Marco Antonio López Camacho
Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio López Camacho
Actuaciones
- Principal
SE HACE CONSTAR QUER SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que el promovente del amparo no interpuso recurso de queja en contra del proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98 en relación con el 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo y 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio López Camacho, por propio derecho, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad al acuerdo general en cita, se establece que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en las hipótesis de los artículos 8 fracción I, 9 y 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y los artículos 11, fracción XV y 86, fracciones XVII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, así como a la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por el Director General de Archivo y Documentación; en consecuencia, se comunica a la parte promovente que el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante, en términos del artículo 15 del propio Acuerdo. Finalmente, en razón de que en el presente sumario obran documentos exhibidos por el promovente, se ordena dar vista al mismo, para que dentro del término de noventa días naturales - incluido hábiles-, ocurra a recogerlos, apercibido que en caso de no hacerlo el documento en comento será destruido; lo anterior, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En la inteligencia de que la entrega de documentos, solamente se realizará los días miércoles en un horario de 09:30 a 11:30 de la mañana; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los demás días no hay entrega de ellos, se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, ya que si se permite después de las 11:30 de la mañana, no se alcanza a concluir el tramite; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión que lo es las 15:45 horas. Máxime que para recoger el citado documento, deberá generarse la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" en el día señalado (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorga a la persona o cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional. Lo anterior, a fin de cumplir con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19".
- Principal
...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1150/2022, que es el que le corresponde; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. El quejoso en la demanda de amparo reclama: La resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós que declaró inoperante el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso ..., en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía, ofrecidas por la parte demandada (tercera interesada), en el juicio de origen, contraparte del quejoso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 583/2019, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro. Ahora bien, respecto al acto reclamado antes precisado, en la especie se actualiza la invocada causal de improcedencia, contemplada en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, requisitos que en el caso particular, no satisface la resolución reclamada ya que a través de ella, el Juez responsable declaró inoperante el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso Marco Antonio López Camacho, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte reo en el juicio de origen; entre ellas, la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, de manera que los efectos lesivos que esa determinación pudiera producir en contra del quejoso no trascienden más allá del proceso jurisdiccional. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el aquí quejoso Marco Antonio López Camacho obtenga sentencia favorable, en el juicio principal del índice del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por el propio quejoso, y de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en juicio de amparo directo como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse también la sentencia definitiva, conforme a la fracciones III, XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo1. Ello es así, en razón de que se insiste la resolución reclamada que declaró inoperante el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso Marco Antonio López Camacho, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas ofrecidas (entre ellas la pericial en grafoscopía y documentoscopía), por la parte reo en el juicio de origen, no causa un perjuicio de imposible reparación a esté, pues por un lado, en caso de que la sentencia definitiva que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones procesales cometidas durante el procedimiento con motivo de dicha resolución reclamada y, por otro lado, en el supuesto de que tal sentencia le sea desfavorable, puede combatir el acto reclamado, es decir, interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 583/2019, que declaró inoperante el recurso de revocación, contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas (entre ellas la pericial en grafoscopía y documentoscopía), ofrecidas por la parte reo en el juicio de origen, como violación procesal en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, una vez agotados los recursos ordinarios, en caso de que procedan, a 1 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." derechos del quejoso ajenos al proceso, y mucho menos genera en su perjuicio una afectación de imposible reparación, que haga procedente el juicio de amparo biinstancial conforme al artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, ya que para que un acto dictado dentro de juicio tenga esa connotación el mismo o su ejecución debe afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. fin de que tal violación sea reparada, en términos del artículo 172 fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación con efectos netamente procesales reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable, una vez agotados los recursos ordinarios; en caso de que procedan. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en La sentencia interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 583/2019, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, que declaró inoperante el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso Marco Antonio López Camacho, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte reo en el juicio de origen; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, porque atendiendo a las características del acto del que se duele la quejosa (declaración de inoperante el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso Marco Antonio López Camacho, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte reo en el juicio de origen), dicha determinación no genera efectos de imposible reparación a las partes del procedimiento del juicio natural pues como se dijo únicamente produce efectos en el proceso los cuales se traducen en que se lleve a cabo el desahogo de la pericial en grafoscopia y documentoscopia, ofrecidas por la reo en el juicio natural Gloria María Soria Carbajal y, por ende que al dictarse la sentencia se valore esa prueba, sin embargo con la calificación por inoperante de recurso de revocación en contra del auto que admite dicha probanza, no se afecta en forma inmediata y directa algún derecho patrimonial o personal al quejoso, ya que se insiste que las violaciones procesales de que se duele el quejoso pueden quedar sin efectos de obtener fallo favorable, o bien, en caso de que la sentencia sea adversa a sus intereses, podrá combatirlas en el amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios, en el supuesto que procedan al no ponerse en riesgo la vida, la libertad, o el patrimonio de la quejosa. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la propia legislación, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que como se dijo en el caso no acontece. Por consiguiente, toda vez que se actualizo la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Marco Antonio López Camacho, por derecho propio, por notoriamente improcedente. En diverso orden de ideas, se tiene como domicilio procesal el que señala el promovente en su escrito de demanda; y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que refiere, toda vez que no cuenta con su cedula profesional para ejercer la licenciatura en Derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que con posterioridad puedan acreditarlo. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con los nombres de usuario "malopezc". Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como al Actuario de la adscripción, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con sustento en el artículo 21 de la ley de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surja en el presente asunto, con el fin de no entorpecer su trámite. En ese orden de ideas, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud en el sentido de que se le tenga autorizando para recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico con mensajería instantánea denominada whatsapp, en razón que de que las notificaciones vía electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, deben practicarse por medio del usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y no sobre una cuenta de correo personal o un número telefónico de las partes; ello de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; máxime a que en el párrafo precedentes ya se tuvo al quejoso señalando domicilio procesal para recibir y oír notificaciones. En el entendido que en su caso el correo electrónico y números telefónicos señalados únicamente podrán ser utilizados para entablar comunicaciones no procesales de conformidad con el artículo 5º, fracción I, del ACUERDO General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Finalmente, para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con los artículos 1 y 2 del ACUERDO GENERAL 15/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO; A LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTARÁN SERVICIO; ASÍ COMO LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO REFERIDOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, este Juzgado Federal, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, modifica las materias de su competencia, para ahora ser semiespecializado en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales y conocerá de los asuntos que se indican en los artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conservando su residencia y jurisdicción territorial que tiene asignados y su nueva denominación será, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.
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