Marco Antonio López Lanuza
Expediente 962/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/10/2021
Partes del expediente
- Marco Antonio López Lanuza
- MARCO ANTONIO LÓPEZ LANUZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula Notifíquese.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. I. Por no presentada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días hábiles que se le concedió a la parte quejosa, para que diera cumplimiento con la prevención relacionada a su demanda de amparo, ha concluido, sin que al día de su vencimiento haya dado cumplimiento a dicha prevención. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra inmerso en el proveído de referencia, y en consecuencia, se tiene por no presentada su demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. II. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL, EN ESTA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. I. Por no presentada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días hábiles que se le concedió a la parte quejosa, para que diera cumplimiento con la prevención relacionada a su demanda de amparo, ha concluido, sin que al día de su vencimiento haya dado cumplimiento a dicha prevención. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra inmerso en el proveído de referencia, y en consecuencia, se tiene por no presentada su demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. II. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Querétaro, Querétaro, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por .................., por propio derecho y en favor del menor de edad de iniciales ..........., contra actos del 1) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2) Secretario de Salud del Gobierno de México, 3) Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud del Gobierno de México, 4) Directora General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 5) Consejo de Salubridad General, 6) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, 7) Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, 8) Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 9) Secretario de Salud del Estado de Querétaro, 10) Coordinador de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, 11) Directora de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, 12) Jefa del Departamento de Fomento y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, 13) Subdirectora de Epidemiología de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, 14) Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 15) Coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y 16) Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Querétaro de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrado un menor de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquel, hágase a través de sus iniciales de nombre y apellidos .............., ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 962/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Representante común. Por otra parte, con base en lo que establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a ..............., sin perjuicio de que posteriormente se designe a diverso quejoso como representante común. IV. Prevención. Con fundamento en el artículo 114, fracciones II y III, de la ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, en términos del artículo 110 de la citada Ley, cumpla con la siguiente prevención: PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 108, de la Ley de Amparo, de forma clara y sucinta los antecedentes del acto reclamado, pues es omiso en relatar los mismos. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de Jurisprudencia P./J.127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, que sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Julio de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece en la página 348, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." SEGUNDO. Ahora, como se advierte del escrito de demanda, los comparecientes refieren acudir a solicitar el amparo y protección de la Justifica Federal, en representación del menor de edad de iniciales .............., ello en atención a que es un presupuesto procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, fotocopia simple a color del acta de nacimiento del referido menor, sin embargo, con base en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la misma carece de valor probatorio, por lo que no se puede tener por acreditada la personalidad que ostenta. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3o. J/23, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Novena Época, con número de registro 202550, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, visible en la página 510, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." Así también, sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así también, por idoneidad la tesis con número de registro 356238, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LVIII, página 315, cuyo rubro y texto dice: "MENORES, SU PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El acta de nacimiento de un menor debe regirse por las leyes del lugar donde tuvo verificativo el acto de estado civil que contiene, y si conforme a estas, el que ejerce la patria potestad, es el representante legítimo de los que están bajo de ella, y los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponde aquella, según la ley, es claro que como la patria potestad se ejerce por el padre, sin distinción alguna, dicha acta de nacimiento prueba plenamente que quien representa al menor en un juicio de amparo, es su padre, toda vez que la designación del ascendiente que presenta al nacido, es real, dado que debe hacerse constar en el acta de nacimiento, de conformidad con las disposiciones legales respectivas; en esa virtud, e independientemente de la filiación legítima o natural que en realidad pueda corresponder al menor, está fuera de duda la calidad de padre de quien a su nombre promueve, lo que basta para tener por bien admitida la representación con que aquel promueve el juicio a nombre de su hijo menor." V. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. No ha lugar suspensión de plano. En el caso, del escrito inicial de demanda, específicamente en el apartado de suspensión, la parte quejosa solicita lo siguiente "En base a lo anterior, solicito se conceda la suspensión de plano y de oficio ante el inminente peligro de enfermar de gravedad, de tener consecuencias en su salud que afecten órganos vitales para el caso de un contagio y perder la vida, ante un posible contagio con la variante Delta, y se ordene a las responsables a la brevedad posible la inoculación inmediata a la misma, señalando día lugar y hora en que deberá llevarse a cabo ella, con la vacuna Pfizer, única autorizada por la Comisión antes citada el día 24 de junio de 2021, para el grupo etario que conforma al menor quejoso." Al respecto, este juzgador, considera que el acto reclamado, analizado con elementos que vierte la parte quejosa en su demanda de amparo, y que sirven de preámbulo para fijar un criterio preliminar del asunto, en cuanto a la urgencia que cada caso en particular, se observa que en la presente no se colman las hipótesis para calificar al acto y sus efectos como de los previstos en el artículo 22 Constitucional ni 15 de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que no se actualizan tales hipótesis en el presente asunto, dado que no existe constancia de que, con motivo del acto reclamado, la parte quejosa se encuentra en peligro de privación de su libertad personal, ni está incomunicada, no se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni mucho menos se alegan violaciones a derechos agrarios. Asimismo, tampoco se considera procedente decretar la suspensión de plano conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de lo siguiente, se explica: Este juzgador si bien considera que el acceso a la vacuna en contra del virus SARS-COV-2 para la prevención del COVID-19, está relacionado con el derecho a la salud, previsto en el artículo 4º constitucional, en el caso el acceso a la salud conforme a la "Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-COV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México", no constituye un acto que importe peligro a la privación de la vida. La Organización Mundial de la Salud, ha establecido que por vacuna se entiende: "[.] cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral". La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger al ser humano contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y, fortalecen el sistema inmunitario. Tras la aplicación de la vacuna, el sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando se expone a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. La Organización Mundial de la Salud, estableció las medidas necesarias para mantenerse y mantener a los demás a salvo del COVID-19, las que son: usar de manera correcta mascarilla; guardar distancia al menos un metro de distancia entre personas; evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos; reunirse al aire libre; evitar lugares abarrotaros; abrir ventanas; lavar periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón; evitar tocarse los ojos, la boca y nariz; al toser o estornudar cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo y, limpiar frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. En el caso, el riesgo de contagio que pueda tener el menor quejoso, no justifica que se actualicen los requisitos de la suspensión de plano para ordenar a las autoridades responsables, con la sola presentación de la demanda, le apliquen en forma preferente la vacuna de que se trata, para la prevención del COVID-19. Lo anterior, en virtud de que el riesgo de contagio, por sí mismo no implica que la parte quejosa se encuentre en una situación de riesgo inminente de perdida de la vida o de afectación a su integridad física en los términos previstos para la suspensión de plano, en tanto el riesgo que enfrenta, atiende a particularidades distintas en razón de la mayor o menor exposición que tenga, considerando además, las medidas preventivas que adopte y las necesidades o circunstancias en que deba o no realizar sus actividades. Además de lo anterior, debe tomarse en consideración que la sola exclusión del grupo menores como en el caso constituye el quejoso, en el esquema calendarizado de vacunación que rige en el Estado Mexicano, no pone en riesgo su vida, pues, específicamente tratándose del catálogo de vacunas y dosis que se encuentran disponibles para su aplicación, precisamente va encaminado a colmar la obligación del Estado, para preservar la Salud de los ciudadanos mexicanos; sin embargo, es un hecho notorio para todo habitante, que los insumos, medicamentos de continuidad y preventivos (vacuna) son escasos a nivel mundial, por ende, las organizaciones y secretarias de la salud, han implementado un plan estratégico a fin de aminorar o terminar con el virus denominado COVID-19, comenzando con los que han sido y fueron mayormente afectados, atendiendo a la tasa de mortalidad que comenzó en los adultos mayores, por presentar complicaciones pulmonares y cardiovasculares, o infecciones por patógenos, esto es, los síntomas que se han presentado en adultos mayores, niños y adolescentes, han sido de graves a leve, conforme a la edad que presenta el paciente, además de los patógenos en particular de cada enfermo. Es por ello, que la sola exclusión del régimen de vacunación, está organizado conforme a las necesidades más apremiantes, sin que ello discrimine el derecho a la Salud que tiene todo ser humano con independencia de la edad, y otros factores, sino que por el contrario, en aras de preservar a la sociedad se adoptó un plan de combate que llevaría a terminar con el virus. Además de ello, la mayoría de los estudios realizados por especialistas, giran en torno a la factibilidad de aplicación de vacunas conforme a la edad, pues incluso, existe referencia al respecto en cuanto a que para adultos mayores, la aplicación más factible en cuanto a su eficacia y efectos, es la denominada "Pfizer", derivado de ello, se han realizado estudios en los que según la edad, es el laboratorio y vacuna que corresponde, sin embargo, a la fecha no se cuenta con recomendaciones específicas para menores como en el caso que nos ocupa, puesto que los efectos de las vacunas existentes para su aplicación son de repercusiones adversas de grado leve a grave. Se insiste, la afectación a la salud puede variar según la edad de la persona a vacunar; por ende, toda aplicación, análisis, y autorización debe atender a la cautela de las autoridades sanitarias en protección del derecho a preservar a la salud. Ciertamente, por las particularidades del caso, no es posible asumir que el menor quejoso se encuentra en inminente riesgo de contagiarse del virus COVID-19 y que, por ello, sea factible decidir sobre la suspensión de plano para salvaguardar su salud, integridad física o la vida, pues el hecho de que se aplique o no la vacuna, no necesariamente impide que pueda contagiarse o que se reduzca esa posibilidad. Conforme a lo expuesto, puede concluirse que el menor quejoso no se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que reclama -la omisión de suministrarle la vacuna en contra del virus denominado COVID-19-, no importa, por sí mismo, peligro de privación de la vida, pues el hecho de que a la parte quejosa (grupo de edad al que pertenece) a la fecha no se encuentre en el calendario de vacunación propuesto en el programa respectivo, no necesariamente implica que éste se contagiará, ni mucho menos que, de hacerlo, exista riesgo inminente de perder la vida; por lo que, no es posible considerar que su situación actualiza la hipótesis de concesión de plano de la medida cautelar, consistente en que el acto que reclama "importa peligro de privación a la vida". Por ende, no puede afirmarse que la vida del menor quejoso en el caso se encuentra en peligro o riesgo inminente, para efectos de decidir en el juicio de amparo sobre la suspensión de plano, máxime que no se advierte que a la fecha esté diagnosticado con el virus SAR-COV-2 (COVID-19) y que, en su caso, se le esté negando atención médica, o bien, que padezca alguna enfermedad crónica o que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que provoque una vulnerabilidad más allá del que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años e infantil (menores de edad) derivado de la actual pandemia; en consecuencia, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a efecto de que el Juez tuviera que decidir sobre la suspensión de plano solicitada. En relación con el peligro a la salud que aduce la parte quejosa, es necesario tener en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, determinó en lo que en el estudio atañe, lo siguiente: La atención médica forma parte del derecho a la salud, pues el Pleno de ese Alto Tribunal ha determinado que dicho derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales, dentro de su clasificación, contemplan a la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, por lo que no es posible fijar una regla en relación con la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. No toda omisión por parte de las autoridades de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso, en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas. No desconoció que la atención médica requerida, puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. La procedencia de la suspensión de oficio y de plano, deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que corresponderá a los juzgadores de amparo su concesión, a partir de un juicio valorativo en el que ponderen las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama, encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. En ese contexto, la parte quejosa manifestó que es un hecho notorio el SARS-CoV2 como una enfermedad que ataca a nivel mundial, y que en la actualidad el menor quejoso se encuentra sin poder tener derecho a la vacuna y no existe fecha en la que el sector salud deba aplicarla. Por ende, al no encontrarse en los supuestos e hipótesis para suspender de plano el acto reclamado, lo precedente negar de plano la medida solicitada. Similar criterio al antes expuesto, adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigesimosegundo Circuito, al resolver el recurso de queja ............, que declaró infundado el recurso interpuesto contra el auto que negó la suspensión de oficio y de plano en los autos del juicios de amparo indirecto ............ del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Al contener consideraciones semejantes al aquí relacionado. VII. No ha lugar a designación de representante especial del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), con registro digital 2019198, de rubro "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO)", estableció, entre otras cosas, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales donde se involucren derechos de menores, los juzgadores tienen la obligación de garantizar que en el juicio estén adecuadamente representados sus derechos, al margen del carácter que ostenten dentro de éste; sin embargo, tal cuestión no puede entenderse ilimitada o irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el propio juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor, lo que implicaría realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar un representante especial. Por lo anterior, es pertinente analizar si dadas las particularidades de este asunto resulta necesario nombrar a un representante especial para la menor involucrada, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que sus intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes. En el caso concreto, la parte quejosa (padres del menor de edad), señalan como acto reclamado destacado la falta de vacuna anticovid-19, esto es, la materia de análisis en el presente asunto versará en determinar, esencialmente, si resulta procedente la aplicación de la vacuna, lo que hace evidente que en el caso no se actualice algún riesgo real de que la comparecencia del menor a través de su legítimo representante, pudiera devenir en que éste emplee dicha representación procesal para realizar actuaciones potencialmente contrarias al interés superior de estos, o bien, que sea patente que sus intereses son contrarios a los del propio menor, de ahí que no sea factible nombrar representante especial para la menor aquí involucrada. VIII. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. IX. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. X. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. XI. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como domicilio procesal el que señala en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, a .................., por no contar con el correspondiente registro de su cedula profesional que lo acredite como licenciado en derecho y para oír y recibir notificaciones a ................. por solicitarlo expresamente en su escrito de demanda En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Así también, se le tiene proporcionando un correo electrónico como dato de localización del que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. XII. Consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio, hágase de su conocimiento el artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. En consecuencia, dígasele a la parte quejosa que no es factible acordar de conformidad dicha solicitud, lo anterior, en virtud de que omitió proporcionar algún nombre de usuario y el nombre de la persona autorizada para la consulta que refiere no cuenta con registro en el sistema; no obstante lo anterior, dígasele que queda expedito su derecho para solicitar expresamente la consulta del presente sumario vía electrónica a través del Sistema Electrónico oficial, mediante el usuario que designe para tal caso. XIII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XIV.Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XV. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XVI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. otifíquese y personalmente a la parte quejosa
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