Marco Antonio López Jardines

Expediente 3511/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3511/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio López Jardines
  • MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguense a los autos los oficios que remite de manera electrónica la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del oficio 53740/2019 con el que le fueron remitidos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 3511/2018, los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo, así como los escritos de los medios de impugnación interpuestos; agréguese a los autos y téngasele al oficiante informando lo anterior. Luego, al no existir diligencia pendiente en el cuaderno de antecedentes en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Luego, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual promueve RECURSO DE REVISIÓN y expresa agravios contra la sentencia interlocutoria dictada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el presente incidente de suspensión; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), 84, 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO el aludido medio de impugnación. En tales condiciones, una vez notificadas la totalidad de las partes, remítanse los autos originales del presente juicio, así como el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno para la substanciación del recurso que se hace valer, fórmese el cuaderno de antecedentes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Incidental

    (1) Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 3511/2018, promovido por MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y (2) Resultando 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por el acto que estimó violatorios de las garantías individuales contenidas en los artículos de la Constitución General de la República, el que en este apartado se tiene por reproducido. 2. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Federal el conocimiento de la citada demanda, por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se dio trámite al incidente de suspensión y se fijó fecha para la audiencia incidental la que se verificó el día de hoy en los términos del acta que antecede; y (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 2. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que al rendir sus respectivos informes previos, por conducto de quienes las representan, así lo reconocieron. Siendo aplicable por analogía, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). 3. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar el acto reclamado, para lo cual se toma en cuenta la copia de la demanda de amparo con la que se formó este incidente y el resto de las constancias que lo integran. Del análisis de la demanda se advierte que se reclama: La discusión, aprobación, expedición órdenes de publicación, del Decreto que, por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primer y Segundo Transitorios. De manera enunciativa los artículos 1 a 17, ya que la ley se reclama como sistema normativo; y, Los efectos y consecuencias que deriven de los anteriores actos reclamados. En tanto la suspensión se solicita para los efectos siguientes: "1. No se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente se impida se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 1, 2, fracción II, 3, primer y segundo párrafos, 4, 5, 6, fracciones I, II y III, 12, 13 a 17. 2. No se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, concretamente se impida se apliquen en mi perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 217 Bis y 217 Ter. Lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera económica, personal, laboral, fáctica, familiar, de entorno social e institucional que impera para mi calidad de ciudadano y juzgador federal, con especial referencia: 3. A que se paguen en mi beneficio las remuneraciones nominales y adicionales que percibo actualmente en mi calidad de servidor público federal de carrera judicial, al desempeñar el cargo de Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor del Decreto reclamado, y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en mi perjuicio, que de manera enunciativa más no limitativa consisten: a. Remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, como el seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizada. 4. Se exima de responsabilidad penal o administrativa por el pago que se reciba sobre esos conceptos, tal y como inconstitucional e inconvencionalmente lo disponen las disposiciones que derivan del decreto reclamado". "5. Se vincule al cumplimiento de esta suspensión, a las autoridades que en ejercicio de sus funciones participen en la integración del proyecto del presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, respecto al ejercicio fiscal de 2019 y ejercicios fiscales subsiguientes, a efecto de que mis remuneraciones antes citadas, no sean menoscabadas, reducidas o alteradas en mi perjuicio teniendo como parámetro de referencia cuando menos los montos, conceptos y términos que percibo al amparo del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018. a. De ser el caso se aplique el incremento salarial conforme al porcentaje del índice inflacionario aplicado en mi beneficio para el ejercicio fiscal de 2018, teniendo como referente el incremento que se tuvo en relación con el diverso ejercicio de 2017, lo que también habrá de acontecer para los ejercicios siguientes, en caso de aún estar vigente la suspensión. 6. Se vincule al cumplimiento de esta suspensión, a la Cámara de Diputados a efecto de que apruebe en sus términos el proyecto del citado presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2019 y ejercicios fiscales subsiguientes, a efecto de que mis remuneraciones antes citadas, no sean menoscabadas, reducidas o alteradas en nuestro perjuicio. 7. En caso de imposibilidad material por la cercanía temporal para satisfacer ese procedimiento presupuestario, en términos de la jurisprudencia P./J. 5/2011, del Pleno de la Suprema Corte, aplicada por analogía, se vincule a las autoridades competentes, a instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". "1. Se impidan los efectos y consecuencias de la norma reclamada, esto es, que el parámetro para el cálculo de las remuneraciones para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, de Secretario de Tribunal de Circuito, no sea el salario del Presidente de la República. 2. En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, por lo menos se conserven el conjunto de conceptos que forman el total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores públicos por sus servicios prestados en el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el "Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho", que es un hecho notorio al encontrarse publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de este año. 3. Se impidan la aplicación, efectos y consecuencias de normas que aun y cuando no se hayan reclamado, tengan concordancia y supongan la operatividad de la reclamada. 4. Que la remuneración que percibo en función de mi cargo, no sea vinculada conforme al sistema que señala la norma reclamada, por lo que no podrá eliminarse la prestación ordinaria o extraordinaria alguna que actualmente recibo". En esa tesitura, debe tenerse en cuenta si las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es decir, analizar si se reúnen las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, Constitucional, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Además, conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165659, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Luego, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, previamente a abordar el análisis de la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada, conviene reproducir el contenido de las normas reclamadas. "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: I. El Poder Legislativo Federal; II. El Poder Judicial de la Federación; III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; IV. Los tribunales administrativos de la Federación; V. La Procuraduría General de la República; VI. La Presidencia de la República; VII. Las dependencias federales, y VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal. Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes; V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Capítulo II De la determinación de las remuneraciones Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad. Capítulo III De la presupuestación de las remuneraciones Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: a) Cámara de Senadores; b) Cámara de Diputados; c) Auditoría Superior de la Federación; d) Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Consejo de la Judicatura Federal; f) Banco de México; g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; h) Instituto Federal Electoral; i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación; l) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión. IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores. Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. Capítulo IV De las percepciones por retiro y otras prestaciones Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos. Capítulo V Del control, las responsabilidades y las sanciones Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente. Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley: I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes; II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas; III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias; IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos. Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley". "CÓDIGO PENAL FEDERAL CAPÍTULO V BIS Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos ARTICULO 217 Bis (sic). Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita: I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. ARTICULO 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas: I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años". De las disposiciones transcritas se advierte que la citada legislación es de carácter general, cuyo objeto es regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, sin excepción, así como todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Asimismo, define al servidor público como la persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás área en que se organizan el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; los tribunales administrativos de la Federación, entre otros. Señala que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades; que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. Que en todo caso la remuneración estará sujeta a los principios rectores de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, así como de transparencia y rendición de cuentas. Establece los conceptos que deben considerarse como remuneración o retribución, sus excepciones y aquellos recursos que no forman parte de la remuneración de los servidores públicos. También, precisa las bases que se considerarán para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, como son: No recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las salvedades ahí descritas, así como que la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No cubrir una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Dictaminación de la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a los aspectos ahí precisados. La adición que en dicha norma general se hace al Código Penal Federal, relativa a los artículos 217 Bis y 217 Ter, precisa que además de las responsabilidades administrativa y política, los servidores públicos incurrirán en el delito de remuneración ilícita cuando aprueben o refrenden el pago, suscriban el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la ley; cuando reciban un pago indebido sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. Por la comisión del delito señalado, indica una serie de parámetros que habrán de considerarse para imponer las sanciones que correspondan, las que pueden oscilar entre la imposición de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; y cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del ilícito. Así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. Con tales premisas, se tiene que la naturaleza de los actos reclamados permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos a realizar en el futuro, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; y de hacerlo, los conmina a realizar un reporte que, en caso de omisión, los podría vincular con la comisión de un ilícito. Ahora, como se indicó líneas arriba, para resolver acerca de la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado, es preciso analizar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, la medida debe negarse. Es orientadora, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2009368 (10ª), emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que enseguida se reproduce: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO". De entrada, la parte quejosa acude al juicio de amparo y solicita la suspensión de los actos reclamados, para demostrar que es sujeto de las normas que reclama, argumenta ocupar el puesto de Secretario de Tribunal, con adscripción en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Tercer Circuito, y que los artículos que impugna regulan su remuneración como servidor público, así como implementan un tipo penal al que podría ajustarse en ciertos supuestos. Circunstancias que demuestra mediante la exhibición de las documentales que acompañó a la demanda de amparo, en particular, con las copias certificadas de: Constancia de antigüedad expedida por el Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, de Zapopan, Jalisco. Relación de puestos que ha desempeñado el funcionario, desde su ingreso, expedida por la citada Administración. Constancia de percepciones. Nombramiento que se le otorgó como Secretario de Tribunal, de base, en la adscripción señalada, a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Así como recibos de nómina a nombre de la parte quejosa, que comprenden las quincenas del doce de enero al treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Documentos que se valoran al tenor de los artículos 127, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en su conjunto, se consideran suficientes para acreditar por lo menos de manera indiciaria el interés suspensional que asiste al impetrante del amparo y de la medida suspensiva que ahora nos ocupa. Es así, pues mediante éstas se justifica que la interesada ocupa el puesto de Secretario de Tribunal, en esta ciudad, lo que incide en la sujeción a las normas que impugna. Así pues, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que le causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, toda vez que, desde ese momento se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos del solicitante del amparo, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. De igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Debiendo entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Conviene decir que tales conceptos, para efectos de la suspensión, guardan una estrecha relación puesto que el primero se refiere a disposiciones plasmadas en ordenamientos legales cuyo fin es el de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; en tanto que el segundo alude al hecho, acto o situación que reporte una ventaja, un provecho, la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o mal público. En torno al tema, el numeral 129 de la ley de la materia, no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase se considera, entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Con tales premisas, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone, en lo conducente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos". De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece, que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma. Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial de la Federación, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia. Disposición constitucional que, en lo que atañe, prevé que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Además, en el ámbito internacional también se contempla, basta acudir a la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia (consultable en la página web www.oas.org) cuyo párrafo treinta, dispone que el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general del derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales, por citar alguno, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.1). De igual forma, sustenta que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales. Lo anterior, también se sustenta en la Observación General Número 32, emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con relación al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos puntos 18 y 19, establece que la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna y que el requisito de independencia se refiere, en lo de interés, a la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Que los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Además, para salvaguardar la independencia judicial, la ley deber garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas. De tal manera que la sociedad está interesada en el debido cumplimiento a las normas, que tiendan a proteger la independencia del poder judicial salvaguardada en el numeral 100 de la Carta Magna, como principio garante del derecho de acceso a la justicia, lo cual se mermaría de no acceder a la suspensión solicitada, en la medida en que las normas generales reclamadas instrumentan un procedimiento que, previsiblemente, implicará el menoscabo de los derechos laborales de los servidores públicos que laboran para éste. En otras palabras, de negarse la medida cautelar, constituiría una permisión tácita de un altamente factible atentando contra la independencia del poder judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático. En ese sentido, si la quejosa cuenta con nombramiento de Secretario de Tribunal del Poder Judicial de la Federación y su puesto -atento al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal- tiene como objetivo apoyar en el estudio y resolución de los asuntos que son de su conocimiento, practicar diligencias y dictar providencias de trámites; es inconcuso que el impetrante forma parte de sistema y/o principio constitucional de "Carrera Judicial". Efectivamente, de conformidad con los artículos 105, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el sistema de "Carrera Judicial" se encuentra integrado por Magistrados y Secretarios de Tribunales de Circuito, Jueces y Secretarios de Juzgado de Distrito, Asistentes de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, Asistentes de Constancias y Registro de Juez de control o juez de enjuiciamiento y Actuario; asimismo, por Secretarios Generales y Subsecretarios Generales de Acuerdos de la Sala Superior, Secretarios de Estudio y Cuenta o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior, Secretarios y Subsecretarios de Acuerdos de Sala, Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Funcionarios, cuyo ingreso y promoción se hará mediante el aludido sistema de "Carrera Judicial. Luego, las remuneraciones de los mismos son establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con su presupuesto y mediante disposiciones generales; tomando en cuenta para el escalafón en la carrera judicial el desempeño en el ejercicio de su función, los cursos realizados dentro del Instituto de la Judicatura, la antigüedad, grado académico, arraigo y los demás que el propio Consejo estime necesarios. Por tanto, se puede afirmar que una posible repercusión de las disposiciones reclamadas en la esfera jurídica de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación como integrantes del sistema y/o principio constitucional de "Carrera Judicial", permea sobre la independencia judicial, pues se entiende que el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional se satisface con el actuar de todos aquellos que conforman la institución en cita, dado que cada una de las etapas procesales del juicio hasta el dictado de la sentencia y ejecución de la misma, está a cargo de quienes conforman la carrera judicial; deviniendo en que, de llegarse a causar el perjuicio aducido, ocasionaría inestabilidad de todos aquellos que como integrantes de la carrera judicial, intervienen en la integración de los juicios sometidos a consideración del órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, acto y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar el reporte del mismo. Ahora, es obligación de este Juzgado Federal realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En razón de lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 100 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), se tiene presente que el principio de anualidad dispuesto en el artículo 3 de la ley que se impugna, rector de las remuneraciones de los servidores públicos, permea el derecho a la independencia judicial, principio de rango constitucional establecido en el numera 100 del Pacto Federal. Lo anterior, en la medida en que derivado del principio de anualidad aludido, las remuneraciones de los servidores públicos se sujetan a una revisión o análisis anual para su determinación, por lo que potencialmente pueden variar, sin considerar la protección constitucional a la independencia judicial de mérito; por tanto, la trasgresión al interés social y a las disposiciones de orden público por la actualización de la fracción III, del numeral 129 de la Ley de Amparo, pudiera actualizarse siempre y cuando el ilícito establecido en la ley secundaria, previsiblemente no sea contrario en forma directa al texto constitucional; por ende, no se configura el impedimento referido para la concesión de la medida cautelar solicitada. Sobre el tema de la interpretación conforme se citan las jurisprudencias 2009721 (10ª) y 2010682 (10ª), del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS INTERMEDIAS Y DEFINITIVAS EN EL PROCESO PENAL, AUN CUANDO LA LEY NO LO LEGITIME PARA ELLO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO)". No se inadvierte que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser mandato constitucional realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 100 constitucional, implica un espectro de protección más amplio para el peticionario de amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la ejecución de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa como integrante del sistema y/o principio constitucional de "Carrera Judicial", tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionario público. Al respecto, es de reiterarse, que la impetrante es una persona con relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, dado que ocupa el puesto de Secretario de Tribunal, como se advierte de las documentales descritas en líneas arriba. Funcionarios, que como integrantes del Poder Judicial de la Federación, conforman una sola institución, la cual tiene como función primordial brindar el servicio de impartición en la colectividad, de ahí que es interés público conservar dicho sistema de carrera judicial conforma al cual se lleva a cabo el nombramiento, promoción, ratificación y remoción de los funcionarios de la judicatura. Lo anterior, con fundamento en las razones que informa, las tesis P. XXXIV/2000, P. II/2001 y P. XXXII/2010 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números de registro 192147, 189971 y 164705, de rubros: "RATIFICACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", "DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. PUEDE HACERSE VÁLIDAMENTE MEDIANTE CONCURSOS DISTINTOS A LOS DE OPOSICIÓN, EN CASOS EXCEPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA JUDICIAL" y "RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL". Por tanto, las decisiones que en aras de fomentar la prevalencia y estabilidad de la carrera judicial lleve a cabo su interior la institución del Poder Judicial de la Federación, no debe ser sometida a escrutinio de algún otro Poder, salvo en los supuestos expresamente señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, en todo caso, se confieren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, con fundamento en las razones que informa la tesis P. XXII/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 167561, de rubro: "CARRERA JUDICIAL. LAS DECISIONES QUE AL RESPECTO TOME EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SÓLO PUEDEN SER OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE PREVÉ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO". Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de paralización de las normas, pues el sueldo del Presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminado a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del Titular del Ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, la quejosa ocupa el puesto de Secretario de Tribunal, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrito, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como se enseguida expone. En este aspecto, mediante la suspensión del acto que se reclama, se evita la posible afectación de los derechos de la parte quejosa, ya que en tanto se emite la resolución de fondo, la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación puede encontrarse menoscabada. Lo que acontece en el caso, puesto que del análisis prima facie que se realiza de las disposiciones tildadas de inconstitucionales; en un examen de mera aproximación, se advierte que no se tiene en cuenta el contenido del artículo 100 constitucional, que salvaguarda la independencia del Poder Judicial de la Federación, dado que la fracción I del artículo 3 de la ley reclamada, establece como principio rector de las remuneraciones de los servidores públicos la anualidad, consistente en tal remuneración se determinará para cada ejercicio fiscal, lo que genera, de facto, la real posibilidad de que año con año, el Poder Legislativo varíe la remuneración de los servidores públicos, ocasionando así el desconocimiento de la protección constitucional a las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial, así como a la independencia judicial. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice ab initio (de inicio) la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. Los criterios indicados se contienen en las tesis de contenido: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA. ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS PENALES NO PUEDEN RESTRINGIR EL GOCE DEL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO". Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación puede resultar menoscabada. Luego, si el peticionario de amparo acredita con las documentales exhibidas, que ocupa el cargo de Secretario de Tribunal, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia y autonomía judicial. Así las cosas, en apariencia del buen derecho que le asiste, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen las normas generales que combate, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones de ejercicios fiscales subsecuentes, relativas al puesto que ocupa de Secretario de Tribunal, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio del impetrante las remuneraciones que actualmente percibe, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del Decreto reclamado; y que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrá ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el expediente principal del cual deriva la presente incidencia. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". En el entendido de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentra vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Por otro lado, SE NIEGA a MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las autoridades responsables apliquen en el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve el incremento salarial conforme al porcentaje del índice inflacionario aplicado en su beneficio para el vigente, teniendo como referente el incremento que se tuvo en relación con el diverso ejercicio de dos mil diecisiete, así como para los siguientes, en caso de aún estar vigente la suspensión. En la medida que lo pretendido son efectos constitutivos de derechos con los que el impetrante no contaba al momento de plantear la demanda de amparo, en contravención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de la materia. (4) Puntos resolutivos Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. Se CONCEDE a MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, la suspensión definitiva en los términos expuestos en el considerando 3 de la presente resolución interlocutoria. 2. Se NIEGA a MARCO ANTONIO LÓPEZ JARDINES, la suspensión definitiva en los términos expuestos en la última parte del considerando 3 de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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