Marco Antonio López Cordero
Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2020
Partes del expediente
- Marco Antonio López Cordero
Actuaciones
- Principal
Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 950, con el que se le remitió los autos originales del juicio de amparo 66/2019 del índice de este Juzgado. Asimismo, remite dichos autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito. Al respecto, este Juzgado toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ... contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 600/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer lo que en derecho proceda en relación de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". (Jurisprudencia I.1º.A. J/4,Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890. Registro 214039). Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, la parte quejosa Marco Antonio López Cordero, hace consistir los actos reclamados en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte dentro del expediente laboral J/O/316/2018, así como la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas. En el caso de estudio, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, al advertirse de la circular JLCyA/SGAyCC/00437/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, signada por la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria de Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, mediante el cual se informa la ampliación de la suspensión de labores jurisdiccionales del uno de octubre al dos de noviembre del presente año. Por lo que, de conformidad con el artículo 734 de la Ley Federal del Trabajo, durante los días anteriormente citados no correrán términos procesales, previéndose que se reanuden labores el uno de septiembre de la presente anualidad, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo consideren conveniente. Asimismo, se advierte la suspensión de los términos procesales de todos los expedientes jurisdiccionales, hasta el dos de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con la circular mencionada en párrafos que antecede. En consecuencia, es evidente que, por el momento, la autoridad señalada como responsable no se encuentra en funciones, aunado a que los términos procesales de todos los expedientes jurisdiccionales están suspendidos para dar cumplimiento a la circular en comento. Además, es un principio general de derecho que las autoridades sólo puedan realizar lo que se encuentre entre sus facultades, por lo que hasta en tanto no entren en funciones las autoridades con facultades para actuar como lo pretende la parte quejosa, no existe alguna con el carácter de responsable con las características a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo; a saber, la que omite el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Por ello, en el caso concreto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º, fracción II y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal. Tiene aplicación, por las razones jurídicas que contiene, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, no oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número VI.2o. J/205, que se localiza en la página 468 del Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, en cuyo texto se lee: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Además, en el presente asunto también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la parte quejosa estima violada en su perjuicio. Ahora, si la parte quejosa reclama la omisión realizada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, relativa a la omisión de acordar el escrito presentado el veintiocho de enero del año en curso, así como la de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas en el juicio laboral J/O/316/2018. En tal virtud, como se analizó en párrafos que anteceden, la autoridad señalada como responsable no se encuentra en funciones, aunado a que los términos procesales de todos los expedientes están suspendidos, para dar cumplimiento a la circular en la que se ordena la suspensión de labores en atención a las medidas de combate a la pandemia que se tiene en el territorio nacional. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable, ya que, por el momento, no existe autoridad responsable que pudiera, en su caso, dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, de ahí que, en el caso concreto, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo que, tomando en consideración la actualización de las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que tan pronto entre en funciones la autoridad a quien se le pueda atribuir la omisión que reclama la parte quejosa, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no es una causal de improcedencia definitiva y las omisiones se generan a lo largo del tiempo...
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