que jamás se me ha otorgado." Por tanto, ateniendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda y de los antecedentes del acto reclamado, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa que la parte quejosa, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el promovente Marco Antonio López Melendez reclama de las autoridades responsables: La retención de la cantidad de $8,984.44 (ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos), por concepto de pago a crédito de terceros, aplicado a su salario de forma quincenal, que percibe como médico general del Hospital Comunitario de Ixtacamactitla, Puebla y su ejecución. Causal de improcedencia En tal virtud, respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional. Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente: 1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido, (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la Ley en cinta) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión, y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo. En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de: Unilateralidad, Obligatoriedad; y, III. Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general. No sobra decir que el citado texto emana de la ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado dos de abril de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se aprecia la discusión efectuada en la Cámara de Senadores el veinte de marzo de dos mil trece, de donde se extrae la siguiente precisión: ".Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." El texto transcrito revela que la redacción del artículo 5° en el fragmento materia de análisis, no es sino la objetivación de la interpretación que al respecto había ya efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; a través de la cual, estableció los elementos esenciales para dilucidar la actualización de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "... sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata. De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal. En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública ..." Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación. Entonces, en consonancia con la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares, empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad; y, que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles. Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad -en estricto sentido- o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes: 1. Relaciones jurídicas de coordinación; y, 2. Relaciones Jurídicas de supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 1999, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". También ilustra el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Sentado lo anterior, cabe señalar que como ya quedó establecido, el promovente de la demanda Marco Antonio López Melendez, reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla la retención de la cantidad de $8,984.44 (ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos), por concepto de pago a crédito de terceros, aplicado a su salario de forma quincenal, que percibe como médico general del Hospital Comunitario de Ixtacamactitla, Puebla, ejecutada por la Directora de Administración de Personal y Desarrollo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Sin embargo, debe decirse que resulta evidente que lo antes citado -acto que se impugna- es consecuencia de un vínculo laboral, es decir un nexo laboral entre el impetrante y la autoridad responsable, en su calidad de patrón, de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia. Se afirma lo anterior, dado que la relación que existe entre el peticionario de amparo y las responsables, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, razón por la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tal virtud, las autoridades a las que le atribuye el acto reclamado actúan en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que, es dable sostener que no les asiste el carácter de autoridades responsables para los efectos del presente juicio amparo. Bajo esas premisas debe destacarse que los conflictos relacionados con la relación laboral de un trabajador al servicio de la federación, Estado o municipios es competencia de un tribunal laboral, para conocer de la demanda y dirimir el conflicto laboral en cuestión, en acato al derecho fundamental establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Bajo este contexto, la retención de la cantidad de $8,984.44 (ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos), por concepto de pago a crédito de terceros, aplicado al salario del quejoso de forma quincenal, que percibe como médico general del Hospital Comunitario de Ixtacamactitla, Puebla, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, sino un acto atribuido a las autoridades responsables, en su carácter de patrón. Desechamiento En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la presente demanda propuesta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, y 113, todos de la Ley de Amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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