Marco Antonio Juarez Cervantes
Expediente 990/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marco Antonio Juarez Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el expediente electrónico, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción I; por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 990/2023-V-B promovido por ********************, por conducto de ******************** quien se ostenta como su apoderado legal; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de ******************** quien se ostenta como su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisivas de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del estudio de la integridad de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado dieciocho de octubre de dos mil veinte registrado con folio ******************** en el juicio laboral ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, no obstante que las autoridades responsables al rendir su informe justificado hayan negado. Ello se constata de las documentales que apoyan el informe de la responsable, pues si bien el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés se atendió el escrito de la parte actora identificado con el folio ******************** presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, a la fecha de presentación de la demanda, a saber, trece de julio de dos mil veintitrés, no existe constancia alguna de la cual se advierte que la parte quejosa tenga conocimiento de dicha determinación. La constancia descrita amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/943, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. Causas de improcedencia. Al ser las causas de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. Ahora bien, esta juzgadora considera que en el presente juicio de amparo debe sobreseerse, con apoyo en los artículos 5, fracción I, 6, 11 y 63, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley Amparo, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley antes citada, los cuales establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De los dispositivos legales antes transcritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para que la persona solicite la protección de la justicia federal, es que esté legitimada para hacerlo, entendiéndose como tal la capacidad o potestad legal para ejercer o desplegar actos válidamente dentro del juicio; esto es, se traduce en la aptitud legal suficiente para ejercitar una acción dentro de un proceso determinado -al ser parte en este, ya sea como actor o demandado, o al ser representante legal de estos-; asimismo, que cuando el interesado tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales. En ese contexto, debe decirse que existen dos tipos de legitimación, la ad causam y la ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia con registro digital 237228, de rubro "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO". De lo antes señalado, se advierte que la legitimatio ad procesum sí es un presupuesto procesal pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Resulta ilustrativa la tesis de rubro "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO". Ahora bien, de las presentes actuaciones se advierte que por auto de catorce de julio del año actual se admitió la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostentó como apoderado legal de la parte quejosa ********************, por tanto, se requirió a la autoridad responsable informara el acuerdo por el cual se le reconoció tal personalidad; asimismo al promovente se le apercibió en el sentido que de no tener tal personalidad se sobreseería este asunto. Precisado lo anterior, cabe destacar que si bien ********************, al presentar la demanda de amparo, se ostentó como apoderado legal de la parte quejosa ********************, lo cierto es que la Junta responsable al rendir su informe justificado indicó que ******************** no cuenta con la personalidad jurídica como apoderado legal de la directa quejosa. De lo que se desprende que ********************, a la presentación de la demanda de amparo, no contaba con la personalidad reconocida como apoderado legal de ******************** dentro del juicio laboral de origen. Circunstancia que hace improcedente el presente juicio de amparo, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y en términos del artículo 11 de la ley de la materia, que previene que cuando alguno de los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, lo que no sucede en la especie; pues, como se dijo, ******************** no cuenta con la personalidad de apoderado legal de ******************** como se ostentó en el presente asunto. En ese sentido, es importante recordar que toda persona puede instar el juicio constitucional por sí o a través de su representante, siempre y cuando cuente con la personalidad con que se ostenta; entendiéndose por ésta como legitimación procesal activa (potestad legal para acudir ante un órgano jurisdiccional a pedir la instauración de una controversia o comparecer en la misma, por sí o en representación de otro); lo cual, no acontece en el presente asunto. En efecto, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del dispositivo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta que no se encuentre legalmente autorizada para ello. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción V, así como el artículo 5, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6, 10 y 11, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se evidencia, además de la causa de improcedencia, la destrucción total de los efectos de la omisión combatida. En suma, a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para el único efecto de que transcurran los ocho días señalados en el precepto citado, en virtud de que no cambiaría el sentido de la presente determinación. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos y las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. De igual forma, de las constancias mencionadas se advierte que el promovente carece de la personalidad con que se ostenta es decir, como apoderado legal de la parte quejosa, lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 990/2023-V-B, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la junta responsable, por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, para rendir el informe justificado (notificada el uno de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, para dar tiempo a la llegada del mismo, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las once horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo, sin la asistencia de las partes.. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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