Marco Antonio Lara Franco
Expediente 1403/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Lara Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Puebla, Puebla, a primero de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de engrose de veintiocho de abril de dos mil veintitrés por la que este órgano de control constitucional determinó por una parte SOBRESEER y por otra NEGAR en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que dichas autoridades tienen su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 1403/2022para dictar sentencia. R e s u l t a n d o. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado en la misma fecha y recibido en este juzgado al día siguiente, Marco Antonio Lara Franco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en la ciudad de Puebla, a quien reclamó el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado dentro del incidente 40/2017/JES, con el que se tomó conocimiento de las manifestaciones el defensor del quejoso en el sentido de que no le fue recibido un escrito por parte de la autoridad penitenciaria y negó requerir a ésta para que recibiera esa petición al defensor en la que solicita al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla, que aplique al quejoso el tratamiento preliberacional; así como la negativa de recibir un escrito, atribuida a la autoridad penitenciaria; pues consideró que tales actos son violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Radicación y tramitación. El mismo día que fue recibida la demanda, este juzgado ordenó formar y registrar el juicio de amparo 1403/2022, lo admitió a trámite, pidió los informes justificados, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, señaló día y hora para la audiencia constitucional la que, previó emplazamiento de los terceros interesados, fue celebrada como antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA Este juzgado la tiene en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, y 37 de la Ley de Amparo; y, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esto es: por materia que en el caso es la penal, porque se reclaman actos que derivan de una carpeta de ejecución de sanciones penales; por territorio, porque el procedimiento del que deriva el acto reclamado se cumple en el Estado de Puebla, en donde se ejerce jurisdicción; y, por grado, porque a este juzgado de Distrito corresponde conocer del amparo indirecto en primera instancia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan como tales: Al juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en la ciudad de Puebla, se le reclama: El auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado en el incidente 40/2017/JES. A la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, se le reclama: La negativa de recibir un escrito. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO Al rendir el informe justificado, la Directora del centro Penitenciario de Puebla negó el acto que le atribuye la parte quejosa. Al respecto, se hace hincapié que el quejoso reclamó un acto positivo con efectos negativos ya que precisó que el "veinticuatro de noviembre" fue presentado ante la Oficialía de Partes de la autoridad penitenciaria, un escrito en el que se promovió lo conducente ante el Comité Técnico y, que el personal negó recibirlo con motivo de que no se acompañó la copia de la cédula profesional y nombramiento del abogado, lo que incluso, sostuvo, le fue referenciado por el personal que esa disposición así estaba indicada en un letrero que le fue señalado. Esto es, la negativa a recibir la promoción está fundada en un hecho positivo; por lo tanto, ante la negativa expresada por la autoridad penitenciaria en su informe justificado, correspondía al quejoso demostrar el hecho en el que la fundó, esto es, que en efecto presentó o intentó presentar un escrito ante la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario de Puebla, que estaba dirigido al Comité Técnico. El quejoso no desvirtuó ese informe, pues no ofreció prueba respecto a ese hecho. No se soslaya que en el expediente de origen obra un escrito dirigido el juez responsable -visible en la foja 262 del anexo I-, en el que se hace alusión a la situación antes mencionada, esto es, que el personal del oficialía negó la recepción del escrito y que le indicaron que así estaba estipulado en un cartel o letrero, del cual obra una imagen en la que es visible una leyenda que dice "Al presentar petición particular, anexar copia de nombramiento y cédula. Gracias". Sin embargo, el escrito antes aludido solamente demuestra que el abogado del quejoso le hizo saber esa circunstancia al juez responsable, pero no que ese hecho mencionado sea cierto, pues para ello, el quejoso debió aportar pruebas que así lo demostraran en este juicio de amparo. Al no hacerlo así, prevalece la negativa de la responsable. Con base en lo anterior, se actualiza uno de los supuestos previstos en el artículo 65, fracción IV, de la Ley de Amparo, relativo a que en audiencia constitucional no se demostró la existencia del acto reclamado, por lo que al respecto se sobresee en el juicio. CUARTO. CERTEZA DE UN ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado al juez responsable pues así lo reconoció al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que aportó, ya que con éstas acreditó que el uno de diciembre de dos mil veintidós, el juzgado tomó conocimiento de las manifestaciones el defensor del quejoso en el sentido de que no le fue recibido un escrito por parte de la autoridad penitenciaria y negó requerir a ésta para que recibiera esa petición al defensor en la que solicita al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla, que aplique a su defendido tratamiento preliberacional. QUINTO. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación son inoperantes sin que se advierta deficiencia para suplirlos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo. Para clarificar esa decisión, primeramente se conocerán los antecedentes del acto reclamado; luego se establecerá la naturaleza de los beneficios preliberacionales para definir la regla general que permite identificar la ley de ejecución de sanciones que los rige; enseguida, se identificarán los conceptos de violación y se pasará a dar la solución a este asunto con base en el régimen correspondiente. Antecedentes del acto reclamado 1. En actuaciones del expediente de origen, obra el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el que se reseñó lo siguiente: Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno fue desechada la solicitud del quejoso relativa al beneficio de tratamiento pre liberación. Acuerdo impugnado mediante el recurso de apelación; lo que motivó la sustanciación del toca de apelación 29/2021 de la Sexta Sala Unitaria en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Puebla, en cuya ejecutoria se ordenó al juez de Ejecución a pronunciarse de fondo en cuanto a la petición formulada por el quejoso. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno el juez dejó sin efectos el auto recurrido y solicitó prórroga a la Alzada para estar en posibilidad de recaudar las documentales necesarias y dar cumplimiento a la ejecutoria. Una vez que el juzgado se llegó de la documentación, fue dictado ese acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el que además de la reseña anterior en esencia hizo los pronunciamientos siguientes: El juzgado de ejecución se declaró competente para conocer del asunto. Declaró que el sentenciado se encontraba su disposición, para vigilar la ejecución de la sentencia. Identificó que el quejoso cumple condena que le fue impuesta dentro de la causa penal 76/1999 del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que fue modificada mediante ejecutoria de uno de octubre de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, en el toca de apelación 1195/2001, de la que para el caso destaca la pena privativa de libertad de cuarenta y cinco años y nueve meses por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio calificado. Se sujetó a resolver de fondo en cuanto a la petición formulada por el quejoso; ello de acuerdo con lo expresado en la ejecutoria antes citada. Desechó por notoriamente improcedente la petición de aplicación del tratamiento pre liberacional bajo el argumento de que a partir de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal quedaron abrogadas todas las legislaciones federales y estatales que regulaban la ejecución de sanciones penales; en términos del artículo 137, párrafo penúltimo, 141, párrafo último, 144, párrafo último, y 146, párrafo penúltimo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no procede la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de la pena ni la pre liberación respecto de los delitos entre otros, el de secuestro; agregó que ambos delitos (secuestro y homicidio), se encuentran dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa prevista en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional; y, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, establece que los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley antes indicada, no tendrán derecho a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Con base en ello, dijo que iniciar un procedimiento incidental o por controversia en favor del sentenciado y seguir la secuela procesal hasta su resolución, no procedería ni se otorgará otorgaría algún beneficio por el tipo de delitos; lo que el quejoso no podría contradecir. 2. Contra esa determinación, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós el quejoso interpuso recurso de apelación. 3. Mediante ejecutoria dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia resolvió modificar el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós e instruyó al Juez de Ejecución de sentencias Penales que admitiera trámite la solicitud planteada por el quejoso; para ello, esa Sala Unitaria sustancialmente consideró: El juez de ejecución pasó por alto que el procedimiento de ejecución inició una vez que la sentencia causó ejecutoria el uno de abril de dos mil dos y no cuando solicitó el beneficio de pre liberación, por lo que no correspondía la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisó que la sentencia del quejoso fue confirmada por ejecutoria de uno de abril de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el toca de apelación 1195/2001; esto es, precisó, durante la vigencia de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, con vigencia al diecisiete de junio de dos mil once. Indicó que por ello, la petición del quejoso debía analizarse bajo esa ley abrogada, bajo la cual el sentenciado estaba sujeto al procedimiento de ejecución. Al respecto transcribió porciones de los artículos 52, 53, 54 y 55 que indicó correspondían a la ley antes citada, esto es, a la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla. Sin embargo, el texto de esos numerales no corresponden a esa ley expedida en mil novecientos setenta y cinco, sino que se trata de los arábigos correlativos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado de Puebla, así llamada al momento de su publicación en el Periódico Oficial el diecisiete de junio de dos mil once, cuya denominación cambió a Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla con motivo del decreto publicado el catorce de septiembre de dos mil doce en el mismo medio de difusión oficial. Los numerales que la Sala transcribió en parte, son los siguientes: ARTÍCULO 52.- El Tratamiento Preliberacional es un periodo del régimen progresivo técnico, al que debe someterse el sentenciado, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 54 y durante el cual queda sometido a las formas y condiciones de tratamiento que determine el área administrativa correspondiente con la autorización del Juez de Ejecución con las excepciones previstas en esta Ley. El Tratamiento Preliberacional tiene por objeto evaluar la evolución del interno en su tratamiento, con el fin de lograr su readaptación que lo lleve a conseguir una efectiva reinserción social. Contempla la libertad bajo control del área administrativa competente, al sentenciado que por sus características así lo requiera y durará hasta que obtenga alguno de los beneficios de libertad anticipada que esta Ley contempla o compurgue la pena. ARTÍCULO 53.- El Tratamiento Preliberacional comprenderá las siguientes fases progresivas: I.- La preparación del sentenciado y su familia en forma grupal o individual, acerca de los efectos de su vida en libertad; II.- La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social, entendiendo ésta como la respuesta al tratamiento instaurado; III.- La concesión de salidas grupales con fines culturales y recreativos, visitas guiadas y supervisadas por el personal técnico; y IV.- La canalización a un régimen de semilibertad, en el que se continuará con el tratamiento correspondiente concediéndole permisos de: a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los días sábados y domingos para convivir con su familia; o b) Reclusión los sábados y domingos para recibir un tratamiento técnico. El Tratamiento Preliberacional, se iniciará cuando el sentenciado haya compurgado el quince por ciento de la pena impuesta y deberá cursar de manera progresiva por cada uno de las fases descritas en el presente artículo, que serán aplicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario, cuando el interno cumpla cuando más un quince por ciento de la sanción impuesta entre cada fase, pudiendo avanzar o retroceder de acuerdo a la modificación de su personalidad. El Tratamiento Preliberacional también podrá ser aplicado a los sentenciados que no cumplan con el requisito previsto en la fracción VI del artículo siguiente, sin incluir el régimen de semilibertad previsto en la fracción IV de este artículo. ARTÍCULO 54.- La semilibertad como parte del Tratamiento Preliberacional se otorgará a favor del sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos: I.- Que haya compurgado el sesenta por ciento de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y cuarenta por ciento tratándose de delitos culposos; II.- Que haya trabajado en actividades reconocidas por la institución; III.- Que haya observado buena conducta; IV.- Que participe en actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas que se organicen en la institución; V.- Que cuente con una persona, que se comprometa y garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado ante el área administrativa correspondiente; VI.- Que compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando; y V.- No haber sido condenado por otro delito doloso o estar vinculado a un proceso penal diverso por delito doloso. Indicó que esos numerales que transcribió, establecen las fases progresivas que debe cumplir una persona sentenciada para acceder al beneficio de la pre liberación y tener acceso a la posibilidad de que un Juzgador analice si procede el beneficio que en la ley se establece, porque el derecho a iniciar un procedimiento de pre liberación está relacionado con el derecho humano a la libertad personal, lo que la hace más importante y trascendente; no como una cuestión adjetiva, sino sustantiva, ya que debería de aplicarse proactivamente la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla en vigor durante el procedimiento de ejecución de la pena del quejoso y no la Ley Nacional de Ejecución Penal; y que, por ello, era necesario tramitar la petición del quejoso para que el juez se allegará de los elementos necesarios que le permitieran conocer el contexto actualizado del sentenciado al momento de decidir sobre su pretensión, ya que de esa manera se podría evaluar de momento a momento la posible transformación gradual y progresiva del sentenciado durante su internamiento, a fin de poner en evidencia si está en condiciones o no de reinsertarse anticipadamente. Agregó que, con ello, se estaba a lo más favorable en favor del sentenciado porque la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla no establecía restricción para la solicitud, como sí lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a que ésta establece que no procede la libertad anticipada por delitos como son el secuestro. Con base en lo anterior, declaró fundado el agravio del quejoso y ordenó que se iniciara el procedimiento para que se verificara si se reúnen o no los requisitos establecidos en los artículos 52 a la 55 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla. 4. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, el juzgado de ejecución dio trámite al incidente relativo a la petición del quejoso; ello, en los términos ordenados por la Sala, por lo que adecuó su actuación a los artículos 52 al 55 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla y, por tal motivo, ordenó enviar oficio al Director General de Sanciones y Medidas a efecto de que el Consejo General Técnico Interdisciplinario diseñara, orientara y aplicara el tratamiento progresivo y técnico del quejoso de acuerdo con los numerales citados, el cual, precisó, debería ser individualizado, programado y continúo para brindar al sentenciado los elementos necesarios para una efectiva readaptación y a su vez lograra una reinserción a la sociedad; también le requirió para que rindiera los informes trimestrales sobre los avances u obstáculos para cumplir con los objetivos del tratamiento aplicado al sentenciado. De igual manera requirió a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla para que en cinco días remitiera copia certificada por triplicado de los estudios correspondientes y, a su vez, le remitiera copia a la Dirección de Sanciones a fin de que ésta realizara la validación técnica correspondiente, así como todos los diplomas de cursos o actividades en las que el sentenciado había participado; el cómputo de los días laborados y la partida jurídica del sentenciado. También requirió a la Dirección de Sanciones para que remitiera e indicara en el informe respectivo, si verificó que la planilla de cursos o actividades con las que cuenta el Centro de Reinserción Social, se ajusta al tratamiento diseñado por el Consejo Técnico Interdisciplinario para el sentenciado, y si el tratamiento diseñado por el Consejo Técnico Interdisciplinario fue avalado por el Consejo General y, finalmente, indicara si dio a conocer el tratamiento al sentenciado, así como las formas y condiciones en que se ejecutaron los programas como en su momento lo solicitó el quejoso. 5. Lo anterior lo comunicó al Director General de Sanciones y Medidas, así como a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, mediante sendos oficios 822 y 823, respectivamente. 6. En respuesta, el juzgado de ejecución recibió el oficio 2019 de dos de junio de dos mil veintidós signado por el Director General de Ejecución de Sanciones y Medidas; es esta misiva el oficiante hizo un preámbulo en el que indicó la manera en la que a su parecer debe operar el régimen transitorio previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, con base en ello, comunicó al juzgado responsable que ese órgano interdisciplinario se encontraba impedido para emitir la opinión solicitada; ello, sostuvo, ante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la abrogación de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del Estado de Puebla, así como la derogación del Código Adjetivo Penal del Estado, que regulaban la libertad preparatoria. Agregó que de acuerdo con el principio pro persona respecto a la norma que tutela con mayor amplitud del derecho humano en cuestión o la interpretación que más favorezca al sentenciado, se hará siempre y cuando ese ejercicio se despliegue utilizando normas que se encuentren vigentes dentro del sistema jurídico, ello, al momento de su aplicación; esto es, abundó, con base en derecho positivo vigente. Con base en ello, dijo que el órgano colegiado penitenciario no tendría atribuciones legales o reglamentarias para diseñar, orientar y aplicar el tratamiento a la población de sentenciados de los centros de reinserción social, conforme a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales y el Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; sostuvo que una de las principales atribuciones de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, actualmente denominados Comités Técnicos, era el diseño del tratamiento de internos en términos de los artículos 49 y 50, fracción I, de la primera ley invocada, la cual está abrogada, en donde el tratamiento de pre liberación, era uno de los requisitos indispensables previstos en el artículo 532, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de la entidad, también abrogado, que corresponde a los Consejos Técnicos; entre otras alegaciones. 7. Oficio que fue recibido mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, en cuyo punto "CUARTO", el juzgado requirió nuevamente el diseño y orientación y aplica el tratamiento progresivo y técnico al quejoso, pues indicó que lo solicitado fue en cumplimiento al toca 15/2001 de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia, por lo que para tal efecto, ordenó remitir las resolución respectiva; para tal efecto el juzgado emitió el oficio 962 dirigido al citado director. 8. En respuesta al requerimiento anterior, el trece de julio de dos mil veintidós fue recibido el oficio 2762 de once de julio de ese mismo año, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas, en el que insistió que el Consejo General Técnico Interdisciplinario, constitucional, legal y reglamentariamente, estaba impedido para diseñar el tratamiento técnico progresivo e individualizado al quejoso, e impedido para diseñar el tratamiento de pre liberación, ya que se trataba una facultad exclusiva del anteriormente existente Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, tal como, sostuvo, estaba previsto en el artículo 53 fracción II, inciso B, del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, actualmente abrogado, por lo que, en alcance a su oficio de dos de junio, afirmó que no existía competencia originaria del entonces Consejo General Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Ejecución de Sentencias y Medidas, para que estuviera en aptitud de diseñar orientar y aplicar el programa de pre liberación. 9. Mediante auto de veintidós de julio de do mil veintidós, específicamente en el punto de acuerdo tercero, el juez responsable ordenó dar vista al quejoso con las manifestaciones contenidas en el oficio citado. 10. En respuesta a esa vista, el defensor del quejoso presentó un escrito en el que manifestó que en atención a la respuesta de la autoridad penitenciaria, quien cuenta con facultades es el Comité Técnico al que se refieren los artículos 3, fracción V, 17 y 18, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo cual dijo, que al ser "cosa juzgada" lo relativo a la procedencia del tratamiento pre liberacional, era necesario que el Comité Técnico se pronunciara conforme a lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del Estado de Puebla, ya que el tratamiento de pre liberación se inició cuando el sentenciado había compurgado el quince por ciento de la pena impuesta, por lo que el tratamiento se debió cursar de manera progresiva en cada una de las fases del tratamiento respectivo, que debieron ser aplicadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario; explicó que a partir del quince por ciento de la pena que en el caso corresponde a seis años, diez meses y trece días, dentro del procedimiento de ejecución inició el llamado tratamiento pre liberacional, por lo que era necesario que el Comité Técnico del Centro Penitenciario, considerando los porcentajes establecidos por la norma y el desempeño de reinserción social del sentenciado, señalará al juez de ejecución en qué etapa del tratamiento pre liberacional se encontraba el quejoso, y a partir de esa fase pudiera avanzar o retroceder según fuera el caso; con base en esas manifestaciones pidió que se ordenara al Comité Técnico del Centro Penitenciario, cumplir con lo ordenado por el tribunal de alzada. 11. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, específicamente en el punto segundo, se tuvo por parte del defensor atendida la vista dada en auto de veintidós de julio del mismo año, pero se le indicó que el motivo de la vista con el oficio 2762, fue precisamente para que promoviera en favor de su representado las acciones necesarias ante la autoridad penitenciaria competente, a fin de obtener el diseño de tratamiento técnico progresivo e individualizado del quejoso que compete al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla; ello porque en términos del artículo 117, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al Defensor recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa, cómo son los relativos a justificar su petición incidental e hizo hincapié que esa autoridad judicial no tenía a su disposición al quejoso; agregó que en el supuesto de que les fuera negada la petición, estaban expeditos sus derechos para promover ante ella en términos de ley; con base en lo anterior, se requirió al citado ofensor para que promoviera conforme a sus facultades y justificará su actuar en un plazo de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desecharía la incidencia conforme al artículo 123, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 12. En respuesta a lo anterior, el defensor del quejoso presentó un escrito fechado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el que indicó que en la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario se negaron a recibir su escrito elaborado en atención al auto de veintidós de julio que fue puntualizado el tres de noviembre; con motivo de ello y para estar en posibilidades de cumplir lo solicitado por el juzgado, solicitó a éste que se requiriera a la autoridad penitenciaria por conducto del Presidente del Comité Técnico, para que le recibiera el escrito de petición y se pudiera resolver el incidente; a ese escrito acompañó el diverso de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dirigido al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla. 13. Escrito que fue acordado el uno de diciembre de dos mil veintidós en el que se tuvo al abogado del quejoso contestando la vista ordenada en auto de tres de noviembre de ese año, en el sentido de que no le fue recibida su petición ante la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario de Puebla, por los motivos que indicó; sin dar lugar a requerir al autoridad penitenciaria pues el juzgado señaló que correspondía al defensor recabar y ofrecer los medios para la defensa del sentenciado conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que dejó a salvo los derechos del quejoso y su defensor para que promovieran en términos de ley conforme a lo dispuesto en los artículos 16, fracción VIII, y 116 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de tres de noviembre de ese año. 14. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de origen, el juzgado ejecución recibió la causa penal 76/1999 del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el cual el citado órgano jurisdiccional puso al quejoso a disposición del órgano de ejecución, por lo que le fue asignada la carpeta única de ejecución CUE/0035/2023/CAPITAL. Naturaleza de los beneficios preliberacionales Al resolver el amparo en revisión 762/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación estableció que tratándose de las sanciones penales, a la autoridad judicial le compete, además de su imposición, su modificación y duración; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución: Artículo 21. . La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. . Mencionó que al Ejecutivo le corresponde la administración de los centros de reclusión y compurgación de las mismas. A partir de lo anterior, la Primera Sala precisó que los beneficios preliberacionales constituyen una variante de la ejecución de la pena o de su modificación y duración cuya determinación corresponde a las autoridades judiciales. En cuanto a la connotación que tienen esos beneficios en relación con el principio de reinserción social que deriva del artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución, rememoró varios precedentes en los que dijo que que no se deben confundir los fines del sistema penal con la justificación de la pena de prisión, porque ello permite entender que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a toda persona sentenciada, porque si bien la actual redacción del artículo 18 invocado, admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su contenido no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador, en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento, sino que por el contrario, la norma constitucional es la que establece que será la ley secundaria la que prevea los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario a que se refiere dicho ordenamiento fundamental, por lo que no es contrario al referido precepto constitucional establecer condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales, así como de las facultades de apreciación al órgano jurisdiccional para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios; ello, precisó, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social. En el amparo en revisión 209/2014, la Primera Sala estableció que la negativa de los beneficios preliberacionales no implica que se incumplan las medidas previstas en el artículo 18 constitucional para lograr la reinserción social de la persona sentenciada, pues no es una obligación constitucional su otorgamiento, y por el contrario, la negativa sí es una facultad para el legislador ordinario, quien por razones de política criminal consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. En el diverso amparo en revisión 762/2018 la Primera Sala estableció que tales beneficios constituyen un mecanismo de control jurisdiccional que no corresponde a un tema procesal, pues su implicación es meramente sustantiva al estar vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social; agregó que en este sentido. En resumen de todo lo anterior, se tiene que el régimen de beneficios preliberacionales es de naturaleza sustantiva, que desde el punto de vista constitucional se rigen bajo el principio de reinserción social, por lo que el legislador está facultado para condicionar su otorgamiento, incluso para negarlo. Por tanto, toca identificar qué ley es la que se debe aplicar a cada caso. En ese sentido, al resolver la contradicción de criterios 18/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sentencia condenatoria ejecutoriada, constituye el presupuesto necesario para la imposición de sanciones penales, lo que identificó como la condición necesaria para transitar hacia la etapa de ejecución de penas. Por lo que concluyó que la ley de ejecución de sanciones conforme a la cual se debe apreciar el régimen de beneficios preliberacionales, es la vigente al momento del dictado de la sentencia de condena que causa ejecutoria, pues es en ese momento que, al adquirirse certeza sobre la responsabilidad penal de la persona imputada, se derrota la presunción de inocencia que lo acompañó en todas las etapas procedimentales previas, y ello hace jurídicamente viable la imposición de penas que eventualmente podrán ser objeto de tales beneficios, para el caso de que se reúnan los correspondientes requisitos legales. La Primera Sala también señaló que habrá casos en los que un ordenamiento jurídico que reglamenta las condiciones de ejecución de las penas, entre en vigor con posterioridad al dictado de ese fallo. Indicó que en esa hipótesis el primer cuerpo normativo -el vigente al momento de la ejecutoria del fallo condenatorio-, constituye un derecho adquirido para la persona sentenciada, pero que en ese mismo sentido se incorpora el posterior, por lo que operará plenamente en su favor, el principio del mayor beneficio, que se desprende del artículo 1° constitucional e implícitamente emana del derecho fundamental de retroactividad en beneficio de la ley penal. Definida la naturaleza los beneficios preliberacionales y la regla general que permite identificar la ley de ejecución de sanciones que los rige, se pasa a identificar los conceptos de violación, para después dar la solución a este asunto con base en el régimen correspondiente. Conceptos de violación expresados por el quejoso El quejoso considera que se viola en su perjuicio el artículo 1º constitucional porque las autoridades responsables están obligadas a garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna bajo un control de constitucionalidad, además de que señala que se le ha denegado justicia, porque ante la negativa de la autoridad penitenciaria para recibir la solicitud que ella misma ordenó, solicitó que esa petición se realizara por conducto de la autoridad judicial y en lugar de requerirla, le negó esa petición con la pretensión de que interponga una controversia de las previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando el conflicto es precisamente que no le quieren recibir los escritos de su defensor, por lo que el juez debió prevenir a la autoridad penitenciaria que le recibiera la petición de la defensa, porque ello deviene del cumplimiento de un toca penal que ordenó al juez de ejecución actuar en consecuencia, y que el juez, lejos de cumplir con lo ordenado por la alzada, deja en manos de la defensa lograr que el Comité Técnico se pronuncie, por lo cual, para agilizar el proceso, su defensa realizó la petición y ante la negativa de la autoridad penitenciaria, quien violentó el derecho de pensión, volvió a dejar en manos de la defensa resolver la negativa a recibir el escrito. Agregó que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional porque la autoridad judicial no motiva porque decidió no requerir a la autoridad penitenciaria, en cuanto a que vulnera esa prerrogativa al negarse a recibir una petición con argumentos ilegales Sostuvo que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional porque se le niega el acceso a la justicia ya que la autoridad judicial está llamada a resolver los conflictos entre la autoridad penitenciaria y los privados de libertad, pero ahora pretende que se interponga una diversa controversia ante ella misma a fin de que le reciban el escrito ante la negativa de la penitenciaria. Solución que corresponde al presente asunto Como se adelantó, los conceptos de violación son inoperantes. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa. Esto es, la sentencia debe materializarse en un beneficio real o encausar la protección de un derecho dentro de un procedimiento. Con ello, se privilegia el derecho de acceso a la justicia pronta, así como los principios de concentración y economía procesal que informan la racionalidad del juicio de amparo, como medio de control para la protección de los derechos humanos. En el caso, de resolver el fondo y en el eventual caso de que se llegara a otorgar la protección constitucional, la sentencia de amparo no cumpliría esas finalidades, sino que solamente potenciaría la perspectiva ilusoria en la que fue sumergido con la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictada dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahí, indebidamente se dijo al quejoso que la preliberación debía tramitarse porque la ley aplicable a su caso particular no prohíbe ese beneficio y se ordenó gestionar el procedimiento respectivo, el cual, se ha visto entorpecido porque no encuentra su auténtico cause legal. Decisión que, contrario a lo que sostiene el quejoso, no es cosa juzgada en cuanto a la procedencia del tratamiento pre liberacional. Ello, porque conforme a la literatura de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien el otorgamiento de esos beneficios ésta en manos de la autoridad judicial de conformidad con el artículo 21 constitucional, tal potestad no es discrecional, sino que debe sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, quien incluso está facultado para negar esos beneficios por razones de política criminal; ello en términos del artículo 18, párrafo segundo, de la Carta Fundamental. Condiciones y negativa de otorgamiento que, de acuerdo con lo considerado por la Primera Sala, se justifican en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad. En ese entendido, la Primera Sala estableció que el régimen de beneficios se configura de inicio con la ley de ejecución vigente al momento de que causa ejecutoria la sentencia condenatoria., para lo cual es aplicable la tesis jurisprudencial siguiente: Registro digital: 2026257 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 26/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES, APLICABLE PARA SU ESTUDIO, ES LA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE DICTA SENTENCIA EJECUTORIADA DE CONDENA. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron posturas divergentes al determinar cuál era la legislación aplicable para el estudio de la solicitud de beneficios penitenciarios; uno de ellos, sustancialmente, consideró que la legislación sobre beneficios preliberacionales aplicable era la vigente al momento de los hechos que motivaron la condena penal; mientras que el otro estimó que lo era la legislación vigente al momento del dictado de la sentencia de condena. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la legislación en materia de ejecución de sanciones penales, aplicable para el estudio de los beneficios preliberacionales, es la vigente al momento en que se dicta sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante. Justificación: De acuerdo con la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido para la interpretación del primer párrafo del artículo 14 constitucional, se concluye que la sentencia condenatoria en el proceso penal constituye el presupuesto necesario para la imposición de sanciones penales; y esto último es, a su vez, condición necesaria para transitar hacia la etapa de ejecución de penas. En ese sentido, no es sino hasta que se pronuncia fallo de condena, que válidamente se puede afirmar que surge el derecho subjetivo en favor de la persona sentenciada para lograr su reinserción social, el cual se puede materializar a través de las herramientas legalmente establecidas por el legislador para tal efecto, como son precisamente los beneficios preliberacionales. Así, en cualquier momento previo a la sentencia condenatoria, el eventual acceso a tales beneficios será sólo una expectativa de derecho que se encuentra supeditada al nacimiento, en la esfera jurídica de la persona sentenciada, del derecho fundamental de reinserción social que, a su vez depende de que la conclusión del proceso penal sea en sentido condenatorio. Por tanto, la legislación en materia de ejecución de sanciones penales, aplicable para el estudio de los beneficios preliberacionales, es la vigente al momento en que se dicta sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante, pues en ese momento emerge en su haber jurídico, el derecho subjetivo a la reinserción social con sus particularidades, como son los aludidos beneficios preliberacionales. En el caso, se cuenta con la información de que el uno de abril de dos mil dos fue dictada la ejecutoria por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el toca de apelación 1195/2001; y también se menciona que el uno de octubre de dos mil dos fue dictada diversa ejecutoria por la misma Segunda Sala, dentro del mismo toca, en la que finalmente se impuso la pena privativa de libertad de cuarenta y cinco años y nueve meses por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio calificado; ello en cumplimiento a una sentencia de amparo directo. Pues bien, sea el uno de abril o el uno de octubre de dos mil dos, en cualquiera de esos dos momentos la ley vigente en materia de ejecución era la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. En el artículo 54 BIS de esa la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla, vigente en cualesquiera de los dos momentos antes citados, prohíbe conceder los beneficios de libertad preparatoria respecto de delitos graves, como es el de secuestro y homicidio por los que fue condenado el quejoso, delito que está previsto en tal gravedad en el diverso 69, incisos J y K, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, vigente en aquella época. Los artículos invocados en el párrafo anterior, con del texto siguiente: ARTICULO 54 BIS.- No se concederán los beneficios establecidos en la presente Ley, a aquellos internos que hubiesen sido condenados por los delitos previstos en el artículo 69 incisos B, C, D, F, H, I, J, K, L, M y S del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como el delito a que se refiere el artículo 183 del Código de Defensa Social, cuando la ejecución del mismo se relacione de manera directa con los delitos señalados en los incisos indicados. Artículo 69.- Se clasifican como delitos graves, para todos los efectos legales por transgredir valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como su tentativa: (.) J.- Plagio o secuestro previsto en el artículo 302, excepto el segundo párrafo de la fracción V; K.- Homicidio, previsto en el artículo 312 en relación con los artículos 316, 323, 331, 334 y 336; Por tanto, no podría concretarse un efecto protector en favor del quejoso con base en la jurisprudencia invocada, porque la ley de ejecución vigente en el momento en que causó ejecutoria la sentencia condenatoria del quejoso, no otorga ese beneficio a aquellos internos que hubiesen sido condenados por los delitos catalogados como graves en cuanto a homicidio y secuestro. Esa Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, estuvo vigente hasta el dieciséis de junio de dos mil once, porque el diecisiete de junio de ese año, fue publicada la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado, cuyo artículo primero transitorio dispuso que entraría en vigor el día de su publicación y en el cuarto transitorio fue derogada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. Antes del diecisiete de junio de dos mil veintidós, día en el que fue derogada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, en cuanto al delito de secuestro, entró en vigor un régimen especial, pues el treinta de noviembre de dos mil diez fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que conforme al artículo transitorio primero se estableció su vigencia a los noventa días de su publicación, es decir, a partir del veintiocho de febrero de dos mil once. En los artículos transitorios Segundo y Quinto se precisó que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto por delitos previstos en éste, continuarían tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión del hecho. Lo cual se observaría también respecto a la ejecución de las penas correspondientes; mientras que las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas en los códigos penales locales vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, seguirían aplicándose por hechos realizados durante su vigencia, así como a los procesados o sentenciados por éstos, tal como se observa a continuación: Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. (...) Quinto. Las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor el (sic) presente Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. (...) Régimen especial que, a través de los numerales transitorios estableció un principio de ultractividad de las normas que regulaban lo relativo al delito de secuestro antes de la entrada en vigor del decreto aludido, previendo las situaciones contempladas por el tránsito a la vigencia de la nueva ley durante ese lapso y determinó la norma jurídica (anterior o posterior) que habrá de regular las consecuencias jurídicas surgidas de hechos o actos jurídicos anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley. Entonces, para establecer la normatividad aplicable en lo relativo a la ejecución de las penas correspondientes, tratándose de delitos de secuestro es la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, debido al efecto ultractivo dado por la disposición transitoria dentro de ese régimen especial. En lo conducente es observable la tesis jurisprudencial siguiente: Registro digital: 2001673 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CLXXX/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 508 Tipo: Aislada LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL CONDENADO. De los preceptos citados se advierte, entre otros supuestos, el relativo a que la ejecución de las penas se regirá conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos, especialmente, las contenidas en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los cuales fueron sentenciados los condenados. De ello se advierte que los mencionados artículos segundo y quinto transitorios no violan el principio de retroactividad de la ley en beneficio del condenado, pues por un lado sólo establecen que la ejecución de las sentencias deberá ajustarse a la normativa sustantiva y procesal vigente, al cometerse el ilícito, esto es, disponen, a nivel legal, un principio de ultractividad y, por otro, no impiden ni prohíben la aplicación del artículo 56 del Código Penal Federal, que consagra el principio de retroactividad benigna en materia penal federal, aplicable entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad; además de que esta interpretación sistemática y armónica respeta los artículos 14, primer párrafo, de la Constitución General de la República, interpretado a contrario sensu, y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que su eficacia sólo queda condicionada a que, en cada caso concreto, quede demostrado que el sentenciado se encuentra en una situación que justifica aplicar la nueva ley en su beneficio. Bajo estas consideraciones, la ejecución de la penas en materia de secuestro respecto del quejoso, se rigen por la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla de mil novecientos setenta y cinco, por el efecto ultractivo del régimen especial en materia de secuestro, de manera que el régimen general no aplica, por lo que en caso de que se llegue a establecer algún beneficio en ejecución de penas en materia de secuestro, este debe ser establecido en ese régimen especial por parte del Congreso de la Unión, pues el legislador local es incompetente para legislar en materia de secuestro, al haber quedado esta materia reservada exclusivamente para el indicado órgano federal, mediante la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil nueve. Por tanto, en virtud de que a partir veintiocho de febrero de dos mil once, el Congreso de la Unión, a través de las disposiciones transitorias antes invocadas incorporó la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, al régimen especial en materia de secuestro, dotándole en esa materia un ultractivo en cuanto a la ejecución de penas por secuestro, esa ley local rige lo sustantivo en cuanto a la ejecución de la penal del quejoso por el delito de secuestro, que como se vio, en su artículo 54 bis, niega los beneficios preliberacionales. Situación bajo la cual, de acuerdo con la literatura de la Suprema Corte, el fallo de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictado dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia, no puede constituir un derecho al quejoso que en términos de ley no le corresponde, pues la Primera Sala estableció que los derechos preliberacionales están sujetos a las condiciones y prohibiciones que establece el legislador, pues no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asista a todo sentenciado, porque en la configuración de esos beneficios el legislador debe proceder en aras de los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad. Por lo anterior, ningún sentido práctico tiene abordar los conceptos de violación, pues de hacerlo y de llegar a conceder el amparo, solamente se alimentaria el procedimiento de expectativas ilusorias y especulativas de la posibilidad de una pre liberación, que de acuerdo con lo explicado en esta sentencia, no se podría materializar, dado el régimen legal vigente en materia de ejecución de sentencias al momento en el que causó ejecutoria la sentencia condenatoria del quejoso, y el régimen especial, también en ejecución de sentencias, generado a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, ante la expedición de la ley especial en secuestro del Congreso de la Unión, quien goza de facultad legislativa reservada, por lo que ninguna ley de ejecución, sea nacional o local, puede establecer beneficios en materia de secuestro, a menos que provenga del propio Congreso de la Unión y se refiera de manera especial al delito de secuestro. Ante la inoperancia de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Esta sentencia es de interés público, por lo que, con el objeto darle publicidad y al tiempo salvaguardar la información reservada o confidencial de su contenido, se ordena la elaboración de la versión pública y ponerla a disposición del público para su consulta en los mecanismos establecidos para tal efecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y para cuando se efectúe la solicitud correspondiente en conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Marco Antonio Lara Franco, en contra del acto que reclamó de la Directora de Centro Penitenciario de Puebla, relativo la negativa para recibir un escrito; por los motivos expresados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justifica de la Unión No ampara Ni protege a Marco Antonio Lara Franco, en contra del acto que reclamó del Juez de Ejecución de Sentencias, con residencia en la ciudad de Puebla, relativo al auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado dentro del incidente de ejecución penal incidente 40/2017/JES, por las razones precisadas en el considerando penúltimo. TERCERO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último. Notifíquese: personalmente al tercero interesado víctima del delito en el domicilio en el que fue emplazado; así como a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y en el domicilio que señalado para tal efecto; mediante oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público tercera interesada; electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación Angélica Palacios Zárate con nombre de usuaria "ANGELICAPALACIOS", para lo cual se ordena que la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haga las habilitaciones correspondientes.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la PARTE TERCERA INTERESADA por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de VEINTIOCHO DE ABRIL de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 1403/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente dice: "Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 1403/2022para dictar sentencia. R e s u l t a n d o. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado en la misma fecha y recibido en este juzgado al día siguiente, Marco Antonio Lara Franco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en la ciudad de Puebla, a quien reclamó el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado dentro del incidente 40/2017/JES, con el que se tomó conocimiento de las manifestaciones el defensor del quejoso en el sentido de que no le fue recibido un escrito por parte de la autoridad penitenciaria y negó requerir a ésta para que recibiera esa petición al defensor en la que solicita al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla, que aplique al quejoso el tratamiento preliberacional; así como la negativa de recibir un escrito, atribuida a la autoridad penitenciaria; pues consideró que tales actos son violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Radicación y tramitación. El mismo día que fue recibida la demanda, este juzgado ordenó formar y registrar el juicio de amparo 1403/2022, lo admitió a trámite, pidió los informes justificados, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, señaló día y hora para la audiencia constitucional la que, previó emplazamiento de los terceros interesados, fue celebrada como antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA Este juzgado la tiene en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, y 37 de la Ley de Amparo; y, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esto es: por materia que en el caso es la penal, porque se reclaman actos que derivan de una carpeta de ejecución de sanciones penales; por territorio, porque el procedimiento del que deriva el acto reclamado se cumple en el Estado de Puebla, en donde se ejerce jurisdicción; y, por grado, porque a este juzgado de Distrito corresponde conocer del amparo indirecto en primera instancia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan como tales: Al juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en la ciudad de Puebla, se le reclama: El auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado en el incidente 40/2017/JES. A la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, se le reclama: La negativa de recibir un escrito. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO Al rendir el informe justificado, la Directora del centro Penitenciario de Puebla negó el acto que le atribuye la parte quejosa. Al respecto, se hace hincapié que el quejoso reclamó un acto positivo con efectos negativos ya que precisó que el "veinticuatro de noviembre" fue presentado ante la Oficialía de Partes de la autoridad penitenciaria, un escrito en el que se promovió lo conducente ante el Comité Técnico y, que el personal negó recibirlo con motivo de que no se acompañó la copia de la cédula profesional y nombramiento del abogado, lo que incluso, sostuvo, le fue referenciado por el personal que esa disposición así estaba indicada en un letrero que le fue señalado. Esto es, la negativa a recibir la promoción está fundada en un hecho positivo; por lo tanto, ante la negativa expresada por la autoridad penitenciaria en su informe justificado, correspondía al quejoso demostrar el hecho en el que la fundó, esto es, que en efecto presentó o intentó presentar un escrito ante la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario de Puebla, que estaba dirigido al Comité Técnico. El quejoso no desvirtuó ese informe, pues no ofreció prueba respecto a ese hecho. No se soslaya que en el expediente de origen obra un escrito dirigido el juez responsable -visible en la foja 262 del anexo I-, en el que se hace alusión a la situación antes mencionada, esto es, que el personal del oficialía negó la recepción del escrito y que le indicaron que así estaba estipulado en un cartel o letrero, del cual obra una imagen en la que es visible una leyenda que dice "Al presentar petición particular, anexar copia de nombramiento y cédula. Gracias". Sin embargo, el escrito antes aludido solamente demuestra que el abogado del quejoso le hizo saber esa circunstancia al juez responsable, pero no que ese hecho mencionado sea cierto, pues para ello, el quejoso debió aportar pruebas que así lo demostraran en este juicio de amparo. Al no hacerlo así, prevalece la negativa de la responsable. Con base en lo anterior, se actualiza uno de los supuestos previstos en el artículo 65, fracción IV, de la Ley de Amparo, relativo a que en audiencia constitucional no se demostró la existencia del acto reclamado, por lo que al respecto se sobresee en el juicio. CUARTO. CERTEZA DE UN ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado al juez responsable pues así lo reconoció al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que aportó, ya que con éstas acreditó que el uno de diciembre de dos mil veintidós, el juzgado tomó conocimiento de las manifestaciones el defensor del quejoso en el sentido de que no le fue recibido un escrito por parte de la autoridad penitenciaria y negó requerir a ésta para que recibiera esa petición al defensor en la que solicita al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla, que aplique a su defendido tratamiento preliberacional. QUINTO. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación son inoperantes sin que se advierta deficiencia para suplirlos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo. Para clarificar esa decisión, primeramente se conocerán los antecedentes del acto reclamado; luego se establecerá la naturaleza de los beneficios preliberacionales para definir la regla general que permite identificar la ley de ejecución de sanciones que los rige; enseguida, se identificarán los conceptos de violación y se pasará a dar la solución a este asunto con base en el régimen correspondiente. Antecedentes del acto reclamado 1. En actuaciones del expediente de origen, obra el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el que se reseñó lo siguiente: Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno fue desechada la solicitud del quejoso relativa al beneficio de tratamiento pre liberación. Acuerdo impugnado mediante el recurso de apelación; lo que motivó la sustanciación del toca de apelación 29/2021 de la Sexta Sala Unitaria en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Puebla, en cuya ejecutoria se ordenó al juez de Ejecución a pronunciarse de fondo en cuanto a la petición formulada por el quejoso. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno el juez dejó sin efectos el auto recurrido y solicitó prórroga a la Alzada para estar en posibilidad de recaudar las documentales necesarias y dar cumplimiento a la ejecutoria. Una vez que el juzgado se llegó de la documentación, fue dictado ese acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el que además de la reseña anterior en esencia hizo los pronunciamientos siguientes: El juzgado de ejecución se declaró competente para conocer del asunto. Declaró que el sentenciado se encontraba su disposición, para vigilar la ejecución de la sentencia. Identificó que el quejoso cumple condena que le fue impuesta dentro de la causa penal 76/1999 del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que fue modificada mediante ejecutoria de uno de octubre de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, en el toca de apelación 1195/2001, de la que para el caso destaca la pena privativa de libertad de cuarenta y cinco años y nueve meses por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio calificado. Se sujetó a resolver de fondo en cuanto a la petición formulada por el quejoso; ello de acuerdo con lo expresado en la ejecutoria antes citada. Desechó por notoriamente improcedente la petición de aplicación del tratamiento pre liberacional bajo el argumento de que a partir de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal quedaron abrogadas todas las legislaciones federales y estatales que regulaban la ejecución de sanciones penales; en términos del artículo 137, párrafo penúltimo, 141, párrafo último, 144, párrafo último, y 146, párrafo penúltimo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no procede la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de la pena ni la pre liberación respecto de los delitos entre otros, el de secuestro; agregó que ambos delitos (secuestro y homicidio), se encuentran dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa prevista en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional; y, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, establece que los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley antes indicada, no tendrán derecho a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Con base en ello, dijo que iniciar un procedimiento incidental o por controversia en favor del sentenciado y seguir la secuela procesal hasta su resolución, no procedería ni se otorgará otorgaría algún beneficio por el tipo de delitos; lo que el quejoso no podría contradecir. 2. Contra esa determinación, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós el quejoso interpuso recurso de apelación. 3. Mediante ejecutoria dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia resolvió modificar el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós e instruyó al Juez de Ejecución de sentencias Penales que admitiera trámite la solicitud planteada por el quejoso; para ello, esa Sala Unitaria sustancialmente consideró: El juez de ejecución pasó por alto que el procedimiento de ejecución inició una vez que la sentencia causó ejecutoria el uno de abril de dos mil dos y no cuando solicitó el beneficio de pre liberación, por lo que no correspondía la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisó que la sentencia del quejoso fue confirmada por ejecutoria de uno de abril de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el toca de apelación 1195/2001; esto es, precisó, durante la vigencia de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, con vigencia al diecisiete de junio de dos mil once. Indicó que por ello, la petición del quejoso debía analizarse bajo esa ley abrogada, bajo la cual el sentenciado estaba sujeto al procedimiento de ejecución. Al respecto transcribió porciones de los artículos 52, 53, 54 y 55 que indicó correspondían a la ley antes citada, esto es, a la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla. Sin embargo, el texto de esos numerales no corresponden a esa ley expedida en mil novecientos setenta y cinco, sino que se trata de los arábigos correlativos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado de Puebla, así llamada al momento de su publicación en el Periódico Oficial el diecisiete de junio de dos mil once, cuya denominación cambió a Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla con motivo del decreto publicado el catorce de septiembre de dos mil doce en el mismo medio de difusión oficial. Los numerales que la Sala transcribió en parte, son los siguientes: ARTÍCULO 52.- El Tratamiento Preliberacional es un periodo del régimen progresivo técnico, al que debe someterse el sentenciado, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 54 y durante el cual queda sometido a las formas y condiciones de tratamiento que determine el área administrativa correspondiente con la autorización del Juez de Ejecución con las excepciones previstas en esta Ley. El Tratamiento Preliberacional tiene por objeto evaluar la evolución del interno en su tratamiento, con el fin de lograr su readaptación que lo lleve a conseguir una efectiva reinserción social. Contempla la libertad bajo control del área administrativa competente, al sentenciado que por sus características así lo requiera y durará hasta que obtenga alguno de los beneficios de libertad anticipada que esta Ley contempla o compurgue la pena. ARTÍCULO 53.- El Tratamiento Preliberacional comprenderá las siguientes fases progresivas: I.- La preparación del sentenciado y su familia en forma grupal o individual, acerca de los efectos de su vida en libertad; II.- La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social, entendiendo ésta como la respuesta al tratamiento instaurado; III.- La concesión de salidas grupales con fines culturales y recreativos, visitas guiadas y supervisadas por el personal técnico; y IV.- La canalización a un régimen de semilibertad, en el que se continuará con el tratamiento correspondiente concediéndole permisos de: a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los días sábados y domingos para convivir con su familia; o b) Reclusión los sábados y domingos para recibir un tratamiento técnico. El Tratamiento Preliberacional, se iniciará cuando el sentenciado haya compurgado el quince por ciento de la pena impuesta y deberá cursar de manera progresiva por cada uno de las fases descritas en el presente artículo, que serán aplicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario, cuando el interno cumpla cuando más un quince por ciento de la sanción impuesta entre cada fase, pudiendo avanzar o retroceder de acuerdo a la modificación de su personalidad. El Tratamiento Preliberacional también podrá ser aplicado a los sentenciados que no cumplan con el requisito previsto en la fracción VI del artículo siguiente, sin incluir el régimen de semilibertad previsto en la fracción IV de este artículo. ARTÍCULO 54.- La semilibertad como parte del Tratamiento Preliberacional se otorgará a favor del sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos: I.- Que haya compurgado el sesenta por ciento de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y cuarenta por ciento tratándose de delitos culposos; II.- Que haya trabajado en actividades reconocidas por la institución; III.- Que haya observado buena conducta; IV.- Que participe en actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas que se organicen en la institución; V.- Que cuente con una persona, que se comprometa y garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado ante el área administrativa correspondiente; VI.- Que compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando; y V.- No haber sido condenado por otro delito doloso o estar vinculado a un proceso penal diverso por delito doloso. Indicó que esos numerales que transcribió, establecen las fases progresivas que debe cumplir una persona sentenciada para acceder al beneficio de la pre liberación y tener acceso a la posibilidad de que un Juzgador analice si procede el beneficio que en la ley se establece, porque el derecho a iniciar un procedimiento de pre liberación está relacionado con el derecho humano a la libertad personal, lo que la hace más importante y trascendente; no como una cuestión adjetiva, sino sustantiva, ya que debería de aplicarse proactivamente la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla en vigor durante el procedimiento de ejecución de la pena del quejoso y no la Ley Nacional de Ejecución Penal; y que, por ello, era necesario tramitar la petición del quejoso para que el juez se allegará de los elementos necesarios que le permitieran conocer el contexto actualizado del sentenciado al momento de decidir sobre su pretensión, ya que de esa manera se podría evaluar de momento a momento la posible transformación gradual y progresiva del sentenciado durante su internamiento, a fin de poner en evidencia si está en condiciones o no de reinsertarse anticipadamente. Agregó que, con ello, se estaba a lo más favorable en favor del sentenciado porque la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla no establecía restricción para la solicitud, como sí lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a que ésta establece que no procede la libertad anticipada por delitos como son el secuestro. Con base en lo anterior, declaró fundado el agravio del quejoso y ordenó que se iniciara el procedimiento para que se verificara si se reúnen o no los requisitos establecidos en los artículos 52 a la 55 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla. 4. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, el juzgado de ejecución dio trámite al incidente relativo a la petición del quejoso; ello, en los términos ordenados por la Sala, por lo que adecuó su actuación a los artículos 52 al 55 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla y, por tal motivo, ordenó enviar oficio al Director General de Sanciones y Medidas a efecto de que el Consejo General Técnico Interdisciplinario diseñara, orientara y aplicara el tratamiento progresivo y técnico del quejoso de acuerdo con los numerales citados, el cual, precisó, debería ser individualizado, programado y continúo para brindar al sentenciado los elementos necesarios para una efectiva readaptación y a su vez lograra una reinserción a la sociedad; también le requirió para que rindiera los informes trimestrales sobre los avances u obstáculos para cumplir con los objetivos del tratamiento aplicado al sentenciado. De igual manera requirió a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla para que en cinco días remitiera copia certificada por triplicado de los estudios correspondientes y, a su vez, le remitiera copia a la Dirección de Sanciones a fin de que ésta realizara la validación técnica correspondiente, así como todos los diplomas de cursos o actividades en las que el sentenciado había participado; el cómputo de los días laborados y la partida jurídica del sentenciado. También requirió a la Dirección de Sanciones para que remitiera e indicara en el informe respectivo, si verificó que la planilla de cursos o actividades con las que cuenta el Centro de Reinserción Social, se ajusta al tratamiento diseñado por el Consejo Técnico Interdisciplinario para el sentenciado, y si el tratamiento diseñado por el Consejo Técnico Interdisciplinario fue avalado por el Consejo General y, finalmente, indicara si dio a conocer el tratamiento al sentenciado, así como las formas y condiciones en que se ejecutaron los programas como en su momento lo solicitó el quejoso. 5. Lo anterior lo comunicó al Director General de Sanciones y Medidas, así como a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, mediante sendos oficios 822 y 823, respectivamente. 6. En respuesta, el juzgado de ejecución recibió el oficio 2019 de dos de junio de dos mil veintidós signado por el Director General de Ejecución de Sanciones y Medidas; es esta misiva el oficiante hizo un preámbulo en el que indicó la manera en la que a su parecer debe operar el régimen transitorio previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, con base en ello, comunicó al juzgado responsable que ese órgano interdisciplinario se encontraba impedido para emitir la opinión solicitada; ello, sostuvo, ante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la abrogación de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del Estado de Puebla, así como la derogación del Código Adjetivo Penal del Estado, que regulaban la libertad preparatoria. Agregó que de acuerdo con el principio pro persona respecto a la norma que tutela con mayor amplitud del derecho humano en cuestión o la interpretación que más favorezca al sentenciado, se hará siempre y cuando ese ejercicio se despliegue utilizando normas que se encuentren vigentes dentro del sistema jurídico, ello, al momento de su aplicación; esto es, abundó, con base en derecho positivo vigente. Con base en ello, dijo que el órgano colegiado penitenciario no tendría atribuciones legales o reglamentarias para diseñar, orientar y aplicar el tratamiento a la población de sentenciados de los centros de reinserción social, conforme a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales y el Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; sostuvo que una de las principales atribuciones de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, actualmente denominados Comités Técnicos, era el diseño del tratamiento de internos en términos de los artículos 49 y 50, fracción I, de la primera ley invocada, la cual está abrogada, en donde el tratamiento de pre liberación, era uno de los requisitos indispensables previstos en el artículo 532, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de la entidad, también abrogado, que corresponde a los Consejos Técnicos; entre otras alegaciones. 7. Oficio que fue recibido mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, en cuyo punto "CUARTO", el juzgado requirió nuevamente el diseño y orientación y aplica el tratamiento progresivo y técnico al quejoso, pues indicó que lo solicitado fue en cumplimiento al toca 15/2001 de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia, por lo que para tal efecto, ordenó remitir las resolución respectiva; para tal efecto el juzgado emitió el oficio 962 dirigido al citado director. 8. En respuesta al requerimiento anterior, el trece de julio de dos mil veintidós fue recibido el oficio 2762 de once de julio de ese mismo año, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas, en el que insistió que el Consejo General Técnico Interdisciplinario, constitucional, legal y reglamentariamente, estaba impedido para diseñar el tratamiento técnico progresivo e individualizado al quejoso, e impedido para diseñar el tratamiento de pre liberación, ya que se trataba una facultad exclusiva del anteriormente existente Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, tal como, sostuvo, estaba previsto en el artículo 53 fracción II, inciso B, del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, actualmente abrogado, por lo que, en alcance a su oficio de dos de junio, afirmó que no existía competencia originaria del entonces Consejo General Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Ejecución de Sentencias y Medidas, para que estuviera en aptitud de diseñar orientar y aplicar el programa de pre liberación. 9. Mediante auto de veintidós de julio de do mil veintidós, específicamente en el punto de acuerdo tercero, el juez responsable ordenó dar vista al quejoso con las manifestaciones contenidas en el oficio citado. 10. En respuesta a esa vista, el defensor del quejoso presentó un escrito en el que manifestó que en atención a la respuesta de la autoridad penitenciaria, quien cuenta con facultades es el Comité Técnico al que se refieren los artículos 3, fracción V, 17 y 18, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo cual dijo, que al ser "cosa juzgada" lo relativo a la procedencia del tratamiento pre liberacional, era necesario que el Comité Técnico se pronunciara conforme a lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del Estado de Puebla, ya que el tratamiento de pre liberación se inició cuando el sentenciado había compurgado el quince por ciento de la pena impuesta, por lo que el tratamiento se debió cursar de manera progresiva en cada una de las fases del tratamiento respectivo, que debieron ser aplicadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario; explicó que a partir del quince por ciento de la pena que en el caso corresponde a seis años, diez meses y trece días, dentro del procedimiento de ejecución inició el llamado tratamiento pre liberacional, por lo que era necesario que el Comité Técnico del Centro Penitenciario, considerando los porcentajes establecidos por la norma y el desempeño de reinserción social del sentenciado, señalará al juez de ejecución en qué etapa del tratamiento pre liberacional se encontraba el quejoso, y a partir de esa fase pudiera avanzar o retroceder según fuera el caso; con base en esas manifestaciones pidió que se ordenara al Comité Técnico del Centro Penitenciario, cumplir con lo ordenado por el tribunal de alzada. 11. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, específicamente en el punto segundo, se tuvo por parte del defensor atendida la vista dada en auto de veintidós de julio del mismo año, pero se le indicó que el motivo de la vista con el oficio 2762, fue precisamente para que promoviera en favor de su representado las acciones necesarias ante la autoridad penitenciaria competente, a fin de obtener el diseño de tratamiento técnico progresivo e individualizado del quejoso que compete al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla; ello porque en términos del artículo 117, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al Defensor recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa, cómo son los relativos a justificar su petición incidental e hizo hincapié que esa autoridad judicial no tenía a su disposición al quejoso; agregó que en el supuesto de que les fuera negada la petición, estaban expeditos sus derechos para promover ante ella en términos de ley; con base en lo anterior, se requirió al citado ofensor para que promoviera conforme a sus facultades y justificará su actuar en un plazo de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desecharía la incidencia conforme al artículo 123, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 12. En respuesta a lo anterior, el defensor del quejoso presentó un escrito fechado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el que indicó que en la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario se negaron a recibir su escrito elaborado en atención al auto de veintidós de julio que fue puntualizado el tres de noviembre; con motivo de ello y para estar en posibilidades de cumplir lo solicitado por el juzgado, solicitó a éste que se requiriera a la autoridad penitenciaria por conducto del Presidente del Comité Técnico, para que le recibiera el escrito de petición y se pudiera resolver el incidente; a ese escrito acompañó el diverso de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dirigido al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla. 13. Escrito que fue acordado el uno de diciembre de dos mil veintidós en el que se tuvo al abogado del quejoso contestando la vista ordenada en auto de tres de noviembre de ese año, en el sentido de que no le fue recibida su petición ante la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario de Puebla, por los motivos que indicó; sin dar lugar a requerir al autoridad penitenciaria pues el juzgado señaló que correspondía al defensor recabar y ofrecer los medios para la defensa del sentenciado conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que dejó a salvo los derechos del quejoso y su defensor para que promovieran en términos de ley conforme a lo dispuesto en los artículos 16, fracción VIII, y 116 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de tres de noviembre de ese año. 14. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de origen, el juzgado ejecución recibió la causa penal 76/1999 del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el cual el citado órgano jurisdiccional puso al quejoso a disposición del órgano de ejecución, por lo que le fue asignada la carpeta única de ejecución CUE/0035/2023/CAPITAL. Naturaleza de los beneficios preliberacionales Al resolver el amparo en revisión 762/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación estableció que tratándose de las sanciones penales, a la autoridad judicial le compete, además de su imposición, su modificación y duración; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución: Artículo 21. . La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. . Mencionó que al Ejecutivo le corresponde la administración de los centros de reclusión y compurgación de las mismas. A partir de lo anterior, la Primera Sala precisó que los beneficios preliberacionales constituyen una variante de la ejecución de la pena o de su modificación y duración cuya determinación corresponde a las autoridades judiciales. En cuanto a la connotación que tienen esos beneficios en relación con el principio de reinserción social que deriva del artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución, rememoró varios precedentes en los que dijo que que no se deben confundir los fines del sistema penal con la justificación de la pena de prisión, porque ello permite entender que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a toda persona sentenciada, porque si bien la actual redacción del artículo 18 invocado, admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su contenido no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador, en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento, sino que por el contrario, la norma constitucional es la que establece que será la ley secundaria la que prevea los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario a que se refiere dicho ordenamiento fundamental, por lo que no es contrario al referido precepto constitucional establecer condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales, así como de las facultades de apreciación al órgano jurisdiccional para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios; ello, precisó, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social. En el amparo en revisión 209/2014, la Primera Sala estableció que la negativa de los beneficios preliberacionales no implica que se incumplan las medidas previstas en el artículo 18 constitucional para lograr la reinserción social de la persona sentenciada, pues no es una obligación constitucional su otorgamiento, y por el contrario, la negativa sí es una facultad para el legislador ordinario, quien por razones de política criminal consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. En el diverso amparo en revisión 762/2018 la Primera Sala estableció que tales beneficios constituyen un mecanismo de control jurisdiccional que no corresponde a un tema procesal, pues su implicación es meramente sustantiva al estar vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social; agregó que en este sentido. En resumen de todo lo anterior, se tiene que el régimen de beneficios preliberacionales es de naturaleza sustantiva, que desde el punto de vista constitucional se rigen bajo el principio de reinserción social, por lo que el legislador está facultado para condicionar su otorgamiento, incluso para negarlo. Por tanto, toca identificar qué ley es la que se debe aplicar a cada caso. En ese sentido, al resolver la contradicción de criterios 18/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sentencia condenatoria ejecutoriada, constituye el presupuesto necesario para la imposición de sanciones penales, lo que identificó como la condición necesaria para transitar hacia la etapa de ejecución de penas. Por lo que concluyó que la ley de ejecución de sanciones conforme a la cual se debe apreciar el régimen de beneficios preliberacionales, es la vigente al momento del dictado de la sentencia de condena que causa ejecutoria, pues es en ese momento que, al adquirirse certeza sobre la responsabilidad penal de la persona imputada, se derrota la presunción de inocencia que lo acompañó en todas las etapas procedimentales previas, y ello hace jurídicamente viable la imposición de penas que eventualmente podrán ser objeto de tales beneficios, para el caso de que se reúnan los correspondientes requisitos legales. La Primera Sala también señaló que habrá casos en los que un ordenamiento jurídico que reglamenta las condiciones de ejecución de las penas, entre en vigor con posterioridad al dictado de ese fallo. Indicó que en esa hipótesis el primer cuerpo normativo -el vigente al momento de la ejecutoria del fallo condenatorio-, constituye un derecho adquirido para la persona sentenciada, pero que en ese mismo sentido se incorpora el posterior, por lo que operará plenamente en su favor, el principio del mayor beneficio, que se desprende del artículo 1° constitucional e implícitamente emana del derecho fundamental de retroactividad en beneficio de la ley penal. Definida la naturaleza los beneficios preliberacionales y la regla general que permite identificar la ley de ejecución de sanciones que los rige, se pasa a identificar los conceptos de violación, para después dar la solución a este asunto con base en el régimen correspondiente. Conceptos de violación expresados por el quejoso El quejoso considera que se viola en su perjuicio el artículo 1º constitucional porque las autoridades responsables están obligadas a garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna bajo un control de constitucionalidad, además de que señala que se le ha denegado justicia, porque ante la negativa de la autoridad penitenciaria para recibir la solicitud que ella misma ordenó, solicitó que esa petición se realizara por conducto de la autoridad judicial y en lugar de requerirla, le negó esa petición con la pretensión de que interponga una controversia de las previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando el conflicto es precisamente que no le quieren recibir los escritos de su defensor, por lo que el juez debió prevenir a la autoridad penitenciaria que le recibiera la petición de la defensa, porque ello deviene del cumplimiento de un toca penal que ordenó al juez de ejecución actuar en consecuencia, y que el juez, lejos de cumplir con lo ordenado por la alzada, deja en manos de la defensa lograr que el Comité Técnico se pronuncie, por lo cual, para agilizar el proceso, su defensa realizó la petición y ante la negativa de la autoridad penitenciaria, quien violentó el derecho de pensión, volvió a dejar en manos de la defensa resolver la negativa a recibir el escrito. Agregó que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional porque la autoridad judicial no motiva porque decidió no requerir a la autoridad penitenciaria, en cuanto a que vulnera esa prerrogativa al negarse a recibir una petición con argumentos ilegales Sostuvo que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional porque se le niega el acceso a la justicia ya que la autoridad judicial está llamada a resolver los conflictos entre la autoridad penitenciaria y los privados de libertad, pero ahora pretende que se interponga una diversa controversia ante ella misma a fin de que le reciban el escrito ante la negativa de la penitenciaria. Solución que corresponde al presente asunto Como se adelantó, los conceptos de violación son inoperantes. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa. Esto es, la sentencia debe materializarse en un beneficio real o encausar la protección de un derecho dentro de un procedimiento. Con ello, se privilegia el derecho de acceso a la justicia pronta, así como los principios de concentración y economía procesal que informan la racionalidad del juicio de amparo, como medio de control para la protección de los derechos humanos. En el caso, de resolver el fondo y en el eventual caso de que se llegara a otorgar la protección constitucional, la sentencia de amparo no cumpliría esas finalidades, sino que solamente potenciaría la perspectiva ilusoria en la que fue sumergido con la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictada dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahí, indebidamente se dijo al quejoso que la preliberación debía tramitarse porque la ley aplicable a su caso particular no prohíbe ese beneficio y se ordenó gestionar el procedimiento respectivo, el cual, se ha visto entorpecido porque no encuentra su auténtico cause legal. Decisión que, contrario a lo que sostiene el quejoso, no es cosa juzgada en cuanto a la procedencia del tratamiento pre liberacional. Ello, porque conforme a la literatura de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien el otorgamiento de esos beneficios ésta en manos de la autoridad judicial de conformidad con el artículo 21 constitucional, tal potestad no es discrecional, sino que debe sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, quien incluso está facultado para negar esos beneficios por razones de política criminal; ello en términos del artículo 18, párrafo segundo, de la Carta Fundamental. Condiciones y negativa de otorgamiento que, de acuerdo con lo considerado por la Primera Sala, se justifican en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad. En ese entendido, la Primera Sala estableció que el régimen de beneficios se configura de inicio con la ley de ejecución vigente al momento de que causa ejecutoria la sentencia condenatoria., para lo cual es aplicable la tesis jurisprudencial siguiente: Registro digital: 2026257 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 26/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES, APLICABLE PARA SU ESTUDIO, ES LA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE DICTA SENTENCIA EJECUTORIADA DE CONDENA. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron posturas divergentes al determinar cuál era la legislación aplicable para el estudio de la solicitud de beneficios penitenciarios; uno de ellos, sustancialmente, consideró que la legislación sobre beneficios preliberacionales aplicable era la vigente al momento de los hechos que motivaron la condena penal; mientras que el otro estimó que lo era la legislación vigente al momento del dictado de la sentencia de condena. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la legislación en materia de ejecución de sanciones penales, aplicable para el estudio de los beneficios preliberacionales, es la vigente al momento en que se dicta sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante. Justificación: De acuerdo con la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido para la interpretación del primer párrafo del artículo 14 constitucional, se concluye que la sentencia condenatoria en el proceso penal constituye el presupuesto necesario para la imposición de sanciones penales; y esto último es, a su vez, condición necesaria para transitar hacia la etapa de ejecución de penas. En ese sentido, no es sino hasta que se pronuncia fallo de condena, que válidamente se puede afirmar que surge el derecho subjetivo en favor de la persona sentenciada para lograr su reinserción social, el cual se puede materializar a través de las herramientas legalmente establecidas por el legislador para tal efecto, como son precisamente los beneficios preliberacionales. Así, en cualquier momento previo a la sentencia condenatoria, el eventual acceso a tales beneficios será sólo una expectativa de derecho que se encuentra supeditada al nacimiento, en la esfera jurídica de la persona sentenciada, del derecho fundamental de reinserción social que, a su vez depende de que la conclusión del proceso penal sea en sentido condenatorio. Por tanto, la legislación en materia de ejecución de sanciones penales, aplicable para el estudio de los beneficios preliberacionales, es la vigente al momento en que se dicta sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante, pues en ese momento emerge en su haber jurídico, el derecho subjetivo a la reinserción social con sus particularidades, como son los aludidos beneficios preliberacionales. En el caso, se cuenta con la información de que el uno de abril de dos mil dos fue dictada la ejecutoria por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el toca de apelación 1195/2001; y también se menciona que el uno de octubre de dos mil dos fue dictada diversa ejecutoria por la misma Segunda Sala, dentro del mismo toca, en la que finalmente se impuso la pena privativa de libertad de cuarenta y cinco años y nueve meses por la comisión de los delitos de secuestro y homicidio calificado; ello en cumplimiento a una sentencia de amparo directo. Pues bien, sea el uno de abril o el uno de octubre de dos mil dos, en cualquiera de esos dos momentos la ley vigente en materia de ejecución era la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. En el artículo 54 BIS de esa la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla, vigente en cualesquiera de los dos momentos antes citados, prohíbe conceder los beneficios de libertad preparatoria respecto de delitos graves, como es el de secuestro y homicidio por los que fue condenado el quejoso, delito que está previsto en tal gravedad en el diverso 69, incisos J y K, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, vigente en aquella época. Los artículos invocados en el párrafo anterior, con del texto siguiente: ARTICULO 54 BIS.- No se concederán los beneficios establecidos en la presente Ley, a aquellos internos que hubiesen sido condenados por los delitos previstos en el artículo 69 incisos B, C, D, F, H, I, J, K, L, M y S del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como el delito a que se refiere el artículo 183 del Código de Defensa Social, cuando la ejecución del mismo se relacione de manera directa con los delitos señalados en los incisos indicados. Artículo 69.- Se clasifican como delitos graves, para todos los efectos legales por transgredir valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como su tentativa: (.) J.- Plagio o secuestro previsto en el artículo 302, excepto el segundo párrafo de la fracción V; K.- Homicidio, previsto en el artículo 312 en relación con los artículos 316, 323, 331, 334 y 336; Por tanto, no podría concretarse un efecto protector en favor del quejoso con base en la jurisprudencia invocada, porque la ley de ejecución vigente en el momento en que causó ejecutoria la sentencia condenatoria del quejoso, no otorga ese beneficio a aquellos internos que hubiesen sido condenados por los delitos catalogados como graves en cuanto a homicidio y secuestro. Esa Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, estuvo vigente hasta el dieciséis de junio de dos mil once, porque el diecisiete de junio de ese año, fue publicada la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado, cuyo artículo primero transitorio dispuso que entraría en vigor el día de su publicación y en el cuarto transitorio fue derogada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. Antes del diecisiete de junio de dos mil veintidós, día en el que fue derogada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, en cuanto al delito de secuestro, entró en vigor un régimen especial, pues el treinta de noviembre de dos mil diez fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que conforme al artículo transitorio primero se estableció su vigencia a los noventa días de su publicación, es decir, a partir del veintiocho de febrero de dos mil once. En los artículos transitorios Segundo y Quinto se precisó que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto por delitos previstos en éste, continuarían tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión del hecho. Lo cual se observaría también respecto a la ejecución de las penas correspondientes; mientras que las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas en los códigos penales locales vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, seguirían aplicándose por hechos realizados durante su vigencia, así como a los procesados o sentenciados por éstos, tal como se observa a continuación: Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. (...) Quinto. Las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor el (sic) presente Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. (...) Régimen especial que, a través de los numerales transitorios estableció un principio de ultractividad de las normas que regulaban lo relativo al delito de secuestro antes de la entrada en vigor del decreto aludido, previendo las situaciones contempladas por el tránsito a la vigencia de la nueva ley durante ese lapso y determinó la norma jurídica (anterior o posterior) que habrá de regular las consecuencias jurídicas surgidas de hechos o actos jurídicos anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley. Entonces, para establecer la normatividad aplicable en lo relativo a la ejecución de las penas correspondientes, tratándose de delitos de secuestro es la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, debido al efecto ultractivo dado por la disposición transitoria dentro de ese régimen especial. En lo conducente es observable la tesis jurisprudencial siguiente: Registro digital: 2001673 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CLXXX/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 508 Tipo: Aislada LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL CONDENADO. De los preceptos citados se advierte, entre otros supuestos, el relativo a que la ejecución de las penas se regirá conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos, especialmente, las contenidas en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los cuales fueron sentenciados los condenados. De ello se advierte que los mencionados artículos segundo y quinto transitorios no violan el principio de retroactividad de la ley en beneficio del condenado, pues por un lado sólo establecen que la ejecución de las sentencias deberá ajustarse a la normativa sustantiva y procesal vigente, al cometerse el ilícito, esto es, disponen, a nivel legal, un principio de ultractividad y, por otro, no impiden ni prohíben la aplicación del artículo 56 del Código Penal Federal, que consagra el principio de retroactividad benigna en materia penal federal, aplicable entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad; además de que esta interpretación sistemática y armónica respeta los artículos 14, primer párrafo, de la Constitución General de la República, interpretado a contrario sensu, y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que su eficacia sólo queda condicionada a que, en cada caso concreto, quede demostrado que el sentenciado se encuentra en una situación que justifica aplicar la nueva ley en su beneficio. Bajo estas consideraciones, la ejecución de la penas en materia de secuestro respecto del quejoso, se rigen por la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla de mil novecientos setenta y cinco, por el efecto ultractivo del régimen especial en materia de secuestro, de manera que el régimen general no aplica, por lo que en caso de que se llegue a establecer algún beneficio en ejecución de penas en materia de secuestro, este debe ser establecido en ese régimen especial por parte del Congreso de la Unión, pues el legislador local es incompetente para legislar en materia de secuestro, al haber quedado esta materia reservada exclusivamente para el indicado órgano federal, mediante la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil nueve. Por tanto, en virtud de que a partir veintiocho de febrero de dos mil once, el Congreso de la Unión, a través de las disposiciones transitorias antes invocadas incorporó la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado de Puebla que fue publicada en el periódico oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, al régimen especial en materia de secuestro, dotándole en esa materia un ultractivo en cuanto a la ejecución de penas por secuestro, esa ley local rige lo sustantivo en cuanto a la ejecución de la penal del quejoso por el delito de secuestro, que como se vio, en su artículo 54 bis, niega los beneficios preliberacionales. Situación bajo la cual, de acuerdo con la literatura de la Suprema Corte, el fallo de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictado dentro del toca de apelación 15/2022, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia, no puede constituir un derecho al quejoso que en términos de ley no le corresponde, pues la Primera Sala estableció que los derechos preliberacionales están sujetos a las condiciones y prohibiciones que establece el legislador, pues no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asista a todo sentenciado, porque en la configuración de esos beneficios el legislador debe proceder en aras de los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad. Por lo anterior, ningún sentido práctico tiene abordar los conceptos de violación, pues de hacerlo y de llegar a conceder el amparo, solamente se alimentaria el procedimiento de expectativas ilusorias y especulativas de la posibilidad de una pre liberación, que de acuerdo con lo explicado en esta sentencia, no se podría materializar, dado el régimen legal vigente en materia de ejecución de sentencias al momento en el que causó ejecutoria la sentencia condenatoria del quejoso, y el régimen especial, también en ejecución de sentencias, generado a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, ante la expedición de la ley especial en secuestro del Congreso de la Unión, quien goza de facultad legislativa reservada, por lo que ninguna ley de ejecución, sea nacional o local, puede establecer beneficios en materia de secuestro, a menos que provenga del propio Congreso de la Unión y se refiera de manera especial al delito de secuestro. Ante la inoperancia de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Esta sentencia es de interés público, por lo que, con el objeto darle publicidad y al tiempo salvaguardar la información reservada o confidencial de su contenido, se ordena la elaboración de la versión pública y ponerla a disposición del público para su consulta en los mecanismos establecidos para tal efecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y para cuando se efectúe la solicitud correspondiente en conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Marco Antonio Lara Franco, en contra del acto que reclamó de la Directora de Centro Penitenciario de Puebla, relativo la negativa para recibir un escrito; por los motivos expresados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justifica de la Unión No ampara Ni protege a Marco Antonio Lara Franco, en contra del acto que reclamó del Juez de Ejecución de Sentencias, con residencia en la ciudad de Puebla, relativo al auto de uno de diciembre de dos mil veintidós dictado dentro del incidente de ejecución penal incidente 40/2017/JES, por las razones precisadas en el considerando penúltimo. TERCERO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último. Notifíquese: personalmente al tercero interesado víctima del delito en el domicilio en el que fue emplazado; así como a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y en el domicilio que señalado para tal efecto; mediante oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público tercera interesada; electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación Angélica Palacios Zárate con nombre de usuaria "ANGELICAPALACIOS", para lo cual se ordena que la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haga las habilitaciones correspondientes."
- Principal
El día de hoy, queda EMPLAZADA LA PARTE TERCERA INTERESADA por medio de la presente lista de acuerdos, dentro del juicio de amparo 1403/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el CITATORIO que se le dejó con anticipación.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Marco Antonio Jiménez Bojalil1601/2016
- Marco Antonio Jiménez Fragoso535/2016
- Marco Antonio Jimenez Zenteno949/2023
- Marco Antonio Jose Luis Hernandez Garcia897/2017
- Marco Antonio José Luis Hernández García409/2016
- Marco Antonio Lara Bothi161/2022
- Marco Antonio Lara Franco658/2018
- Marco Antonio Lara Franco237/2021
- Marco Antonio Luna Acevedo896/2023
- Marco Antonio Martínez Flores32/2016
- Marco Antonio Martinez Flores1119/2018
- MARCO ANTONIO MARTÍNEZ FLORES y Otros.1198/2015