Marco Antonio Larios Bejar
Expediente 404/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
Partes del expediente
- Marco Antonio Larios Bejar
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra en autos las constancias de notificación de la sentencia de engrose de treinta de octubre de dos mil veinte, respecto de la parte quejosa, así como de las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, ambas del Ayuntamiento de Guadalajara, así como del Titular y del Director de Control y Supervisión de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, del Titular de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, del Titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y del Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de Distrito. Orden de notificaciones. Por tanto, de conformidad con los numerales 26, fracción I, inciso e) y fracción II, así como con el diverso 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al funcionario judicial de la adscripción a fin de que proceda de inmediato a imprimir los oficios correspondientes de dichas partes procesales, así como de realizar la notificación personal de la aludida resolución a la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Por tanto, con fundamento en el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario judicial encomendado. Se notifica a la parte quejosa, la resolución autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual, V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 537/2020, promovido por Juan Carlos Gómez Ramos, apoderado legal de "Exclusiva Cerámica", sociedad anónima de capital variable, contra actos de la Secretaría de Economía y oras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el seis de mayo de dos mil veinte, Juan Carlos Gómez Ramos, apoderado legal de "Exclusiva Cerámica", sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que indicó en su demanda. Actos que estimó violatorios de los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinte, este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo, a quien por razón de turno correspondió su conocimiento, la admitió a trámite; la registró bajo número 537/2020; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; debido a que se reclaman actos de naturaleza administrativa, con posible ejecución dentro del territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierte que lo es: De la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud: a) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta de abril de dos mil veinte, a través de sus respectivos correos institucionales. Al Presidente del Municipio de Guadalajara, Jalisco; Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; Titular y Director de Control y Supervisión, ambas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y al Titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco: b) La orden verbal de clausura del comercio que defiende; c) No considerar como esenciales las actividades en el ramo de distribución de la mercancía enfocada la higiene sanitaria y de salud, que realiza la moral quejosa como actividad esencial. Una vez señalados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éstos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada, con número de registro 206225, de la Octava Época, en Materia Común, de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora General Jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en representación del Presidente y Director de Inspección y Vigilancia (folios 70 a 72), el Secretario del Trabajo y Previsión Social (folios 75 y 76), y el Director de Control y Supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco (folios 91 y 92), al momento de rendir su respectivo informe con justificación negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. De manera que correspondía a la parte quejosa aportar al juicio de derechos fundamentales los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata, sin que así haya acontecido. En consecuencia, ante la inexistencia apuntada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Presidente del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Titular y Director de Control y Supervisión, ambas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Ahora, respecto del acto reclamado al Presidente, Dirección de Inspección y Vigilancia, ambas del Ayuntamiento de Guadalajara, Titular y Director de Control y Supervisión, las dos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, todas del Estado de Jalisco, consistente en no considerar como esenciales las actividades en el ramo de distribución de la mercancía enfocada a la higiene sanitaria y de salud, que realiza la moral quejosa como actividad esencial, también debe tenerse como acto inexistente, pues pese a que se trata de un acto eminentemente negativo, el mismo tiene efectos positivos, pues la consecuencia sería que las responsables pudieran materializar la orden verbal de clausura reclamada al no considerar como actividad esencial su negocio; empero, para que ello ocurriera, era necesario que las autoridades administrativas señaladas como responsables hubieran emitido esa orden, es decir, que se haya ordenado la clausura de su negocio al estimar que la actividad desarrollada por la quejosa se consideraba como no esencial, lo que en la especie no aconteció, dada la negativa de las responsables y que no fue desvirtuada. Por tanto, ese acto (no considerar como esenciales las actividades en el ramo de distribución de la mercancía enfocada a la higiene sanitaria y de salud), también se debe tener como inexistente. A igual consideración se arriba respecto del acto reclamado al Titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, pues no obstante que no rindió su informe de ley, pese a que fue notificado oportunamente para ello (folio 68), no opera en su contra la presunción de certeza, debido a que dentro de sus actividades no se encuentra lo reclamado por la quejosa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud, pues no obstante que negaron la existencia de lo reclamado a continuación realizaron manifestaciones que evidencian su certeza; de ahí que deben tenerse por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, este resolutor respecto del acto reclamado tanto a la Secretaría de Economía, como a la Secretaría de Salud, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que les fuera presentado el treinta de abril de dos mil veinte, a través de sus respectivos correos institucionales, se concreta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la interpretación gramatical del dispositivo legal transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, del rubro y tenor siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, la demanda de amparo fue presentada el seis de mayo de dos mil veinte, asimismo, de la citada demanda, se advierte que la parte promovente reclama la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante las responsables el treinta de abril de os mil veinte. Ahora, de las constancias que acompañó el Director General Adjunto de lo Contencioso de la Secretaría de Economía, al rendir su informe justificado (folios 81 a 87), se advierte que el siete de mayo de dos mil veinte, se dio respuesta a la solicitud de la persona moral quejosa (folio 85), mediante correo electrónico. Documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Subdirector de Área adscrita a la Dirección Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, informó que el siete de septiembre de dos mil veinte, se dio respuesta a lo peticionado por la moral quejosa, mediante comunicación electrónica, al que se adjuntó el oficio DGPCPS-3661-20. Además, debe tenerse en cuenta que este juzgado mediante acuerdo de dieciocho de setiembre de dos mil veinte, dio vista a las partes con el informe justificado remitido vía telegrama por dicha autoridad, del cual se desprende que se dio la respuesta a lo solicitado mediante escrito de treinta de abril del año en curso; de ahí que no exista de que tal pronunciamiento fue hecho del conocimiento de la moral quejosa. De lo anterior se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa cesaron en sus efectos con la emisión de las respuestas correspondientes. De lo expuesto se advierte que cuando se promovió la demanda de amparo, no se había emitido respuesta al ocurso presentado ante la responsable Director General del Centro SCT Jalisco, en tanto que el veintiuno de enero del presente año, se emitió la respuesta relativa, misma que fue notificada en la data señalada en el párrafo anterior; por tanto, han cesado los efectos del acto omisivo reclamado y desaparecieron los motivos que, concreta y específicamente, originaron el ejercicio de la acción de amparo. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por lo que lo procedente es sobreseer en este juicio de derechos fundamentales por lo que ve a tal acto. En otro aspecto, atendiendo al sentido de la presente resolución, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues cuando, como en el caso ocurre, se acreditan causas de improcedencia y, por ende, se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que atañe al problema de fondo, porque aquellas cuestiones son de estudio preferente. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, es innecesario realizar pronunciamiento respecto de las alegaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dado que no existe obligación para ello. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Juan Carlos Gómez Ramos, apoderado legal de "Exclusiva Cerámica", sociedad anónima de capital variable, en contra de los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de abril de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado del Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que la apoderada de la parte quejosa, se presentó el nueve de abril de dos mil veinte, ante la dependencia a recoger el título de crédito emitido a su favor, esto es, el cheque número 0165441, mismo que ampara la cantidad de $25,734.79 (veinticinco mil setecientos treinta y cuatro pesos 79/100 moneda nacional), cantidad que resultó a su favor con su respectiva actualización, de la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, para acreditar dicha circunstancia, remite el original del recibo interno, copia del título de crédito 0165441, así como copia de la identificación oficial de la apoderada y de la carta poder con la que acreditó al carácter con el que compareció. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el DIANA ULLOA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.17 13/08/21 11:11:45 comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre DIANA ULLOA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.17 13/08/21 11:11:45 EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN Archivo Firmado: 9041001_0681000026930009015.p7m Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal Firmante(s): 2 FIRMANTE Nombre: DIANA ULLOA HERNANDEZ Validez: BIEN Vigente FIRMA
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que no se cuenta con las constancias de notificación a la parte quejosa y al tercero interesado del proveído de diecinueve de febrero del año que transcurre, en el cual se interpuso recurso de revisión contra la sentencia. II. Requerimiento actuario. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario que corresponda su realización para que de inmediato las practique, o bien, en el caso de haberlas efectuado las integré a los autos que conforman el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo.- por este medio de lista se notifica a las partes el acuerdo de diecineuve de febrero del año en curso que dice: Se tiene por recibido el ocurso que signa el quejoso, atento a su contenido con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Distribúyanse las copias de los agravios respectivos a las partes y dentro de los tres días sucesivos, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, el escrito de cuenta. En el entendido de que a efecto de que la superioridad conozca lo actuado en él, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Lo anterior, una vez que se tenga conocimiento del tribunal colegiado al que corresponda el conocimiento del recurso de que se trata.
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