Marco Antonio López Cerna
Expediente 1397/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1397/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio López Cerna
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución del día dos de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo.
- Principal
El dos de febrero de dos mil veintiuno. licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 1397/2019, pues transcurrió del dos al quince de diciembre de dos mil veinte, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que dentro del presente asunto si obran documentos originales, no existe garantía. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1397/2019, con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 Por otro lado, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por las partes quejosa y tercera interesada de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezcan a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 ??????????????? Notifíquese por lista, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintictrés de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1397/2019, sin la comparecencia de las partes. Asimismo, se da cuenta con juez con la promoción 11492 presentada por OLIVIA BENÍTEZ REYES, Representante Especial de los menores, mediante la cual formula alegatos y la cual se acordará en la etapa correspondiente. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la parte quejosa así como con las exhibidas por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con el escrito presentado por OLIVIA BENÍTEZ REYES, Representante Especial de los menores. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representante especial y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 2-33), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Marco Antonio López Cerna, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y del Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 8.1. y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo y suspensión del procedimiento. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1397/2019 y en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve (foja 50) se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinte de enero de dos mil veinte (foja 63), se reconoció el carácter de tercera interesada a Liliana Montes Ortega y se ordenó su emplazamiento. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, Liliana Montes Ortega, se apersonó en el juicio de amparo y solicitó se reconociera el carácter de terceros interesados a las menores Natalia y Loreta Patiño Montes, así como a Martín Patiño Soto (foja 66). En proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte (foja 70), se reconoció a Liliana Montes Ortega el carácter de tercera interesada y se le tuvo por apersonada al presente juicio de amparo. En promoción presentada el treinta de enero de dos mil veinte (foja 71), Liliana Montes Ortega insistió en que se reconociera el carácter de terceros interesados a Natalia y Loreta Patiño Montes, así como a Martín Patiño Soto. Con relación a ello, este juzgador, en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte (foja 72), reconoció el carácter de terceras interesadas a Natalia y Loreta Patiño Montes; y, respecto de Martín Patiño Soto determinó que no era procedente, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis que contempla el artículo 5° de la Ley de Amparo. Tercero. Interposición de queja y su resolución. El doce de febrero de dos mil veinte, Liliana Montes Ortega interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de enero del citado año. Medio de impugnación que se tuvo por interpuesto en proveído de trece de febrero del año en curso (fojas 74 y 77). Por razón de turno, correspondió conocer del recurso de queja al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que lo registró como 35/2020 y en sesión de treinta de julio de dos mil veinte, determinó que era improcedente (fojas 85-91). Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción, en el cual además se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso consisten en: Al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: Todo lo actuado dentro del incidente sobre pago de alimentos y actualización de pensiones alimenticias generadas y vencidas, promovido por Liliana Montes Ortega, por sí y en representación de sus menores hijas Natalia y Loreta Patiño Montes, frente a Martín Patiño Soto, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 539/2007. La sentencia interlocutoria dictada el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente sobre pago de alimentos y actualización de pensiones alimenticias generadas y vencidas, promovido por Liliana Montes Ortega, por sí y en representación de sus menores hijas Natalia y Loreta Patiño Montes, frente a Martín Patiño Soto, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 539/2007, que sobre divorcio por mutuo consentimiento promovieron las partes contendientes así como su ejecución a través del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó poner los autos en estado de ejecución, valuar y sacar a remate la casa habitación marcada con el número treinta y tres, de la calle Rincón Mediterráneo, del fraccionamiento "Las Américas", de Morelia Michoacán. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La notificación del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Actuario adscrito al mismo, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 61 y 62). Certeza que se corrobora con la prueba documental que adjuntó a su informe justificado el referido juez, consistente en copias certificadas incidente sobre pago de alimentos y actualización de pensiones alimenticias generadas y vencidas, promovido por Liliana Montes Ortega, por sí y en representación de sus menores hijas Natalia y Loreta Patiño Montes, frente a Martín Patiño Soto, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 539/2007 [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y demás constancias que integran el juicio de origen; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal, respecto del acto reclamado en la resolución incidental de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho; y la diversa contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que ve al proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Antes de exponer las razones por las que se actualiza la anunciada causal de improcedencia, es necesario establecer la figura de la causahabiencia y sus tipos. La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras; es decir, existen sujetos que, por un acontecimiento posterior a la realización de determinado acto jurídico, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores, llamándose a estos últimos causantes y a los primeros bajo la denominación de causahabientes. De tal manera, el término de causahabiente, define a la persona que después de celebrado un acto jurídico, adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron dentro de ese acto; y como consecuencia, es quien con posterioridad al origen de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado, en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición del autor del causante. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 83/2006-PS, estableció que la figura de la causahabiencia, lato sensu, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto, la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien y b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. En ese criterio, precisó que existen dos clases de causahabiencia a saber: la sustantiva y la procesal. La causahabiencia fuera de juicio o sustantiva, se actualiza cuando el que adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas que correspondan. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real [como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien] o bien cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales [como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad]. Por su parte, la causahabiencia procesal, consiste en que el causahabiente queda sujeto a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, pues de alguna manera, si el resultado del juicio es negativo, se entiende que el riesgo de que lo fuera era una carga que el adquirente se obligó a soportar desde el momento en que adquirió el bien sabiendo que el resultado del juicio podía ser negativo. A manera ilustrativa, los ejemplos que se pueden dar de causahabiencia procesal, son los siguientes: a) Cuando un bien inmueble que está embargado y que se transmite iniciado ya el juicio. En estos casos, la persona que adquiere el bien soporta la obligación de responder con sus bienes, que ahora están embargados. De esta manera, si el que transmitió el bien embargado pierde, independientemente de que no se haya llamado a juicio al adquirente, éste tiene que responder de la obligación garantizada; b) Igualmente, en el caso de que se adquiriera del demandado en un juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando éste ya se había instaurado, operaría la causahabiencia y el adquirente no tendría que ser oído y vencido en el juicio; c) Otro ejemplo se da cuando se ceden los derechos litigiosos y el cedente pierde el juicio y, en esos casos, el cesionario tiene que estar a las resultas del juicio y no puede oponerse alegando que no se le llamó; y d) Finalmente, se da la causahabiencia procesal cuando una persona adquiere un inmueble que es materia de un juicio hipotecario, cuya cédula está inscrita en el Registro Público, es decir, adquiere el bien durante el transcurso del juicio; en este caso, el adquirente debe soportar las resultas del juicio hipotecario. De ahí que, la causahabiencia de orden adjetivo o procesal, consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia diferente de su causante, pues se considera como oído y vencido en el juicio a través éste y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, la causahabiencia sustantiva y adjetiva tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. De la contradicción de tesis 83/2006-PS mencionada en párrafos anteriores, derivó la jurisprudencia 1a./J.63/2007, publicada en la página 155 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Civil Novena Época, registro 172131, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO. Si se inicia un juicio ordinario mercantil en contra de quien transmitió la propiedad hipotecada y en ese procedimiento se embarga el bien transmitido con anterioridad al inicio de tal litigio, el adquirente no tiene el carácter de causahabiente del demandado sino de tercero extraño a tal juicio, aun a pesar de la hipoteca y de que hubiere tenido conocimiento de la misma, pues debe destacarse que en esta clase de juicios lo que se persigue es una acción personal en contra del demandado en la que nada tiene que ver la hipoteca ni mucho menos el adquirente del bien. Para que el adquirente pudiera considerarse causahabiente del demandado en estos supuestos, tendría que habérsele transmitido la propiedad después de iniciado el juicio o trabado el embargo, pues la sola circunstancia de que el bien embargado también se encuentre hipotecado, no justifica que en un procedimiento iniciado por una acción personal en la que el objeto del embargo sean bienes propiedad del deudor, se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual es de carácter real, por lo que sólo persigue al bien, con independencia de quién sea el deudor. De esta manera, si lo que se pretende es hacer efectiva la garantía hipotecaria, se tendrá que recurrir necesariamente a la vía establecida por la ley para ello, es decir, a la acción hipotecaria y, en estos casos, el nuevo adquirente podrá ser causahabiente de quien le transmitió la propiedad con anterioridad a ese procedimiento, si es que el acreedor no tuviera conocimiento de tal transmisión; pero en caso de que el actor sí tenga conocimiento de la misma, el nuevo adquirente no tendrá el carácter de causahabiente sino de demandado o codemandado ya que la ley establece que cuando se intenta esta clase de juicio se debe demandar a quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad. En conclusión, no es jurídicamente factible que se pretenda hacer efectiva una garantía hipotecaria a través de un juicio distinto del hipotecario, por lo cual, en ese caso, el nuevo adquirente del bien hipotecado tendrá el carácter de tercero extraño en los juicios distintos del hipotecario". Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.34/2003 [que más adelante se traerá a glosa], fijó criterio de que la causahabiencia, en sí misma, no puede ser causa de sobreseimiento en el juicio de amparo por no encontrarse contemplada en alguna de las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo; y señaló, además, los diversos supuestos para que se origine aquélla y las consecuencias que conlleva su determinación, a saber: El quejoso debe justificar en el juicio de amparo la afectación a su interés jurídico. Se debe precisar si existe la figura jurídica de la causahabiencia y sus consecuencias. Acreditado que en el quejoso opera la figura de la causahabiencia, le excluye que pueda ser considerado como tercero extraño. Acreditada la causahabiencia, el juicio de amparo puede ser sobreseído si existen causas de improcedencia que afecten al causante; en caso contrario, se deberá entrar al estudio de los conceptos de violación. En ese contexto tenemos que, en el caso, el quejoso para acreditar su interés jurídico, ofreció copia certificada de la escritura pública cuarenta mil ochocientos sesenta y cuatro, de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en la que el Notario Público número cincuenta y dos, hizo constar la adjudicación de bienes, otorgada por la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en rebeldía de Martín Patiño Soto favor de Marco Antonio López Cerna, como adjudicatario respecto de la casa habitación marcada con el número treinta y tres, ubicada en la calle Rincón Mediterráneo, del fraccionamiento "Las Américas", de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el treinta de julio de dos mil dieciocho. Las documentales públicas antes mencionadas son suficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, tales documentos son ineficaces para la concesión del amparo, pues igualmente, se justifica la actualización de la figura jurídica de la causahabiencia procesal mencionada en párrafos anteriores. En efecto, si causahabiente se considera a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación, por tal motivo, si el causahabiente adquiere la misma posición que concernía a su causante en la relación jurídica en que fue substituido, inconcuso resulta que para efectos del juicio de amparo, el primero debe ser tratado bajo las mismas condiciones con que se haría respecto del segundo. Así ha sido determinado en la jurisprudencia 2a./J.34/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS [Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado)] página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, Novena Época, registro 184528, de rubro y texto: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado". En ese contexto, la situación del quejoso en el juicio de amparo es idéntica a la de su causante, en tanto que solamente se subrogó en el ejercicio de los derechos correspondientes. Ello, pues basta leer la escritura pública que ofreció para acreditar su interés jurídico para advertir que la adjudicación del bien inmueble materia de la controversia tuvo su origen en el juicio ejecutivo mercantil 957/2020, que sobre cumplimiento de contrato de reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria promovió Francisco Duarte Cadenas frente a Martín Patiño Soto. Que en dicho juicio, se dictó sentencia favorable a Francisco Duarte Cadenas, la cual se declaró ejecutoriada el cinco de agosto de dos mil once; que el cinco de abril de dos mil trece, aquel cedió los derechos a favor de Lizbeth Díaz Mercado¸ a quien se le adjudicó el bien en audiencia pública de remate en su primera almoneda el cinco de enero de dos mil diecisiete, en la cual dicha adjudicataria solicitó la liberación del gravamen que pesaba sobre el mismo, consistente en el embargo inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, el dieciocho de octubre de dos mil siete, bajo el número dos del tomo ciento tres, del libro de sentencias, con la anotación relativa a la resolución dictada por la Juez Primero Familiar dentro del expediente 539/2007. Con relación a lo cual, la Juez determinó que dicha anotación debía subsistir, al haber sido anterior a que se suscribiera el contrato accionario del juicio ejecutivo mercantil y de que se embargara en el mismo el inmueble rematado (reverso foja 40 del juicio de amparo). También se advierte de la escritura que el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, Lizbeth Díaz Mercado, cedió sus derechos de crédito y derechos litigiosos a favor de Marco Antonio López Cerna, ratificada ese mismo día y acordada el veintiocho siguiente. En esas condiciones, es inconcuso que al quejoso Marco Antonio López Cerna, no le reviste el carácter de tercero extraño al juicio 539/2007 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Ello porque, como quedó asentado el párrafos precedentes, con la escritura cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro, se evidencia que tenía conocimiento que sobre el inmueble que ahora defiende, pesaba un gravamen inscrito el dieciocho de octubre de dos mil siete, en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, derivado del juicio 539/2007, esto es, que estaba sometido a esa controversia judicial y que por ende, con la adjudicación contenida en dicha escritura, su situación en el juicio de amparo es idéntica a la de su causante [Martín Patiño Soto], en tanto que solamente se subrogó en el ejercicio de los derechos correspondientes. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 85/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS [Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito], consultable en la página 128 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Enero de 2007, Materia Civil, Novena Época, registro 173604, de rubro y texto: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo". Por tanto, frente a esa situación procesal y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 34/2003, reseñada en líneas precedentes, corresponde entonces discernir cuál habría sido la suerte del juicio de amparo en caso de quien hubiera promovido la demanda fuera la parte demandada en el juicio de origen. Así, es claro que respecto de los actos reclamados consistentes en todo lo actuado dentro del incidente sobre pago de alimentos y actualización de pensiones alimenticias generadas y vencidas, promovido por Liliana Montes Ortega, por sí y en representación de sus menores hijas Natalia y Loreta Patiño Montes, frente a Martín Patiño Soto, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 539/2007 y en la sentencia interlocutoria dictada el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal. Para evidenciar la actualización de dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, que en su orden disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece como regla que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; asimismo señala las excepciones a la misma, que son: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Y, en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, las cuales son: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Con relación a lo cual este juzgador considera que es aplicable el segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque como se asentó en líneas precedentes, en la escritura cuarenta mil ochocientos sesenta y cuatro, de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, exhibida por el propio quejoso, se asentó la existencia del juicio 539/2017 que sobre divorcio por mutuo consentimiento promovieron Liliana Montes Ortega y Martín Patiño Soto. Por tanto, es dable concluir que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, porque del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, tomando en cuenta que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. Por ende es evidente que el término con el que contaba la parte quejosa para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, toda vez que los quince días para promover el amparo iniciaron el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y concluyeron el doce de junio siguiente; y, la demanda de amparo fue presentada hasta el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se entiende que consintió el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Ello es así, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por otra parte, si bien respecto del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y su notificación, sí está en tiempo para promover el amparo en su contra; sin embargo, se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Pare evidenciar la actualización de la referida causal es pertinente establecer que el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, menciona enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Los numerales invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Ahora bien, los actos reclamados en estudio, consisten en el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 539/2007, en el que se mandaron poner los autos en estado de ejecución, valuar y sacar a remate el inmueble materia de la controversia y su ejecución. Al respecto, debe precisarse que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en los procedimientos de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del segundo párrafo de dicho numeral. Asimismo, en relación con el tema que aborda el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia por contradicción de tesis, en la que dejó definido que se debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación, por lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Lo anterior así se advierte de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición (artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, que es aquélla que como ya que quedó precisado, en forma indistinta y definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia tratándose de remates, es decir, aquélla que ordene otorgar la escritura en rebeldía, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase de ejecutiva de remate, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Lo expuesto permite sostener que las determinaciones impugnadas de ninguna manera constituyen la última resolución en la fase ejecutiva del remate. De tal suerte, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Ahora bien, no es inadvertido el contenido de la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152 del rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De acuerdo con el criterio aludido, se postuló que el supuesto de procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos que ocasionen una ejecución de imposible reparación, debe hacerse extensivo a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, como lo es el procedimiento de remate. Por tanto, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en esa etapa procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en dicha etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de amparo establecida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, si es que tal afectación no es consecuencia directa ni necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Sin embargo, en el caso en estudio si bien los actos reclamados pudieran ser de imposible reparación, no son ajenos a la cosa juzgada. Luego, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de garantías. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso solicita la suplencia de la queja; sin embargo, no existe nada sobre lo que haya que suplir. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio López Cerna, respecto de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo y por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Marco Antonio Gaitán García347/2019
- Marco Antonio Gama Pintor2/2021
- Marco Antonio Hernández Piñon296/2018
- Marco Antonio Jaramillo Castañeda1044/2018
- Marco Antonio Jiménez Hiriart1173/2019
- Marco Antonio Jimenez Hiriart97/2021
- Marco Antonio Lopez Toledo529/2023
- Marco Antonio Muñiz Tinoco356/2022
- Marco Antonio Muñoz Pita420/2022
- Marco Antonio Rodriguez Guzman225/2023
- Marco Antonio Rojas Muñoz663/2018
- Marco Antonio Salinas Hernández1129/2021