Marco Antonio Leyva Mena
Expediente 57/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Leyva Mena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído veintitrés de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Leyva Mena, por propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal con licencia del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, contra actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, ha quedado firme. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por......, por propio derecho y en su calidad de Presidente Municipal con licencia del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en sede en esta ciudad, quien acredita lo anterior con las constancias que anexa, contra actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 57/2018-II, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:.......En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ".Se reclama de las responsables la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 8 de enero del presente año, presentado en oficialía de partes el mismo día, en el que el suscrito solicita su reincorporación a las funciones de Presidente Municipal del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Igualmente se reclama la omisión de dar contestación al alcance del escrito anterior de fecha 10 de enero del 2018, en donde insistí, al Congreso del Estado en mi reincorporación a funciones como Presidente Municipal del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda vez que no existía motivos para continuar dicha licencia, y no existe motivo legal que impida mi retorno." De igual forma, es importante señalar que la parte quejosa señala en su capítulo de hechos de los actos reclamados, en lo que interesa, lo siguiente: "1.- Que participé como candidato del Partido Revolucionario Institucional para ocupar la presidencia municipal del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el proceso electoral local 2014- 2015. 2.- Que conforme a la Declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a presidente y síndicos, emitida por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en fecha 10 de octubre de 2015, obtuve la mayoría necesaria para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Chilpancingo de los Bravo para el periodo 2015 - 2018 3.- Con fecha 30 de septiembre de 2015 tome posesión como Presidente Municipal del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y al día siguiente tomé protesta ante el cabildo y un representante de los poderes del Estado. 4,- Que con fecha 16 de octubre del año próximo pasado solicité licencia al Congreso del Estado por tiempo indefinido 5.- Que siendo ya inexistente la razón por la que solicité mí licencia con fecha 8 de enero del presente año manifesté al congreso la terminación de la misma y mi voluntad de retornar al cargo para el que fui electo. 6.- Con fecha 10 de enero insistí en alcance al escrito anterior, al Congreso del Estado en mi reincorporación a funciones como Presidente Municipal del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda vez que no existían motivos para continuar dicha licencia y tampoco existe motivo legal alguno que impida mi reincorporación inmediata como presidente municipal. Sin embargo al día de la fecha, no existe contestación de parte de las autoridades señaladas como responsables, ni mucho menos alguna actividad encaminada a continuar con el procedimiento señalado por la Ley y que es de orden público." Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el artículo 8° Constitucional, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por su parte, el artículo 61, fracciones XV y XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para lo que antecede, debe tomarse como partida que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y lo "indudable", resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; y en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. En relación a lo anterior se cita por analogía la tesis visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988 que es del rubro y texto siguiente:.......Precisado lo anterior, recordemos que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa; y c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado la garantía individual consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislada que emitió la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, Tomo Tercera Parte XXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ....... En relación con el derecho de petición, el Tribunal Pleno, ha sustentado que su titular es el gobernado en general, y que significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual, el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Así como sustentó lo que se reproduce enseguida:........ Deriva de lo anterior que el derecho de petición, en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. La contradicción transcrita 14/200-PL, culminó con la jurisprudencia que es del tenor siguiente:....... De acuerdo con el criterio del Tribunal Pleno, la existencia de ese derecho fundamental exige la formulación de un escrito dirigido a funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, por tanto, el juicio de amparo, en relación con ese derecho, es procedente cuando se acredita que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Sin embargo, como excepción a esa regla general, tratándose del derecho de petición, cuando en un juicio de amparo se reclama cuestiones políticas y electorales a autoridades facultadas para emitir determinaciones en dichas materias, el juicio de amparo resulta improcedente en atención a lo redactado en el propio artículo 8° Constitucional, que señala que "en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República". Ahora bien, toda vez que el acto reclamado que aquí se impugna deriva de la petición elevada a través del escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, dirigido al Congreso del Estado de Guerrero, en el cual, en esencia, el promovente del amparo solicitó su reincorporación a las funciones de Presidente Municipal de Chilpancingo de Los Bravo. Luego, mediante escrito de diez de enero de este año, dirigido al diputado Eduardo Ignacio Neil Cuevas Ruíz, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, en alcance al diverso de ocho de ese mismo mes y año, requiere a dicha autoridad lo siguiente: ".Como es de su conocimiento, mediante escrito de fecha dieciséis de octubre de 2017, solicité a ese Honorable Congreso del Estado licencia indefinida para separarme del cargo y funciones de Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. En consecuencia, mediante decreto número 486, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, autorizó al suscrito, licencia indefinida para separarme del cargo y funciones de Presidente Municipal, sustentado en el Artículo 61 fracción XX y XXI de la constitución política del estado libre y soberano de Guerrero y Articulo 91 de la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero. Por lo anterior, y toda vez de que no existen motivos para seguir con dicha licencia, me permito solicitar a usted, someta al Pleno de ese Honorable Congreso del Estado, mi solicitud para reincorporarme al cargo y funciones de Presidente Municipal Constitucional, que mediante el voto popular el pueblo de Chilpancingo me confirió en las elecciones celebradas el día 7 de junio del año dos mil quince para el periodo 2015-2018. Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted como presidente de la mesa directiva de la LXI legislatura, ATENTAMENTE PIDO: UNICO.- Someter a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea, deje sin efecto la licencia que mediante decreto número 486, la Sexagésima Primera legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, me autoriza de manera indefinida. Como consecuencia se me reincorpore al cargo y funciones de Presidente municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero." Lo anterior, evidencia que el promovente del juicio de amparo a través de los escritos antes señalados solicita al Congreso del Estado de Guerrero, se deje sin efecto alguno el decreto 486, en el que le fue concedida licencia al cargo de Presidente Municipal de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, y por ende, se le reincorpore en dicho cargo. Por tanto, dicha petición, no se equipara a las peticiones que tutela el artículo 8° Constitucional, ya que no se está en presencia de una afectación a los derechos sustantivos del gobernado, puesto que el quejoso no se trata de un gobernado en general, sino precisamente del Presidente Municipal Electo con licencia del Municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quien en sus escritos, en esencia, pide que se deje sin efecto la licencia que le fue concedida y se le reincorpore a sus funciones, y para ello, las facultades conferidas al Congreso del Estado, establecen las formalidades que tiene que cumplir para dar por concluida la licencia y la reincorporación que solicita, las cuales se establecen en la norma, pues en el caso, del contenido de sus escritos se aprecia que conllevan a cuestiones políticas y electorales. En ese orden de ideas, cuando la petición se presenta dentro de un procedimiento sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de la garantía prevista en el mencionado artículo 8°, por no tratarse de un derecho de petición, sino de una solicitud elevada a un órgano del estado para que con base en sus facultades constitucionales legales y reglamentarias presente al pleno del mismo la solicitud de reincorporación al cargo de presidente municipal que ostenta el peticionario, de manera que la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta a ésta en los términos que establece el citado precepto constitucional, por ende, no constituye un acto de autoridad que pueda ser impugnado a través de la vía de amparo indirecto. La determinación anterior, tiene sustento en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Materia Común, Tesis 2a./J. 61/2011, Página 323, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Asimismo, es aplicable la tesis P.LX/2008, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:......De ahí que la omisión de atender los escritos de ocho y diez de enero de dos mil dieciocho, presentadas por el promovente ante el Congreso del Estado de Guerrero, por los que solicita se decrete la cancelación de la licencia que pidió y se le reincorpore a sus funciones como Presidente Municipal de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, no se ubique dentro de los supuestos contemplados en los supuestos establecidos en el artículo 8° y el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra dicha abstención en los términos que se plantea. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el artículo 8° Constitucional, y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son:.......DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Julio Antonio Hernández Barros, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Raúl Monzón González, por no contar con el anterior requisito, de la misma forma a las demás personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente.
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