Marco Antonio López Chavira
Expediente 420/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marco Antonio López Chavira
- Personal Directivo adscrito al Área Médica y Administrativa del Hospital Regional "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por representante del quejoso, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el presente juicio y autoriza para su entrega a **. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de lo que indica, previa razón de recibo que se deje asentada en el expediente. En el entendido de que el acceso a las instalaciones de este Juzgado para recibir las copias autorizadas, es mediante el uso del código QR, el cual se proporciona en el sistema de citas, localizado en el módulo Servicios Jurisdiccionales del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y éste deberá hacer el trámite respectivo para obtener dicho acceso.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, del estado de autos se observa que en la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se otorgó al quejoso la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".para que la autoridad responsable del Director del Hospital Regional "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente resolución y sea requerida para su cumplimiento: Emita una orden vía oficio, circular o cualquiera otra análoga, para que de forma oportuna, permanente y constante, el quejoso, mientras sea derechohabiente y su padecimiento por enfermedad -adenocarcinoma pulmonar- lo requiera, obtenga el medicamento denominado Alectinib, en su presentación de tabletas de 150 miligramos, comercialmente como "Alecensa", así como cualquier otro fármaco que su médico tratante le prescriba; esto, de conformidad con su evolución, duración, requerimientos médicos y clínicos. En la inteligencia que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega oportuna, deberá demostrar de manera fehaciente que ha realizado todo su esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento; y, Garantice el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento; justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. Lo anterior sin que se soslaye que, solo el Director del Hospital Regional "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, fue señalado como autoridad responsable. Sin embargo, si debido a sus funciones, autoridades diversas deben tener intervención en el cumplimiento de esta ejecutoria, éstas se encuentran igualmente obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia, así como para lograr su vigencia real y eficacia práctica". Asimismo, se observa que el diecinueve de los que transcurren se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Hospital Regional "Dr. Manuel Cárdenas Vega" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del oficio HRMCV/D/CAJ/06158/2021, de seis de los corrientes, del cual se advierte que giró instrucciones al Subdirector Médico y a la Coordinadora de Medicina Interna de dicha Institución, para efectos de que de forma oportuna, permanente y constante el quejoso obtenga el medicamente denominado Alectinib, en su presentación de tabletas de 150 miligramos, comercialmente conocido como Alecensa, ello debido a su padecimiento de adenocarcinoma pulmonar, así como cualquier fármaco que le sea prescrito por su médico tratante, esto siempre y cuando continúe siendo derechohabiente y de conformidad con su evolución, duración, así como en atención a los requerimientos médicos y clínicos que requiera la parte quejosa. Lo anterior revela que la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo giró instrucciones al Subdirector Médico y a la Coordinadora de Medicina Interna de dicha Institución, para efectos de garantizar el suministro del medicamento Alectinib, en su presentación de tabletas de 150 miligramos, comercialmente conocido como Alecensa al hoy quejoso. Sin embargo, del propio estado de autos también se observa que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito signado por Marco Iván López Delgado, en representación de Marco Antonio López Chavira, mediante el cual informó que el treinta de junio del presente año, el aquí quejoso falleció, advirtiéndose como causa de muerte "adenocarcinoma pulmonar 3 años" y para acreditarlo remitió el acta de defunción del citado quejoso. Lo anterior resulta relevante, ya que, en términos del artículo 196 de la ley de materia, es necesario dar vista al solicitante del amparo con el cumplimiento dado por la responsable, lo cual en la especie no puede suceder, debido a que, como se adelantó, el promovente del amparo falleció el pasado treinta de junio. No obstante, para efectos de justificar dicha imposibilidad se considera necesario recordar que, como quedó asentado en el considerando segundo de la sentencia emitida en el juicio que nos ocupa, el acto reclamado por el quejoso fue el siguiente: "1) El retraso en la entrega del medicamente denominado Alectinib, en su presentación de tabletas de 150 miligramos, comercialmente como "Alecensa", que requiere para el control de su padecimiento de cáncer de pulmón. 2) Las omisiones administrativas del citado Hospital, que impidieron el suministro oportuno de ese medicamento." Ello, revela que el derecho que se dijo había sido trastocado por la autoridad responsable era el de acceso a la salud, el cual, es un derecho personalisimo, en tanto que la afectación resentida solo trasciende en la esfera jurídica del quejoso, como se observa del estudio de las tesis XIII/2021 y XIV/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente: DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la garantía del derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo cumplimiento es progresivo, y cuya efectividad depende de los medios de los que disponga el Estado para su satisfacción, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto, de las tesis citadas se observa que el derecho a la salud es personalísimo, pues éste busca garantizar que las autoridades sanitarias proporcionen "asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos". Asimismo, se observa que el mencionado derecho a la salud debe garantizarse mediante el análisis de las necesidades específicas del paciente, esto es, del solicitante del amparo; por tanto, ante el fallecimiento del quejoso, no existe una afectación que, en su caso, pudiera reclamar la sucesión del finado. No es obstáculo para determinar lo anterior que la omisión de la autoridad responsable de otorgar los medicamentos necesarios para el tratamiento del quejoso hubiera podido llevar a una afectación patrimonial al haber tenido que sufragar el mismo el medicamento o estudios necesarios para su atención, toda vez que, no basta la sola existencia de una afectación patrimonial, para considerar que el derecho reclamado es patrimonial y no personalísimo. Es orientadora la jurisprudencia 34/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2019390 y del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." De igual manera es ilustrativa la tesis CLXXI/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 173879 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo." En consecuencia, resulta innecesario otorgar la vista a que hace mención el artículo 196 de la ley de materia y, se procede a resolver de plano si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, una vez valorada los efectos de la concesión del amparo, el cumplimiento dado a la sentencia por la autoridad responsable y el hecho de que, a la fecha en que se actúa, el quejoso falleció se considera que lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia en estudio, toda vez que, ante el fallecimiento del quejoso las garantías otorgadas mediante sentencia no pueden surtir efecto alguno en favor de la sucesión del finado, en tanto que, únicamente tenían por objeto garantizar "el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento; justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad." Lo expuesto evidencia que, como se adelantó, el derecho fundamental en pugna - derecho a la salud- es un derecho personalísimo, en tanto el perjuicio resentido solo afectó la esfera jurídica del quejoso y, por tanto, la concesión del amparo solo le beneficiaba a éste; de ahí, que si a la fecha en que se resuelve éste ya falleció, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en representación de ***, mediante el cual reitera que el treinta de junio del presente año, el aquí quejoso falleció, advirtiéndose como causa de muerte "adenocarcinoma pulmonar 3 años" y para acreditar lo anterior, remite el acta de defunción del citado quejoso; asimismo, por virtud de lo expuesto solicita el sobreseimiento del presente juicio de amparo. De igual manera del estado de autos se observa que en proveído de veintidós del presente mes y año, por virtud de las manifestaciones del representante del aquí quejoso, se requirió al Director del Registro Civil del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que remitiera el acta de defunción del justiciable, lo que ha a la fecha no acontecido; no obstante ello, resulta innecesario esperar a que la citada dependencia cumpla con el requerimiento formulado, toda vez que el mencionado representante acompañó a su escrito el acta en cita. Por consiguiente, dígasele al representante del quejoso que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud en el sentido de sobreseer el presente juicio de amparo, debido a que del estado de autos se advierte que el diecisiete de los corrientes se emitió la correspondiente sentencia; de ahí que, seas hasta que quede firme dicha sentencia cuando se provea lo correspondiente en relación con el fallecimiento del quejoso.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se formó cuaderno por separado del presente juicio de amparo con un oficio y anexo signado por la autoridad responsable, y se reservó proveer respecto al mismo, en razón de que en esa fecha, se encontraba el presente juicio pendiente de dictar la resolución respetiva, misma que se terminó de engrosar el diecisiete de los corrientes. En consecuencia, glósese a los presentes autos el referido cuaderno para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, se tiene por recibido el oficio signado por el Director del Hospital Regional "DR. Manuel Cárdenas de la Vega", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual allega copia certificada de la carta de entrega de fecha veintiocho de junio de este año, al representante del quejoso, del fármaco denominado Alectinib 150 miligramos, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta el diecisiete del presente mes y año se emitió la sentencia correspondiente. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Marco Iván López Delgado, en representación de Marco Antonio López Chavira, mediante el cual señala que el treinta de junio del presente año, el aquí quejoso falleció. En atención a lo anterior y considerando que del estado de autos se observa que el pasado diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se emitió la sentencia correspondiente, se hace necesario requerir al Director del Registro Civil del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación que se le haga del presente proveído, remita copia certificada del acta de defunción de *****. Lo anterior, APERCIBIDO que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigentes, conforme el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la Materia.
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