Marco Antonio Jiménez Morales
Expediente 54/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/03/2017
Partes del expediente
- Marco Antonio Jiménez Morales
- José Luis Galdamez Galdamez
- Marco Antonio Jiménez Morales y Otros.
- Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático de Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso 6480/2017, de diez de marzo de dos mil diecisiete, con el que se devolvió copia certificada del expediente ***** (en un tomo), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de febrero del actual, se acordó el archivo del presente juicio, sin que se ordenara devolver las constancias que anexó a su informe justificado la Segunda Sala del Tribunal Burocrático (copias certificadas del expediente laboral en un tomo ******, residente en esta ciudad por tanto, al no existir motivo para su conservación, devuélvase a la responsable señalada,, solicitando el acuse de recibo. CÚMPLASE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "En vista de que existe solicitud de la parte actora para que se efectúe el cumplimiento del laudo relativo, así como el dictado de acuerdos de apercibimiento y posterior determinación de hacer efectivas las multas a que alude el artículo 104 de la legislación de la materia, el tribunal laboral responsable deberá dictar las medidas legales a su alcance para verificar el resultado de la intervención de la autoridad hacendaria en el cobro de las mismas, además, acreditar que se verificó el requerimiento ordenado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, así como el resultado de dicha diligencia." Obligaciones complementarias: "[.]En ese orden, previa solicitud de los actores, deberá efectuar el procedimiento respectivo hasta llevar a cabo la ejecución eficaz del laudo (incluso las medidas contempladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado), sin permitir más evasivas en su cumplimiento, agotando todos los medios a su alcance para vencer la resistencia de la parte condenada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 y 106 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en términos del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". [.]" Por lo que mediante auto de dos de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla." De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se cumplieron con las obligaciones impuestas en la ejecutoria en comento, pues ha realizado los siguientes actos dentro del juicio laboral ***** En efecto, para cumplir con la obligación de dictar las medidas legales a su alcance para verificar el resultado de la intervención de la autoridad hacendaria en el cobro de las mismas, la autoridad responsable emitió proveído de tres de junio de dos mil quince, en que giró oficio a la Directora de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado para solicitar el informe relativo al cobro de las multas ordenadas el cinco de febrero y veintiocho de mayo de dos mil trece; asimismo, le solicitó aplicar la multa de setenta y cinco días de salario mínimo vigente en la Entidad impuesta el diecinueve de marzo de la anualidad en mención y la diversa que impuso en dicho proveído por la misma cantidad; requerimientos que también realizó en acuerdos de fechas tres y veinticuatro de junio de dos mil quince; así, mediante proveído de ocho de julio de dos mil quince, la responsable tuvo por recibida la información de las multas impuestas a la demandada. Por otra parte, para acreditar que se verificó el requerimiento ordenado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, así como el resultado de dicha diligencia, cabe señalar, en primer orden, que el acuerdo en cita decretó requerir a la demandada el pago de las prestaciones obtenidas por la actora, para lo cual, se debía comisionar al actuario adscrito. Para cumplir con ello, la Sala responsable emitió diversos proveídos, así, el de tres de junio de dos mil quince, comisionó al actuario de su adscripción a efecto de que en compañía de la parte quejosa se constituyeran al domicilio de la parte demandada y le requiriera el cumplimiento del de los puntos resolutivos quinto, séptimo, octavo, noveno, decimo, décimo primero y décimo segundo, del laudo de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, consistente en: reinstalar con el reconocimiento y expedición de nombramientos de base a los actores Marco Antonio Jiménez Morales y José Luis Galdámez Galdámez, al primero con la categoría de auxiliar de recursos federales, adscrito a la tesorería; al segundo con la categoría de brigadista, adscrito al área de protección civil; de igual manera, procedió en acuerdos de tres y veinticuatro de junio, ocho de julio, veintiuno de agosto y ocho de diciembre de dos mil quince; tres de febrero, dieciséis de mayo, treinta de junio, veinticuatro de agosto y trece de septiembre de dos mil dieciséis. Como resultado de esas órdenes, en fechas once de junio de dos mil quince, se constituyó el actuario en compañía de los actores en el domicilio del Ayuntamiento de Constitucional de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas, para requerir el cumplimiento del laudo, sin embargo, las instalaciones se encontraban tomadas por un grupo de manifestantes, motivo por el cual se suspendió la citada diligencia. No obstante lo anterior, en fechas seis de julio y doce de agosto de dos mil quince, así como, quince de enero, veinticuatro de febrero y veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el actuario de su adscripción en compañía de la parte quejosa se constituyeron al domicilio de la parte demandada y le requirieron el cumplimiento del laudo de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, en que éste no se realizó procediendo al embargo de bienes. Asimismo, mediante oficio de veinticuatro de agosto de dos mil quince la autoridad responsable informó a este Juzgado el envío de oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara los números de cuentas aperturadas a nombre del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en la diversas instituciones bancarias y en diverso de nueve de diciembre de dos mil quince, que había precluído el término concedido a la parte actora para que manifestará lo que a su interés conviniera respecto de la información vertida por La Comisión Nacional Bancaria. Además, por oficio de quince de enero de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la diligencia de embargo de quince de enero de dos mil dieciséis, donde los actores manifestaron que se encontraban en pláticas con la demandada para poder liquidarles las prestaciones económicas condenadas en el laudo y se reservan el derecho de embargar y en diverso de dieciocho de marzo de esa anualidad, remitió copia certificada de la diligencia de requerimiento y embargo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, así como copia de convenio de ocho de octubre de dos mil quince suscrito por las partes, el cual, requirió fuera ratificado en su presencia en acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, sin embargo, el dieciséis de mayo de esa anualidad volvió a comisionar al actuario requiriera el cumplimiento del laudo. Así, en diligencia de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis se verificó el requerimiento de pago y embargo, en que se trabó legal y formal embargo sobre las cuentas bancarias a nombre de la demandada; actuación contra la cual la aquí tercero interesada hizo valer el incidente de exclusión de embargo e incidente de indebida notificación, resuelto el uno de diciembre del año en comento, en el sentido de declarar su procedencia, sobre el cual, se informó que estaba transcurriendo el término para la promoción del juicio de amparo, en oficio de fecha veintitrés de enero del año en curso. En ese tenor, de las constancias que integran el presente asunto, se evidencia que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones que se le impusieron en la ejecutoria de amparo, sin que haya incurrido en desacato alguno, en términos de lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, a fin de acreditar que se están acatando los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Ahora bien, es cierto que para el debido cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable se encuentra vinculada a dar cumplimiento de forma inmediata y efectiva al laudo dictado en el juicio laboral 041/E/2011, haciendo uso de los medios de apremio previstos incluso en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin permitir más evasivas en su cumplimiento, agotando todos los medios a su alcance para vencer la resistencia de la parte condenada, como se indicó en las obligaciones complementarias al fallo protector. Sin embargo, de las actuaciones que remitió la autoridad responsable, que obran en el juicio de amparo, se advierte que desde la diligencia de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, tal como ha quedado demostrado en la narración señalada en párrafos que anteceden, la parte quejosa no ha impulsado la ejecución del laudo y con ello poder dar cumplimiento al laudo antes mencionado. En ese sentido, es importante destacar que la falta de cumplimiento del laudo, tiene razón en la inactividad dentro del procedimiento de ejecución por parte de la actora, para proseguir con el citado procedimiento. Cabe precisar, que es cierto que en la etapa de ejecución de laudo el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el precepto 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, pero también es verdad que la ejecución, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención, tal como se estableció en el fallo protector. Es así, porque la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales inherentes a la ejecución, además, sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de figuras jurídicas, tales como la prescripción, como se sostiene en la tesis por contradicción que se transcribe. "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo" . En ese tenor, la ejecutoria de amparo debe declararse cumplida, no obstante que no se obtuvo la ejecución eficaz del laudo, pues ello se debió a que la actora no impulsó su ejecución. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgador advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA, A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 46/2017, signado por la agente de la Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud que la vista otorgada en proveído de veinticinco enero de dos mil dieciséis, fue para el quejoso y terceros interesados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.
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