Marco Antonio Lopez Fuentes
Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marco Antonio Lopez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".[1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, deberá: 1.Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de juicio oral JO/060/2021, en la que declaró la nulidad total del juicio, por considerar que existía imposibilidad jurídica y material para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, así como la orden emitida a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que designara nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conociera del auto de apertura a juicio oral de cinco de junio de dos mil veintiuno. En el entendido que de no contar con los registros del juicio oral -carpeta correspondiente-, por virtud de haber ordenado remitirlos a diverso tribunal de enjuiciamiento -como consecuencia de la nulidad de la totalidad del juicio decretada-, los requiera para que le sean allegados. 2. A efecto de dar cumplimiento a la presente sentencia, e integrar debidamente el Tribunal de Enjuiciamiento, la juzgadora responsable deberá solicitar a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, o a la autoridad que resulte competente para ello, la designación de los dos jueces restantes que puedan integrar debidamente dicho tribunal. Con la precisión de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la presente sentencia, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo . 3. Hecho lo cual, cite a las partes intervinientes en el juicio, a efecto de que en cumplimiento a la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación penal 72/2022-12-OP del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lleve a cabo el desahogo de la audiencia de individualización de la sanción respectiva y determine aquella sanción que deberá imponerse al sentenciado, conforme al procedimiento aplicable. El [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Avilés, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López: 4. Dentro del ámbito de sus atribuciones, realice todos aquellos actos tendientes al cumplimiento de la presente sentencia." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito firmado electrónicamente, por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se declare que la sentencia de amparo dictada en autos ha causado ejecutoria. En atención a lo solicitado, dígasele a la promoverte que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, como se advierte de la segunda certificación de cuenta, aún se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, por lo anterior una vez que ello acontezca, de oficio, se hará el pronunciamiento respectivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 635/2023 y su acumulado 636/2023 Quejosos: Marco Antonio López Fuentes y D.D.L.G. Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 635/2023 y su acumulado 636/2023. R E S U L T A N D O Presentación de las demandas de amparo. Por escritos presentados el once de mayo de dos mil veintitrés, ambos mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibidos el doce de mayo siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Marco Antonio López Fuentes, así como D.D.L.G., ambos por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra [1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, y el quejoso citado en segundo lugar, además señaló como autoridad responsable ejecutora al [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Avilés, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López -al cual se ordenó remitir la causa penal de origen con motivo de la nulidad total del juicio decretada por la jueza responsable-, por los actos reclamados siguientes: EN EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL 635/2023: IV. EL ACTO RECLAMADO. La resolución dictada el 19 de abril del 2023, dentro de la causa penal JO/60/2021 EN EL QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DETERMINÓ ORDENAR LA NULIDAD TOTAL DEL JUICIO ORAL RELATIVO. EN EL JUICIO DE AMPARO ACUMULADO 636/2023: IV. ACTO RECLAMADO. La resolución de fecha diecinueve de abril del año dos mil veintitrés, en la que la Jueza de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento, del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, determinó declarar la nulidad de todo el juicio JO/060/2021 y reponer en su totalidad el mismo, para que otro Tribunal de Enjuciamiento, desahogue los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio y dicte la sentencia correspondiente." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de las demandas, acumulación y trámite del juicio. Por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 635/2023, este juzgado ordenó la acumulación del amparo 636/2023 a dicho juicio, por economía procesal y a efecto de no dictar sentencias contradictorias, toda vez que advirtió que en ambos juicios se señaló como acto reclamado la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal JO/060/2021, por la Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, es decir, se reclamaba el mismo acto respecto de las mismas autoridades responsables, por lo que se colmaban los extremos previstos en los artículos 66 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Asimismo, admitió a trámite las demandas de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Regina Gabriela Catalán Camacho, Agente de Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que realizaran manifestación al respecto; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante oficios recibidos el dieciocho de mayo y cinco de junio, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, se emplazó al juicio de amparo a la tercera interesada Regina Gabriela Catalán Camacho, Agente de Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual no compareció a juicio ni formuló alegatos; y, mediante acuerdo de dos de junio siguiente, este juzgado precisó que no había lugar a llamar con el carácter de tercero interesado, a la víctima en la causa penal de origen D.D.L.G., toda vez que le asistía el carácter de parte quejosa en el juicio, siendo que éste último, a través del escrito recibido el veinte de junio de dos mil veintitrés, formuló alegatos. El diez de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades judiciales con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal y en el que deban tener ejecución dichos actos. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos. La resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de juicio oral JO/060/2021, en la que declaró la nulidad total del juicio, por considerar que existía imposibilidad jurídica y material para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen; y, en consecuencia, ordenó girar oficio a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que designara un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conociera del auto de apertura a juicio oral y diera cumplimiento a la sentencia de apelación del toca penal 72/2022-12-OP del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos -que ordenó el desahogo de la audiencia de individualización de sanción en el juicio oral de origen-. [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Aviles, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López. b) La ejecución de dicha resolución de diecinueve abril de dos mil veintitrés -por virtud de la orden emitida a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que designara un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conociera del auto de apertura a juicio oral y diera cumplimiento a la sentencia de apelación de referencia-. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, y [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado. En ese sentido, el [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Aviles, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López, por conducto de la Jueza Presidenta, aceptó la existencia del acto de ejecución que se le reclama, toda vez que en su informe justificado señaló, que recibieron de la Administradora de las Salas de los Juzgados Especializados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, el auto de apertura a juicio oral de cinco de junio de dos mil veintiuno, atendiendo a que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se decretó la nulidad total del juicio oral JO/060/2021, el cual radicaron el doce de mayo siguiente y fijaron día y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente, misma que dejaron sin efectos, por virtud de la suspensión concedida en el presente juicio de amparo. Además, ambas autoridades responsables remitieron [a] copias certificadas de la carpeta de juicio oral JO/060/2021 de su índice, y la jueza responsable exhibió [b] dos medios electrónicos consistentes en los discos versátiles digitales en los que obra copia certificada de los registros de audio y video de las audiencias públicas llevadas a cabo en el juicio oral de origen, entre ellas, la celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en este juicio, sin que se inadvierta que dichos discos tienen valor de documentales públicas. En esas condiciones, a las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente pues los aquí quejosos, acorde al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron notificados de la resolución reclamada en la misma fecha en que fue dictada, esto es, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés; notificación que, conforme al artículo 82 del citado ordenamiento legal, surtió efectos el día hábil siguiente al en que fue practicada y en ese mismo día empezó a contar el plazo, en términos del artículo 94 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el veinte de abril siguiente. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para ambos quejosos del veinte de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés, descontando el veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis y siete de mayo del año citado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si ambas demandas de amparo de los quejosos Marco Antonio López Fuentes y D.D.L.G., fueron presentadas el once de mayo de dos mil veintitrés, decimocuarto día del plazo, respectivamente, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, no se hizo valer alguna de ellas, y de oficio no se advierte su actualización, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones, que en lo esencial integran la carpeta de juicio oral JO/060/2021, así como de las constancias de audio y video que fueron remitidas por las autoridades responsables al presente juicio de amparo, en la forma siguiente: 1. El cinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 5 a 20 del anexo I), la Jueza Especializada de Control, adscrita al Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Morelos, dictó auto de apertura a juicio oral, dentro del expediente JC/831/2020, que se instruyó en contra de Marco Antonio López Fuentes, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 107, 108, 126, fracciones I y III, relacionados con los numerales 16 y 67, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de D.D.L.G. Entre los hechos en que se sustentó dicho auto de apertura a juicio, se tiene, en esencia, que el dos de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las veinte treinta horas, la víctima D.D.L.G., se encontraba en el interior del domicilio ubicado en calle Eucaliptos número setenta y uno, colonia Lomas del Miraval, Cuernavaca, recogiendo algunos objetos personales, encontrándose en compañía de su padre Marco Antonio López Fuentes, y estando en el penúltimo cuarto de dicho domicilio, el padre de la víctima le pide que le ayude a cargar unos bancos y le alcanzara unos cables que se encontraban en el cuarto, al momento en que la víctima se voltea para hacer lo solicitado y estando de espaldas al acusado, éste aprovecha y le arroja a la víctima un líquido flamable en el cuerpo, por la espalda y le prende fuego con un cerillo, para enseguida el acusado salir corriendo de la habitación y cerrar la puerta; no obstante, la víctima logra salir de la habitación siendo auxiliado por una enfermera que se encontraba en el domicilio -cuidando al tío de la víctima que se encontraba enfermo-, hechos con los cuales la víctima sufrió quemaduras de segundo grado superficiales y profundas en la región de espalda y tórax, además de extremidades superiores, manos y región facial, afectando ojo izquierdo y nuca, con quemadura que abarca oreja izquierda, base del cuello y tráquea central, reportándose en su momento muy grave con quemaduras por combustión química de segundo grado con lesiones en el cuarenta y ocho por ciento de la superficie corporal. Asimismo, se precisó que tales hechos tuvieron lugar derivado de que el veintiséis de junio de dos mil veinte, el acusado agredió físicamente a su hijo -víctima-, por haber apoyado a su madre Laura Ruth García Fuentes a salir del domicilio conyugal, ya que sufría violencia familiar por parte del acusado Marco Antonio López Fuentes. 2. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 21 a 23 del anexo I), el Juez de Primera Instancia en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, indicó que el dieciséis del mismo mes y año, se había recibido un oficio signado por el Administrador de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual asignó a los integrantes del tribunal de enjuiciamiento para dicho asunto, y remitió el auto de apertura del juicio en mención, dejando a disposición de dicho tribunal al acusado, quien se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde el veintiséis de julio de dos mil veinte, por lo que se radicó tal asunto con el número JO/060/2021, y se señalaron las doce horas del trece de julio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de debate y juicio oral. 3. Una vez llevada a cabo la audiencia de juicio oral y desahogada la secuela procesal de éste, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno (foja 151 del anexo I), la defensa desistió de la presentación del testigo cuyo testimonio estaba pendiente de desahogar, y se convocó para que el veintiséis de noviembre siguiente, las partes expusieran sus alegatos, lo cual se llevó a cabo hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno -por virtud de que la Jueza Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, Gloria Angélica Jaimes Salgado, se encontraba de comisión en la data señalada para tal audiencia, esto es, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno-, por tanto, en dicha audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno citada, se recibieron los alegatos de clausura de las partes, y se dictó el fallo correspondiente (foja 163 del anexo I). 4. El quince de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 169 del anexo I), se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se modificó la medida cautelar de prisión preventiva al sentenciado Marco Antonio López Fuentes, y se le impusieron las previstas en las fracciones I, V, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la firma periódica cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos, la prohibición de salir sin autorización del país, no acercarse a la víctima ni a sus familiares y no acercarse al domicilio de la víctima ni a sus familiares. 5. El doce de enero de dos mil veintidós (fojas 197 a 281 del anexo I), se le explicó al sentenciado Marco Antonio López Fuentes la sentencia dictada en su contra, en la que se determinó que no se encontraba acreditado el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, y tácitamente se reclasificó, al considerar acreditado el delito de lesiones calificadas, contenido en los artículos 121, fracción VI, 123 y 126, fracción IV, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en perjuicio de D.D.L.G., por lo que le impuso al sentenciado una pena privativa de libertad de tres años, tres meses de prisión. 6. Inconforme con esa determinación el sentenciado, la víctima y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos, Zona Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado, respectivamente, interpusieron recurso de apelación. 7. Medios de impugnación que se admitieron con el número de toca penal 72/2022-12-OP, radicado ante la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 451 a 493 del anexo I), emitió sentencia en la que consideró que de una revisión oficiosa del procedimiento, en el juicio oral de origen no se respetaron los principios de continuidad e inmediación, toda vez que hubo aplazamientos, los cuales consideró prolongados de forma injustificada, lo que argumentó traía consigo la fragmentación del procedimiento y que los jueces naturales percibieran de manera incorrecta los medios de prueba, corrompiendo las reglas del debido proceso y los principios rectores aplicables (antes señalados de continuidad e inmediación). Además, agregó que conforme a los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben considerarse interrumpidos los procedimientos que no se reanudan a más tardar en el undécimo día después de su suspensión, sin contar los días inhábiles, y que los aplazamientos considerados por la Alzada, excedían esa temporalidad, por lo que, revocó la sentencia impugnada y declaró nulo todo lo actuado en la etapa de juicio oral, además, ordenó reponer dicha etapa del procedimiento con fundamento en los numerales 482, fracciones I y V, y 483 de la codificación precitada. 8. Inconforme con esa determinación el también aquí quejoso Marco Antonio López Fuentes, presentó demanda de amparo, la cual fue radicada con el número de expediente 1067/2022, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, que en sentencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala de apelación responsable realizara lo siguiente: a) Dejara sin efectos la sentencia de apelación reclamada. b) Posteriormente a que indagara con el tribunal de enjuiciamiento respecto a si existía o no soporte escrito o digital que indicara los motivos del diferimiento de las audiencias que se especificaron en la propia sentencia de amparo -las que se consideraron por la Sala responsable aplazadas injustificadamente-, con plenitud de jurisdicción emitiera otra determinación en la que tomando en consideración lo expuesto en la sentencia, determinara si resultaba procedente o no declarar la nulidad de lo actuado en el juicio oral, y por ende la reposición del procedimiento. Ello, considerando las constancias que obraran en autos, el contexto sanitario por virtud de la pandemia por covid-19, las restricciones plasmadas en el artículo 482 y demás relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su caso -de existir soporte documental en que se indicaran las causas de los diferimientos-, los motivos de suspensión de las audiencias señaladas, además conforme a los hechos evidenciados en el juicio de amparo -los cuales podrían denotar un contexto de desigualdad estructural originado por relaciones asimétricas de poder sustentadas por razón de género-, determinara si era necesario un análisis con perspectiva de género, y en ese caso, considerara la ponderación del derecho fundamental de defensa adecuada y el diverso de no revictimización de las personas afectadas por dicho contexto. c) En caso de que no existiera impedimento legal para realizar el estudio de fondo, dictara la respectiva resolución en que se pronunciara respecto de los recursos de apelación del toca penal 72/2022-12-OP de su índice. 9. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes señalada, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (fojas 565 a 657 del anexo I), la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitió la sentencia de apelación del toca penal 72/2022-12-OP, en la que en esencia consideró lo siguiente: I) que los vicios procesales advertidos -relativos a los aplazamientos de la audiencias señaladas en la sentencia-, no resultaban suficientes para reponer el proceso penal, como se había determinado en la sentencia anterior, toda vez que constituían una cuestión procesal que no impactó en los derechos de las partes ni trascendió al resultado de la sentencia de origen impugnada. II) Que se vulneró el derecho y principio de legalidad de la víctima y de la representación social, así como el derecho del sentenciado al reclasificar la conducta por la que la Fiscalía acusó al sentenciado, por una que no fue motivo de tal acusación, pues ésta no fue solicitada por la Fiscalía sino que el tribunal lo realizó motu proprio -y en la etapa de juicio oral solamente podía ser solicitada por dicha fiscalía-, lo que además implicó para el sentenciado que no tuviera oportunidad de ofrecer pruebas para defenderse del delito de lesiones calificadas -por el que se reclasificó-. III) En consecuencia, modificó la sentencia condenatoria de doce de enero de dos mil veintidós materia de apelación, por lo que dejó sin efectos la reclasificación jurídica del delito que realizó el Tribunal de Enjuiciamiento. IV) Tuvo por acreditado el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de la víctima D.D.L.G., así como acreditada la plena responsabilidad penal de Marco Antonio López Fuentes, respecto de dicho delito. V) En cumplimiento a la jurisprudencia con registro digital 2024731, ordenó enviar los registros del asunto al Tribunal de Enjuiciamiento que conoció del mismo, para que citara a la audiencia de individualización de la sanción respectiva y ahí determinara la sanción que se habrá de imponer al sentenciado, en términos del procedimiento aplicable. VI) Señaló que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá considerar el alto grado de aproximación al homicidio al que llegó el sentenciado con respecto a la consumación de ese delito, a partir de los testimonios que acrediten que la víctima estuvo cerca de perder la vida, esto conforme a lo que dispone el artículo 67 del Código Penal para el Estado de Morelos. En consecuencia resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que se modificaba la sentencia definitiva de doce de enero de dos mil veintidós. Que se acreditó plenamente el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de D.D.L.G. Que Marco Antonio López Fuentes, es penalmente responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de la citada víctima, como autor material a título doloso. Requirió al Tribunal de Enjuiciamiento que conoció del juicio cuya sentencia se impugnó, para que procediera conforme a los efectos precisados en esa sentencia. 10. Una vez que se tuvo por cumplida la ejecutoria del amparo 1067/2022, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la sentencia de apelación antes señalada, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia ordenada por el tribunal de alzada para llevar a cabo la individualización de la sanción, en la cual [1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, determinó lo siguiente: a) Que existía imposibilidad jurídica y material para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, toda vez que el Juez que fungió como Presidente, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, causó baja del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por renuncia y respecto a la Jueza Tercero integrante María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, el Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, mediante oficio LJGO/JUNTA ADMON/1377/2023 de tres de marzo de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento de la juzgadora responsable que dicha servidora pública se encontraba suspendida en sus funciones jurisdiccionales, derivado de la sesión extraordinaria de trece de enero del año en curso. b) Que no se podía pasar por alto que la sentencia que emitió el tribunal de alzada tenía la posibilidad de ser impugnada en amparo en el término de ocho años, por lo que dicha sentencia al no haber sido aún impugnada no estaba firme, por ello no resultaba ejecutable y, debido a que se tuvo por cumplida la sentencia del amparo indirecto 1067/2022, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, surtía efectos únicamente para la continuidad del asunto, pero en su momento, éste fue resuelto por un tribunal de enjuiciamiento que ya no se encontraba integrado. c) En consecuencia, decretó la nulidad en su totalidad del juicio oral JO/60/2021, por no haber condiciones para cumplir con los principios rectores de inmediación y contradicción establecidos en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, ante la imposibilidad legal y material de integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen; por tanto, ordenó girar oficio a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que de inmediato procediera a designar nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conozca del auto de apertura a juicio oral de cinco de junio de dos mil veintiuno. La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. VIII. Estudio de los conceptos de violación expuestos por los quejosos en el juicio principal y acumulado. Previo a abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos, se destaca que, los aquí quejosos fueron asistidos de una defensa técnica previo al dictado de la resolución reclamada, como se advierte de la copia del audio y video de la audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés -acto reclamado-. En ésta compareció la víctima D.D.L.G. -aquí quejoso-, asistido de su asesor jurídico José Alejandro Bucio Antele, quien se identificó con cédula profesional 4427523 así como Marco Antonio López Fuentes, asistido de su defensa particular Leonel Díaz Grajales, quien se identificó en el procedimiento con cédula profesional 08708792, ambas expedidas por la Dirección General de Profesiones Dependiente de la Secretaría de Educación Pública y de las cuales obra copia certificada en autos, toda vez que fueron remitidas por la juzgadora responsable al presente juicio, por lo que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, es necesario precisar que el estudio de los conceptos de violación expuestos por los quejosos se abordará en forma conjunta, toda vez que como se especificará en párrafos siguientes, ambos son coincidentes en establecer que se vulneran sus derechos, esencialmente porque la juzgadora responsable declaró la nulidad de la totalidad del juicio oral JO/60/2021, bajo el argumento de que existía imposibilidad jurídica y material para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, por virtud de que el Juez que fungió como Presidente, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, causó baja del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por renuncia, y respecto a la Jueza Tercero integrante María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, el Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, mediante oficio LJGO/JUNTA ADMON/1377/2023 de tres de marzo de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento de la juzgadora responsable que dicha servidora pública se encontraba suspendida en sus funciones jurisdiccionales, derivado de la sesión extraordinaria de trece de enero del año en curso. Por lo que resolvió la juzgadora responsable que no había condiciones para cumplir con los principios de inmediación y contradicción, establecidos en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, ante dicha imposibilidad legal y material de integrar el Tribunal de enjuiciamiento de origen; y, en consecuencia, ordenó girar oficio a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que designara un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conociera del auto de apertura a juicio oral y diera cumplimiento a la sentencia de apelación del toca penal 72/2022-12-OP del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos -que ordenó el desahogo de la audiencia de individualización de sanción en el juicio oral de origen-. Ello, toda vez que de la demanda de amparo del juicio principal 635/2023, presentada por Marco Antonio López Fuentes, se desprende que en el único concepto de violación señala que la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitida por la autoridad responsable, vulnera en su perjuicio los principios de tutela legal efectiva, certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al declarar nulo todo lo actuado en el juicio oral JO/60/2021 por no estar constituido el tribunal de enjuiciamiento que lo desahogó previamente. Lo cual, aduce que no es imputable al aquí quejoso, pues las destituciones y suspensiones invocadas por la autoridad responsable son circunstancias administrativas que no tienen relación con el fondo del juicio oral ni mucho menos ocasionadas por alguna de las partes, por lo que no se encuentran en las hipótesis para hacer valer recurso alguno según el código procesal penal aplicable. De ahí que refiere, es una situación sui generis y se está ante una laguna legal, pues las condiciones que sustentan la determinación de la autoridad responsable no están contempladas con el código adjetivo penal, razón por la que incluso, en la audiencia en la que se dictó la determinación reclamada, se invocó en sentido favorable la irretroactividad de la ley, atendiendo a que se considera aplicable lo relativo al artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el tribunal de alzada es el que decidirá sobre la reposición parcial o total del juicio y no la autoridad responsable, que fue en el particular la que nulificó el juicio. Por su parte, la víctima D.D.L.G. -aquí quejoso-, en el primer concepto de violación señala que en la resolución reclamada, la autoridad responsable indebidamente y con una absoluta falta de fundamentación y motivación, ordenó declarar la nulidad de todo el juicio JO/060/2021, y reponerlo en su totalidad para que otro tribunal de enjuiciamiento desahogue los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio y dicte sentencia, debido a que dos de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que presenciaron y llevaron a cabo el desahogo de todas y cada una de las pruebas que desfilaron en la audiencia de juicio, uno fue suspendido y el otro causó baja voluntaria, por lo que existía un impedimento legal para que la juzgadora responsable emitiera la individualización de la sanción ordenada por el tribunal de alzada, pues de hacerlo rompería el principio de inmediación. Además, refirió la víctima -aquí quejosa-, que erróneamente en la resolución reclamada, la jueza responsable refirió que la sentencia de apelación no había sido recurrida mediante amparo, por lo que en primer término no se sabía el quantum de la pena impuesta, cuando lo que se le ordenó por el tribunal de alzada fue única y exclusivamente señalar la audiencia para la individualización de la sanción, es decir, previa sentencia que declaró penalmente responsable a Marco Antonio López Fuentes del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en contra de la víctima quejosa, sin que la juzgadora responsable pudiera desacatar la resolución emitida por la alzada, pues en lo relativo a la existencia del delito y la responsabilidad penal, ya adquirió firmeza y el carácter de cosa juzgada, máxime que el principio de inmediación no puede ser vulnerado por los argumentos expuestos por la autoridad responsable. Lo anterior, señala el quejoso, porque si bien de los jueces que integraron en su momento el tribunal de enjuiciamiento que conoció de la totalidad del juicio, uno fue suspendido y otro causó baja voluntaria, bien se pudo acudir ante el Consejo de la Judicatura del Estado a efecto de que designaran dos diversos, en la audiencia de individualización de la sanción, que emitieran el quantum de la pena a imponer, pues la inmediación se lleva a cabo ante el juez como institución y no como persona física, ya que de haber designado a diversos jueces, éstos bien pudieron apoyarse en la observación de los discos que contienen las videograbaciones de las audiencias en que se registró el desahogo probatorio y con ello dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, sin que se violentara dicho principio de inmediación. El argumento anterior, la víctima quejosa lo sustentó en el criterio emitido por el Pleno sin Especialización del Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl, en la contradicción de tesis con registro digital 2017683, de rubro: INMEDIACIÓN. LA SENTENCIA QUE TOMA EN CUENTA PRUEBAS PERSONALES DESAHOGADAS POR UN JUEZ DISTINTO EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL VIOLA AQUÉL PRINCIPIO, SIN EMBARGO, ESA VIOLACIÓN NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, POR TANTO, ES INNECESARIO ORDENAR LA RESPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Además, refiere el quejoso, la autoridad responsable no ponderó adecuadamente la vulneración al principio de inmediación y no revictimización, asociados al derecho humano a una justicia pronta y expedita, pues todas y cada una de las pruebas fueron analizadas por el tribunal de alzada concluyendo con la sentencia que declaró penalmente responsable a Marco Antonio López Fuentes del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 107, 108, 126, fracciones I y III, relacionados con los numerales 16 y 67, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima -aquí quejosa-, y que solamente era cuestión de individualizar la sanción a imponer. Es decir, aduce el impetrante de amparo, establecer los años de prisión, sin que la autoridad responsable justificara la reposición del juicio y volver a repetir el desahogo de pruebas que ya habían sido valoradas por el tribunal de mayor jerarquía para tener por acreditada la responsabilidad penal, pues es evidente que para el quejoso -víctima del delito-, es más gravoso el retardo en la obtención de la sentencia, que insistió, ya fue dictada por el tribunal de apelación, e incluso atenta contra su derecho a que se le repare el daño. Lo anterior, porque refiere el quejoso que no se consideraron las repercusiones de lo determinado por la autoridad responsable, pues implica la repetición de la totalidad del juicio, volver a citar a cada uno de los órganos de prueba, con el riesgo eminente de que alguno de ellos ya no pueda acudir por segunda ocasión, incluidos los testigos y otros órganos de prueba de cargo, así como que el aquí quejoso -víctima-, tenga que volver a acudir y se pueda dar su revictimización pasando nuevamente por la situación traumática de confrontar a su agresor, que además, la fiscalía se dio a la tarea de probar el hecho, lo que ante una reposición podría darse el caso de que no vuelva a ocurrir en esos términos, así como que el desahogo de los peritos y testigos ya no pueda valorarse de forma espontánea, todo ello en detrimento del derecho previsto en el artículo 17 constitucional, a sus derechos fundamentales y el principio pro persona. Ahora bien, en el segundo concepto de violación, la víctima -aquí quejosa-, señala que la resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada, toda vez que la jueza responsable precisó que la ausencia de dos jueces que participaron en el dictado de la sentencia del juicio, vulnera el principio de contradicción, porque si bien la audiencia de individualización de sanciones se inicia con el alegato de apertura de las partes y aquellas pruebas que tuvieran para acreditar la reparación del daño, también es cierto que esa circunstancia ya fue resuelta en la audiencia respectiva, en donde el tribunal determinó reclasificar el delito y condenó a la reparación del daño, por tanto, no se vulneraría ni el principio de inmediación ni el de contradicción, pues incluso en este aspecto opera a favor del quejoso el principio de non reformatio in peius, pues tiene derecho a la reparación del daño derivado de la comisión de un delito, en términos de lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 109, fracción XXIV, 131, fracciones V y XXII, 206, párrafo último y 406, párrafos quinto y sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se desprende que prevalece la naturaleza de pena pública y su quantum sigue sin ser parte de la sentencia condenatoria, sino más bien es una consecuencia de aquélla, de modo que la prueba producida en la audiencia de juicio no permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios ocasionados al pasivo con la conducta criminal, de ahí que es legal que se imponga dicha condena aunque el monto correspondiente podrá determinarse en ejecución de sentencia. Son esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por ambos quejosos, en suplencia de la queja a su favor, en términos de lo dispuesto en la fracción III, incisos a) y b), del artículo 79 de la Ley de Amparo, respectivamente, sin que se contraponga dicha suplencia en contra de alguno de los quejosos, pues como se advierte de los conceptos de violación expuestos, ambos son coincidentes en expresar que les causa perjuicio que la juzgadora responsable nulificara la totalidad del juicio oral de origen. Al respecto, se tiene que los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de dicha persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Asimismo, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por ello, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorgan al particular dentro del orden Constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que solo puede actuar si la ley le faculta para ello. De igual forma, toda resolución debe cumplir con el principio de congruencia, que consiste en desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio realizado y lo determinado; asimismo, tal estudio debe ser exhaustivo, lo cual impone a las autoridades la obligación de analizar en su integridad el problema y decidir sobre los puntos que verse éste. Ahora bien, por virtud de lo expuesto por los quejosos en los conceptos de violación, se tiene que en primer término les asiste razón en la totalidad de los argumentos expuestos respecto a que la juzgadora responsable incumplió la sentencia de apelación emitida en el toca penal 72/2022-12-OP del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por los motivos siguientes: Inadvirtió que el tribunal de alzada en el recurso de apelación de referencia, emitió el fallo correspondiente, en el que tuvo por acreditado el delito de homicidio calificado en grado de tentativa previsto y sancionado por los artículos 106, 107, 108, 126, fracciones I y III, relacionados con los numerales 16 y 67, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido por Marco Antonio López Fuentes, en agravio de la víctima D.D.L.G. -aquí quejoso-, así como por acreditada la plena responsabilidad penal del sentenciado en dicho ilícito. Es decir, como lo señala la víctima aquí quejosa, la Sala de apelación emitió el fallo correspondiente en el que tuvo por acreditado el delito y la responsabilidad penal del sentenciado, pues para ello valoró la totalidad de los medios probatorios desahogados en el juicio oral de origen, circunstancia que ya no será materia de análisis en la audiencia de individualización de la sanción, pues ésta tiene una connotación diversa a lo que es el delito y la responsabilidad penal, circunstancias que ya quedaron superados por virtud del fallo condenatorio que emitió la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 72/2022-12-OP de su índice. Asimismo, no se valoró por la juzgadora responsable que al ordenar en la resolución reclamada la nulidad total del juicio oral de origen JO/060/2021, implícitamente desconoce y nulifica la sentencia de apelación de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés antes señalada, en la que se emitió el fallo correspondiente, sin que al respecto la jueza inferior -de primera instancia-, tenga facultades legales para inacatar, desconocer y nulificar los efectos de la sentencia emitida por la autoridad superior -Tribunal de Alzada-. Lo anterior, porque los artículos 468, 471, 474 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento que son apelables (aquéllas que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el ministerio público, y la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso); además, precisa el procedimiento a seguir por dicho tribunal una vez interpuesta la apelación, a efecto de remitir el medio de impugnación al tribunal de alzada que conocerá del recurso. En ese aspecto, el último de los preceptos legales invocados establece los efectos de la sentencia de apelación, que consisten en confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, o bien ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma, lo que evidencia que los actos emitidos por el tribunal de enjuiciamiento establecidos en el artículo 468 del código adjetivo penal nacional citado, pueden ser impugnados a través del recurso de apelación, que será resuelto por el Tribunal de Alzada -órgano de jerarquía superior-. De ahí que, como se dijo, la [1] Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos -aquí señalada como autoridad responsable-, no se encuentra facultada para desconocer o dejar sin efectos la resolución emitida por su superior jerárquico, en este caso, como ya se dijo, la sentencia de apelación emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 72/2022-12-OP, y con ello, nulificar la totalidad del juicio, cuando incluso de los antecedentes narrados se advierte que en un primer momento, dicha Sala de apelación había ordenado la reposición del procedimiento en el juicio oral, resolución que modificó en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por este juzgado de distrito en el juicio 1067/2022. Además, de la sentencia de apelación antes señalada se advierte que la Sala de apelación, como ya se dijo, emitió el fallo correspondiente en el que tuvo por acreditado el delito que se imputa al acusado, así como la responsabilidad penal en su comisión, por lo que en el considerando IX de tal sentencia de apelación, se ordenó el envío de los registros del asunto al Tribunal de Enjuiciamiento que conoció del mismo, para que citara a la audiencia de individualización de la sanción respectiva y ahí determinara la sanción que habrá de imponerse al sentenciado, lo cual resulta congruente, toda vez que la individualización de la pena es una facultad exclusiva de la autoridad judicial, que goza de pleno arbitrio para determinar el grado de reprochabilidad del acusado. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la juzgadora responsable, es incorrecta la determinación de nulificar la totalidad del juicio oral de origen ante la imposibilidad para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento, por las razones que expuso en la resolución reclamada, relativas a que el juez que fungió como Presidente causó baja por renuncia y porque la juzgadora Tercera integrante se encuentra suspendida en sus funciones jurisdiccionales por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que pueda integrarse el tribunal de enjuiciamiento ante esas circunstancias por nuevos jueces integrantes, porque de hacerlo así, lo ordenado en por el tribunal de alzada -llevar a cabo la audiencia de individualización de la sanción-, incumpliría con el principio de inmediación y contradicción. Lo anterior, como se dijo, se considera incorrecto, por las razones siguientes: Como ya se precisó, el fallo condenatorio en contra del sentenciado fue emitido el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 72/2022-12-OP; por tanto, en la audiencia ordenada de individualización de la sanción, ya no se analizarían cuestiones relativas a la comprobación del delito y la responsabilidad del sentenciado, pues esas circunstancias fueron superadas por la propia sentencia de apelación de referencia, en la que se emitió el fallo condenatorio respectivo. De conformidad con lo previsto en los artículos 408, 409 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya dijo, la connotación de la audiencia de individualización de sanciones es diversa a la del fallo, pues ésta no tiene como finalidad analizar la acreditación del delito ni responsabilidad penal del sentenciado, a través del análisis de las pruebas desahogadas en el juicio oral, sino que está orientada a establecer la pena, es decir, la sanción correspondiente a la comisión del delito y resolver lo relativo a la reparación del daño a la víctima. No obstante, para ello, los preceptos legales invocados señalan que se desahogarán medios de prueba y que el debate comenzará con el desahogo de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, en cuyo desahogo le serán aplicables las normas relativas al juicio oral. Asimismo, después de aperturada la audiencia de individualización de los intervinientes, el tribunal señalará la materia de la audiencia y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, sus alegatos de apertura; acto seguido, les solicitará a las partes determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate, el cual iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes. De igual forma, en el artículo 410 del citado código adjetivo penal nacional, se establecen los criterios a considerar para la individualización de la sanción penal; no obstante, del desarrollo de la propia audiencia se advierte que en ésta, el tribunal abrirá el debate entre las partes y desahogará los medios de prueba ofertados para dicha individualización de la sanción y la reparación del daño, lo que implica que lo expuesto en dicha audiencia podrá ser observado y escuchado directamente por los jueces integrantes del tribunal de enjuiciamiento. Es decir, los alegatos, el debate entre las partes y medios de prueba desahogados ante el tribunal de enjuiciamiento, son únicamente para individualizar la pena y determinar lo relativo a la reparación del daño, lo cual no implica la valoración de pruebas que sustentaron en fallo, pues en el caso, ello ya fue analizado por el tribunal de alzada en el recurso de apelación respectivo; por tanto, la vulneración al principio de contradicción e inmediación a que alude la juzgadora responsable, no puede operar respecto a la prueba que se desahogue por cuanto a la individualización de la sanción, los alegatos respecto a ésta y los medios de prueba que se desahoguen en presencia de los jueces integrantes del tribunal de enjuiciamiento, que están en condiciones de valorar dichas circunstancias al haber tenido un contacto directo con éstas y haberlas presenciado. De ahí que se considere incorrecta la resolución de la juzgadora responsable, en el sentido de que no pueda ser superado el impedimento jurídico y material que expuso, para estar en condiciones de celebrar la audiencia de individualización de la sanción ordenada por el tribunal de apelación, por no estar integrado el Tribunal de Enjuiciamiento de origen. Asimismo, se considera que la jurisprudencia que invoca en la resolución reclamada, con registro digital 2024672, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SU VIOLACIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN TOTAL Y NO PARCIAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, CON UN JUZGADOR QUE NO HAYA CONOCIDO DEL CASO PREVIAMENTE., no se inobserva con lo determinado en este juicio, pues ésta se refiere a una sentencia condenatoria emitida por un juez diverso al que había llevado a cabo el juicio oral; y, en el caso, como ya se dijo, el fallo condenatorio en el que se analizaron las pruebas que fueron desahogadas en el juicio, se emitió por la Sala de apelación, esto es, no se rompió el principio de inmediación pues el tribunal que conoció del juicio oral fue el que emitió el fallo condenatorio inicial, mismo que fue modificado por la sala de apelación al contar con facultades legales para reasumir jurisdicción y resolver lo conducente en el recurso de apelación. Ahora bien, también se precisa que la víctima -aquí quejosa-, señaló en el concepto de violación que hizo valer, que al no poder integrar el tribunal de enjuiciamiento que conoció de la totalidad del juicio, por los motivos expuestos por la jueza responsable, ésta bien pudo acudir ante el Consejo de la Judicatura Federal a efecto que designara dos diversos jueces, que emitieran el quantum de la pena a imponer, pues la inmediación se lleva a cabo ante el juez como institución y no como persona física, pues de haber designado a diversos jueces, éstos bien pudieron apoyarse en la observación de los discos que contienen las videograbaciones de las audiencias en que se registró el desahogo probatorio y con ello dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, sin que se violentara dicho principio de inmediación, para lo cual se apoyó en la contradicción de tesis con registro digital 2017683, emitida por el Pleno sin Especialización del Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl, cuyo rubro se citó en la síntesis de dicho concepto de violación. No obstante, esa consideración del quejoso es incorrecta, pues en suplencia de la queja a su favor, como ya se explicó en párrafos precedentes, lo aquí analizado no es en la forma señalada por el impetrante de amparo, en el sentido de que los jueces que se designen para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento para la audiencia de individualización de la sanción puedan valerse de los registros de audio y video ya desahogados en el juicio; sino que, como ya se dijo, se estima que con la integración del tribunal para tal efecto, no se vulneran los principios de contradicción e inmediación que deben prevalecer en el procedimiento penal, porque el debate, los medios de prueba desahogados y los alegatos expuestos en la audiencia respectiva de individualización de la sanción, conforme a lo preceptuado en el Código Nacional de Procedimiento Penales, se desahoga y puede ser percibido directamente por el tribunal de enjuiciamiento, lo que no rompe con los principios procesales antes señalados. Además, no se inadvierte que en el Poder Judicial del Estado de Morelos, se prevé la figura del Administrador de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, a quien incluso la juzgadora responsable, en la resolución reclamada solicitó designara nuevo tribunal de enjuiciamiento y remitiera el auto de apertura a juicio oral para que ejecutara dicha determinación que nulificó la totalidad del juicio; por lo que será a través de dicha autoridad o de la que resulte competente para tal efecto, que la jueza responsable deba solicitar la integración del tribunal de enjuiciamiento a efecto de cumplir con la presente sentencia de amparo, para los efectos que más adelante se precisarán. Por otro lado, no se inadvierte que en la resolución emitida en forma oral por la juzgadora responsable, señaló que la sentencia de apelación de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, no había quedado firme ni constituía cosa juzgada por virtud de que el sentenciado no la había recurrido en amparo directo, puesto que para ello cuenta con el plazo de ocho años que señala el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo y, que por ello, de emitir pronunciamiento sobre la individualización de la sanción por un tribunal que no sea el integrado en la forma primigenia -que fue el que conoció del juicio-, implicará un perjuicio para el sentenciado; no obstante, éste estará en condiciones de impugnar ambas determinaciones en amparo directo, puesto que como se dijo, dichas resoluciones tienen una connotación diversa, y esa circunstancia no impide su impugnación a través de los medios de defensa que tengan a su favor las partes, entre ellos el sentenciado. Sirve de aplicación por las razones que la informan la tesis II.3o.P.12 P (11a.), con registro digital 2024962, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN INTERPUESTA ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO, Y LO RELATIVO AL DELITO, SUS MODIFICATIVAS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SENTENCIADO SE ANALIZÓ EN UN RECURSO DE APELACIÓN PREVIO Y NO SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO, LA MATERIA DE ESTUDIO SE LIMITA A LO ACONTECIDO EN DICHA AUDIENCIA. Hechos: Al revisar una sentencia absolutoria en el recurso de apelación, la Sala responsable la revocó y, en su lugar, dictó fallo de condena por estimar acreditados el delito imputado y la responsabilidad penal de la persona acusada y, con motivo de ello, devolvió jurisdicción al Tribunal de Enjuiciamiento para que realizara la audiencia relativa a la individualización de sanciones y la reparación del daño, quien en cumplimiento la desahogó y, posteriormente, dictó sentencia. Inconforme con ésta, el sentenciado interpuso recurso de apelación, en el que el Tribunal de Alzada, al analizar los agravios planteados respecto al delito y la responsabilidad penal, los calificó de inatendibles, pues en diversa resolución de apelación ya se había pronunciado al respecto; por consiguiente, únicamente analizó lo relativo al grado de culpabilidad. En contra de esta segunda resolución se promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al tenor del contexto planteado, cuando en un juicio de amparo directo sólo se señala como acto reclamado la sentencia emitida en el recurso de apelación que se hizo valer en contra de la resolución de primer grado que individualiza la pena y condena a la reparación del daño, la litis constitucional se limita únicamente a lo resuelto por la autoridad responsable en esta determinación, sin que dicho estudio pueda extenderse al acreditamiento del delito, sus modificativas o la responsabilidad penal, ya que esos tópicos fueron materia de pronunciamiento en una diversa resolución de apelación, que no fue señalada como acto reclamado en la instancia constitucional. Justificación: Cuando la Sala responsable analiza una sentencia absolutoria en apelación, la revoca y, en su lugar, estima acreditados el delito y la responsabilidad penal y, con motivo de ello, devuelve jurisdicción al Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que realice la audiencia relativa a la individualización de sanciones y la reparación del daño, y en contra de esta última resolución el sentenciado interpone recurso de apelación, la materia de dicho medio de impugnación se limita al estudio de lo acontecido respecto de la individualización de sanciones y la reparación del daño. Lo anterior es así, dado que la única razón por la cual se devolvió jurisdicción al juzgado de primera instancia era para pronunciarse respecto a esos tópicos y, por consiguiente, la segunda instancia se encuentra limitada a analizar únicamente dichos pronunciamientos. Por tanto, en este tipo de procedimientos, para que en amparo directo se pueda analizar el delito y la responsabilidad penal, es necesario que se señalen como actos reclamados en forma destacada ambas resoluciones de apelación; sin que represente obstáculo a lo anterior el hecho de que opere en su favor la suplencia de la queja deficiente, ya que dicha institución jurídica no tiene el alcance de suplir la instancia de parte que se requiere para analizar la constitucionalidad de un acto reclamado. Consecuentemente, si sólo se reclama la resolución de apelación que se ocupó de la individualización de sanciones y la reparación del daño, existe impedimento para analizar los pronunciamientos que se emitieron en la diversa resolución de segunda instancia, lo que implica el consentimiento de aquélla. Además, la juzgadora responsable, refirió que por virtud de que la sentencia del tribunal de alzada tenía la posibilidad de ser impugnada en amparo directo en el plazo de ocho años, no estaba firme ni ejecutable, de ahí que surtía efectos únicamente para la continuidad del asunto, que en su momento fue resuelto por el tribunal de enjuiciamiento que ya no se encontraba integrado. Sin embargo, con independencia del derecho del sentenciado a impugnar la sentencia condenatoria emitida por la alzada, como ya se dijo, no le asiste razón a la autoridad responsable en lo determinado en la resolución reclamada, porque el fallo condenatorio y la audiencia de individualización de sanciones tienen connotaciones distintas, que no impiden ser impugnadas ambas determinaciones por las partes que se consideren afectadas y, menos aún se rompe con los principios de inmediación y contradicción por los motivos ya explicados. Por lo anteriormente analizado, se estima que la resolución reclamada a la jueza responsable no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues como lo señala la víctima -aquí quejosa-, en los conceptos de violación que expuso, la autoridad responsable no ponderó adecuadamente la vulneración al principio de inmediación y no revictimización, asociados al derecho humano a una justicia pronta y expedita, pues todas y cada una de las pruebas fueron analizadas por el tribunal de alzada concluyendo con el fallo que declaró penalmente responsable a Marco Antonio López Fuentes del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 107, 108, 126, fracciones I y III, relacionados con los numerales 16 y 67, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima -aquí quejoso-, y que solamente era cuestión de individualizar la sanción a imponer. Sin que advirtiera que, para el quejoso la nulidad de la totalidad del juicio resultaba más gravosa, pues retarda la obtención de la sentencia e incluso atenta contra su derecho a que se le repare el daño; además de que no se consideraron las repercusiones de lo determinado, pues implica la repetición de la totalidad del juicio, volver a citar a cada uno de los órganos de prueba, con el riesgo eminente de que alguno de ellos ya no pueda acudir por segunda ocasión, incluidos los testigos y otros órganos de prueba de cargo, así como que el aquí quejoso -víctima-, tenga que volver a acudir al juicio y se pueda dar su revictimización, pasando nuevamente por la situación traumática de confrontar a su agresor, además de que la fiscalía se dio a la tarea de probar el hecho, lo que ante una reposición podría darse el caso de que no vuelva a ocurrir en esa forma, así como que el desahogo de los peritos y testigos ya no pueda valorarse de forma espontánea, todo ello en detrimento del derecho previsto en el artículo 17 constitucional, a sus derechos fundamentales y el principio pro persona. Argumentos que se consideran fundados, pues lo determinado por la juzgadora responsable no solo tiene repercusiones graves en perjuicio de la víctima, sino de las partes en general, incluido el sentenciado, pues el precepto legal invocado (17 constitucional), señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resolución de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en los juicios, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por otro lado, el artículo 20, apartado A, fracción I, B, fracción VII y C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; asimismo, que toda persona imputada tendrá derecho a ser juzgado en el menor tiempo posible y que la víctima tiene derecho a la reparación del daño. Entonces, como se señaló, la juzgadora responsable inadvirtió que con la determinación tomada, vulneró los derechos de las partes en el juicio oral de origen, pues como se dijo, toda persona acusada de la comisión de un delito tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y en el menor tiempo posible, así como a la víctima, le asiste del derecho a que se le repare el daño, estableciéndose además como uno de los principios rectores del proceso penal, que el delito no quede impune. Por ello, la nulidad de todo lo actuado en el juicio oral, en la forma determinada por la autoridad responsable, desde luego que infringe tales principios, dando prevalencia a cuestiones procedimentales que como se analizó no repercuten ni incumplen el principio de inmediación y contradicción en el procedimiento. En cambio, conforme a los antecedentes del juicio narrados en el capítulo correspondiente, se ha dilatado el juicio ante la reposición del procedimiento en un primer momento por lo determinado por el tribunal de alzada -que se combatió a través del amparo indirecto 1067/2022 del índice de este Juzgado de Distrito-, lo que ha provocado la indefinición del juicio, como se dijo, no solo en perjuicio de la víctima, sino del propio sentenciado; de ahí lo fundado de los conceptos de violación en estudio, suplidos en su deficiencia. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por la víctima -aquí quejosa- en vía de alegatos, tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia de la queja, se concede a los quejosos el amparo solicitado, para los efectos precisados en el siguiente considerando. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Avilés, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López, al no haberse reclamado por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución reclamada a la juzgadora responsable. VIII. Efectos de la concesión de amparo. Para restituir a los quejosos en el uso y goce del derecho vulnerado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión consiste en que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables realicen lo siguiente: [1] Gloria Angélica Jaimes Salgado, Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, deberá: Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de juicio oral JO/060/2021, en la que declaró la nulidad total del juicio, por considerar que existía imposibilidad jurídica y material para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de origen, así como la orden emitida a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, para que designara nuevo Tribunal de Enjuiciamiento que conociera del auto de apertura a juicio oral de cinco de junio de dos mil veintiuno. En el entendido que de no contar con los registros del juicio oral -carpeta correspondiente-, por virtud de haber ordenado remitirlos a diverso tribunal de enjuiciamiento -como consecuencia de la nulidad de la totalidad del juicio decretada-, los requiera para que le sean allegados. A efecto de dar cumplimiento a la presente sentencia, e integrar debidamente el Tribunal de Enjuiciamiento, la juzgadora responsable deberá solicitar a la Administración de Salas de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Único en materia Penal para el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, o a la autoridad que resulte competente para ello, la designación de los dos jueces restantes que puedan integrar debidamente dicho tribunal. Con la precisión de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la presente sentencia, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Hecho lo cual, cite a las partes intervinientes en el juicio, a efecto de que en cumplimiento a la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación penal 72/2022-12-OP del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lleve a cabo el desahogo de la audiencia de individualización de la sanción respectiva y determine aquella sanción que deberá imponerse al sentenciado, conforme al procedimiento aplicable. El [2] Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, integrado por los jueces Leticia Damián Avilés, Alejandro Linares Villalba y Adolfo González López: Dentro del ámbito de sus atribuciones, realice todos aquellos actos tendientes al cumplimiento de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *****, así como D.D.L.G., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el diez de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el contenido de las constancias que remitió la Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en Materia Penal del Estado de Morelos; por lo que entre la fecha de notificación de esas constancias a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito presentado por el quejoso ********************, por medio del cual formula manifestaciones y exhibe documentales. Atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que realiza la parte quejosa, mismas que de ser necesario podrán ser tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que anexo el quejoso, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que anexó la parte quejosa, para el mejor manejo administrativo de este expediente, se ordena mantenerlas por separado, en el entendido que deberá respetarse el número de folio y entresello, mismas que se denominaran cuaderno de pruebas I y II. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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