Marco Antonio Jonathan Oliva Roacho

Expediente 80/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
80/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Jonathan Oliva Roacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinticinco de agosto al siete de septiembre de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Que existen tres tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintidós de agosto del presente año que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger el documento original que anexó a su escrito de demanda de amparo, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. De igual manera, se hace la aclaración que se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su devolución o sobre su destino; así como tampoco existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 80/2017-3; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Marco Antonio Jonathan Olivas Roacho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Juez Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. - Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Actos reclamados: "ORDENADORA LA ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN EFECTUADA DE UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD CAMIÓN TIPO VOLVO MODELO 1998 (como lo justifico con la factura correspondiente). DE LA EJECUTORA. LA MATERIALIZACIÓN DE ORDEN EMITIDA POR LA RESPONSABLE ORDENADORA DE DESPOSESIÓN EFECTUADA DE UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD CAMIÓN TIPO VOLVO MODELO 1998". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto del día siguiente (fojas 7 a 11), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 80/2017-3, y requirió a la promovente con el apercibimiento que en caso de no cumplir se tendría por no presentada su demanda, para que bajo protesta de decir verdad, cumpliera con lo siguiente: "1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del embargo del vehículo que dice es de su propiedad. 2. Exprese si es su deseo señalar como diversos actos reclamados la ejecución del embargo en el juicio ejecutivo mercantil 311/2016 y la falta de respuesta al escrito que presentó ante la Juez responsable en diez de enero de dos mil diecisiete, según refiere en su demanda en el capítulo de antecedentes del acto reclamado. [.]". En vista de lo anterior, en su escrito presentado el trece de febrero del presente año (foja 25), el peticionario de derechos manifestó: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. EL DÍA 9 DE ENERO DEL 2017, POR DICHO DE MI SUEGRO. EFECTIVAMENTE SÍ SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LA EJECUCIÓN DEL EMBARGO ORDENADO EN EL EXPEDIENTE 311/2016, ASÍ COMO LA FALTA DE RESPUESTA EN EL ESCRITO DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2017" En auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se tuvo como terceros interesados a Federico Tamayo Serrato y a Edgar Antonio Breceda García y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diez de abril de dos mil diecisiete (foja 131) se tuvo como tercera interesada a Caja Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo a las nueve horas con veinte minutos del dos de junio de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: -La orden y ejecución del embargo realizado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil 311/2016, respecto del bien mueble camión de volteo de 20 toneladas marca Volvo modelo 98 con número de serie 4VGWDEJHIWN747495 sin placas, color blanco de dos ejes en regulares condiciones de uso, con caja de catorce metros cúbicos, así como su ejecución. - Omisión de contestar su petición de diez de enero de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado la Juez Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y el Actuario adscrito al mencionado juzgado (fojas 40 y 43) aceptaron los actos reclamados por el quejoso. Afirmación que se corrobora con las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 278, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte que respecto del acto reclamado consistente en la orden y ejecución de embargo respecto del bien mueble camión tipo volvo, modelo mil novecientos noventa y ocho, que dice el amparista es de su propiedad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Al respecto, se traen a colación la fracción I del artículo 107 constitucional y la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De las disposiciones transcritas se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Ahora, el interés jurídico es el que se afecta por actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por lo que la acción constitucional únicamente compete a aquella persona a la que se le menoscabe de manera personal y directa un derecho subjetivo del que es titular. En ese sentido, cabe precisar que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Por otro lado, debe decirse que los derechos de propiedad y posesión tutelados en el artículo 14 constitucional, son aquéllos que se fundan en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley y no en la simple tenencia material de las cosas, independientemente si se tiene o no derecho sobre ellas, ya que la posesión o propiedad que se ejerce respecto de un bien con poder de hecho, debe implicar la manifestación del derecho que se tiene sobre él de manera objetiva, fundada y razonada. En otras palabras, el interés jurídico se hace consistir en el derecho que asiste a los particulares para controvertir, en la vía constitucional, cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular; como ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que el sujeto que posee esa titularidad puede ocurrir al juicio de garantías a fin de demandar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, resulta pertinente precisar que para que la propiedad o posesión sean objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse su origen; esto es, la causa generadora del derecho para ejercer esos poderes de hecho, lo que constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional solicitada; así, aun cuando en el juicio de garantías no es dable determinar quién es legítimo propietario o poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete la garantía de audiencia. En el caso concreto, conviene transcribir la parte conducente de la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la cual, en lo que interesa, es del contenido siguiente: "[.] En el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, siendo las quince horas del día de hoy diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Tomás Martínez Olvera, Secretario Auxiliar en Funciones de Oficial Notificador adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, acompañado del C. LICENCIADO EDGAR ANTONIO BRECEDA GARCÍA, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio 0732042105844 y clave de elector número BRGRED88081532H100 la cual es expedida por el Instituto Nacional Electora, sito en el domicilio del demandado el C. FEDERICO TAMAYO SERRATO, y quien se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio 0000054194767 y clave de elector número TMSRFD57051032H500 la cual es expedida por el Instituto Nacional Electoral, así mismo y constituidos los suscritos en el domicilio de la parte demandada el ubicado en calle 5 de mayo número 302 int. Sin número del Barrio la Concordia de Chalchihuites, Zacatecas, y una vez cerciorado el suscrito de que se trata del domicilio correcto porque así me lo informan los vecinos del lugar soy atendido por el propio demandado y quien manifiesta que si es el domicilio correcto en el que me encuentro, enseguida el suscrito me identifico ante el demandado con credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas con número de folio C 140, así también el abogado con la credencial antes citada, enseguida hago de su conocimiento el motivo de la presente diligencia misma que es ordenada por auto de exequendo de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo número 311/2016, promovido por los CC. Licenciados Horacio Martínez Solís y/o Edgar Antonio Breceda García en su carácter de endosatarios en procuración de CAJA PROGRESO DE VICENTE GUERRERO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., ejercitando acción cambiaria directa en contra de los CC. Nora Lilia Tamayo Chávez, Rodolfo Martínez Ulloa, Federico Tamayo Serrato, María de los Ángeles Castro Ríos, asimismo en este momento se le pone a la vista del demandado el documento base de la acción consistente en una copia cotejada del PAGARÉ anexo al escrito de demanda, suscrito en fecha seis de agosto del año dos mil doce, y al respecto el demandado manifiesta; que si es mi firma la cual se encuentra estampada en el documento que se me muestra y no recuerdo la fecha de suscripción y si es la cantidad que se encuentra estampada en el documento, siendo todo lo que deseo manifestar, acto seguido procedo a REQUERIR AL DEMANDADO EL PAGO INMEDIATO DE LA CANTIDAD $165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal más anexidades legales y el cobro de gastos y costas del presente juicio, haciéndole de su conocimiento que en caso de no tener dicha cantidad en este momento, la ley le faculta para que señale bienes suficientes de su propiedad que garanticen su adeudo, apercibiéndole que de no hacer uso de ese derecho, este pasará a la parte actora ejecutante, enseguida se le concede el uso de la voz al demandado y quien manifiesta lo siguiente: Que es mi deseo señalar el siguiente bien el cual trata de un camión de volteo de 20 toneladas marca Volvo modelo 97 con número de serie 4VGWDEJHIWN747495 sin placas, color blanco de dos ejes en regulares condiciones de uso, con caja de catorce metros cúbicos siendo todo lo que deseo manifestar, por lo que procedo a concederle el uso de la voz a la parte actora ejecutante quien manifiesta lo siguiente: que me reservo el derecho de señalar más bienes que garanticen dicho adeudo, así mismo es mi deseo dejar como depositario judicial al mismo demandado y el lugar de depositaria el mismo en el que se actúa, siendo todo lo que deseo manifestar por el momento, así mismo el suscrito le hago saber al demandado el cargo que le fue concedido por el actor ejecutante y quien manifiesta que se da por enterado del presente cargo, así mismo en este momento el suscrito procedo a trabar real formal material y jurídico embargo sobre el bien señalado por el demandado [.]" (fojas 23 y 24 del anexo 1). En el caso concreto, el solicitante de la tutela constitucional se duele del embargo realizado en diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil 311/2016, respecto del bien mueble camión de volteo de 20 toneladas marca Volvo modelo 97 con número de serie 4VGWDEJHIWN747495 sin placas, color blanco de dos ejes en regulares condiciones de uso, con caja de catorce metros cúbicos, así como su ejecución; derecho de posesión que alude justifica con título de propiedad en el idioma inglés. Tal documental es ineficaz para acreditar el interés jurídico del impetrante, pues como se tiene dicho, para que en la vía constitucional sea objeto de protección la posesión, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, sin que se autorice la tutela de la simple tenencia material de las cosas; de ahí que la documental que exhibe para demostrar la afectación a su interés jurídico, no sea eficaz para demostrar que es el dueño del mencionado bien mueble. Al respecto el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 271, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el numeral 2 de la Ley de Amparo, indica: "ARTICULO 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano". Por tanto, la ausencia de la traducción respectiva imposibilita verificar su contenido para establecer que el vehículo que ahí se describe y la unidad automotriz sobre la que el peticionario afirma le corresponde la propiedad es el mismo, en atención a que, precisamente, carece de los elementos necesarios para verificar la continuidad de endosos y con ello establecer la titularidad de la prerrogativa que aquí se alega. Sin embargo, ponderado ese documento conforme al artículo 197 en relación con el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el numeral 2 de la Ley de Amparo, deviene insuficiente para acreditar el derecho de propiedad que trata de defender el hoy solicitante de la protección constitucional, toda vez que al no estar traducido no es documento idóneo para acreditar ese derecho. Sirve de apoyo la tesis cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTAL EXHIBIDA EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBE APORTARSE SU TRADUCCION. La interpretación del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, conforme al artículo 2o. de la Ley de la Materia, permite sostener que es imprescindible que al exhibir un documento en idioma extranjero, se presente también su traducción al idioma oficial en nuestro país, que es el español, porque tal traducción requiere de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador. De otra manera se impide a éste la adecuada apreciación de la documental". Asimismo son orientadoras, por analogía, las consideraciones sustentadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2010, que reza: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO, ADEMÁS DE LA PRUEBA DE POSESIÓN O PROPIEDAD, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/94 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El criterio aplicable para determinar sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados por el promovente del amparo, vinculados con vehículos de procedencia extranjera, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 19/94, de rubro: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.", que establece que para acreditar la procedencia de la medida suspensional, en términos del artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, no basta justificar que se tiene derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo de procedencia extranjera, sino que también debe acreditarse que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, para lo cual debe demostrarse la legal estancia del automotor en el territorio nacional, aun cuando sólo se reclamen actos de desposeimiento no relacionados con la materia de importación". En suma, no puede estimarse que el derecho que el quejoso afirma tener sobre el bien que aduce es de su propiedad, sea suficiente para tener por acreditada la afectación a su interés jurídico para acudir a la presente vía constitucional ya que no basta que el acto reclamado exista, sino que es menester, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que otorgue la carta fundamental al impetrante y que esa afectación sea real y actual, lo que en el caso tampoco acontece, dado que éste no lo justifica con algún título traducido al español que ampare el citado derecho; de ahí que como se indicó, no se demuestra la transgresión a su esfera de derechos. En esas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, respecto de los actos reclamados por Marco Antonio Jonathan Olivas Roacho, a las autoridades responsables Juez Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y Actuario adscrito al mencionado juzgado, consistentes en la orden y ejecución del embargo realizado en diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil 311/2016, que se efectúo respecto del bien mueble camión de volteo de 20 toneladas marca Volvo modelo 97 con número de serie 4VGWDEJHIWN747495 sin placas, color blanco de dos ejes en regulares condiciones de uso, con caja de catorce metros cúbicos, así como su ejecución. Por cuanto hace al diverso acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de contestarle la petición de diez de enero de dos mil diecisiete quien resuelve, advierte oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado cesó en sus efectos. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria en consulta, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. De los autos del presente juicio de amparo se observa que el Juez Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, el veinte de enero de dos mil diecisiete dio respuesta a la petición que el ahora quejoso le formuló mediante escrito exhibido el diez del mes y año indicado, en el que informa que el camión embargado es propiedad de Marco Antonio Jonathan Olivas Roacho y no de Federico Tamayo Serrato. Dicha responsable justifica el anterior aserto con el referido acuerdo, el cual, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "[.] Sombrerete, Zacatecas; a veinte de enero del año dos mil diecisiete. V I S T O el escrito de cuenta que antecede suscrito por el C. MARCO ANTONIO JONATHAN OLIVAS ROACHO; se le tiene por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito y de acuerdo a ellas dígasele que no está promoviendo en la vía y forma conducente por lo que se le dejan a salvo sus derechos a fin de que los haga valer en la vía y forma y conforme a derecho y dado que no tiene personalidad dentro del expediente 311/2016 en el cual comparece, REMÍTASE al legajo de asuntos varios para su consulta. Fundamento legal artículos 1362, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373 y relativos del Código de Comercio. NITIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó y forma la Licenciada MICAELA MANUELA MEDINA ARELLANO, Juez Primera de primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial, quien actúa legalmente asistida por la licenciada Laura Angélica Cardiel Balderas, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. DOY FE. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Esta resolución se notificó por lista que se publicó el día 23 DE ENERO DEL AÑO 2017, de conformidad con lo establecido por el artículo 175 en su párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy Fe" (foja 50 del expediente de amparo). Luego, si el promovente tacha de inconstitucional la abstención de dar contestación al escrito exhibido el diez de enero de dos mil diecisiete y ésta el veinte siguiente, dio respuesta a dicha petición, la cual fue notificada el veintitrés de enero del mismo año, por listas, tal circunstancia evidencia la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se destruyó definitivamente la situación que motivó el presente juicio biinstancial, restituyendo al quejoso en el goce de los derechos violados. Resultan aplicables a los razonamientos que preceden los criterios jurisprudenciales siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las relatadas consideraciones, respecto del acto consistente en la omisión de dar contestación a la petición que el quejoso exhibió el diez de enero de dos mil diecisiete, se sobresee en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no siendo posible jurídicamente abordar el análisis de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario del amparo en contra de dicho acto, de acuerdo con la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". En virtud de la actualización de los motivos de improcedencia citados, no es posible jurídicamente abordar el análisis de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario de amparo en su contra, de acuerdo con la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Juez Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y Actuario adscrito, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Alicia

  3. Principal

    En diez de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria, licenciada María Concepción García Jacobo, certifica: Que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), última parte, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesada la actora en el juicio ejecutivo mercantil 311/2016, del que emanan los actos reclamados, Caja Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quien puede ser emplazada por conducto de sus endosatarios en procuración Edgar Antonio Breceda García y Horacio Martínez Solís; sin embargo, de autos se aprecia que únicamente fue emplazado el primero de los antes mencionados, sin que se indicara el carácter con que se le emplazó. En consecuencia, toda vez que la mencionada persona moral tiene su domicilio en calle Hidalgo número 174-B, Colonia Centro en Sombrerete, Zacatecas, es decir, fuera de la residencia de este Tribunal Federal, con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda a fin de que se constituya en el domicilio antes señalado y requiera la presencia de la tercera interesada por conducto de cualquiera de sus endosatarios en procuración y una vez ante ellos les notifique el contenido del presente proveído y con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, la emplace al presente juicio, haciéndoles saber la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional; asimismo, los prevenga para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, señalen domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sede de este Juzgado de la Federación, y los aperciba que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se les serán practicadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que sea devuelto el despacho de mérito, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: que el término de tres días que se concedió a los terceros interesados Federico Tamayo Serrato y Edgar Antonio Breceda García, por auto de quince de febrero del año en cita, para que señalaran domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del tres al siete de marzo del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación y razón actuarial que anteceden. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de esta misma fecha asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, de la que se advierte que no le fue posible notificar el auto de quince de marzo del año en curso a los terceros interesados Federico Tamayo Serrato y Edgar Antonio Breceda García, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de estos; ahora bien, en razón de que de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado se advierte que transcurrió el término de tres días que se le concedió para tal fin; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el auto de quince de febrero de la presente anualidad, (foja 27 y 28) y se determina notificarle aquel auto de quince de marzo del año actual; así como practicar las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señalen domicilio para tal efecto en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

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